De todos los temas que se plantearon para capacitaciones a un grupo de personas con las que se trabaja, nadie escogió lo relativo a las elecciones políticas, pese a que en los próximos meses tendremos que elegir autoridades en todos los niveles de gobierno de nuestro país. Tal anécdota nos la compartía una persona durante el trabajo de grupos de una reunión donde abordábamos nuestro quehacer frente a la próxima coyuntura electoral que se avecina; ese parecía también un buen resumen sobre el interés que puede despertar “la política” entre sectores diversos. Ya sea como queja, rechazo o indiferencia, no resulta extraño el que las cuestiones políticas suelen ser un factor de distancia.

Si por un momento asumiéramos que la política es limpia, la tienen a cargo personas honestas y cabales; se hace de la política un sentido de servicio y se maneja con responsabilidad las políticas públicas y los fondos del Estado; si verdaderamente se diera que los políticos trabajan en orden al bien común y el diálogo es la forma razonable y cotidiana de dirimir diferencias, así como la tolerancia un signo de respeto por el otro y asumimos un mismo sentido de comunidad política donde lo inclusivo y la equidad es el criterio básico de las decisiones que se puedan tomar a nivel de Estado y gobierno. Estaríamos ante una situación elemental y básica que requerimos para el funcionamiento de un sistema político que podríamos entender como democrático.

Lógicamente, para que sea sustentada dicha institucionalidad en mención, debiera estar acompañada de una legislación que le de un marco jurídico de mandato y referencialidad válida, la misma que tendría que estar sustentada en una voluntad política concertada y asumida por todos (o una buena mayoría). Aunque muchas cosas de las señaladas cuenta ya con una formalidad, muchas veces observamos o sentimos que siguen siendo letra muerta.

A lo anterior, tendríamos que agregar el factor clave de contar con ciudadanos que permitan (posibiliten, encaminen, defiendan, etc.) dicho funcionamiento como normal y necesario. Donde el ejercicio de derechos no es sólo un tema de conocimiento de los mismos o de la mayor (o menor iniciativa) que puedan tener los ciudadanos sino que, ante todo, se garantiza los medios para su práctica efectiva. En ello el Estado tiene una responsabilidad indispensable para posibilitar el crecimiento de una comunidad política donde todos tengamos cabida.

La dimensión ciudadana en términos de liderazgos es también importante porque requerimos recomponer nuevas relaciones con los distintos sectores de la sociedad; además, no debemos olvidar que los sectores más jóvenes hoy tienden a sentirse más movidos por individualidades (se podría decir también liderazgos) que les inspiran y son factor de referencia coherente (incluso proyección de identidades).

Bueno, todo lo anterior, son algunos aspectos de lo que se nos plantea y se nos puede proponer para pensar la política en nuestro país, para repensar nuestro propio país y para ayudar a encaminar la formación de una propuesta en sus aspectos programáticos, organizativos y de liderazgos a diversos niveles. Donde la motivación por estos temas constituye una opción casi contracultural pero necesaria. No basta con hacer de la política algo que guste en el sentido de divertido y de lo cual nos podemos reír un rato, estilo que personas como Jaime Bayle a contribuido a diseminar (y con el cual se ha ganado hasta cierta aceptación electoral). Necesitamos algo que nos de mayor profundidad y posibilidad de abordar con sentido de responsabilidad los temas claves que afectan a la gente y que, especialmente, lo discriminan y lo dejan fuera de toda posibilidad de poder realizarse como persona.

Nos aproximamos a procesos electorales que nos plantean ante todo el cómo queremos hacer para que nuestro país, nuestra región, nuestra provincia o distrito sean lugares en los que podamos vivir mejor y que ello sea pensado y hecho posible para todos sin distinción, especialmente tomando como referencia a los más débiles, a los más pobres. Los discursos y los rollos programáticos podrán tener sentido si ese esfuerzo esta presente de la manera más cuidadosa. Si, de paso, nos vamos convenciendo que llegar al gobierno no significa recibir un botín a modo de premio, donde “hacer obra” puede dar licencia para robar sin remordimiento. Donde el poco o mucho poder que se recibe le puede dar a uno la autoridad de mandar y hacer lo que le pueda venir en gana.

Seamos conscientes que son momentos importantes para procesar acciones intensivas de formación sobre propuestas diversas, para provocar acuerdos entre quienes son los candidatos, en procurarse una opinión bien o mejor informada, en saber involucrarse y participar en agrupaciones políticas o experiencias de campaña electoral; y así otros aspectos. Ojala ello se pueda traducir en configurar (y ayudar a configurar) opciones más sólidas para el país, tan carente de organizaciones y propuestas claras.

Por último, seamos conscientes que esta en juego nuestro ser cristiano. ¿Cómo seguimos a Cristo en la coyuntura que vivimos en el país y en lo que será el llamado “juego electoral”? No es gratuita la pregunta o la preocupación. No porque creamos que haya una sola manera o una forma más especial de encajar nuestro sentido cristiano, nada de eso. Pero si tenemos que ayudarnos a descubrir cómo podemos ser más fieles a Jesús en las cosas que hagamos y en la forma cómo pensemos las propuestas más justas para los diversos problemas que se nos pueden plantear entre manos. Discernir nuestro cristianismo desde las opciones más favorables a los más débiles y necesitados quizás sea lo que pueda inspirar mejor lo que nos corresponda ser y hacer políticamente. Siendo astutos frente a posturas contrarias a ello, obrando con sencillez (en cuanto sentido de servicio) y con esa alegría y esperanza que es fruto del amor profundo.

