Archivo por meses: abril 2014

Techo impropio

El sistema protege a unos pocos inquilinos visibles para desproteger a muchas personas invisibles y sin techo

Alfredo Bullard
Abogado

Hace algún tiempo, en España, se hizo una encuesta entre un conjunto de jueces. Se les puso un caso hipotético. Una viuda con cinco hijos dejó de pagar la renta de su casa como consecuencia de su precaria situación económica. El propietario la demanda para obtener el desalojo y recuperar su inmueble para poder alquilárselo a otro.
El juez está a punto de dictar sentencia. Se le daba dos posibles respuestas. La primera, declarar nulo todo lo actuado en base a un defecto procesal que, aunque discutible, admitía una interpretación que llevaba a tal consecuencia. Con ello se garantizaba la permanencia de la viuda en la casa por cerca de un año más. La segunda era proceder al lanzamiento.
La inmensa mayoría de los jueces contestaron que acogerían la interpretación que protegería a la viuda de la intemperie. Justificaban su decisión en la equidad y en las terribles consecuencias que ello tendría para la señora y sus hijos.
Pero para sorpresa de los encuestadores uno de los jueces contestó que procedería a efectuar el desalojo. Cuando se le preguntó la razón, dijo que lo hacía por equidad. Si acogiera la otra interpretación, lanzaría el mensaje a los arrendadores de que los jueces protegen a las viudas. Esto implicaba reconocer que las viudas podrían, eventualmente, dejar de pagar sus obligaciones y demorar el lanzamiento más de lo que demoraría con el resto de los ciudadanos. La consecuencia: los propietarios de inmuebles estarían reacios a alquilar sus propiedades a viudas con hijos por temor a no poder desocupar el predio cuando su inquilino incumpliese, y los que aceptaran alquilar cobrarían rentas más altas para compensar los riesgos que asumían. Prefería una viuda en la calle por no pagar, que cien viudas en la misma calle, pero esta vez por no poder encontrar quien les arriende un techo donde vivir.
El juez comprendió que la justicia y la equidad no se agotan en la relación del propietario con la viuda concreta, sino que favorecer a esta viuda perjudicaba a las demás. Se obligaba a las viudas sin hogar a soportar el costo de los beneficios que recibía la viuda con techo, pero que no pagaba la renta.
El juez tenía razón. La protección de una viuda visible genera la desprotección de muchas viudas invisibles que simplemente no tienen donde vivir porque nadie quiere alquilarles.
La reciente aprobación por parte del Congreso de una nueva Ley de Inquilinos nos plantea un problema parecido al que enfrentó el juez. La ley establece que un inquilino puede ser desalojado si no paga la renta o se vence su contrato. Para ello tiene que incluirse en su contrato una cláusula de allanamiento. La ley pretende acelerar un desalojo (que puede tomar hoy más de 5 años) por un mecanismo expeditivo para recuperar el inmueble en solo 15 días.
Hemos sido testigos en los últimos años de la proliferación de edificios de departamentos. Eso es bueno. Pero todas esas construcciones son para venta. En el Perú nadie construye para alquilar. La razón es sencilla. Alquilar no es un negocio porque todos saben que los jueces protegerán a los inquilinos del desalojo así no paguen o no tengan contrato. El resultado es que quien no tiene dinero o crédito para comprarse una casa tendrá mayores problemas para conseguir vivienda.
Como en el ejemplo de las viudas, el sistema, a través de los jueces, protege a unos pocos inquilinos visibles para desproteger a muchas personas invisibles y sin techo. Si no cambiamos, muchos ocuparán, impropiamente, casas que no les pertenecen. Y muchos más se quedarán, impropiamente, en la calle.

Publicado en el Diario El Comercio el 26 de abril de 2014

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Elección popular y revocación de jueces

Jaime David Abanto Torres

Hace algún tiempo escuchamos dos propuestas para democratizar la justicia: la primera, que los jueces sean elegidos por el voto popular de los ciudadanos, y, la segunda, que puedan ser sometidos a los procesos de revocatoria.

De prosperar dichas propuestas se presentaría un escenario espeluznante. Por un lado, quienes ingresen al Poder Judicial tendrían que hacer campaña política, lo que conllevará que busquen el apoyo de partidos políticos. Obviamente, tendríamos jueces elegidos por el pueblo, pero nada garantizaría que se elija a los candidatos más idóneos, ni a los más honestos. Tendríamos jueces con su “independencia hipotecada” a favor de quienes apoyaron su campaña política. Al final, los jueces serían tan cuestionados por la opinión pública como algunas autoridades elegidas por sufragio universal.

