La conciliación extrajudicial y la reactivación de los órganos jurisdiccionales, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio: dos problemas por resolver

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Jaime David Abanto Torres

A propósito de la suspensión de actividades en los centros de conciliación, el autor advierte como problemáticas la inexistencia de una norma que disponga también la suspensión de los procedimientos conciliatorios en trámite, así como la carencia de un protocolo sanitario para la reactivación de los centros de conciliación. Al respecto, desarrolla cuáles serían sus consecuencias en perjuicio de una eficaz solución de conflictos.

Como es de público conocimiento, por Resolución Administrativa N° 157-2020-CE-PJ, de fecha 25 de mayo de 2020 [1], se dispuso el reinicio de las labores de los órganos jurisdiccionales del país, a partir del 1º de julio de 2020.

 

Es sabido también que, muchas de las demandas que conocen los juzgados civiles y de paz letrados versan sobre derechos disponibles de las partes, las mismas que deben cumplir con el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 6 de la Ley de Conciliación Extrajudicial, Ley Nº 26872 [2] (en adelante, Ley de Conciliación), adjuntando copia certificada del acta de conciliación.

 

En este contexto, la conciliación extrajudicial presenta dos graves problemas, que no han sido solucionados hasta la fecha por el Estado peruano. Ello, muy a pesar de que el artículo 1 de la Ley de Conciliación declaró de interés nacional la institucionalización y desarrollo de la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos [3].

 

En primer lugar, si bien es cierto que las actividades de los centros de conciliación, públicos y privados, se encuentran suspendidas de facto desde el 16 de marzo de 2020, también lo es que no se ha dictado ninguna norma que suspenda los procedimientos conciliatorios que se encontraban en trámite a dicha fecha, en la que se inició el estado de emergencia con aislamiento social obligatorio.

 

Por otro lado, en efecto, el Poder Judicial ha dictado sucesivas resoluciones administrativas que suspenden los plazos procesales, y el Poder Ejecutivo, mediante sucesivos decretos de urgencia y decretos supremos, ha suspendido los plazos de los procedimientos administrativos, debe tenerse en cuenta que el procedimiento conciliatorio no es ni un proceso judicial ni un procedimiento administrativo, sino un medio alternativo de resolución de conflictos (MARC’s), y por lo tanto, ante el silencio de la Ley de Conciliación, es necesario que se dicte una norma con rango de ley que suspenda los plazos de los procedimientos conciliatorios.

 

De no ser así, podría cuestionarse la validez del procedimiento conciliatorio por no respetar el plazo de 30 días calendarios previsto por el artículo 11 de la Ley de Conciliación [4], plazo que a la fecha se encuentra vencido en exceso. Del mismo modo, los conciliadores y los centros de conciliación podrían ser sancionados con amonestación escrita. Los primeros por no respetar dicho plazo, y los segundos por no velar su cumplimiento por parte del conciliador, conforme al artículo 113 del Reglamento de la Ley de Conciliación, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2008-JUS [5].

 

En segundo lugar, en este contexto en el que las actividades de los centros de conciliación, públicos y privados, se encuentran suspendidas de facto desde el 16 de marzo de 2020, como consecuencia de las normas que establecen el estado de emergencia con aislamiento social, nos llama poderosamente la atención que hasta la fecha, el Ministerio de Justicia no haya aprobado el Protocolo Sanitario para los Centros de Conciliación Públicos y Privados conforme a la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, de fecha 28 de abril de 2020, que aprueba el documento técnico “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, y sus normas modificatorias; lo que es de suma urgencia, teniendo en cuenta el próximo reinicio de las labores de los órganos jurisdiccionales.

 

Si la demanda versa sobre derechos disponibles, es evidente que las partes se verán imposibilitadas de adjuntar a su demanda copia certificada del acta de conciliación, porque no pudieron realizar su procedimiento conciliatorio porque no existían centros de conciliación en funcionamiento. Tratándose de procedimientos conciliatorios concluidos antes del 16 marzo de 2020, el mismo problema tendrán los justiciables que necesiten una copia certificada del acta de conciliación para demandar la ejecución del acuerdo parcial o total, o para presentar su nueva demanda, pues no podrán obtenerla porque los centros de conciliación no están funcionando.

 

Cuando los jueces especializados y de paz letrados tengan que calificar las nuevas demandas que versen sobre derechos disponibles se encontrarán en un grave dilema, frente al texto expreso y claro del artículo 6 de la Ley de Conciliación. Por el momento, no adelantaremos opinión en estas líneas sobre el particular.

