Jaime David Abanto Torres|  Martes, 08 de Febrero de 2022

Jaime Abanto: “Lamentablemente la demagogia pudo más que la lógica, desperdiciando una oportunidad para simplificar el trámite del derogado Código Procesal Constitucional. Y el desconocimiento de la realidad se impuso una vez más, dejando de escuchar a los jueces constitucionales, que son quienes conocen el día del quehacer judicial.”

Si tenemos en cuenta los principios más elementales del case management, que es una herramienta de gestión y control judicial de la litigación para alcanzar los fines relevantes del sistema de justicia, lo que se persigue es el empleo racional de los escasos recursos del sistema de justicia. Entre ellos el valiosísimo tiempo del juez, los recursos que conlleva la tramitación de un proceso y, sobre todo, lo que implica la realización de una audiencia, aun cuando esta sea virtual.

Parece que nada de esto fue tomado en cuenta por el legislador del Nuevo Código Procesal Constitucional. Ese mismo legislador que, en el artículo III del Título Preliminar, aboga por el principio de economía procesal^[1], y el artículo 6 proscribe la declaración de improcedencia liminar de las demandas^[2].

Es así que el legislador en su artículo 12, obliga al juez a admitir a trámite todas y cada una de las demandas, citando a las partes a una audiencia^[3], audiencia que, para colmo de males, carece de regulación, pues el Nuevo Código Procesal Constitucional no regula los actos procesales que debe realizarse en la misma.

Con ello se sobrecarga la labor jurisdiccional con un gran número de expedientes, aun cuando las demandas sean manifiestamente improcedentes conforme a las causales previstas en el artículo 7^[4] que han sido retomadas del Código Procesal Constitucional derogado y cuentan con un amplio desarrollo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Cada expediente demanda no solo tiempo del juez y los auxiliares jurisdiccionales para su atención, sino el empleo de las computadoras, impresoras, papel, tóner, energía eléctrica, útiles de escritorio, etc. Lo más dramático es que se sobrecarga la agenda judicial con la programación de audiencias inoficiosas que le quitarán la oportunidad de atención a los casos que verdaderamente la necesitan.

La prueba palmaria de que en muchos casos la audiencia es innecesaria está en el propio artículo 12 del Nuevo Código Procesal Constitucional, que permite prescindir de la audiencia y dictar sentencia. Se pretenderá sostener que con ello se descongestionará la agenda judicial.

Demasiado poco y demasiado tarde, porque el daño ya estará hecho, pues por razones de la anticipación de la notificación, no será posible programar otra audiencia en lugar de la prescindida.

No resulta razonable diferir la declaración de improcedencia de la demanda a la sentencia, como está sucediendo en la práctica judicial. El derecho a la tutela procesal efectiva, como todo derecho, admite límites razonables. Y la declaración de improcedencia liminar es un límite razonable. De lo contrario, se sobrecargaría el Poder Judicial con casos que no requieren tutela, quitándole la oportunidad de atención a los casos que verdaderamente lo necesitan. Tan es así que algunos jueces interpretando sistemáticamente los artículos 6 y 7 del Nuevo Código Procesal Constitucional sostienen que es procedente la declaración de improcedencia liminar de las demandas^[5], tesis que no compartimos, pues consideramos que no se puede lograr de manera indirecta, lo que la ley prohíbe de manera directa y expresa.

Lamentablemente la demagogia pudo más que la lógica, desperdiciando una oportunidad para simplificar el trámite del derogado Código Procesal Constitucional^[6]. Y el desconocimiento de la realidad se impuso una vez más, dejando de escuchar a los jueces constitucionales, que son quienes conocen el día del quehacer judicial.

Como es de público conocimiento, el Tribunal Constitucional, que no reunió los votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de la ley, se produjo un empate en la votación y se declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad contra el Nuevo Código Procesal Constitucional^[7], en aplicación del artículo 5, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional^[8].

La reforma del Poder Judicial no se logrará con normas que entorpecen la labor jurisdiccional y el trámite de los procesos. Esperemos que en algún momento se imponga la cordura, se le ponga fin a este dispendio del tiempo del Juez y de los escasos recursos del Poder Judicial. Una reforma urgente del Nuevo Código Procesal Constitucional debe abolir la prohibición de rechazo liminar y eliminar las audiencias como etapa procesal, dejando al juez la potestad de convocarlas como sucedía en el Código Procesal Constitucional derogado^[9].

Los jueces, auxiliares jurisdiccionales, abogados y litigantes de buena fe lo agradeceremos.

