Los conflictos sociales en el país se han vuelto reiterativos como forma de expresión de situaciones que exigen atención del Estado, aunque no únicamente. También se pueden considerar una invitación a crecer en nuestra condición de ciudadanos que nos hacemos responsables de lo que sucede a nuestro alrededor. De buscar generar y asentar los mecanismos institucionales más adecuados para afrontar las demandas que se puedan plantear en torno a lograr una vida buena para todos y de la manera como en cada caso pueda ser el camino más justo.
Aunque no es nuevo que la gente se movilice para reclamar sus derechos, si podemos convenir que la población ha ido creciendo en conciencia de sus derechos y la creencia que los mecanismos establecidos a través del Estado pueden ser la forma de sostener una salida a sus dificultades y problemas. Ello puede generar el riesgo de creer que es “papá Estado” el llamado a resolverlo todo y quien tiene todas las soluciones del caso. Sin embargo, es importante que la descentralización y el incremento del manejo de recursos por muchas instancias de gobierno regional y municipal nos den la posibilidad de creer que somos una comunidad política (pequeña o más grande) en la cual se pueden resolver dichos problemas.
Es llamativo que lo principal de los conflictos (alrededor de la mitad en el país) provenga de temas socio – ambientales, los cuales pueden tener incidencia tanto en zonas rurales como urbanas. Hace tres o cuatro décadas los problemas que generaron más conflictos se podían situar en las movilizaciones campesinas por la tierra y fueron materia de cambios que se tradujeron en reformas del agro de diversa índole. Algo que se hace reiterativo en los conflictos es que, tanto en la actualidad como en décadas anteriores, coincide con sectores signados también por la pobreza. Sectores que defienden la posibilidad de condiciones de vida no sólo digna sino, muchas veces, de sobrevivencia, de mínimos.
Especialmente cuando hablamos de los conflictos socio – ambientales podemos, además, identificar el tema de las grandes inversiones en el país ya que nuestra economía es (o sigue siendo) principalmente extractiva y primario exportadora, muy centrada en minerales y recursos energéticos. Un asunto que es clave en ello es preguntarse: ¿si tanta cantidad de conflictos se centra en éstos sectores no será porque algo no esta funcionando adecuadamente? ¿No será que no se esta siendo justo en la distribución de las ganancias que se generan (o pueden generarse) con la extracción de los recursos en cuestión? ¿Una vez más no será que el mercado por sí solo es incapaz de dar las respuestas más justas a dichas situaciones?
Desde cuestiones de manejo institucional desde el Estado, como por ejemplo, que el Ministerio de Energía y Minas sea juez y parte en la aprobación de las condiciones socio – ambientales que se deben cubrir para que un proyecto de explotación se pueda ejecutar. Pasando por la actitud de las empresas de considerar “antimineros” (y adjetivos mayores) a todo el que cuestiona o reclama sus derechos en torno a las actividades en mención, buscando facilidades tributarias y tecnológicas que normalmente no se condicen con un sentido de equidad o distribución razonable. No sabiéndose ubicar el tema de la explotación de los recursos mineros dentro de lógicas más amplias de desarrollo integrado a las zonas donde dichos recursos se extraen y una mejor perspectiva de desarrollo como país.
Es cierto que los desafíos tocan también a la población local en cuanto a desarrollo de capacidades diversas. Como las de negociar en condiciones más simétricas con los interesados; el saber definir mejor las prioridades de inversión de los recursos que se puedan lograr; salir de los localismos que pueden ser engañosos respecto al uso y destino de los recursos (lo cual es responsabilidad compartida del Estado, la sociedad civil y los partidos políticos). Entre otras cosas, porque los derechos deben saberse entender siempre con los deberes que involucra y conducirnos a un sentido de lo político donde “todos nos hacemos responsables de todos”.
En medio de estas consideraciones, la preocupación principal será siempre el lograr salidas justas a los problemas poniendo siempre por delante la apuesta a mejores posibilidades de los más débiles y de los que poseen menos recursos. Junto a ello, procurando siempre que sea el diálogo lo que prime como criterio fundamental para llegar a acuerdos, siendo conscientes de que muchas veces las provocaciones a la violencia termina siendo inducida por el propio Estado o los grupos de poder económico involucrados en los problemas. Ya sea porque predomina la cultura de la imposición de quien tiene más poder, la corrupción, el burocratismo o la ausencia (o el no funcionamiento) del mismo Estado.
La búsqueda preventiva de todos los mecanismos de diálogo posibles para encarar los conflictos latentes o la construcción de mecanismos de diálogo para encarar los conflictos cuando ellos se presentan, es un camino muy importante en la institucionalización de nuestro país, tanto o más importante que el manejo transparente de los recursos y la participación de la población en las decisiones sobre cómo se invierten o ejecutan los mismos. La oportunidad que brindan las próximas elecciones (regionales, municipales y generales) en el país, podrían hacer avanzar en acuerdos con los distintos sectores políticos en juego.
Guillermo Valera Moreno