Guillermo Valera Moreno
10 de agosto de 2010 Sigue leyendo →

Los conflictos sociales en el país se han vuelto reiterativos como forma de expresión de situaciones que exigen atención del Estado, aunque no únicamente. También se pueden considerar una invitación a crecer en nuestra condición de ciudadanos que nos hacemos responsables de lo que sucede a nuestro alrededor. De buscar generar y asentar los mecanismos institucionales más adecuados para afrontar las demandas que se puedan plantear en torno a lograr una vida buena para todos y de la manera como en cada caso pueda ser el camino más justo.

Aunque no es nuevo que la gente se movilice para reclamar sus derechos, si podemos convenir que la población ha ido creciendo en conciencia de sus derechos y la creencia que los mecanismos establecidos a través del Estado pueden ser la forma de sostener una salida a sus dificultades y problemas. Ello puede generar el riesgo de creer que es “papá Estado” el llamado a resolverlo todo y quien tiene todas las soluciones del caso. Sin embargo, es importante que la descentralización y el incremento del manejo de recursos por muchas instancias de gobierno regional y municipal nos den la posibilidad de creer que somos una comunidad política (pequeña o más grande) en la cual se pueden resolver dichos problemas.

Es llamativo que lo principal de los conflictos (alrededor de la mitad en el país) provenga de temas socio – ambientales, los cuales pueden tener incidencia tanto en zonas rurales como urbanas. Hace tres o cuatro décadas los problemas que generaron más conflictos se podían situar en las movilizaciones campesinas por la tierra y fueron materia de cambios que se tradujeron en reformas del agro de diversa índole. Algo que se hace reiterativo en los conflictos es que, tanto en la actualidad como en décadas anteriores, coincide con sectores signados también por la pobreza. Sectores que defienden la posibilidad de condiciones de vida no sólo digna sino, muchas veces, de sobrevivencia, de mínimos.

Especialmente cuando hablamos de los conflictos socio – ambientales podemos, además, identificar el tema de las grandes inversiones en el país ya que nuestra economía es (o sigue siendo) principalmente extractiva y primario exportadora, muy centrada en minerales y recursos energéticos. Un asunto que es clave en ello es preguntarse: ¿si tanta cantidad de conflictos se centra en éstos sectores no será porque algo no esta funcionando adecuadamente? ¿No será que no se esta siendo justo en la distribución de las ganancias que se generan (o pueden generarse) con la extracción de los recursos en cuestión? ¿Una vez más no será que el mercado por sí solo es incapaz de dar las respuestas más justas a dichas situaciones?

Desde cuestiones de manejo institucional desde el Estado, como por ejemplo, que el Ministerio de Energía y Minas sea juez y parte en la aprobación de las condiciones socio – ambientales que se deben cubrir para que un proyecto de explotación se pueda ejecutar. Pasando por la actitud de las empresas de considerar “antimineros” (y adjetivos mayores) a todo el que cuestiona o reclama sus derechos en torno a las actividades en mención, buscando facilidades tributarias y tecnológicas que normalmente no se condicen con un sentido de equidad o distribución razonable. No sabiéndose ubicar el tema de la explotación de los recursos mineros dentro de lógicas más amplias de desarrollo integrado a las zonas donde dichos recursos se extraen y una mejor perspectiva de desarrollo como país.

Es cierto que los desafíos tocan también a la población local en cuanto a desarrollo de capacidades diversas. Como las de negociar en condiciones más simétricas con los interesados; el saber definir mejor las prioridades de inversión de los recursos que se puedan lograr; salir de los localismos que pueden ser engañosos respecto al uso y destino de los recursos (lo cual es responsabilidad compartida del Estado, la sociedad civil y los partidos políticos). Entre otras cosas, porque los derechos deben saberse entender siempre con los deberes que involucra y conducirnos a un sentido de lo político donde “todos nos hacemos responsables de todos”.

En medio de estas consideraciones, la preocupación principal será siempre el lograr salidas justas a los problemas poniendo siempre por delante la apuesta a mejores posibilidades de los más débiles y de los que poseen menos recursos. Junto a ello, procurando siempre que sea el diálogo lo que prime como criterio fundamental para llegar a acuerdos, siendo conscientes de que muchas veces las provocaciones a la violencia termina siendo inducida por el propio Estado o los grupos de poder económico involucrados en los problemas. Ya sea porque predomina la cultura de la imposición de quien tiene más poder, la corrupción, el burocratismo o la ausencia (o el no funcionamiento) del mismo Estado.

La búsqueda preventiva de todos los mecanismos de diálogo posibles para encarar los conflictos latentes o la construcción de mecanismos de diálogo para encarar los conflictos cuando ellos se presentan, es un camino muy importante en la institucionalización de nuestro país, tanto o más importante que el manejo transparente de los recursos y la participación de la población en las decisiones sobre cómo se invierten o ejecutan los mismos. La oportunidad que brindan las próximas elecciones (regionales, municipales y generales) en el país, podrían hacer avanzar en acuerdos con los distintos sectores políticos en juego.

Guillermo Valera Moreno Sigue leyendo →