 

Esperamos que el Ministerio de Justicia, a la brevedad posible, tome cartas en el asunto, y apruebe el Protocolo Sanitario para los Centros de Conciliación Públicos y Privados, tema que se encuentren bajo el ámbito de su competencia, y que impulse los proyectos de decreto de urgencia, de ley o decreto legislativo necesarios para la suspensión de los procedimientos conciliatorios. El tiempo apremia, y los ciudadanos necesitan resolver cuanto antes sus conflictos, ya sea mediante un acuerdo conciliatorio o acudiendo al proceso judicial.

 


[*] Jaime David Abanto Torres es abogado por la Universidad de Lima y cuenta con estudios en la Maestría en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es juez titular del 1° Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima.

[1]Cfr. Resolución Administrativa N° 000157-2020-CE-PJ. Recuperado en: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/924269004e690cf5b497b4b4ea4fd967/RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000157-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=924269004e690cf5b497b4b4ea4fd967.

[2] Artículo 6.

Falta de intento Conciliatorio.

“Si la parte demandante, en forma previa a interponer su demanda judicial, no solicita ni concurre a la Audiencia respectiva ante un Centro de Conciliación extrajudicial para los fines señalados en el artículo precedente, el Juez competente al momento de calificar la demanda, la declarará improcedente por causa de manifiesta falta de interés para obrar”.

[3] Artículo 1.

Interés Nacional.

“Declárese de interés nacional la institucionalización y desarrollo de la Conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos”.

[4] Artículo 11.

Duración de la Audiencia Única

“El plazo de la Audiencia Única podrá ser de hasta treinta (30) días calendarios contados a partir de la fecha de la primera sesión realizada. Este plazo sólo podrá ser prorrogado por acuerdo de las partes”.

[5] Artículo 113.

De las infracciones sancionadas con amonestación escrita

“Se sanciona con amonestación escrita: a) A los Conciliadores por: (…) 5. No observar el plazo señalado para la duración de la audiencia única establecido en el artículo 11 de la Ley. (…) c) A los Centros de Conciliación por: (…) 12. No velar que su Conciliador observe los plazos establecidos en la Ley y su Reglamento para el procedimiento conciliatorio”.

NOVENO PLENO CASATORIO CIVIL

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Otorgamiento de Escritura Pública

Poder Judicial del Perú
Fondo Editorial del Poder Judicial-Centro de Investigaciones Judiciales

En

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/f180ed004e4450ffb143f374dabbac10/NOVENO+PLENO+CASATORIO+CIVIL_+web.pdf?MOD=AJPERES

Algunos apuntes para mejorar los recursos humanos en el Poder Judicial

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El autor afirma que, en el Poder Judicial, poco ha hecho el órgano de control para erradicar jueces y trabajadores que no merecen prestar servicios en el Poder Judicial. Igualmente, refiere que es urgente captar nuevos recursos humanos, para lo cual propone que deba restituirse el Programa de Meritorios, a fin de que los estudiantes de Derecho puedan familiarizarse con la labor jurisdiccional. Asimismo, propone que se cree un programa de pasantías.

Uno de los elementos más importantes a tener en cuenta en toda organización que presta servicios públicos, son los recursos humanos. Es sabido que, en nuestro país, la ciudadanía se queja constantemente de la mala calidad de los servicios públicos que presta el Estado. Especialmente, del servicio de justicia. Una de las causas puede ser la calidad de los recursos humanos del Poder Judicial.

 

Año tras año, los mejores trabajadores son captados por el sector privado o por otras entidades estatales. Las razones de la migración son sencillas: obtener mejores remuneraciones, pero, sobre todo, mejores condiciones de trabajo. Sin quejas, investigaciones o denuncias de litigantes o abogados, descontentos o maliciosos ¿Qué han hecho las altas autoridades del Poder Judicial para mantener o mejorar la calidad de los cuadros del Poder Judicial? ¿Existe algún plan para solucionar este problema?

 

En nuestros 17 años de carrera judicial hemos advertido que, para reemplazar al personal experimentado que deja la institución, muchas veces se contrata personal sin ninguna experiencia.  Es indispensable que para ellos se realice un programa de inducción, como sucede en cualquier entidad privada, de tal suerte que inicien la prestación de sus servicios con un conocimiento mínimo del funcionamiento del órgano jurisdiccional donde prestarán sus servicios. Eso es lo que manda el sentido común, pero no es la práctica habitual de las Coordinaciones de Recursos Humanos.

