Archivo de la categoría: Derecho Civil

Derecho Civil

NOVENO PLENO CASATORIO CIVIL

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Otorgamiento de Escritura Pública

Poder Judicial del Perú
Fondo Editorial del Poder Judicial-Centro de Investigaciones Judiciales

En

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/f180ed004e4450ffb143f374dabbac10/NOVENO+PLENO+CASATORIO+CIVIL_+web.pdf?MOD=AJPERES

Decreto Legislativo Nº 1384

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Decreto Legislativo que reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones

Decreto Legislativo 1384

Reglamento que regula el otorgamiento de ajustes razonables, designación de apoyos e implementación de salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad

DS 016-2019-MIMP

Reglamento de Transición al Sistema de apoyos en observancia al modelo social de discapacidad

RA 046-2019-CE-PJ

Opiniones

Renata Bregaglio

Igualmente capaces: las modificaciones sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad del Decreto Legislativo 1384

En https://www.enfoquederecho.com/2018/09/04/igualmente-capaces-las-modificaciones-sobre-la-capacidad-juridica-de-las-personas-con-discapacidad-del-decreto-legislativo-1834/

Emilia Bustamante Oyague

Capacidad Jurídica de las personas con discapacidad

En https://laley.pe/art/6101/capacidad-juridica-de-las-personas-con-discapacidad

Enrique Varsi

La capacidad de ejercicio plena de los menores: Historia de un legicidio en el Código Civil y en los recientes decretos legislativos

En https://laley.pe/art/6169/la-capacidad-de-ejercicio-plena-de-los-menores-historia-de-un-legicidio-en-el-codigo-civil-y-los-recientes-decretos-legislativos

Erika Irene Zuta Vidal

Modificaciones al Código Civil en materia de discapacidad desde una perspectiva en Derecho de Familia

En https://ius360.com/privado/civil/modificaciones-al-codigo-civil-en-materia-de-discapacidad-desde-una-perspectiva-en-derecho-de-familia/

Rosalía Mejía

El rol del notariado en el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad

En http://notariarosaliamejia.com/portal/2018/04/27/el-rol-del-notariado-en-el-ejercicio-de-la-capacidad-juridica-de-las-personas-con-discapacidad/

La capacidad jurídica de las personas con discapacidad: Nuevos conceptos jurídicos, modificaciones y derogaciones introducidas por el Decreto Legislativo 1384

En http://notariarosaliamejia.com/portal/2018/11/21/la-capacidad-juridica-de-las-personas-con-discapacidad/

Poder Judicial. Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad

Curso MARCO JURÍDICO QUE RECONOCE LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN IGUALDAD DE CONDICIONES

En https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/965a1380478abbe58fd68f1612471008/00000-merged.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=965a1380478abbe58fd68f1612471008

Materiales del Curso capacidad jurídica de las personas con discapacidad

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Nuestro agradecimiento a los organizadores por permitirnos la publicación de los materiales

Bach, Michael, El Derecho a la Capacidad Jurídica en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Cuenca, Patricia, La Capacidad Jurídica De Las Personas Con Discapacidad

Palacios, Agustina y Bariffi, Francisco, La discapacidad como una cuestión de derechos humanos

BOTELLO – Sustitucion del termino incapacitado por el de persona con discapacidad (2014)

CAPACIDAD JURÍDICA Y DISCAPACIDAD_Curso_Jueces

PALACIOS – BARIFFI – Discapacidad como cuestion de derechos humanos (2007)

Sentencia discapacidad – Tercer Juzgado de Familia – Cusco (2015)

PALACIOS – BARIFFI – Discapacidad como cuestion de derechos humanos (2007)

1 interdicción antes DL (2)

2 APOYOS Y SALVAGUARDIAS

3 APROBAR O DESAPROBAR

4 TRANSFORMACION

5 REMOCION CURADOR

6 DIRIMIR COMPETENCIA

CapacidadJurídica_Clase2

SODIS Apoyos

Convención de los derechos de las personas con dicapacidad

CAPACIDAD JURÍDICA Y DISCAPACIDAD_Curso_JuecesConvención de los derechos de las personas con dicapacidad

Observacion_general_no_1_2014_lf

Decreto Legislativo N 1384 que reconoce y regula la capacidad juridica de las personas con discapacidad (2018)

Exposicion de Motivos del Decreto Legislativo N 1384 (2018)

