Juan Gabriel

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José José

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EXP. N.º 03066-2012-PA/TC

(EXP. N.º 03569-2010-PA/TC)

LIMA

AGRÍCOLA CERRO PRIETO S.A.C.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 10 días del mes de septiembre de 2012, el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Álvarez Miranda, Urviola Hani, Mesía Ramírez y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de la STC N.º 03569-2010-PA/TC, interpuesto por Agrícola Cerro Prieto S.A.C. contra la resolución N.º 22, de fecha 19 de marzo de 2012, obrante a fojas 812, expedida por el Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente el pedido de suspensión del proceso formulado por la demandada, no ha lugar el pedido de aclaración de la recurrente, y dispone notificar al Registrador Público de Chiclayo a fin de que sólo tome conocimiento de los escritos que anteceden.

ANTECEDENTES

Demanda y sentencia del Tribunal Constitucional

1. Con fecha 22 de diciembre de 2009, la recurrente interpone demanda de amparo contra la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial y Aspillaga Anderson Hermanos S.A., con el objeto de que reponga las cosas al estado anterior a la emisión de la sentencia recaída en el Exp. N.º 05614-2007-PA/TC y, en consecuencia, se ordene la realización de un proceso de amparo en el que se disponga su emplazamiento, garantizándose así su derecho a la propiedad privada y a la defensa.

2. Con fecha 18 de mayo de 2011, este Tribunal publicó en su página web la sentencia recaída en el Exp. N.º 03569-2010-AA/TC, mediante la cual declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por la accionante, ordenando al Ministerio de Agricultura y al Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña iniciar el procedimiento de expropiación previsto en la Ley N.º 27117 para que le abonen a Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C. la indemnización justipreciada por la propiedad confiscada; así como ordenar a la Oficina Registral del Registro de la Propiedad Inmueble de Chiclayo que mantenga las inscripciones de dominio de los terrenos eriazos a favor del Instituto Nacional de Desarrollo, sólo en la parte del terreno que adquirió Agrícola Cerro Prieto S.A.C. y que el resto de la inscripción se mantenga a favor de Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C. Posteriormente, mediante resolución de fecha 9 de junio de 2011, se declaró improcedente el pedido de aclaración formulado por la demandada.

Fase de ejecución de sentencia

3. A fojas 390, obra la Resolución N.º 6, de fecha 8 de agosto de 2011, a través de la cual el Primer Juzgado Constitucional de Lima ordena el cúmplase lo ejecutoriado, y, en consecuencia, dispone: a) oficiar al Ministerio de Agricultura y al Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña (PEJEZA), a fin de que inicien el procedimiento de expropiación previsto en la Ley N.º 27117 para que, dentro de un plazo razonable no mayor de cuatro meses, le abonen a Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C. la indemnización justipreciada por la propiedad confiscada en mérito de los artículos 410º del Decreto Legislativo N.º 556 y 218º de la Ley N.º 25303; y b) ordenar a la Oficina Registral de la Propiedad Inmueble de Chiclayo que mantenga las inscripciones de dominio de los terrenos eriazos realizadas en mérito de los artículos 410º del Decreto Legislativo N.º 556 y 218º de la Ley N.º 25303, a favor del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), en el asiento 1, fojas 55-56, tomo 391, en la ficha 16943, en el asiento 2, fojas 89, tomo 391, en la ficha 43826, del Registro de la Propiedad Inmueble de Chiclayo, sólo en la parte del terreno que adquirió Agrícola Cerro Prieto S.A.C., y que el resto de la inscripción se mantenga a favor de Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C.

4. Con fecha 10 de agosto de 2011, Agrícola Cerro Prieto S.A.C. solicita aclarar esta resolución y que, en consecuencia, se ordene a la Oficina Registral de Chiclayo no sólo mantener las inscripciones de dominio de los terrenos eriazos realizadas en mérito de los mencionados dispositivos legales a favor de INADE, en la parte del terreno que adquirió Agrícola Cerro Prieto S.A.C., sino también mantener todas las independizaciones e inscripciones de dominio en las fichas registrales que de tales inscripciones se hubieran derivado (fojas 404); en ese sentido, recuerda que en la STC N.º 05614-2007-PA/TC, la entonces demandante Aspillaga Anderson Hermanos S.A. ocultó que las tierras reclamadas habían sido adquiridas el año 2000 mediante licitación pública internacional, y al amparo de la buena fe pública registral, por Agrícola Cerro Prieto S.A.C.

5. Con fecha 11 de agosto de 2011, Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C. solicita al Primer Juzgado Constitucional de Lima ejecutar la sentencia recaída en el EXP. N.º 03569-2010-PA/TC, tomando en cuenta lo resuelto por la STC N.º 05614-2007-PA/TC y lo que ya se ejecutó en base a esta decisión (fojas 435). Aduce que lo ordenado en la STC N.º 03569-2010-PA/TC debe interpretarse de manera restrictiva, por estar sólo “precisando” una sentencia con autoridad de cosa juzgada. Sostiene, en tal sentido, que el Juez debe mantener las inscripciones a favor de Aspillaga, salvo respecto del área de terreno que adquirió Agrícola Cerro Prieto cuyo dominio deberá permanecer inscrito sólo a favor de INADE, “y de nadie más”.

Por otro lado, afirma que la ejecución de la sentencia recaída en el Exp. N.º 03569-2010-PA/TC es jurídicamente imposible, pues no puede mantenerse la inscripción de dominio a favor de INADE, porque este instituto ya no tiene existencia jurídica, al haber sido absorbido por el Ministerio de Agricultura (Decreto Supremo N.º 030-2008-AG); y porque las fichas y/o partidas registrales allí indicadas fueron cerradas por orden del Trigésimo Tercer Juzgado Civil de Lima, en ejecución de la sentencia emitida en el Exp. N.º 87079-2004 (STC N.º 5614-2007-PA/TC). Por tanto, debe asumirse que el área que “supuestamente” adquirió Agrícola Cerro Prieto S.A.C. debe permanecer inscrita a nombre de Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C., ante la inexistencia de INADE, porque sólo así se entendería el procedimiento de expropiación.

6. Con fecha 20 de septiembre de 2011, el Primer Juzgado Constitucional de Lima remite oficios al Ministerio de Agricultura (fojas 456) y a PEJEZA (fojas 457), a fin de que procedan conforme al mandato ordenado en la STC N.º 03569-2010-PA/TC, en tiempo breve y bajo responsabilidad funcional.

7. Con fecha 19 de septiembre de 2011, el Registrador Público de la Oficina Registral de Chiclayo, mediante Oficio Nº 523-2011 (67731) ZRNºII/CHC-MML (fojas 519), informa al Primer Juzgado Constitucional de Lima lo siguiente:

Ø Que, del estudio del antecedente registral del tomo 391, fojas 55-56, que pasó a la ficha 43826, se advierte que obra inscrito el predio a favor de INADE, por lo que no habría derecho de propiedad que mantener vigente.