 

Otro problema recurrente, del que muchas veces hemos sido víctimas muchos jueces, es el de las carencias prolongadas de personal. Ante el cese o promoción de un servidor, el órgano jurisdiccional puede pasar meses y hasta años sin que la Coordinación de Personal envíe a otro servidor que asuma sus funciones. Así, muchos juzgados deben trabajar con su personal incompleto, agravando aún más la sobrecarga procesal. Por salir del paso, algunas veces la Coordinación de Personal pretende asignar a los juzgados, personal que ha sido puesto a disposición por otros jueces. Cuando se indaga las razones, no solo fue por bajo rendimiento, o indisciplina, sino que fue por procesos administrativos disciplinarios o sanciones por faltas graves como tráfico de influencias. Como decía un colega, es inaceptable que se “recicle la corrupción”. Lamentablemente, poco ha hecho el órgano de control para erradicar jueces y trabajadores que no merecen prestar servicios en el Poder Judicial.

 

Consideramos que el personal debe ser capacitado constantemente. Por un lado, con capacitación académica. En este punto, es destacable la capacitación que brinda gratuitamente la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima, dirigida por el Dr. José Antonio Neyra Flores, quien con muy escaso presupuesto organiza conferencias gratuitas dictadas por ponentes nacionales y extranjeros, con certificación, que son transmitidas en vivo en sus redes sociales de Facebook y luego son compartidas en Youtube. Estas resultan ideales para los jueces y servidores que, por falta de tiempo, o por la lejanía de su sede, no pueden asistir, pero pueden capacitarse en sus tiempos libres.

 

Por otro lado, también hace falta capacitación para el trabajo. Capacitación que potencie las habilidades y destrezas de los auxiliares jurisdiccionales para el puesto que están desempeñando. La misma capacitación que los jueces deberíamos recibir de la Academia de la Magistratura, en estos tiempos en que se impone la oralidad en los procesos, lo que requiere un especial entrenamiento de los jueces y auxiliares jurisdiccionales para adaptarse al nuevo modelo.

 

Finalmente, también hace falta una capacitación en servicio al cliente. Para enseñarnos a tener la paciencia de atender a los usuarios que requieren atención especial como las personas de la tercera edad y con discapacidad, como al común de los abogados y litigantes.

 

Lo que sí nos llama la atención es que, ni las asociaciones de jueces, ni las organizaciones sindicales, reclamen al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la mejora de las condiciones de trabajo de los jueces y auxiliares jurisdiccionales. Y que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no adopte oficiosamente medidas concretas para erradicar el hacinamiento de expedientes, por renovar el mobiliario de los juzgados, cuya antigüedad data muchas veces de la época de la reforma judicial realizada durante el gobierno del Presidente Fujimori. Nos preocupa que no se tome medidas inmediatas contra las diversas enfermedades profesionales que aquejan a jueces y auxiliares jurisdiccionales por igual. Especialistas Legales que padecen tendinitis, que les impide manipular los expedientes voluminosos, asistentes de archivo con lumbalgia, que les impide cargar y transportar pesados expedientes, amén del stress laboral que es la enfermedad de nuestros días en nuestras sedes judiciales. Que no se haga nada para que Essalud y las EPS brinden un servicio de salud de calidad, en proporción a las aportaciones que realizan mensualmente los jueces y auxiliares jurisdiccionales, vía descuento por planillas además del aporte de la propia institución.

 

Consideramos que es urgente captar nuevos recursos humanos para mejorar los cuadros de cara al futuro. En primer lugar, debe restituirse el Programa de Meritorios, a fin de que los estudiantes de Derecho puedan familiarizarse con la labor jurisdiccional. Muchos jueces, como un servidor, alguna vez fuimos meritorios y fue allí donde surgió la vocación judicial. Los juzgados deben convertirse en verdaderos semilleros para los futuros jueces y auxiliares jurisdiccionales. En segundo lugar, debe crearse un programa de pasantías, para que los estudiantes que así lo deseen, pagando una tasa, puedan tener la experiencia del trabajo auxiliar jurisdiccional. Es evidente que, en uno y otro caso, los mejores podrían ser captados para renovar los cuadros del Poder Judicial.

