Parece que fue hace mucho tiempo o que el conflicto minero sobre Conga en Cajamarca hubiera “envejecido” al gobierno de Ollanta Humala y que los meses de gobierno que lleva se hubieran multiplicado por tres. Pasa que los tiempos políticos se viven de manera distinta que los tiempos reales. En este caso, hemos vivido el caso de un tiempo político que se aceleró con la crisis y el desenlace de un nuevo gabinete de gobierno, aparentemente más técnico del que le precedió, aunque muy explícito en las cercanías militares del nuevo presidente del Consejo de Ministros con el jefe de Estado.

Se puede apreciar que la batalla por el tipo de minería que se debe permitir en el país, esta vez la ganó -al más alto nivel- la gran burguesía transnacional y su gremio la Confiep. Sin embargo, el problema sobre el que cada vez caen más en la cuenta los grandes empresarios, es que no basta ese nivel de influencia, si las cosas no se negocian casi por igual en las zonas donde quieren intervenir, especialmente cuando afectan recursos naturales de uso cotidiano de la población local, tal como es el agua.

¿Por qué se “dejó” torcer el brazo el señor Ollanta Humala? No deja de estar aún muy claro. Pareciera que fue parte del trato de los impuestos complementarios que se impuso a los empresarios mineros, además de plantear una vía institucionalista que buscaría el respeto a los acuerdos y tratados establecidos con el Estado. A ello se suma el tan mentado “autoridad y orden” que gusta a sectores conservadores y que para sectores de proveniencia militar siempre es una tentación de cómo se ejerce el poder, de talante autoritario.

Lo que está claro es que el crecimiento con inclusión que ofreció el gobierno, por ahora, supone un mayor énfasis en afirmar la política de inversión económica en el país sin mayores variantes a la que vino teniendo lugar, intentando que haya más fondos para el Estado con los cuales ampliar y dosificar las políticas sociales. El crecimiento económico también amplía posibilidades de generación de empleo productivo, lo cual llevará a dinamizar otros sectores económicos y de servicios.

En lo político, se ha originado un cierto vacío de direccionalidad. No queda claro si la gestión del gobierno consistirá sólo en hacer una buena administración de intereses y pretender durar hasta cumplir los cinco años, o se retomarán ideas más de fondo, más adelante. En todo caso, la llamada “hoja de ruta” del gobierno no ha sido renunciada y debiera ser la brújula para idear iniciativas que puedan ser más interesantes y gesten un derrotero de cambio social más allá de lo asistencial.

Por lo dicho anterior, creemos que es importante no rasgarse demasiado “las vestiduras” sobre el manejo de los conflictos y el desenlace habido con Conga. Después de todo, someter el asunto a un peritaje internacional no esta nada mal, esperemos se haga con las garantías de objetividad adecuados. Sin embargo, el gobierno necesita un sostén técnico y político que le ayude a consolidarse en el Estado. Sería bueno que ello no se abandonara tan fácilmente y se logre retomar mecanismos de colaboración de parte de sectores de izquierda y liberales, cuya experticia en muchos de los temas espinosos tiene mayor jerarquía. Obviamente, sin pretender gobernar en forma asamblearia, aunque sin renunciar a mecanismos participativos y de equidad.

Puede ser un buen momento, no sólo para plantearse los temas del diálogo como mecanismo clave en la resolución de conflictos. Es también un momento clave para pensar formas conjuntas de gestar una propuesta nacional de desarrollo, donde los intereses regionales o los de un sector económico no pueden ser exclusivos o determinantes para definir las políticas en los diversos ámbitos. Donde el tema de la representación también es un tema que vuelve a emerger, por la necesidad de recrear distintas maneras de expresar intereses, sin que se tenga que deslegitimar los ya existentes. Más bien, buscando complementariedades que ayuden a hallar respuesta a los problemas y necesidades de la población a todo nivel.

Es momento clave para establecer lo que puede ser políticas más de Estado y lo que puede manejarse como políticas de Gobierno, planteándose una reforma del Estado que de nuevo impulsó a la regionalización y a la reestructuración de la forma de Gobierno. Estableciendo mecanismos anticorrupción y de afianzamiento institucional que consoliden una presencia no sólo extensiva del Estado, sino de mayor confianza y eficaz gestión.

Por tanto, no abandonar el barco, por más que haya cambiado el timonel y continuar dando un apoyo (ciertamente crítico) sin dejar de comprometerse con los objetivos nacionales que requieren de varios años para consolidarse, es muy necesario y, diríamos, hasta una exigencia actual.

Guillermo Valera Moreno
24 de diciembre de 2011