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Este es un artículo que saldrá publicado en la revista Ideele del mes de Julio
Suena duro pero es verdad. El mayor legado histórico del segundo gobierno de Alan García ha sido la liquidación del APRA como un partido de izquierda democrática. Un partido que durante buena parte del siglo XX buscó expresar las demandas de justicia social, desarrollo nacional, e integración de los pueblos que bautizo como “indoamericanos”. Conjunto de Ideales por los que lucharon y murieron generaciones de apristas de toda condición social, y que cohesionaron al partido con mística y sentido justiciero y popular. De allí la certeza con la que se afirmaba que el APRA era el único realmente partido existente en el Perú. Un partido, principios, organización, una hermandad, una familia.
La liquidación del APRA histórico no debe verse solamente en el terreno electoral sino también en el doctrinario y de proyecto político. Es verdad que en el terreno de la representación política electoral el partido se ha derrumbado. Tiene una representación minúscula en el parlamento (4 de 130), ningún presidente regional, y no pudo siquiera presentar candidato propio a la presidencia. Es decir los ciudadanos en su inmensa mayoría no quieren que el APRA los represente en casi ninguna instancia del poder político. Un rechazo durísimo sobre todo si se cree que se ha hecho un gobierno exitoso. Sin embargo lo significativo es la cancelación histórica del APRA como un partido comprometido con el cambio y la búsqueda de la justicia.
En efecto, más allá de las promesas y el verbo encendido, el segundo gobierno de Alan García y la dirigencia actual del APRA han girado sin mayor tapujo hacia los intereses de los grupos económicos y el pensamiento conservador, incluyendo el religioso, renunciando a lo liberal en lo político y redistributivo en lo económico y social. La apuesta por las grandes inversiones ha sido prioritaria incluso por encima de derechos adquiridos por las comunidades campesinas e indígenas, ya sea andina o amazónica. La resistencia a cumplir con la consulta previa como demanda la OIT para autorizar proyectos mineros o extractivos son muestra de esto. Lo paradójico que haya sido un gobierno aprista el que considere a la movilización social y las protestas reivindicativas de los pueblos como resultado de intereses extranjeros y antipatriotas, exactamente la misma acusación que fue esgrimida, entre otras, para declararlo un partido ilegal y condenado a la persecución y la clandestinidad.
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