Si uno cree que el mercado es una institución absoluta cuando hablamos de economía y que nada puede interponérsele sin caer en su distorsión y mal manejo de la economía, no debiera después extrañarle por qué no existe solidaridad y respeto por los derechos entre las personas. Diera la impresión de que éstos sólo son válidos cuando lo afectan a uno directamente y se relativisan conforme uno se aleja del epicentro de la dificultad económica, la pobreza o problemas mayores.
Si uno enseña en un colegio, academia, universidad o centro educativo que se quiera, que los negocios están por encima del sentido humano, no es raro que se piense que “lo demás es lo de menos”, así se ponga en juego vidas de ciudadanos y niños, por más escondidos que se encuentren en la tupida selva de nuestro país (y de tantos otros). Uno puede terminar pensando que existen las leyes para ser cumplidas según convenga al dueño de los negocios o del capital. Sin detenerse a pensar en serio que la vida de muchas personas de un lugar (pequeño o grande) se tiende a ponerse en juego cada vez que se va a invertir en poner en funcionamiento desde una panadería, una granja de pollos, una empresa constructora, una pesquera, la extracción de minerales, petróleo o gas o una actividad maderera. Por cierto, algunas inciden más que otras.
Si entendemos que la institucionalidad hace alusión a las reglas de juego que se establecen para la convivencia, se entiende que tiene que ser la convivencia de todos y no la de unos pocos. Cada vez es menos sostenible argumentar que las reglas de juego puedan ser válidas al margen de los derechos de todos y de la satisfacción de las necesidades básicas de todos. Más aún desde que caímos en la cuenta de que vivimos en un mundo globalizado y que los problemas y la manera de darles solución puede afectarnos a todos. Desde problemas más obvios como puede ser el calentamiento global como otros aspectos.
Las reglas de juego no pueden ser teóricas o jugar la ley del embudo: la parte más ancha de favorecimiento para quienes tienen el poder económico o político y la parte más angosta para la gran mayoría que se le burla sus derechos y se le violenta cada vez que se quiere expoliar sus riquezas o lo poco que tiene. Y si de reglas de juego se trata en relación con lo sucedido en Bagua, no olvidemos que se ha estado debatiendo por cuestiones previas a lo que dicen los mismos decretos (en muchos aspectos también cuestionables). Simplemente se pasó por alto la debida consulta de la que debieron ser objeto las poblaciones indígenas respecto al uso de sus tierras y recursos naturales. ¿Cuántas veces tenemos que recordar que no vivimos en espacios deshabitados? Por más pequeñas en número que sean las poblaciones que habitan algunas zonas no se les puede avasallar. ¿De qué manera tenemos que convencernos que todo gobierno en primer lugar se debe a su población, en segundo lugar a su país y en tercer lugar a su desarrollo autónomo? Sólo después de ello y sobre la base de resolver lo anterior es que se puede negociar las mejores condiciones para el país de la inversión extranjera y de donde fuera.
Entendamos que hacer negocios como país no significa ponerlo en subasta y rematarlo al mejor postor. Necesitamos una clase empresarial y polìtica que mire más allá de su nariz y no se convierta en avestruz cuando se presentan las dificultades. Parasitando del Estado cuando le conviene y discursiando sobre el mercado y las bondades de la inversión privada por simple ideología sin brújula, la misma que se repite con los alcances que puede hacerlo un loro pero sin la inteligencia que se nos ha dado para empezar por sentirnos peruanos. En realidad, la primera clave de institucionalidad por la que tenemos que empezar en por sentirnos peruanos; la segunda es reconocer en términos prácticos los derechos a todos los peruanos por igual (en todas sus consecuencias), reconociéndonos efectiva ciudadanía; lo tercero, teniendo cabal sentido de emprendedurismo, creativo y con sentido comunitario y de peruanidad; cuarto, respetando en todas sus conseuencias el sistema democrático. ¿Cuándo haremos que la solidaridad (subordinando el mercado a ello) sea una de nuestras principales instituciones? Después podemos seguir conversando de lo demás.
Guillermo Valera Moreno (guillovalera@hotmail.com)
(*) Escrito a propósito del artículo “Bagua, AFP y debilidad institucional”, de Daniel Córdova, Director de la Escuela de Postgrado – Universidad del Pacífico: http://gestion.pe/impresa/noticia/bagua-afp-debilidad-institucional/2009-06-11/5127
Presento un comentario ("¿Entendemos las instituciones?") que envió a mi correo el señor Alvaro Pinto. En un siguiente espacio, hago una respuesta ("Instituciones al servicio del país") al mismo:
¿Entendemos las instituciones?‏
La connotación de institución absoluta, tendría sentido si se refiere a una totalitaria. Es decir, una donde el Estado es el promotor y utiliza la ley -en relación al monopolio de la fuerza- para llevarla a cabo. En ese sentido, el MERCADO se opone RADICALMENTE pues SOLO se concibe sobre la voluntad de las partes que intercambian un bien o servicio.