Ø Que, en la sentencia del Tribunal Constitucional, no se señala el antecedente registral donde obra inscrito el derecho de propiedad de Agrícola Cerro Prieto S.A.C., no pudiendo la entidad registral determinar los derechos de propiedad que se van a cancelar o revertir a favor de ésta.

Ø Que, en la ficha 43827, independizada de la ficha 43826, obra inscrita la independización de un área de 2,808.056 has a favor de INADE y posteriormente transferida a favor de Agrícola Cerro Prieto S.A.C. (asiento 4d). Y, asimismo, que en el asiento E0001 obra inscrita la cancelación de asiento del asiento registral de dominio a favor de Agrícola Cerro Prieto S.A.C., en mérito a la Resolución N.º 9 de fecha 29 de marzo de 2005 y de la Resolución del Tribunal Constitucional de fecha 6 de mayo de 2009; así como de la resolución judicial del 25 de agosto de 2009 y su aclaratoria expedidas por el juez del 36º Juzgado Civil de Lima.

Ø Que, en el asiento B00001 de la ficha 43827 (continuación en la partida 2301496) obra inscrita la rectificación del área inicial del predio (2,808.056 has), a la que se le ha restado el área de superposición de 2,628.5693 has, quedando un área remanente de 179.4645 has, que representa el área actual del citado predio a nombre de Agrícola Cerro Prieto S.A.C.

En ese sentido, solicita aclarar si se cancela el dominio a favor de Agrícola Cerro Prieto S.A.C., o si se procede a revertir el dominio a favor de INADE, en razón de que no existe una clara precisión con respecto al mandato judicial.

8. Posteriormente, al no haberse resuelto lo solicitado, el registrador público, mediante Oficio N.º 592-2011 (67731) ZRNºII/CHC-MML (fojas 692), informa al Primer Juzgado Constitucional de Lima que en el asiento C4) de la ficha 43827 consta la transferencia de propiedad que realiza INADE a favor de Agrícola Cerro Prieto S.A.C., de las 2,808.056 has, es decir, la totalidad del predio inscrito en la citada ficha.

En consecuencia, solicita que se aclare: a) si el predio inscrito en el tomo 391, fojas 55, continuado en la ficha 43826, debe permanecer a nombre de INADE o de Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C.; y b) si el predio inscrito en la ficha 43827 se revierte a nombre de INADE o debe continuar a nombre de Agrícola Cerro Prieto S.A.C., con el área inicial de 2,805.056 has (asiento b1 de la ficha 43827), o con el área rectificada de 179.4665 has (Asiento B00001 de la partida 2301496).

9. Con fecha 26 de septiembre de 2011, Agrícola Cerro Prieto S.A.C. precisa ante el Juzgado Constitucional de Lima (fojas 537), que la cancelación de la Partida Registral N.º 43827 fue realizada al amparo de la Resolución N.º 27, expedida por el Trigésimo Tercer Juzgado Civil de Lima el 26 de noviembre de 2009, en un proceso de amparo en el que Agrícola Cerro Prieto no fue parte; reduciéndose su propiedad de 2,808.056 has a 179,4645 has, y adjudicándose Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C., por sí y ante sí, 2,628.5915 has, conservando todas estas tierras a nombre de esta última, hasta la fecha, en los Registros Públicos de Lambayeque.

En tal sentido, solicita mantener las inscripciones de dominio a favor de INADE, solo en la parte del terreno que adquirió Agrícola Cerro Prieto S.A.C., y que se restituyan todas las inscripciones derivadas de éstas a Agrícola Cerro Prieto S.A.C.

10. Con fecha 30 de septiembre de 2011, el Primer Juzgado Constitucional de Lima, mediante Resolución N.º 13 (fojas 540), dispone remitir partes aclaratorios a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), precisando al registrador que debe respetar el tracto sucesivo.

11. Con fecha 18 de octubre de 2011, Agrícola Cerro Prieto S.A.C. solicita al Primer Juzgado Constitucional de Lima absolver, a la brevedad posible, la consulta formulada por el Registrador Público de Chiclayo (fojas 624); ordenándole a dicho registrador mantener el predio inscrito en el tomo 391, fojas 55, continuado en la ficha 43826, hoy Partida Electrónica N.º 2244249 a nombre de INADE y PEJEZA; y que el predio inscrito en la ficha 43827 debe continuar a nombre de Agrícola Cerro Prieto S.A.C.

Asimismo, acompaña copia de una demanda de reivindicación interpuesta por Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C., el 21 de septiembre de 2011, ante el Juzgado Civil de Chiclayo (Exp. N.º 3595-2011), y cuya pretensión es que se les restituya el área total que ocupan las parcelas C y D del Predio “La Otra Banda”, distrito de Zaña, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque; demanda que estaría referida exclusivamente a las tierras de Agrícola Cerro Prieto S.A.C., esas mismas que están solicitando les sean pagadas mediante indemnización justipreciada, buscando así obtener un doble beneficio por una misma causa.

12. Con fecha 21 de octubre de 2011, Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C. solicita que la ejecución de la sentencia se haga en sus propios términos y que, en consecuencia, el predio “La Otra Banda” se mantenga registralmente a nombre de Aspillaga, a excepción del área “supuestamente” adquirida por Agrícola Cerro Prieto S.A.C. (que se debe mantener a nombre de INADE, y no de Agrícola Cerro Prieto), hasta que concluya el procedimiento de expropiación (fojas 701).

En tal sentido, explica que la solución brindada por el Tribunal Constitucional, “para no afectar al propietario ni al tercero”, consistió en ordenar al Estado (INADE y PEJEZA) expropiar dicha área (vendida al tercero) y pagar el justiprecio respectivo; y, luego de ello, el Estado podrá libremente transferir el predio a Agrícola Cerro Prieto S.A.C., manteniéndose, mientras tanto, el dominio inscrito a favor del Estado (INADE).

13. Con fecha 2 de noviembre de 2011, el Primer Juzgado Constitucional de Lima, mediante Resolución N.º 17 (fojas 694), en respuesta a la solicitud del Registrador Público de Chiclayo, resuelve lo siguiente: a) respecto al primer punto: que el predio inscrito en el tomo 391, fojas 55, continuado en la ficha 43826, hoy Partida Electrónica 2242249, debe continuar a nombre de INADE; y b) respecto al segundo punto, que la parte del terreno que adquirió Agrícola Cerro Prieto S.A.C., mantiene las inscripciones de dominio a favor de INADE, y el resto de la inscripción se mantiene a favor de Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C.

14. Con fecha 17 de noviembre de 2011, PEJEZA solicita al Primer Juzgado Constitucional de Lima la suspensión de la etapa de ejecución, por existir un proceso signado con el Exp. N.º 335-2010, cuya pretensión tiene una vinculación con la sentencia de autos (fojas 744).

