Puede decirse que las elecciones regionales y municipales del próximo 5 de octubre resultaron ser bastante monótonas, especialmente en Lima, donde vota alrededor de un 40% del electorado nacional. Casi resultaron como se dice “más de lo mismo”. Pasa que en Lima hemos tenido una intención de voto incólume de más del 50% por el candidato Castañeda de Solidaridad Nacional (SN), otrora parte del grupo de gestores políticos que contribuyeron a la caída del Fujimorismo y la mafia organizada para robar, traficar drogas y armas y todo lo deleznable que puede imaginarse en un grupo político venal y sátrapa.
Felizmente, buena parte de esa mafia está en la cárcel (sobre todo sus cabecillas), aunque algunos remanentes siguieron libres y operando a su gusto. Casos como el del escándalo López Meneses es sólo un caso de cómo se puede seguir haciendo uso del poder sin poseerlo directamente. ¿Qué se esconde detrás de ese caso como de otros que se han hecho públicos por acción del chuponeo telefónico? ¿Cómo se vinculan esas redes con las de asesinos a sueldo y sicariato político que matan a líderes políticos (por ahora regionales o muy locales) si obstruyen sus planes? No está muy claro aunque lo que sí es bastante evidente son los vínculos y propensión a reproducirse de esas y nuevas mafias cuando el Estado no actúa y no se cuenta con una sociedad civil o con partidos políticos que den un mayor sostén a nuestra aún débil democracia.
Si algo importante emergió como agenda en el proceso electoral en curso ha sido la preocupación en torno a la corrupción y el envilecimiento que genera en muy diversas instancias de la sociedad y el Estado. Al punto que haya una mayoría (al menos en Lima, aparentemente la población más informada y con acceso a mayores y diversos recursos culturales) donde no importa que un candidato pueda robar en su gestión si realiza algunas obras para el común, para el populacho.
Aunque más se ha identificado con ello al señor Castañeda de SN, no es por cierto el único que calza con dicho “mote” o rasgo. Por cierto, durante sus dos gestiones anteriores en el municipio limeño hizo algunas obras significativas que no se pueden diluir, tales como encaminar el Metropolitano como medio de transporte masivo más moderno; los hospitales de Solidaridad; infinidad de escaleras en zonas populares (para subir / bajar los cerros que abundan en muchas zonas y alrededores de nuestra capital). Seguramente otras más. Si tuviéramos que comparar, Susana Villarán (actual alcaldesa de Lima que va por la reelección), puede sin equivocarse afirmar que ha hecho inversiones bastante superiores al último gobierno de Castañeda.
Sin embargo, al parecer, la población se cansó de ella. El grave desgaste que supuso la campaña por la revocatoria en su contra hace año y medio no le permitió emerger con toda la fuerza que podría haber sustentado de mejor manera todos sus esfuerzos en la comuna limeña. En éste caso, con la imagen no muy común de haber hecho una gestión honesta. Hizo obras y no robó. Pero la gente no siente que haya hecho mucho. Seguramente las reformas más intrincadas de su gobierno, como fueron el cierre del mercado mayorista de la Parada y su reubicación definitiva, así como la reforma del transporte (además de varias obras de cemento en su haber), siendo necesarias y aceptadas, la fueron minando en una legitimidad que desde un inicio empezó frágil (por lo fortuito de su triunfo, al ser tachada la candidatura que tenía entonces mayor opción).
Aunque no estamos necesariamente ante un escenario de que quienes votan por Castañeda lo hacen por el “robo con obras” y quienes votan por Villarán lo hacen por la “honestidad”. El proceso electoral en curso sí nos ha devuelto cierta conciencia de los valores que están en juego en la sociedad y que cualquier cosa, propuesta o candidato tampoco da lo mismo (o no debe serlo). En algunos casos es explicable que haya quienes dicen no importarles votar por alguien que roba pero hace obras, porque son buena parte de quienes viven en el mundo de la informalidad, donde los dineros que se puedan robar del Estado “no le afectan” porque seguramente no paga mayores impuestos directos (aunque sí indirectos, porque el IGV lo pagamos todos al comprar un producto). Ello nos mueve muchas veces en la inconciencia de que no le están robando a uno mismo sino a terceros; o que uno haría algo similar si le tocara la chance de ser “autoridad”.
A éstas consideraciones se le puede añadir el sumun de un razonamiento aparentemente cínico: que la gente piensa con un sentido muy pragmático y plano. Es decir, si antes predominaba el robo sin hacer obra, algo se podría decir que se ha “avanzado” con el “roba pero hace obra”. En los dos casos se roba pero en el segundo al menos algo queda para el “pueblo”, para el “beneficio de todos”. ¿Cómo podría predominar un camino de honestidad en el sentido común de la gente, sin que se sienta que se hace algo especial al ser honesto, cuando es lo mínimo que corresponde a cualquier gestión pública deseable? Hay muchos mecanismos institucionales que tendrían que afinarse para intentar ir más allá, empezando por hacernos un poco más responsables de la realidad de nuestro país y de los más vulnerables.
Guillermo Valera Moreno
Magdalena del Mar, 29 de septiembre de 2014