 

Y, qué duda cabe, es necesario mejorar las remuneraciones de los auxiliares jurisdiccionales, a niveles similares a los que perciben sus homólogos de otras entidades del sistema de justicia. De esa manera, se incentivará la permanencia de los buenos elementos y se captará el interés de nuevos y mejores trabajadores. Todo en beneficio de los usuarios del servicio de justicia, a quienes nos debemos.

 

 


[*] Jaime David Abanto Torres es abogado por la Universidad de Lima y cuenta con estudios en la Maestría en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es juez titular del 1° Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima.

https://laley.pe/art/8614/algunos-apuntes-para-mejorar-los-recursos-humanos-en-el-poder-judicial

Decreto Legislativo Nº 1384

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Decreto Legislativo que reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones

Decreto Legislativo 1384

Reglamento que regula el otorgamiento de ajustes razonables, designación de apoyos e implementación de salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad

DS 016-2019-MIMP

Reglamento de Transición al Sistema de apoyos en observancia al modelo social de discapacidad

RA 046-2019-CE-PJ

Opiniones

Renata Bregaglio

Igualmente capaces: las modificaciones sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad del Decreto Legislativo 1384

En https://www.enfoquederecho.com/2018/09/04/igualmente-capaces-las-modificaciones-sobre-la-capacidad-juridica-de-las-personas-con-discapacidad-del-decreto-legislativo-1834/

Emilia Bustamante Oyague

Capacidad Jurídica de las personas con discapacidad

En https://laley.pe/art/6101/capacidad-juridica-de-las-personas-con-discapacidad

Enrique Varsi

La capacidad de ejercicio plena de los menores: Historia de un legicidio en el Código Civil y en los recientes decretos legislativos

En https://laley.pe/art/6169/la-capacidad-de-ejercicio-plena-de-los-menores-historia-de-un-legicidio-en-el-codigo-civil-y-los-recientes-decretos-legislativos

Erika Irene Zuta Vidal

Modificaciones al Código Civil en materia de discapacidad desde una perspectiva en Derecho de Familia

En https://ius360.com/privado/civil/modificaciones-al-codigo-civil-en-materia-de-discapacidad-desde-una-perspectiva-en-derecho-de-familia/

Rosalía Mejía

El rol del notariado en el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad

En http://notariarosaliamejia.com/portal/2018/04/27/el-rol-del-notariado-en-el-ejercicio-de-la-capacidad-juridica-de-las-personas-con-discapacidad/

La capacidad jurídica de las personas con discapacidad: Nuevos conceptos jurídicos, modificaciones y derogaciones introducidas por el Decreto Legislativo 1384

En http://notariarosaliamejia.com/portal/2018/11/21/la-capacidad-juridica-de-las-personas-con-discapacidad/

Poder Judicial. Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad

Curso MARCO JURÍDICO QUE RECONOCE LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN IGUALDAD DE CONDICIONES

En https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/965a1380478abbe58fd68f1612471008/00000-merged.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=965a1380478abbe58fd68f1612471008

Materiales del Curso capacidad jurídica de las personas con discapacidad

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Nuestro agradecimiento a los organizadores por permitirnos la publicación de los materiales

Bach, Michael, El Derecho a la Capacidad Jurídica en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Cuenca, Patricia, La Capacidad Jurídica De Las Personas Con Discapacidad

Palacios, Agustina y Bariffi, Francisco, La discapacidad como una cuestión de derechos humanos

BOTELLO – Sustitucion del termino incapacitado por el de persona con discapacidad (2014)

CAPACIDAD JURÍDICA Y DISCAPACIDAD_Curso_Jueces

PALACIOS – BARIFFI – Discapacidad como cuestion de derechos humanos (2007)

Sentencia discapacidad – Tercer Juzgado de Familia – Cusco (2015)

PALACIOS – BARIFFI – Discapacidad como cuestion de derechos humanos (2007)

1 interdicción antes DL (2)

2 APOYOS Y SALVAGUARDIAS

3 APROBAR O DESAPROBAR

4 TRANSFORMACION

5 REMOCION CURADOR

6 DIRIMIR COMPETENCIA

CapacidadJurídica_Clase2

SODIS Apoyos

Convención de los derechos de las personas con dicapacidad

CAPACIDAD JURÍDICA Y DISCAPACIDAD_Curso_JuecesConvención de los derechos de las personas con dicapacidad

Observacion_general_no_1_2014_lf

Decreto Legislativo N 1384 que reconoce y regula la capacidad juridica de las personas con discapacidad (2018)

Exposicion de Motivos del Decreto Legislativo N 1384 (2018)

RA 046-2019-CE-PJ