15. Con fecha 12 de enero de 2012, Agrícola Cerro Prieto S.A.C. solicita al Primer Juzgado Constitucional de Lima (fojas 775), notificar al Registrador Público de Chiclayo para que inscriba la transferencia solicitada por ella, de INADE a PEJEZA y de ésta a Agrícola Cerro Prieto S.A.C., en mérito a la sentencia del Tribunal Constitucional, “que ni ordena mantener la inscripción a favor de INADE en tanto dure el proceso de expropiación, ni dispone que los predios no pueden ser transferidos de INADE a PEJEZA y de PEJEZA a Agrícola Cerro Prieto S.A.C.”.

16. Con fecha 20 de enero de 2012, el Primer Juzgado Constitucional de Lima, mediante Resolución N.º 21, resuelve: a) en relación al proceso judicial de reivindicación llevado ante el Primer Juzgado Civil de Chiclayo (Exp. N.º 3595-2011): haga valer su derecho en la vía que corresponda; b) notificar al Registrador Público de Chiclayo para que dé estricto cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional, bajo responsabilidad funcional por la demora incurrida (fojas 783).

17. Con fecha 26 de enero de 2012, Agrícola Cerro Prieto S.A.C. solicita aclaración de dicha resolución, debido a que no responde a la solicitud oportunamente formulada (fojas 795). Asimismo, informa de su desistimiento respecto del anterior proceso de amparo ante el Tribunal Constitucional (RTC N.º 1009-2011-PA/TC) (fojas 793).

18. Con fecha 19 de marzo de 2012, el Primer Juzgado Constitucional de Lima, mediante Resolución N.º 22 (fojas 812), resuelve declarar improcedente el pedido de suspensión del proceso formulado por la demandada, no ha lugar el pedido de aclaración de la recurrente, y dispone notificar al Registrador Público de Chiclayo a fin de que sólo tome conocimiento de los escritos que anteceden.

19. Con fecha 26 de marzo de 2012, Agrícola Cerro Prieto S.A.C. presenta recurso de apelación por salto contra la Resolución N.º 22 (fojas 878).

20. Adicionalmente, cabe señalar que mediante Oficio N.º 106-2012/Z.R. NºII-MML, de fecha 20 de abril de 2012 (fojas 873), el Registrador Público de Chiclayo informa al Primer Juzgado Constitucional de Lima que la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N.º 03569-2010-PA/TC, “ya fue registrada en el asiento C0001 y C0002 de la partida 02244249 (Ficha 16943 que se acumula en la partida Tomo 391, fojas 55 y 56, que continúa en la ficha 43826 y que continúa en la partida electrónica N.º 02244249), con fecha 23 de noviembre de 2011”; “habiendo cumplido con el mandato dispuesto”, para lo que acompaña copias de las partidas registrales correspondientes.

Asimismo, con fecha 3 de agosto de 2012, Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C. comparece ante este Tribunal solicitando su adhesión a la apelación por salto presentada por la recurrente (fojas 3 del Cuaderno del Tribunal).

FUNDAMENTOS

§1. Sobre el derecho a la ejecución de las sentencias constitucionales

21. De conformidad con el artículo 139º, inciso 2 de la Constitución, toda persona sometida a un proceso judicial tiene derecho a que no se deje sin efecto aquellas resoluciones que han adquirido la autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución.

22. Sobre el particular, este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que este derecho garantiza al justiciable que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no sólo no puedan ser recurridas a través de medios impugnatorios –bien sea porque estos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo legal para interponerlos– sino también que el contenido de las mismas no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, ya sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso [STC N.º 04587-2004-AA/TC, fundamento 38].

23. En el ámbito de los procesos constitucionales este derecho encuentra una configuración expresa en el artículo 22º, primer párrafo del Código Procesal Constitucional, el cual dispone que la sentencia que cause ejecutoria al interior de estos procesos “se actúa conforme a sus propios términos por el juez de la demanda”.

24. La ejecución de las sentencias en sus propios términos, ha dicho este Tribunal en la STC N.º 01939-2011-PA/TC, constituye una garantía a favor de las partes procesales, esto es, “tanto para el ejecutante como para el ejecutado, puesto que les impide reabrir el debate ya finalizado y clausurado por la firmeza, así como modificar el derecho reconocido por sentencia firme a su capricho, alterando las condiciones en que fue delimitado (Carballo Piñeiro, Laura. Ejecución de condenas de dar (tratamiento procesal adaptado a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil), Barcelona, Bosch, 2001, p. 30). En ese mismo sentido, ha reconocido que:

“[no] resulta admisible que los contenidos de una resolución estimatoria puedan ser reinterpretados en vía de ejecución y que incluso tal procedimiento se realice de forma contraria a los propios objetivos restitutorios que con su emisión se pretende. Producida una sentencia estimatoria, y determinado un resultado a partir de sus fundamentos, es indiscutible que no pueden, estos últimos, ser dirigidos contra la esencia de su petitorio, de manera tal que este termine por desvirtuarse” [STC N.º 01102-2000-AA/TC].

25. Así pues, con la finalidad de garantizar la eficacia de este derecho en el contexto de los procesos constitucionales, este Tribunal, en la STC N.º 0004-2009-PA/TC, publicada el 15 de noviembre de 2010, ha establecido que el recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional procede contra la resolución del juez de ejecución que declara actuado, ejecutado o cumplido el mandato de una sentencia del Tribunal Constitucional, o que declara fundada la contradicción u observación propuesta por el obligado; frente a supuestos de inejecución, ejecución defectuosa o desnaturalización de una sentencia constitucional.

§2. Análisis de la controversia

26. De autos se desprende que la controversia consiste en determinar si, en fase de ejecución de sentencia, se ha desvirtuado lo decidido a favor del recurrente en el proceso de amparo que culminó con la expedición de la STC N.º 03569-2010-PA/TC.

27. Conviene, pues, recordar que en la referida sentencia expedida por este Tribunal, de fecha 15 de abril de 2011, se resolvió lo siguiente:

“1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia se precisan los efectos de la sentencia recaída en el Exp. N.° 05614-2007-PA/TC.

2. Ordenar al Ministerio de Agricultura y al Proyecto Especial Jequetepeque–Zaña que inicien el procedimiento de expropiación previsto en la Ley N.° 27117 para que, dentro de un plazo razonable no mayor a cuatro meses, le abonen a Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C. la indemnización justipreciada por la propiedad confiscada en mérito del artículo 410º del Decreto Legislativo N.º 556 y del artículo 218° de la Ley N.° 25303.

3. Ordenar a la Oficina Registral del Registro de la Propiedad Inmueble de Chiclayo que mantenga las inscripciones de dominio de los terrenos eriazos realizadas en mérito del artículo 410º del Decreto Legislativo N.º 556 y del artículo 218° de la Ley N.° 25303 a favor del Instituto Nacional de Desarrollo en el asiento 1, fojas 55-56, Tomo 391, en la Ficha 16943, en el asiento 2, fojas 56, Tomo 391 y en la Ficha 43826 del Registro de la Propiedad Inmueble de Chiclayo, sólo en la parte del terreno que adquirió Agrícola Cerro Prieto S.A.C. y que el resto de la inscripción se mantenga a favor de Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C.”.