RA 046-2019-CE-PJ

 

Ley que regula el procedimiento especial de desalojo con intervención notarial

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Ley que regula el procedimiento especial de desalojo con intervención notarial

Ley 30933

Opiniones 
Fort Ninamancco Córdova
El otro sendero del desalojo express I: ¿contradictio in adiectio?
El otro sendero del desalojo express (II): ¿Mare Tenebrosum? El problema de los terceros en la Ley del Desalojo Notarial
Yuri Vega Mere
El desalojo express con intervención notarial: pros y contras
Martín Mejorada
Desalojo notarial o convenio arbitral
Alan Pasco Arauco
Horrores en la “Ley de Desalojo Notarial”
Julio Francisco Limo Sánchez
Desalojo notarial: la consecuencia de legislar en función de intereses particulares
Jorge Luis Gonzales Loli
Ni notarial ni “express”: simple desalojo con lanzamiento anticipado basado en título ejecutivo notarial
Nicolás Rojas Jurado
Desalojo con intervención notarial. A propósito de la opción conocida como desalojo “express”
Leandro Spetale Bojorquez
Ley de desalojo con intervención notarial y ejecución judicial
Patricia Santillán García
¿Valió la pena la espera?: el desalojo con intervención notarial
Walter Jorge Mendizábal Anticona
El ABC del desalojo notarial
Requisitos y trámites pàra el desalojo notarial
Robinson Olivera Mendieta
Sobre el desalojo notarial
Fiorella Vásquez Rebaza
Ley 30933 – Ley que regula el procedimiento especial de desalojo con intervención notarial
Aliaga Asociados Abogados
¿Es realmente un desalojo notarial? ¿desalojo express?
Fort Ninamancco Córdova
Problemàtica sobre el desalojo notarial
Marco Antonio Becerra Sosaya
Apuntes para la aplicación de la Ley de desalojo con intervención notarialhttps://laley.pe/art/7916/apuntes-para-la-aplicacion-de-la-ley-de-desalojo-con-intervencion-notarial
Stephano Mc Gregor
Aspectos procesales y problemáticos de la Ley 30933 (Ley que regula el procedimiento especial de desalojo con intervención notarial)

El Octavo Pleno Casatorio ya fue resuelto… y nadie se ha dado cuenta

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Alan Pasco Arauco

Como es bien sabido por todos, el Octavo Pleno Casatorio busca resolver la siguiente pregunta: ¿el contrato de transferencia de un bien social que ha sido celebrado sólo por uno de los cónyuges, es nulo o ineficaz? Y como es también conocido por todos, seguimos a la espera de la sentencia a dicho Pleno.

Sin embargo, hace poco[1] la Corte Suprema ha emitido una casación que responde de manera contundente a dicha interrogante, por lo que el problema planteado por el Octavo Pleno ya habría quedado resuelto.

Se trata de la Casación N° 353-2015, Lima Norte (la “Casación”), que resolvió el siguiente caso: la sociedad conyugal conformada por Vicentina Inés Félix MendozaJorge Simón Rosales Jara era propietaria de un predio de 1,000 m2 (el “Inmueble”), al haberlo adquirido de su anterior propietaria, la Cooperativa de Vivienda de los Trabajadores del Consejo Provincial de Lima (la “Cooperativa”).

Sin embargo: (i) en el contrato de adjudicación celebrado con la Cooperativa sólo figuraba como adquirente el cónyuge[2](ii) el Inmueble únicamente lo poseía el cónyuge; y (iii) en su DNI el cónyuge figuraba como soltero. Valiéndose de todos estos elementos, que le daban la apariencia de ser el único propietario, el cónyuge vendió el Inmueble a Víctor David Aguilar Huamani mediante contrato de transferencia de acciones y derechos (que no fue otra cosa que una compraventa) de fecha 22 de octubre del 2001 (en adelante la “Compraventa”). El comprador cumplió con pagar el precio e inmediatamente tomó posesión del inmueble.

Luego de más de 9 años de celebrada la Compraventa apareció la cónyuge (que no había participado en la celebración de dicho contrato) solicitando su nulidad.

Tanto en primera como en segunda instancia se amparó la demanda, declarándose nula la compraventa, con la única diferencia que mientras para el Juez el contrato era nulo por vulnerar el orden público, para la Sala Superior el contrato adolecía de un fin ilícito.

