Se discute si un discurso presidencial de fiestas patrias debiera ser político, una relación gerencial de lo actuado o sólo un gesto de saludo al país en su aniversario. Creo que hay momentos en el año que se marcan por la necesidad de hacer un balance de lo actuado, desde los propósitos establecidos por el gobernante de turno y ese es el motivo del discurso presidencial en fiestas patrias. Así sea sólo por un asunto de costumbre, es algo positivo que se haga. El mismo no puede ser menos que político porque son responsabilidades políticas las que se ponen en la balanza valorativa de los avances y cumplimientos propuestos por el Presidente y partido de gobierno, al inicio y en el transcurso del mismo.
Otro aspecto que se ha discutido es el tipo de discurso al que hemos asistido. Si este se pareció más al de inicio de un gobierno, por los ofrecimientos y algunas tareas de largo plazo que se planteó. O si el largo balance con cierto detalle de lo hecho en los diversos sectores no dejaba de ser más que un listado aburrido de obras que todo gobierno ensaya desde su posición y si no debiera obviarse para felicidad de los oyentes. Y, sobretodo, se han marcado ciertas grandes ausencias que se esperaba estuvieran un poco más (o realmente) visibles. Ellas son especialmente lo relativo al desarrollo del diálogo como mecanismo constitucional clave de toda democracia y que no puede ser “optativo” según cada situación, sino una metodología de funcionamiento del mismo. Y lo relativo a la lucha anticorrupción, cuestión que se perdió en señalamientos sensacionalistas de crear una nueva cárcel en la selva con dicho propósito.
No hay caso que no superamos las tradicionales formas de hacer política, basadas en ofrecer lo que sea con tal de recoger aplausos y, a través de ello, buscar el convencimiento. Sin importar mucho lo que se ofreció en discursos anteriores. Si no, tendría que haberse dado cuenta de por qué no se creó el Ministerio de la Cultura anunciado el año pasado. O tendría que haberse hecho un balance más estricto en función del programa inicial de gobierno ofrecido por el APRA en el 2006.
Sin embargo, volvamos al discurso político del 28. De él, quiero brevemente llamar la atención sobre cuatro puntos que se deslizaron y me parecen relevantes: la Reforma del sistema político; la distribución con inclusión; institucionalidad; y, defensa nacional.
Sobre la Reforma del sistema político: Se plantearon dos puntos muy interesantes, acerca de la renovación parlamentaria a mitad del período de gobierno y la segunda vuelta en las elecciones regionales; por los plazos que existen por ley diera la impresión que ella es una agenda más para el próximo gobierno, dado que no tendrían una aplicación práctica en el periodo del presente gobierno. De todos modos no deja de ser importante que se levante dichos aspectos, como una manera de recordarnos la necesidad imperiosa que tenemos de una reforma más amplia del Estado (que incluya, es lógico, una reforma constitucional).
Sin embargo, dicho debate ha querido pasar desapercibida una discusión más inmediata que tenemos pendiente de ajustar. Me refiero a la continuidad del proceso de regionalización que ha quedado inconclusa y que no puede remitirse sólo a los creados 25 gobiernos regionales; más aún cuando el 2010 tendremos nuevas elecciones regionales. Es un tema que tiene que retomarse y empezar a dársele un norte que permita el acuerdo de las diferentes fuerzas políticas.
Otro tema es el relativo a las funciones del Presidente del Consejo de Ministros: ¿Debe tener mayores prerrogativas para ser un jefe de gobierno? ¿Cómo establece un equilibrio de poder con el Presidente de la República y hace viable niveles de gobierno más cotidianos y en determinadas áreas? ¿Sólo es un referente para crear la impresión de “solucionador de problemas” o realmente puede actuar con la debida autoridad para resolver conflictos y proponer iniciativas de gobierno dentro de los cauces que se establecen por el Estado? Es un tema que ha adquirido mucha relevancia por los diversos conflictos existentes y que han tenido que afrontar los que han estado en ese cargo, pero también es una necesidad relativa a cómo hacer que funcione mejor el gobierno.
Sobre la distribución con inclusión: me ha parecido muy importante la preocupación del gobierno sobre cómo hacer que el gasto público llegue más y mejor a la población de menores recursos o la más alejada (a lo cual se ha añadido a los jóvenes). Creo que en ese punto habría que tomarle estrictamente la palabra al gobierno. Dejémonos de temores “populistas”. Es cierto que hay fondos que sistemáticamente quedan sin gastarse año a año en diversas instancias del Estado. El asunto es cómo garantizamos que los procedimientos que se puedan plantear (y los ya existentes) juegan a favor de las poblaciones locales, se desburocratizan y se llega mejor, con los consiguientes controles sociales y políticos que sean del caso.