28. No obstante ello, de la resolución cuestionada en autos, se advierte que el Primer Juzgado Constitucional de Lima, en respuesta a la solicitud formulada por la demandante (reseñada en los fundamentos 4 y 17 supra), resolvió lo siguiente:

“(…) estando a lo solicitado, no siendo potestad de esta Judicatura aclarar resoluciones emanadas por otras instancias, máxime, si el artículo 406º del Código Procesal Civil no concede dicha facultad; NO HA LUGAR A LO SOLICITADO; Debiendo solicitar su pedido en la vía que corresponda; Sin perjuicio de ello, notifíquese con el presente escrito al Registrador Público de Chiclayo Manuel Mallqui Luzquiñoz, a efectos de que sólo tome conocimiento de los escritos que anteceden (subrayado del original)”.

29. Como se puede apreciar, el Primer Juzgado Constitucional de Lima considera que no corresponde a dicha instancia “aclarar” una sentencia del Tribunal Constitucional en vía de ejecución, al no tratarse ésta de una competencia que el juez de ejecución tenga legalmente asignada. Lo que esta interpretación del Juzgado, sin embargo, desconoce, es que el juez de ejecución, si bien no puede replantear o modificar los términos de una resolución judicial al ejecutarla, sí tiene por obligación desplegar todas las actividades que resulten conducentes para realizar una correcta actuación de la sentencia emitida. Y es que, como este Colegiado se ha encargado de puntualizar, el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales “se satisface cuando el órgano judicial adopta las medidas oportunas y necesarias para llevar a efecto la ejecución del fallo. Si esas medidas se adoptan, el derecho a la ejecución de sentencias se habrá satisfecho, aunque si se adoptan con una tardanza excesiva e irrazonable, puede generarse lesión al derecho” [STC N.º 02813-2007-PA/TC, fundamento 16]. Desde este punto de vista, la interpretación sostenida por el Juzgado, sólo puede ser asumida como una inconstitucional abdicación de su deber de adoptar medidas oportunas y eficaces para lograr la ejecución de lo finalmente decidido.

30. Pero, aunado a todo ello, es patente que la tesis sostenida por el Juzgado desconoce también lo dispuesto expresamente en dicha sentencia, situación que ha terminado por vaciar de todo contenido práctico a la decisión adoptada por este Tribunal Constitucional en dicha causa.

31. En efecto, tal como quedó expuesto supra, lo que este Tribunal ordenó en el punto resolutivo N.º 3 de su fallo, fue que la Oficina Registral del Registro de Propiedad Inmueble de Chiclayo debía mantener las inscripciones de dominio de los terrenos eriazos realizadas en mérito del artículo 410º del Decreto Legislativo N.º 556 y del artículo 218° de la Ley N.° 25303 “a favor del Instituto Nacional de Desarrollo” (INADE) en el asiento 1, fojas 55-56, tomo 391, en la ficha 16943, en el asiento 2, fojas 56, tomo 391 y en la ficha 43826 del Registro de la Propiedad Inmueble de Chiclayo, “sólo en la parte del terreno que adquirió Agrícola Cerro Prieto S.A.C.”, y que el resto de la inscripción se mantenga a favor de Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C.”.

32. Nada de ello, sin embargo, puede querer decir que, en la ejecución de este mandato, la Oficina Registral de Registro de Propiedad Inmueble de Chiclayo esté facultada para inobservar las normas imperativas que rigen su actuación, y en particular, las normas especiales aplicables en materia registral. Siendo esto así, son aplicables al caso de autos, el artículo 2014º del Código Civil, según el cual “[e]l tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos”, y que el artículo 2012º de este mismo cuerpo normativo, en atención al cual “[s]e presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones”.

33. En consecuencia, atendiendo a la aplicación de los principios de buena fe registral y publicidad, así como de tracto sucesivo, en la etapa de ejecución de la STC N.º 03569-2010-PA/TC, debe entenderse que la inscripción de dominio a favor de Agrícola Cerro Prieto S.A.C., contemplada en la ficha 43827, debe mantenerse, pues no de otro modo pueden quedar adecuadamente garantizados los derechos invocados por la demandante en esta causa (propiedad y de defensa), así como el fin de reposición de las cosas al estado anterior a que apunta todo proceso constitucional, como el de amparo (artículo 1º del Código Procesal Constitucional).

34. Por ello, habiéndose verificado que la entidad demandada no ha ejecutado la sentencia del Tribunal Constitucional en sus propios términos, y que el juez de ejecución ha interpretado erróneamente los alcances de la misma, corresponde estimar el recurso de apelación por salto interpuesto por la accionante, a fin de efectivizar, en etapa de ejecución, la sentencia firme recaída en el Exp. N.º 03569-2010-PA/TC.

§3. Sobre la conducta procesal de la parte demandada en la etapa de ejecución de la presente sentencia

35. Pero, por otro lado, este Tribunal aprecia que, en el curso de la ejecución de la sentencia recaída en el Exp. N.º 03569-2010-PA/TC, la empresa demandada Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C., con fecha posterior a su expedición, ha iniciado en las vías judicial y administrativa una serie de acciones que, desde la óptica de la demandante, no tendrían otro efecto que enervar la decisión expedida por este Alto Colegiado.

36. Ciertamente, de las instrumentales que obran a fojas 25, 42, 54 y 86 del Cuaderno del Tribunal, queda plenamente acreditado que, iniciada la etapa de ejecución de la sentencia constitucional de autos, la empresa Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C. ha impulsado las siguientes acciones vinculadas a la materia sub litis, que es pertinente detallar. Así,

a) A fojas 25 del Cuaderno del Tribunal obra la demanda de reivindicación y otros, de fecha 21 de septiembre de 2011, interpuesta por la empresa Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C. ante el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, y cuya pretensión es que se ordene “la restitución total del área que ocupa en las Parcelas D y E del predio La Otra Banda, distrito de Zaña, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque”, inscritos e independizados en las Partidas 11136430 y 11136431 del Registro de Propiedad Inmueble de Chiclayo.

b) A fojas 42 del Cuaderno del Tribunal, obra la Resolución de Gerencia Registral N.º 067-2012-Z.R.NºII-GR, de fecha 2 de febrero de 2012, expedida por el Gerente Registral de Chiclayo, de cuya lectura se aprecia que el señor José Antonio Aspillaga Plenge, en representación de Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C., manifestó ante la Zona Registral de Trujillo la duplicidad existente entre la partida registral constituida por la P.E.N. N.º 02208384 del Registro de Predios de Chiclayo, con relación a las partidas abiertas en el Registro de Predios de Chepén, a favor del INADE-Autoridad Autónoma del PEJEZA.

