La historia nos va enseñando que la democracia moderna nos permitió la posibilidad de pasar de un “estadio” donde se resolvían los conflictos mediante la ley del más fuerte (el poder de las armas, la violencia y toda cuestión emparentada con la imposición militar o autoritaria) hacia una clave argumental, centrada en el convencimiento del otro por la vía de la razón y de la discusión de las ideas.
De hecho, ese “salto” de la imposición mediante el uso de la fuerza al establecimiento de acuerdos mediante el debate de razones y argumentos es aún un camino que no se ha consolidado con el sistema democrático moderno (representativo), si bien ello ha significado una manera bastante revolucionaria de gobernarnos y de buscar a la vez el bien común de todos (al menos teóricamente). Ponerse de acuerdo en intereses disímiles no es cosa sencilla, más aún cuando de intereses económicos se trata y la danza de grandes negocios está en juego, como nos lo demuestra una vez más conflictos mineros como el de Conga en Cajamarca.
Ha costado muchos siglos (y no sólo décadas) ir entendiendo y aceptando en el mundo que la mejor manera de resolver problemas es mediante mecanismos institucionales (léase, reglas de juego) que incorporan adecuadamente leyes y normativas, usos y costumbres, así como el propio sentido común de cada tiempo y lugar. Que se van construyendo y haciendo cultura en la gente; que se va haciendo referencia más o menos legítima, empezando por la propia Constitución política desde la que se ordena jurídicamente cada país. Por cierto, en tanto tiene a la base cimientos justos, aceptados por las partes que confluyen (o debieran ser parte visible) y donde todos se benefician, no sólo teóricamente.
En todos lados cuestan los aprendizajes y supone costos. Sin embargo, ello es más difícil de entender, o se entiende menos, cuando una mayoría opta por, digamos, el color verde y tiene que contentarse con recibir un pálido amarillo, sin explicación convincente de por medio. Peor aún, cuando además se tiene que soportar agresiones que derivan en 17 muertes inocentes (son las habidas por conflictos sociales en menos de 1 año de gobierno del Presidente Humala), por causa de defenderse el color verde. Pareciera que los mecanismos de nuestra democracia son tan débiles que para tomar las decisiones más importantes no cuentan (como debieran contar esos mismos mecanismos, justamente para desarrollar nuestra democracia). Y volvemos a imponer los criterios de la fuerza y la violencia para establecer pautas de solución.
Como ya se va reconociendo, estamos en momentos que nos brindan oportunidades de hacer mejores aprendizajes y definir rumbos más inclusivos. ¿Qué tipo de minería queremos para el país y dónde debe de desarrollarse ésta y dónde no? Porque el tema no es si se está a favor o no de la minería, el problema es dónde es factible y deseable; algunas veces la agricultura, las fuentes de agua o los restos arqueológicos de importancia, podrán ser la prioridad. ¿Cómo debe de hacerse la explotación minera? Lo menos que se puede pedir es su realización con mínimos estándares internacionales y condiciones estatales favorables.
¿Cómo se prioriza a las poblaciones en los beneficios locales y nacionales de dichas riquezas? Y no se trata de dádivas o “favores” que se les hace, sino justo derecho de mínimos que no son tema de “negociación”. ¿Quiénes toman las decisiones que corresponden respetándose los niveles de gobierno y las diversas partes implicadas? Hasta hoy, por ejemplo, la no aplicación de instrumentos como la ley de consulta previa y otras medidas de “licencia social” (así no les guste dicho término a ciertos empresarios), son muy malas señales para la democracia y el desarrollo económico de nuestro país.
Reconociendo que hay distintos tipos de minería; con pasivos ambientales anteriores y las que recién empiezan. Distintos tipos de empresas; las que tienen disposición –y las que no- a respetar las leyes del país y a las poblaciones afectadas más directamente (en casos como la Doe Rum, en La Oroya, es claro que la propia Sociedad de Minería a tenido que separarla de su propio gremio y ellos es muy aleccionador). Hay las que se han acostumbrado –y las que no- a “hacer lo que les da la gana” (en temas ambientales u otros), comprando autoridades y cuanto se oponga a sus intereses con tal de ejecutar sus propósitos; dicha cuestión es una práctica a desterrar de raíz, más aún, por la corrupción que acarrea consigo. Están las que saben dialogar y afirmar el rol neutral del Estado en los procesos de negociación, sin caer en el sempiterno deseo de que se les de la razón en todo y a cualquier precio, cuestión última que se ha logrado ver con claridad en el proceso vivido con Quellaveco en Moquegua.
Hay casos diversos y lo de Conga no significa una excepción ni el único problema en el país. Sin embargo, Conga nos ha abierto los ojos a los derechos que tiene lugar cada población local sobre sus recursos y a ser consultado con el respeto debido y en las condiciones de igualdad requeridas. Estamos ante un hito muy importante de nuestra democracia, tan o más importante que la inversión económica en juego. Ambas son necesarias y ojalá así lo entendamos todos.
Guillermo Valera Moreno
Lima, 15 de julio de 2012