En éste sentido hay que garantizar que fluyan los recursos sin que se pierda de vista la utilidad de las obras que se elijen para realizar, así como la calidad técnica de las mismas. También se tiene que garantizar que no se genere paralelismos innecesarios de actuación de lo que ya hacen con mucho esfuerzo los gobiernos municipales y regionales. Y, ciertamente, se tendrá que ser muy vigilantes para que las obras no se conviertan en festín de campañas electorales, lo cual siempre será un riesgo y es ciertamente parte del desafío.
Sobre la institucionalidad: hubo una frase muy llamativa en el discurso “dialogar es gastar”, como si fuera una varita mágica el entregar fondos a lo que sea. Efectivamente, una frase así nos podría hacer pensar en lógicas populistas del necesario gasto social, aunque habría que ser flexibles en aceptar cómo escoge cada quien para comunicarse con la población. Más importante es si lo que se nos esta vendiendo como idea y propósito no trasluce un sentido autoritario de la manera de relacionarse con la población o si lo que va a primar es la concertación efectiva de intereses para la decisión y el impulso de las prioridades y alcances de lo que se tenga que hacer en cada caso.
Otro aspecto, aunque más bien implícito, ha sido el reconocer que los hechos de Bagua del pasado 5 de junio dieron por los suelos con el llamado “principio de autoridad” que le corresponde ejercer a quien tiene el poder como gobernante, el cual es un punto muy delicado y necesario de recuperar. No obstante, el tono más autocrítico que esperábamos escuchar no se dio y, más bien, se ha venido reiterando una lógica autoritaria de ejercer dicho principio: persiguiendo dirigentes y ciudadanos de las poblaciones indígenas de la selva; no dando señales muy claras sobre cómo se va a esclarecer los hechos que ocurrieron (ya debió hace rato crearse una comisión independiente que diera cuenta de los mismos); cómo se va a encarar en adelante el desarrollo de nuestra selva.
Una última cuestión que referimos en ésta parte se refiere a la lucha anticorrupción. En países como el nuestro no puede haber mejor índice de desarrollo de nuestra institucionalidad que midiendo el grado de preocupación y medidas efectivas que se realizan en el campo de la anticorrupción. Justamente porque ella nos remite al efectivo cumplimiento de la ley y la normatividad que se ha establecido para un (más o menos) adecuado funcionamiento (y construcción) del Estado democrático. Especialmente en el campo del manejo de las finanzas públicas, aunque no únicamente. Considerando cómo se gobierna: tanto en cómo se ejerce la autoridad del gobierno y cómo nos “dejamos” gobernar. Donde lo elemental debiera ser el gobierno en función del bien común y no su ejercicio en función de unos cuántos intereses de grupo.
Finalmente, sobre la defensa nacional: consideramos que es una cuestión real de preocupación; que está muy bien que se afirme en el deseo de profesionalizar mejor a nuestra fuerza armada, en “ponernos a tono” con la región y darle la “altura” debida. Sin embargo, esperamos que los 32 mil millones de dólares de reservas monetarias que se dijo que tenemos como país, sean razonablemente orientadas al conjunto de necesidades que tenemos. Sin sesgos ni visos de carrera armamentista entre países vecinos.
Necesitamos ante todo una política de defensa y de relaciones exteriores que se oriente de manera inequívoca a la búsqueda de la paz con justicia social. Un temperamento sólo militar podría ser engañoso del real poderío que hay que construir. En función de cómo todos los habitantes de nuestro Perú nos sentimos realmente peruanos, porque tenemos orgullo de vivir en éste territorio que lo sentimos nuestro y, por ende, lo podemos defender. Ello supone en especial que pongamos un peso especial en el tema de la construcción ciudadana en el país, acompañada de cómo encaminamos de mejor manera los temas de la miseria social y racismo que aún arrastramos.
Se están haciendo cosas pero ¿no debiera ser todo ello parte de un acuerdo político más explícito y amplio de todas las fuerzas políticas y sociales en nuestro país?
Guillermo Valera Moreno
Magdalena del Mar, 1 agosto de 2009