Esta resolución resuelve iniciar el procedimiento administrativo de cierre de cuarenta y seis (46) partidas registrales, por duplicidad, de la Oficina Registral de Chepén. A su vez, esta decisión fue recurrida por Agrícola Cerro Prieto S.A.C., mediante recurso de oposición, y resuelta mediante Resolución de Gerencia Registral N.º 151-2012-Z.R.NºII-GR, de fecha 28 de marzo de 2012 (fojas 52 del Cuaderno del Tribunal).

c) A fojas 54 del Cuaderno del Tribunal obra la demanda de nulidad de acto jurídico, de fecha 10 de febrero de 2012, interpuesta por la empresa Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C. ante el Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, dirigida contra PEJEZA, Agrícola Cerro Prieto S.A.C. e Inmobiliaria Cerro Prieto S.A.C., con la finalidad de que se declare nulos los siguientes actos jurídicos: a) el contrato de establecimiento de servidumbre de acueducto, contenido en la escritura pública de fecha 24 de julio de 2003, otorgada por PEJEZA a favor de Agrícola Cerro Prieto S.A.C., y su aclaración de fecha 20 de abril de 2004; b) el contrato de ampliación de servidumbre de acueducto contenido en la escritura pública de fecha 31 de julio de 2009; c) la addenda de modificación al contrato de establecimiento de servidumbre de acueducto contenido en la escritura pública de fecha 31 de mayo de 2011; d) la ratificación de acto jurídico contenido en la escritura pública de fecha 15 de julio de 2011, otorgada por Inmobiliaria Cerro Prieto S.A.C., con intervención de Agrícola Cerro Prieto S.A.C.; y e) la aclaración del contrato de establecimiento de servidumbre contenido en la escritura pública de fecha 2 de agosto de 2011; todo ello, por haber incurrido en las causales de ausencia de manifestación de la voluntad, objeto jurídicamente imposible y por contravenir el orden público y las buenas costumbres. Asimismo, formula como pretensión accesoria la cancelación de las Partidas Registrales PR005307 y el asiento D0001 de la Partida 11004865 del Registro Predial de Chepén.

Del mismo modo, a fojas 6 del Cuaderno del Tribunal corre otra demanda de nulidad de acto jurídico, de fecha 3 de julio de 2012, iniciada por la empresa Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C. ante el Decimonoveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, dirigida contra PEJEZA, Agrícola Cerro Prieto S.A.C. e Inmobiliaria Cerro Prieto S.A.C., y cuya pretensiones principal y accesoria son idénticas a las solicitadas ante el Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo.

d) Finalmente, a fojas 891 del principal, y situados ya en el contexto de ejecución de la sentencia de autos, obra el escrito presentado por la empresa Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C., de fecha 7 de junio de 2012, en el que solicita al Primer Juzgado Constitucional de Lima cursar partes judiciales a la Oficina Registral de Chepén, a fin de que se inscriba registralmente la STC N.º 03569-2010-PA/TC en la siguientes partidas: a) Partidas N.º PR 636 y sus indpendizaciones del Registro Predial de Chepén (inscritas a nombre de Cerro Prieto), a fin de que se mantengan a nombre de INADE; b) Partida N.os 4005058, 11004865 y 11003016 del Registro Predial de Chepén (inscritas a nombre de PEJEZA) a fin de que se inscriban a nombre de Aspílllaga Anderson Hermanos S.A.

En respuesta a esta solicitud, el Primer Juzgado Constitucional de Lima, mediante Resolución N.º 25, de fecha 26 de junio de 2012 (fojas 895 del principal), resuelve estar pendiente a lo que, en su momento, el Tribunal Constitucional estime conveniente precisar.

37. De lo expuesto supra, para este Tribunal Constitucional surge con meridiana claridad que la conducta procesal asumida por la demandada Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C., en la etapa de ejecución de la sentencia de autos, ha estado completamente alejada de los principios de buena fe y rectitud que deben presidir esta fase del proceso, pues tanto la aludida demanda de reivindicación, como la solicitud cursada ante el Registro Predial de Chiclayo y el escrito presentado al Primer Juzgado Constitucional de Lima, evidencian palmariamente su intención de conseguir, por otras vías, lo que en la sentencia de autos le ha sido denegado, a saber: mantener la propiedad del predio “La Otra Banda”, que este Tribunal ha reconocido ser de propiedad de Agrícola Cerro Prieto S.A.C., conforme se desprende del fundamento 5 de la STC N.º 03569-2010-PA/TC, que forma parte de la ratio decidendi que sustentó esta decisión.

38. Por lo tanto, en vía de ejecución de la presente sentencia, y de conformidad con el principio de prevalencia que ostentan las sentencias constitucionales por sobre las recaídas en otros procesos ordinarios (artículo 22º del Código Procesal Constitucional), corresponde declarar la conclusión del proceso de reivindicación seguido ante el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo (Exp. N.º 03595-2011), iniciado por la empresa demandada Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C.; ordenándole asimismo abstenerse de iniciar procesos con idéntico fin, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución remita copias al Ministerio Público a fin de que proceda conforme a sus competencias.

39. Asimismo, en relación a las demandas de nulidad de acto jurídico incoadas por la referida empresa, es menester precisar que en el fundamento 5 de la sentencia, antes aludido, el Tribunal Constitucional reconoció la plena validez del contrato de compraventa y de la Partida Registral de la ficha 43826 del Registro de la Propiedad Inmueble de Chiclayo, mediante las cuales se acreditó que, el 30 de octubre de 2000 Agrícola Cerro Prieto S.A.C. adquirió, a título oneroso de PEJEZA, los predios denominados Pampas de Mocupe y Cerro Colorado (fundo “La Otra Banda”). En consecuencia, resulta claro para este Tribunal que todos los actos jurídicos, contratos, obligaciones y derechos otorgados por PEJEZA y que han sido reseñados en el fundamento 36 c), supra (lo que, desde luego, incluye el contrato de establecimiento de servidumbre de acueducto, contenido en la escritura pública de fecha 24 de julio de 2003, así como sus ampliaciones, modificaciones, rectificaciones y aclaraciones), con fecha anterior a la interposición de la demanda de amparo de fecha 17 de diciembre de 2004, así como los derechos posteriores derivados de estos actos, también se encuentran protegidos por los efectos de la STC N.º 03569-2010-PA/TC, por lo que su mérito no puede ser desconocido por ningún órgano jurisdiccional ni autoridad pública alguna.

40. Por dicha razón, corresponde declarar también la conclusión de los procesos de nulidad de acto jurídico seguidos ante el Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo (Exp. N.º 02012-0384) y ante el Decimonoveno Juzgado Civil de Lima (Exp. N.º 12144-2012), iniciados por la empresa demandada Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C.; ordenándole asimismo abstenerse de iniciar procesos con idéntico fin, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución remita copias al Ministerio Público a fin de que proceda conforme a sus competencias.