La Corte Suprema, finalmente, amparó el recurso de casación planteado por el comprador y declaró infundada la demanda de nulidad. El argumento fue muy simple: dicho comprador había actuado de buena fe, es decir, confiando en que quien le vendía era el único propietario del bien, por lo cual su adquisición debía ser protegida.

Expresamente la Corte Suprema sostuvo que: “Se presume bajo el principio de la buena fe, que el transferente era el único con derecho a dicho predio, aunado al hecho que en la constancia de posesión presentado en el proceso, aparece únicamente el nombre del vendedor, lo que contribuye a la confianza del impugnante [comprador], que su transferente era soltero y por tanto el bien enajenado era un bien propio”.

¿Qué nos está diciendo la Corte Suprema con esto? Que el contrato de compraventa celebrado por uno de los cónyuges sin el asentimiento del otro es perfectamente subsanable, siempre que se acredite la buena fe del adquirente.

¿Y qué tiene que ver esto con lo que se discute en el Octavo Pleno?  Si el contrato fuese nulo –que es precisamente una de las tesis en debate– no habría forma de corregirlo, por más buena fe que tuviera una de las partes del contrato. Un contrato nulo es, por definición, insubsanable: para él no funcionan ni la confirmación (que aplica para contratos anulables) ni la ratificación (que aplica para contratos ineficaces), y por ende al margen de la buena fe con que hubiese actuado una de las partes de dicho contrato, el vicio de nulidad no desaparece.

Imaginemos que alguien se “adjudica”, mediante documentos falsificados, una parte de la playa y me la vende. Yo, actuando de buena fe, creo que él es el propietario y firmo una compraventa. Este contrato recae sobre un objeto jurídicamente imposible y como tal es nulo, y seguirá siendo nulo por más buena fe que yo pueda probar. Mi buena fe no cura el vicio de nulidad, pues ésta tutela intereses generales (se protege a la sociedad en su conjunto) que van más allá del estado subjetivo con que actúan las partes del contrato.

Incluso si quien me vendió la playa la hubiese tenido inscrita a su nombre y luego yo también la registro a mi favor, ello tampoco curaría el vicio de nulidad, porque como bien lo establece el artículo 2013° CC, ni siquiera la inscripción registral permite convalidar los contratos nulos.

Entonces, si la Corte Suprema convalidó la Compraventa fue porque la consideraba subsanable, y si la consideraba así es porque, desde su punto de vista, el vicio que la aquejaba no era la nulidad. ¿Cuál era el vicio entonces? La única posibilidad que queda es la ineficacia. A través de esta Casación, entonces, la Corte ha resuelto la interrogante del Octavo Pleno: el contrato de transferencia de un bien social realizado por uno solo de los cónyuges es ineficaz (no nulo), y como tal es factible que quede saneado (corregido, subsanado, convalidado) si es que se cumplen determinados requisitos.

Un tema distinto es si para entender “subsanado” dicho vicio de ineficacia basta con una buena fe sustentada en elementos extra registrales. Por ejemplo, en el caso analizado, la buena fe del comprador se construyó sobre tres elementos: su vendedor figuraba en el DNI como soltero, en el contrato sólo él figuraba como adquirente y además sólo él ejercía la posesión. Sin embargo, otros podrían considerar que la buena fe, para servir como un mecanismo de saneamiento de esta clase de contratos, debe verse sustentada en información registral. Es decir, sólo si la buena fe se sustenta en una partida según la cual quien me vende es el propietario, es posible que el contrato quede “curado” en caso dicha información haya resultado errónea.

Pero este es un tema adicional sobre el cual es posible abrir otro debate: ¿sobre qué elementos debe construirse la buena fe? ¿Cabe una buena fe que, sin estar sustentada en la información registral, permita corregir los vicios de titularidad del transferente? Estas preguntas las abordaré en un próximo artículo.

Por ahora, lo que importa es que ya tenemos una solución al Octavo Pleno, aun cuando haya pasado desapercibido para la mayoría.


[1] La sentencia casatoria que es materia del presente comentario fue publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31 de enero del 2018.

[2] Dado que al momento de la celebración de dicho contrato el cónyuge ya se encontraba casado, el bien le pertenecía realmente a la sociedad conyugal.

12 Feb de 2018 @ 13:54

En http://blog.pucp.edu.pe/blog/jaimedavidabantotorres/wp-admin/post-new.php