Por otro lado, los jueces podrían ser revocados, atentando contra la estabilidad en el cargo que garantiza su independencia judicial. Se pierde de vista que la revocatoria fue concebida para autoridades que provengan de elección popular y no para los jueces, que no son elegidos por el sufragio, sino que son nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura, previo concurso público de méritos, y que son sometidos a un proceso de ratificación cada siete años.

Ninguna autoridad o funcionario pasa por un proceso de ratificación como los jueces peruanos. Someterlos además a una consulta popular de revocatoria crearía un caos en el servicio de justicia, pues los jueces ya no resolverían conforme a la ley y a lo actuado en el expediente, sino en función de la popularidad o impopularidad de sus decisiones ¿Cuánto tiempo perdería un juez en campaña política descuidando su despacho judicial? Obviamente, las resoluciones judiciales ya no perseguirían la justicia, sino la demagogia, o la protección de intereses de los influyentes y los poderosos.

No nos imaginamos a jueces en reuniones con líderes políticos o sociales, buscando el apoyo para su elección o reelección, o para enfrentar un proceso de revocatoria. Obviamente, las propuestas comentadas serían ideales para un autócrata que pretenda desaparecer la independencia judicial y politizar la justicia, lo que es contrario con el sistema democrático. Esperamos que estas propuestas no prosperen y que nunca pasen de lo anecdótico y del imaginario de algunos políticos.

(*) Juez integrante del Programa Social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima

En http://www.expreso.com.pe/blog/la-columna-del-juez-136

Expreso, 24 de abril de 2014

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Gastos operativos jueces provisionales

Caso Eddy Vidal Ccanto
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004//03533-2003-AA.html

Caso Rafael Tejada Goicochea
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009//09617-2006-AA.html

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Esquizofrenia

Buena parte de los abogados estamos muy confundidos sobre cómo se aplica la Constitución

Esquizofrenia

Alfredo Bullard

Abogado

Este artículo está escrito para aquellos que tienen la suerte de no ser abogados. Y es que parece que una buena parte de los abogados estamos muy confundidos sobre cómo se aplica la Constitución. Padecemos de esquizofrenia: nuestra mano derecha no sabe lo que hace nuestra mano izquierda. 

Hay algo en el conocimiento jurídico que neutraliza el sentido común. Para un abogado pensar bien nos acerca demasiado a la realidad y, al hacerlo, nos priva de la capacidad de defender casi cualquier cosa. La ficción y no lo real parece la regla en lo jurídico. Por eso nadie nos entiende y nos alejamos tanto de brindar soluciones a las personas de carne y hueso. Quizá usted, como no abogado, pueda ayudarnos.

Como ya debe saber, la Constitución prima sobre toda otra norma legal. Por ello, si hay una contradicción entre la Constitución y una ley, se debe preferir lo que dice la Constitución. Ello tiene lógica: la Constitución reconoce los derechos fundamentales, es decir, aquellos que no pueden ser desconocidos. Si una ley los desconoce, aplicarla es vulnerar nuestros derechos más básicos.

También debe saber que todos estamos obligados a cumplir la Constitución y que no hacerlo es una infracción grave.

Son dos principios fáciles de entender. Imaginemos que la Constitución reconoce como un derecho que usted puede comer manzanas. Sale una ley que prohíbe que coma manzanas. ¿Puede comer manzanas? La respuesta es sí, porque la Constitución prima sobre la ley. Por eso una ley no puede ordenar que se torture a alguien, que su propiedad pueda ser tomada sin compensación o que sea condenado a prisión sin un juicio previo.

No hay duda de que si en un juicio se discute si puede comer o no manzanas el juez puede inaplicar la ley inconstitucional. Y hace siete años el Tribunal Constitucional había zanjado la discusión sobre si los órganos administrativos (los tribunales u órganos colegiados del gobierno como el Tribunal Fiscal, las comisiones o tribunales del Indecopi, los tribunales de los reguladores, etc.) podían hacer lo mismo y preferir la Constitución sobre la ley.

La facultad de inaplicar una ley inconstitucional se conoce como control difuso. En el Caso Salazar Yarlequé, el Tribunal Constitucional estableció que ciertos órganos administrativos podían hacer control difuso si con ello evitaban que se afecte los derechos fundamentales de los ciudadanos recogidos en la Constitución. 

Puro sentido común. Decir lo contrario significaba obligar a los órganos de la administración pública a incumplir la Constitución y resolver algo a sabiendas que luego su decisión sería dejada sin efecto por inconstitucional. 