41. Al respecto, viene al caso recordar que, conforme al artículo 121º del Código Procesal Constitucional, las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, en el marco de cualesquiera de los procesos cuyo conocimiento tiene legalmente asignado, son inimpugnables, lo que es lógica consecuencia de su calidad de órgano de cierre de la jurisdicción constitucional y supremo intérprete de la Constitución en nuestro ordenamiento jurídico (artículos 201º de la Constitución y 1º de la Ley N.º 28301, Orgánica del Tribunal Constitucional). Siendo esto así, tales pronunciamientos resultan plenamente vinculantes para todos los poderes públicos, así como para los particulares, no pudiendo ser enervados por ningún otro órgano jurisdiccional a través de la activación de nuevos procesos judiciales sobre lo ya resuelto, so pena de transgredir la prohibición constitucional de avocamiento a causas pendientes ante un órgano jurisdiccional (en este caso, pendiente de ejecución) y de dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ambas reconocidas en el artículo 139º inciso 2º de la Constitución.

42. Por lo demás, no escapa a la consideración de este Tribunal que la cláusula constitucional que proscribe el abuso del derecho (artículo 103º) resulta de plena aplicación al ámbito de los procesos constitucionales, incluida a su etapa de ejecución, y supone la prohibición de desnaturalizar las finalidades u objetivos que sustentan la existencia de cada atributo, facultad o libertad reconocida sobre las personas [Cfr. sentencia recaída en el Expediente N.º 05296-2007-PA/TC, fundamento 12]. Los derechos, pues, como el de acceso a la justicia, no pueden utilizarse de una forma ilegítima o abusiva, como ocurre en el presente caso, en que la empresa Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C. pretende enervar una sentencia constitucional a través de la activación de diversos mecanismos procesales tendientes a ese fin; lo cual, a todas luces, resulta inconstitucional.

43. Finalmente, en el presente caso, de lo expuesto en los parágrafos precedentes se evidencia que el juez de ejecución no ejecutó la sentencia mencionada en sus propios términos y dentro del plazo establecido por ella misma en su fundamento 5 y por el artículo 59º del Código Procesal Constitucional; por el contrario, desde su fecha de notificación hasta la presente ha transcurrido más un año y ésta no es ejecutada por la desidia y el actuar defectuoso del juez de ejecución. El Tribunal considera que este comportamiento jurisdiccional es negativo, pues los plazos previstos en el Código Procesal Constitucional deben ser respetados sin objeción ni condicionamiento alguno, más aún cuando se está frente a la ejecución de una sentencia constitucional. En este último supuesto, los jueces de ejecución desde la emisión de la resolución que ordena “cúmplase con lo ejecutoriado” tienen la obligación de aplicar de oficio las medidas coercitivas previstas en el artículo 22º del Código Procesal Constitucional y, supletoriamente, las previstas en el Código Procesal Civil, bajo responsabilidad funcional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADO el recurso de apelación por salto presentado por la parte demandante; y en consecuencia, NULA la resolución N.º 22, de fecha 19 de marzo de 2012 (fojas 812), emitida en etapa de ejecución de sentencia por el Primer Juzgado Constitucional de Lima.

2. Ordenar al Primer Juzgado Constitucional de Lima que cumpla con emitir nueva resolución ordenando a la demandada dar cumplimiento, en sus propios términos, a la sentencia recaída en el Exp. N.º 03569-2010-AA/TC, teniendo como base lo acotado en los fundamentos 26 a 34, supra; y que aplique inmediatamente las medidas coercitivas previstas en los artículos 22º y 59º del Código Procesal Constitucional.

3. Ordenar a las Oficinas Registrales del Registro de Propiedad Inmueble de Chiclayo y Chepén ratificar las inscripciones de dominio de Agrícola Cerro Prieto S.A.C., conforme a los considerandos de la presente sentencia.

4. Declarar que de conformidad con lo expuesto en los fundamentos 38 a 40, supra, el proceso de reivindicación seguido ante el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo (Exp. N.º 03595-2011), así como los procesos de nulidad de acto jurídico seguidos ante el Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo y ante el Decimonoveno Juzgado Civil de Lima (Exps. N.os 02012-0384 y 12144-2012, respectivamente), incoados por la empresa demandada Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C., quedan concluidos de pleno derecho, en ejecución de la STC N.º 03569-2010-PA/TC.

5. Remitir copia de la presente sentencia a la Oficina de Control de la Magistratura y al Consejo Nacional de la Magistratura a efectos de que adopte las medidas que estime necesarias.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ÁLVAREZ MIRANDA

URVIOLA HANI

MESÍA RAMÍREZ

ETO CRUZ

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Carlos Hugo Falconí Robles (*)

El día 6 de diciembre se celebraron elecciones a nivel de la Corte Suprema y de las diversas Cortes de Justicia de la República para designar nuevos presidentes de estos órganos. Es común que el nombramiento de un nuevo titular de la entidad conlleva cambios de gestión. Sin embargo, el contexto en que se llevó las elecciones, esto es, el rechazo de los poderes estatales respecto el proyecto de remuneraciones consensuado por asesores del Poder Judicial, y del Ministerio de Economía, hicieron reflexionar a los jueces sobre la gestión de la política jurisdiccional a desarrollarse en el futuro.

Es por ello que el Poder Judicial declaró el día de 6 de diciembre como el “Día de la Dignidad Judicial”, y, en virtud del cual, las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes Superiores de Justicia, tanto las actuales como las recientemente elegidas, hicieron la promesa de que el Poder Judicial se fortalezca para brindar un eficaz servicio judicial a los justiciables y, a su vez, conseguir la pronta homologación de sueldos para los jueces.

Un lector puede preguntar, ¿qué importancia tiene a la colectividad la decisión de declarar el Día de la Dignidad Judicial? La respuesta es que esta declaración demuestra la decisión unánime de los jueces de luchar por un servicio imparcial de justicia y por la dignidad de los magistrados, a pesar de las limitaciones económicas impuestas por los poderes estatales. Los jueces saben que un estado democrático de derecho se caracteriza por un Poder Judicial independiente donde el respeto a los jueces sea la piedra angular, esta situación permite que el juez brinde una justicia imparcial sin presiones para resolver los conflictos a los justiciables. Igualmente, un estado democrático de derecho evita que el Poder Judicial sea una “cenicienta de los demás poderes estatales”, sino más bien respete su autonomía presupuestal.

El día de “Dignidad Judicial” reafirma que aunque no se respetó el proyecto consensuado referido en párrafos anteriores; sin embargo, los jueces reconocen que viven en un estado democrático de derecho y por ello seguirán con el deber de administrar justicia con equidad e imparcialidad, pero paralelamente también continuarán con la ejecución judicial de la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce el sueldo digno de los magistrados y con seguridad toda institución estatal debe acatarla.

(*) Juez integrante del programa social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima

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Luz Marlene Montero (*)
Deben haber escuchado que los Jueces estamos “en pie de lucha”, aunque muy relativamente ya que no podemos sindicalizarnos, hacer huelga, ni salir a marchar a las calles, y me preguntaba si usted señor lector sabe o entiende el porqué de ello, y me respondía, que por respeto debemos informárselo si es que aún no lo sabe.