Si cree que la redistribución que realiza el Estado -utilizar el dinero de los contribuyentes para “regalar comida, vivienda, educación, salud, etc."- tiene algo que ver con la solidaridad; le invito a que responda si la solidaridad puede ejercerse de manera obligada y si es que uno puede ser solidario regalando cosas que no le pertenecen. Eso sí con lo suyo, Usted puede ser todo lo solidario que le plazca.
Sobre el respeto a los derechos de las personas, me pregunto a cuáles se refiere. Porque si estamos hablando de los fundamentales (vida – libertad – propiedad), está en lo cierto, el Estado aún no los garantiza adecuadamente. Pero si se refiere a esa serie de “anhelos” económicos, sociales o culturales -como “derecho al trabajo, a la alimentación, al agua… etc.”; pues ahí entramos de nuevo al tema de la redistribución.
Totalmente de acuerdo, en el tema de las reglas de juego. Las mismas para cada uno de los individuos de este país. Precisamente en el tema de la “igualdad ante la ley” es que se revela lo dañino que es contar con leyes especiales -aduciendo diferencias culturales- que finalmente otorgan privilegios a determinados sectores. Por cierto, puede revisar el informe de Freedom in the World que evalúa libertades civiles y derechos políticos; insumos básicos para entender lo democrático en un Estado de Derecho.
Sobre el calentamiento global, le invito a ver un video muy interesante -para Usted que se muestra tan preocupado por el tema y supongo que no le agradaría que lo estén engañando- que contradice el dogma de que éste tiene su mayor componente en la acción humana.
Ahora en tema de Bagua, lamento desilusionarlo pues ni Usted ni yo -mucho menos el país- tenemos algo que negociar con algún inversionista. Los únicos que pueden hacerlo de manera legítima son sus dueños reales y formales. Y digo pueden, porque actualmente -y gracias a la corriente socialista que busca colectivizar la propiedad- la Constitución Política vigente restringe la propiedad privada. Es decir, aunque estos individuos posean en realidad estas tierras, los recursos que éstas contienen, le pertenece a la nación y son administrados por el Estado de manera formal. Si considera que éste es un tema menor, evalúe los últimos acontecimientos. Si realmente cree que estos individuos son dignos -como desprendo de las palabras de su texto- promueva que adquieran soberanía total, es decir, propiedad privada irrestricta.
Finalmente, dejaré para otra ocasión el tema del emprendimiento para que exponga su “cabal sentido”. Por lo pronto, ahí también se encuentra que la intervención estatal restringe las oportunidades para que cada quien salga adelante por sus propios medios y sin la “ayudita” de amigos o conocidos metidos en el aparato estatal. Esto, de acuerdo con índices internacionales, como el Indice de Libertad Económica, o el informe “Doing Business”.
Alvaro Pinto
Instituciones al servicio del país (1)
1. Aunque mi artículo iba dirigido a comentar a Daniel Córdova, agradezco que se haya animado a escribir porque creo que es bueno que, al menos de vez en cuando, nos de a conocer lo que Ud. piensa sin recurrir a reiterados editoriales de Correo y similares. Dicho sea de paso, y lo digo con todo respeto, sería bueno que sólo siga haciendo esto último muy de vez en cuando ya que una lista de correos como el de la RAI no tiene como finalidad que sirva de “correa de transmisión” de posturas ideológicas, sean las que fueran, ya que no ha sido la finalidad para la que fue creado. Ello no quita que de cuando en vez nos de a conocer algún artículo de interés, sea del signo que fuera.
2. Por favor, no me vaya a acusar que estoy atentando contra la libertad de expresión. Lo digo así porque su artículo inicia casi tildándome de “totalitario”, cuestión que no se a qué viene ya que el concepto de instituciones del que partía era coincidente a lo definido por Córdova, recogiendo lo planteado por D. North, quien define las instituciones como “las reglas de juego, escritas (formales) o no escritas (informales)”. La diferencia quizás radique en que yo estoy preocupado porque esas reglas de juego funcionen para el conjunto de la sociedad, permitan su adecuada convivencia a todas las personas (y no solo a unas cuantas) y no se circunscriba sólo a los aspectos económicos. De hecho North tiene una visión bastante más amplia a la que se le refiere en el artículo de Córdova. Veo, en todo caso, que tú tienes un concepto muy teórico del mercado (voluntad de las partes que intercambian un bien o servicio) con el cual yo también estoy de acuerdo. El problema son los tipos de regulación a los cuales debiera estar sujeto (como en todos los países desarrollados) y cómo se maneja con inteligencia desde el Estado.
3. Con el tema de la solidaridad quiero hacer referencia, en general, al sustantivo problema de cómo convivimos o podemos hacerlo todas las personas que vivimos en un territorio común. Donde todos importan como personas y no sólo aquellos que han tenido mayores habilidades (naturales, adquiridas, impostadas, o como fuera) para tener mejores condiciones de vida. Supongo que como buen liberal que es Ud. conocerá a John Rawls y autores afines que reclaman un piso común de condiciones de vida para todas las personas en razón de la convivencia mínima que debe corresponder, aludiendo a lo que él llama el “velo de la ignorancia”. No entro a detalles, pero creo que un buen liberal es un buen defensor (o debiera serlo) de una convivencia razonable no sujeta o condicionada sólo a las leyes del mercado, sino a un elemental sentido humano. Y Rawls no lo hace necesariamente por solidaridad sino por una cuestión de sentido común.