Pero a pesar de que es obvio, esta semana el Tribunal Constitucional ha cambiado de criterio y ha establecido un principio esquizofrénico: la administración pública ya no puede aplicar control difuso. Por un lado, la ley obliga a los funcionarios a cumplir la Constitución y, por otro, el Tribunal Constitucional los obliga a incumplirla y cometer inconstitucionalidades a sabiendas de que lo están haciendo.

Como claramente señaló el magistrado Urviola en su voto singular, no hay ninguna demostración de que la aplicación de control difuso por parte de tribunales y órganos administrativos haya tenido resultados negativos. Y es que fue reconocido como una garantía para los ciudadanos. Buscaba proteger sus derechos, no perjudicarlos. Ayer el ciudadano de a pie estaba mejor que hoy. Con esta nueva decisión, hay menos funcionarios comprometidos con la defensa de nuestros derechos.

La esquizofrenia es la pérdida de conciencia de la realidad. El derecho puede ser un potente alucinógeno que nos hace ver cosas que no existen y ocultar las que existen. Lo que no se ve en el nuevo precedente es lógica. Cuando la ley contiene una tiranía, se está obligando a los funcionarios a ser tiranos.

Publicado en El Comercio, 19 de abril de 2014

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TC DEJA SIN EFECTO CONTROL DIFUSO EN SEDE ADMINISTRATIVA

Nota de Prensa Nº 033-2014-OII/TC

TC DEJA SIN EFECTO CONTROL DIFUSO EN SEDE ADMINISTRATIVA

El Tribunal Constitucional, por mayoría, dejó sin efecto el precedente vinculante contenido en la STC 03741-2004-PA/TC, conforme al cual se autorizaba a todo tribunal u órgano colegiado de la Administración Pública a inaplicar una disposición infraconstitucional cuando considere que ella vulnera manifiestamente la Constitución, sea por la forma o por el fondo.

Con esta resolución, los tribunales administrativos ya no están facultados a ejercer el denominado “control difuso de constitucionalidad”.

Así lo declaró el TC con motivo de resolver el Expediente Nº 4293-2012-PA/TC, en la demanda presentada por Consorcio Requena en contra de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y el Procurador Público a cargo de sus asuntos judiciales.

Lima, 14 de abril de 2014

STC 4293-2012-PA/TC
En http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/04293-2012-AA.pdf

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La desnaturalización de la tutela cautelar competencial: ¿vía idónea para no ejecutar resoluciones judiciales?

Por Félix Ramírez Sánchez

20140308-desnaturalizacion_de_las_medidas_cautelares_competencial.pdf

Colegas y amigos: 
Me permito expresarles mi saludo y a la vez compartir con ustedes el artículo de mi autoría publicado recientemente en Gaceta Constitucional denominado: “La desnaturalización de la tutela cautelar competencial ¿vía idónea para no ejecutar resoluciones judiciales? “, en ella se critica los errores cometidos por el TC al haber concedido una medida cuatelar en el proceso competencial (Exp No. 0002-20013-CC/TC), donde suspendió la ejecución de una sentencia con calidad de cosa juzgada que reconocía nuestras homologaciones de remuneraciones como magistrados del Poder Judicial tramitado ante el Quinto Juzgado Constitucional de Lima promovida por la Asociación de Magistrados del Perú; indistintamente de ello, abordamos a modo de reflexión los ultimos acontencimientos originados por la convocatoria a salas y junta de jueces permanentes realizados en todo el Perú y por la sentencia final emitida por el TC en el proceso competencial donde levantaron la medida cautelar y la suspension de la ejecucion de sentencia; estos hechos nuevos, son la dación de la Ley 30125 y el Decreto Supremo No. 314-2013-EF, normas que modifican el artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, transgrediendo nuestro derecho a la ejecucion de sentencias, motivo por el cual esbozamos algunas respuestas que debe resolver el Juez de ejecución respecto a este obstaculo inconstitucional promovido por parte del Congreso y del Poder Ejecutivo para no cumplir estrictamente la sentencia recaida en sus propios términos como es la homologación de nuestras remuneraciones conforme a lo establecido en la norma primigenia del artículo 186 de la Ley Orgánia del Poder Judicial. 
Solo nos queda hacer uso de nuestro derecho de critica y seguir en la lucha por el respeto irrestricto de la independencia del Poder Judicial y por la dignidad de los magistrados.
Saludos 
Félix Enrique Ramirez Sánchez 
Juez Especializado en lo Civil

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