Lo que reclamamos no es un aumento de sueldo, sino lo que buscamos es que se cumpla con la Ley y el “contrato de trabajo” que tenemos con el Estado como Magistrados y que nunca se ha cumplido. Es como si a un trabajador, que podría ser usted, le ofrecieran ganar un sueldo de 1,200.00 nuevos soles y le pagaran solo 400.00 nuevos soles y pasado un año, su empleador no cumpliera con pagarle lo prometido o respetar su contrato de trabajo, ¡Qué haría usted!

Pues, en este caso, han pasado ya veinte largos años y ningún gobierno, se ha dignado cumplir con la Ley Orgánica del Poder Judicial, salvo el gobierno del presidente Toledo que otorgó un bono, que si bien contribuyó en algo, no es remunerativo, ni pensionable.

El año pasado el Congreso, mediante Ley ordenó que se conformara una comisión entre el Poder Judicial con el Ministerio de Economía y Finanzas y se diera una solución al problema, cuyo proyecto es el que esperábamos que se aprobara en esta legislatura, sin embargo para sorpresa de todos, el mismo ministro que suscribió el proyecto y el Congreso que dispuso su elaboración lo desconocieron. Proyecto que igualmente no cumplía con la ley pero estábamos dispuestos a aceptarlo.

Es por eso que con entereza, como corresponde, el presidente del Poder Judicial, doctor César San Martín, en cumplimiento de una sentencia judicial que ordena nivelar las remuneraciones, emitió la Resolución Administrativa correspondiente requiriendo al Ministerio de Economía y Finanzas el dinero necesario para cumplir con pagarnos las remuneraciones que nos corresponden, lo que de ninguna manera significa un aumento de remuneraciones, como malamente se comenta.

Y, quiero aclarar en aras que esta no es una “prerrogativa”, ni una medida “antojadiza” como algún señor Congresista no informado ha mencionado, sino que es el cumplimiento de una orden judicial, emanada de un proceso de cumplimiento seguido por los Jueces, y por orden de la Constitución, ley de leyes, se cumple.

(*) Juez integrante del Programa Justicia en Tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia de Lima.

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Emilia Bustamante Oyague (*)

El Tribunal Constitucional ha establecido el principio de la interdicción de la arbitrariedad, esto es, la prohibición de la arbitrariedad por cualquiera de los organismos e instituciones públicas del Estado. Se prohíbe el ejercicio del poder estatal que no respete sus competencias y facultades establecidas por las leyes.

La negativa de otorgar una licencia municipal, la aplicación de una multa administrativa por cualquier ente del Estado o la negativa de reconocer derechos, son algunos ejemplos de actos administrativos que se emiten en ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública. Las resoluciones y decisiones que se adopten siempre deberán observar los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, motivación y debido proceso, entre otros.

El Tribunal Constitucional ha definido que, “a) en un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho, y b) en un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva; como lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo. En consecuencia, lo arbitrario será todo aquello carente de vínculo natural con la realidad”(Sentencia Caso Callegari, Exp. Nro. 0090-2004-AA/TC).

Lo contrario a una resolución justa es una decisión arbitraria, lo contrario a la razonabilidad es una decisión arbitraria. Una resolución justa y razonable será aquélla que observe el marco normativo de las competencias y atribuciones del ejercicio de la autoridad pública.

Se evitan los actos arbitrarios de la administración del Estado cuando éstos se encuentren motivados, esto es, que se sustenten en razones y no constituyan la mera expresión de la voluntad del órgano que los dicte. Dichas razones no deben ser contrarias a la realidad, no pueden contradecir los hechos relevantes de la decisión. Y además, entre las razones y la decisión administrativa que se adopte, necesariamente debe existir consistencia lógica y coherencia.

Cuando se cuestione en la vía judicial una resolución administrativa como arbitraria, se deberá verificar: 1) que tenga motivación, 2) que esa motivación no contradiga los hechos determinantes de la realidad, y 3) que tenga consistencia lógica y que sea coherente con los objetivos del acto discrecional de la administración pública, ya sea al conceder, rechazar, reconocer u otorgar algo a los ciudadanos, por ejemplo.

(*) Jueza integrante del Programa Justicia en Tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia de Lima

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AFIRMAR LA CULTURA DE PLANEAMIENTO EN LOS DISTRITOS JUDICIALES
Elecciones en el Poder Judicial

Ricardo Corrales Melgarejo

El próximo 6 de diciembre, los jueces superiores y supremos de las cortes de justicia de la República elegirán a los presidentes de los distritos judiciales y de la Corte Suprema.

Es en esta máxima instancia que se acostumbra a publicar la hoja de vida de los candidatos y planes de gobierno, en el portal del Poder Judicial (PJ). Sin embargo, tal ejemplo de transparencia no se practica en la elección de las cortes superiores, salvo algunos candidatos que por propia iniciativa lo hacen.

Entonces, para contribuir en la mejora de la imagen institucional y motivar una cultura de planeamiento en el Judicial, de cara a la ciudadanía –a quienes servimos en la resolución de sus conflictos–, deviene en imperioso que el Consejo Ejecutivo del PJ, reglamente tales procesos eleccionarios, estableciendo plazos de presentación de candidaturas, sus hojas de vida y planes de gobierno, su publicación en el portal institucional, en El Peruano y en los diarios de provincias encargados de los avisos judiciales. De igual modo, debe suceder con los candidatos que postulen a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) en cada Distrito Judicial.

Así, los candidatos a presidentes de cortes y jefes de ODECMA se comprometerán ante sus pares y frente a la sociedad civil, en particular con los litigantes y abogados, sobre sus políticas, líneas de acción, buenas prácticas judiciales, proyectos y cronograma de trabajo, contribuyendo a que nuestra institución sea una casa de cristal a los ojos de la comunidad.

Aunado a ello, después de elegidos los presidentes de cortes, es menester que, en conjunto con el presidente del PJ, articulen sus planes distritales con el plan de gobierno general de la institución, para su debido financiamiento, monitoreo, control, supervisión y rendición de cuentas, semestral y al final de la gestión. Así también, suceda entre los Jefes de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y de las ODECMAS, pues, hasta ahora se carece de una acción planificada. Entonces, corresponde a la OCMA considerar en su estrategia nacional, propiciar y monitorear tal cultural de planeamiento en los magistrados contralores, distrito por distrito, en la lucha contra la corrupción. Incluso, contar con la colaboración del CEPLAN.

Queda, pues, en manos del máximo órgano de gobierno del Judicial y del Jefe supremo de la OCMA, adoptar políticas de planeamiento para afirmar la transparencia, cultura de rendición de cuentas, estimular la creación de equipos de trabajo de calidad total y reingeniería institucional, en el acceso a la justicia con enfoque de inclusión e interculturalidad, celeridad procesal, comités de ética, combatir las presidencias personalistas y enfrentar con planificación a la corrupción, en la mejora continua del sistema de justicia en el Perú.