De otro lado, la solidaridad no es una cuestión que se tenga que imponer por un catecismo de izquierdas o “totalitario”. Es un tema de responsabilidad ética de cualquier gobierno y de cualquier sociedad civil que decide asumir el bienestar de todas las personas que abarca la jurisdicción en la cual se mueve. No es un tema de “imposiciones” sino de responsabilidad social y, como ya hemos mencionado, de sentido común. De manejo inteligente de un gobierno moderno y acorde con la globalización que vivimos. Si ello supone destinar recursos públicos de manera razonada, en buena hora. ¿Por qué pueden ser legítimas operaciones de salvataje a bancos que quiebran (o están a un paso de hacerlo) fruto muchas veces de un mal manejo y corrupción y no es legítimo destinar fondos a garantizar condiciones de vida mínimas para toda la población? Seamos razonables.
4. Sobre el tema de los derechos yo creo que tenemos que abarcarlos a todos y para todos. Es más tiene que haber organismos de diversa naturaleza que los garanticen y estén atentos a su real respeto y cumplimiento, como la Defensoría del Pueblo, entre otros. Creo que eso es lo democrático. Yo le pediría que no se genere temor con los temas de redistribución porque son necesarios y en toda sociedad desarrollada y democrática se practica. Es cierto que debe procederse de acuerdo a nuestras posibilidades de recursos pero tiene que ser preocupación consustancial al manejo del Estado, la economía y las diversas instancias de Gobierno.
(… continua)
Instituciones al servicio del país (2)
(… continuación)
5. La igualdad ante la ley no es suficiente y tiene que establecerse mecanismos y medios para garantizarlos. Ya hemos visto en el caso de los sucesos de Bagua como, hechos que se pudieron procesar de otra manera, en forma torpe el gobierno prefirió hacer oídos sordos hasta el final. Y no estamos hablando de cuestiones especiales sino del fiel cumplimiento de una cuestión previa (“pecado original” le han llamado algunos medios), de no haber consultado debidamente el contenido de los Decretos leyes que se dieron en torno a temas que afectan los recursos y derechos de las poblaciones indígenas de la selva y otras zonas del país.
De todos modos, le agradezco la referencia que me comparte, tanto de Freedom in the World, como del vídeo sobre el calentamiento global, los mismos que revisaré con más detenimiento. En particular, sobre el vídeo le adelanto que son respetables las opiniones que puedan tener algunos científicos sobre restarle importancia al tema, vinculado a las emisiones de CO2. Creo yo, sin ser un especialista, que esa no será seguramente la única causa pero decir que no tiene nada que ver es algo que puede lindar con la poca seriedad. Dígame sino por qué incluso al más alto nivel de las autoridades del propio EE. UU. Se ha planteado esta preocupación y un vicepresidente como Al Gore (1993 – 2001) haya llegado a levantar el tema; tanto así que en el 2006 realizó una película / documental que fue ganadora del Oscar (Una verdad incómoda), en el cual se aborda los temas de cambio climático. Entiéndame que no lo hago para contradecirlo sino para compartir conocimientos y ampliar su perspectiva.
6. Sobre el tema de Bagua no es a mí a quien tiene que ilusionar o desilusionar. Es un tema en primer lugar de justicia y eso es lo que tiene que ponerse por delante. En segundo lugar es un asunto que tiene que manejarse con la suficiente inteligencia antropológica y partir por entender cómo piensan en distintas partes de nuestro país (convendrá que es justo que no todos pensemos igualito). Esa es la democracia. Con el prurito de “nuestras” riquezas perdemos de vista la historia y tantos otros parámetros necesarios de ser tomados en cuenta. En tercer lugar, es un tema también ético, pues ¿cómo garantizamos la vida buena para éstos sectores, tan peruanos como nosotros? ¿O se cree que por tener más raíces históricas en el país que cualquiera de nosotros no les corresponde que los tomemos en cuenta, simplemente por ser estrictas “minorías”?
No es un tema de “colectivismo” y, en todo caso, la propia Constitución Política les reconoce derechos que tiene que ser respetados, empezando por el propio Estado. No por gusto la propia Defensora se había empezado a pronunciar, antes de los lamentables sucesos, declarando la inconstitucionalidad de los decretos. No sólo es un problema de propiedad (que ya tendría que respetarse de manera rigurosa) sino de contexto, cosmovisión, modos de vida de los propios pobladores de la selva.
7. Encantado de seguir conversando sobre éstos y otros temas. Espero que no sea sólo un intercambio de sordos sino que pueda ser de utilidad para abrirnos mejores horizontes y debida conciencia de los problemas que tenemos entre manos. Espero darme tiempo para revisar los índices internacionales que sugiere, como el Indice de Libertad Económica, o el informe “Doing Business”.
Atentamente,
Guillermo Valera