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Juez Superior de la Corte de Junín, en cuyo blog personal publica parte de sus sentencias, exposiciones y artículos, en la dirección electrónica siguiente: http://ricardocorralesmelgarejo.blogspot.com (más…)

Wolfray Huerta Robles (*)
Tras mucho esfuerzo y por la gracia divina me tocó la difícil misión de ser juez, la cual, pese a ser un reto, me permitió colaborar con la justicia al decidir si los actos investigados son justos o no; justicia que se torna compleja, y no entendida ante los ojos del hombre y muchas veces incomprensible al entendimiento de la comunidad; empero, pese a ello nosotros, los jueces, tratamos de administrar justicia respetando la dignidad del ser humano.

El mensaje compartido en el párrafo precedente lo experimenté cuando se presentó un caso judicial que requirió mi máxima reflexión y análisis: Un militar fue víctima de robo al pasar por una calle donde los agresores logran su cometido; horas después cegaron la vida del agresor principal con un arma de fuego, las acusaciones se dirigían a la persona que fue víctima de robo por ser militar y tener licencia para portar armas. Durante la investigación hubo diligencias que sindicaban al militar como el homicida, pero ninguna era una prueba lícita: los testigos eran amigos de la víctima y uno de ellos, incluso, estaba implicado en el robo del que fue víctima el denunciado; las armas ofrecidas fueron manipuladas y la escena del crimen fue contaminada por culpa de los propios testigos antes referidos.

La investigación se volvió ambigua y los familiares de la víctima buscaban desesperadamente un culpable del homicidio; ante la presión podía haber aplicado implacablemente la ley penal, pero no fue así, sino se optó por la equidad y prudencia, y se resolvió que, a falta de prueba lícita, era contraria a la dignidad de ser humano condenar al acusado.

La experiencia descrita muestra que la misión del juez es buscar justicia y no venganza; esto me lleva a evocar la frase célebre de la obra de Cervantes, “Don Quijote de la Mancha”, que parafraseando dice: “si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia”, esencia que debemos de mantener grabada en nuestras mentes cada vez que juzguemos a nuestros semejantes.

Los jueces deben servir al prójimo impartiendo justicia sin mirar a quien; esto les dará paz y tranquilidad en su conciencia, tratando en lo posible que sus juicios sean con prudencia y benevolencia, despojándose de motivos indignos como son la presión, la dádiva o la ira.

(*) Juez integrante del programa social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima.

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María Esther Gallegos Candela (*)

Adolescente infractor es todo aquel menor de 18 años y mayor de 14 años de edad que incurre en responsabilidad, al ser autor o partícipe de un hecho punible en la ley penal, y a quienes muchas veces vemos con indiferencia por haber sido quienes ilícitamente causaron un perjuicio a otra persona, pero nunca pensamos qué es lo que los llevó a convertirse en infractores.

Sin exagerar, podría afirmar que el 95% de los casos denunciados involucran a menores que provienen de hogares disfuncionales, en los que los padres viven separados, habiendo asumido el “cuidado” de los hijos solo uno de ellos, el tío o abuelo, quienes al mismo tiempo resultan ser personas carentes de afecto, educación, autoestima, creen que con solo darles alimentos y no permitir que estos mueran de hambre, cumplen con su deber, ¡craso error!

Estos menores de edad requieren de afecto, atención, cuidados y educación; y la pobreza no es justificación para no proporcionárselos. Los adolescentes infractores son menores de edad que no pidieron venir al mundo y que sin quererlo cayeron en manos de padres irresponsables, trayendo como consecuencia se pierdan en la vida y bajo las malas influencias de quienes erróneamente recurrieron en busca de un poco de atención.

En el corto tiempo que tengo como magistrada en asuntos de menores infractores, al momento de las entrevistas, me he interesado en conocer cuáles son sus carencias y el por qué de su actuar, y es sumamente penoso tomar conocimiento que el motivo es la falta de atención por sus padres, el no ser escuchados por estos y sentirse que no les importan; creyendo encontrar todo esto en los amigos de la calle, donde finalmente solo encontraron drogas, alcohol y violencia.

Entonces, cabe preguntar a aquellos padres que han perdido la brújula en su rol, ¿cuántos nuevos soles les cuesta ese poco tiempo que sus hijos requieren ser escuchados?, ¿cuántos nuevos soles les cuesta brindarles el afecto que demandan?. ¿Acaso no vale la pena sacrificar ese tiempo que se brinda a los amigos en las reuniones y fiestas, y dárselo a sus hijos?, ¿acaso no existen centros educativos estatales en los que, si hacemos valer nuestros derechos, la educación es gratuita?

Lo que debemos buscar es prever, y eso comienza por casa, no esperemos a que sea demasiado tarde, los menores de edad no exigen riquezas, solo piden atención, escúchalos y trátalos dignamente, así formarás ciudadanos luchadores y con valores.

(*) Juez Provisional del 3° Juzgado de Familia Tutelar Penal de Lima

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Yony César Aquino Quintana (*)

Una de las novedades que ha traído consigo el nuevo Código de Protección y Defensa del Consumidor, es darle la posibilidad al usuario, en caso se le haya vulnerado algún derecho, de acudir a dos vías: acudir al Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), o acudir al Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos (ORPS) de la Oficina de Protección al Consumidor.

Si acude al SAC, este empleará el servicio de atención gratuita de reclamos, la atención es en varias formas: por vía telefónica, personalmente ante el Indecopi, o mediante el Internet.

Efectivizado el reclamo ante el SAC y notificado el empresario proveedor del mismo, estos pueden arribar a una conciliación vinculante y definitiva de forma sencilla y rápida.

Por otro lado, en caso haya decidido acudir directamente ante el Órgano Resolutivo de la Oficina de Protección al Consumidor vía Procedimiento Ordinario (CPC), se resolverá según corresponda.

El Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos (ORPS) admitirá la denuncia si relaciona a un caso no muy complejo y que el valor del producto o servicio adquirido u ofertado no supere los S/.10,950.

Admitida a trámite la denuncia, emplazará al denunciado para que conteste, luego el jefe del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos citará a audiencia y posteriormente emitirá resolución final. Todo este trámite durará 30 días hábiles, con plazo improrrogable.

En caso que los involucrados estén disconformes con lo resuelto por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos, interpondrán apelación, y el expediente administrativo será remitido ante la Comisión de Protección al Consumidor, y de ser el caso, en vía de revisión, se resolverá ante la Sala competente en materia de Protección al Consumidor del Tribunal del Indecopi. En ambas instancias, el plazo también es perentorio de 30 días hábiles, tiempo que con la legislación anterior no se daba, lo cual es un avance en el tema.

En consecuencia, nos parece saludable que el Nuevo Código del Consumidor contemple dos vías procedimentales para las denuncias de los consumidores, según la complejidad de cada caso, y adicionándole los 30 días perentorios para que resuelvan en cada instancia. Todo ello contribuirá a la inclusión social, ya que anteriormente toda queja, sea pequeña o de gran complejidad, se tramitaba bajo una sola vía procedimental, situación injustificable.

(*) Juez integrante del programa social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima

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