Jaime David Abanto Torres. Juez Civil Titular de la Corte Superior de Lima Este. Abogado por la Universidad de Lima. Estudios en la maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En https://laley.pe/art/12804/los-procesos-constitucionales-con-el-nuevo-codigo-procesal-constitucional-un-dispendio-de-recursos

Nuestro agradecimiento a los organizadores por permitirnos la publicación de los materiales

Bach, Michael, El Derecho a la Capacidad Jurídica en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Cuenca, Patricia, La Capacidad Jurídica De Las Personas Con Discapacidad

Palacios, Agustina y Bariffi, Francisco, La discapacidad como una cuestión de derechos humanos

BOTELLO – Sustitucion del termino incapacitado por el de persona con discapacidad (2014)

CAPACIDAD JURÍDICA Y DISCAPACIDAD_Curso_Jueces

PALACIOS – BARIFFI – Discapacidad como cuestion de derechos humanos (2007)

Sentencia discapacidad – Tercer Juzgado de Familia – Cusco (2015)

PALACIOS – BARIFFI – Discapacidad como cuestion de derechos humanos (2007)

1 interdicción antes DL (2)

2 APOYOS Y SALVAGUARDIAS

3 APROBAR O DESAPROBAR

4 TRANSFORMACION

5 REMOCION CURADOR

6 DIRIMIR COMPETENCIA

CapacidadJurídica_Clase2

SODIS Apoyos

Convención de los derechos de las personas con dicapacidad

CAPACIDAD JURÍDICA Y DISCAPACIDAD_Curso_JuecesConvención de los derechos de las personas con dicapacidad

Observacion_general_no_1_2014_lf

Decreto Legislativo N 1384 que reconoce y regula la capacidad juridica de las personas con discapacidad (2018)

Exposicion de Motivos del Decreto Legislativo N 1384 (2018)

RA 046-2019-CE-PJ

EXP. N.° 00020-2015-PI/TC
COLEGIO DE ABOGADOS DE
AREQUIPA Representado(a) por ALFREDO
ALVAREZ DIAZ – DECANO

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra diversas disposiciones de la Ley 29622, que modifica la Ley 27785, Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional.

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2019/00020-2015-AI.pdf

TC suspendió efectos del fallo que restringía facultad sancionadora de la Contraloría

https://rpp.pe/politica/judiciales/tc-suspendio-efectos-del-fallo-que-restringia-facultad-sancionadora-de-la-contraloria-video-noticia-1193979

Buenos días,  les comparto los *21 cuadernillos de #Jurisprudencia* de la *Corte Interamericana de Derechos Humanos*, espero les sea de utilidad:

Por Carolina Loayza Tamayo

El debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana

Carolina Loayza Tamayo

En Lex: Revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, ISSN-e 2313-1861, ISSN1991-1734, Vol. 10, Nº. 9, 2012, págs. 83-126

Dialnet-ElDebidoProcesoEnLaJurisprudenciaDeLaCorteInterame-5157775

RECHAZAN DEMANDA DE AMPARO DE CIUDADANO QUE SE OPONÍA A  LA DECLARACIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS COMO PATRONO DEL PERÚ

El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de amparo (Expediente Nº 03372-2011-PA/TC) interpuesta por Lucero Robert Tailor Moreno Cabanillas, quien cuestionaba que por ley se declare al Señor de los Milagros como Patrono del Perú, al no haberse acreditado una amenaza a su derecho de libertad religiosa.

La demanda se presentó contra los presidentes del Consejo de Ministros y del Congreso de la República, y en ella se solicitaba que se ordene a la Presidencia del Consejo de Ministros que retire el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para declarar al Señor de los Milagros como Patrono del Perú. Pidió además que se ordene al Congreso de la República que se abstenga de realizar todo acto orientado a la aprobación de dicho proyecto, debiendo archivarlo.

Moreno Cabanillas señaló que profesa la fe cristiana evangélica y que, a su juicio, el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo contravenía el texto constitucional conforme al cual el Estado peruano no es un Estado confesional y existe separación entre las confesiones religiosas y el Estado.

El Sexto Juzgado Especializado Civil de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad declaró improcedente de plano la demanda, mientras que la  Sala Superior fundamentó la improcedencia en la supuesta sustracción de la materia, pues el proyecto de ley reclamado se había convertido en la Ley Nº 29602, la cual, a criterio de la Sala, era un texto normativo distinto al demandado.

Comparando el proyecto de ley con la Ley Nº 29602 finalmente aprobada, el Tribunal Constitucional consideró que el cuestionamiento de constitucionalidad realizado por el demandante podía mantenerse, pues esta Ley si bien no declara al Señor de los Milagros Patrono del Perú, sí lo declara “símbolo de religiosidad y sentimiento popular”.

El Tribunal destaca en su sentencia que una declaración de este tipo en nada perjudica la laicidad del Estado si se trata de un símbolo en el que no domina su significación religiosa sino su carácter cultural. Realizado el análisis del caso, el Tribunal concluye que la secular tradición del Señor de los Milagros si bien tiene origen religioso, actualmente constituye una expresión cultural que se encuentra enraizada en la sociedad peruana, como lo prueba el hecho de que su festividad haya sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura. Por ello, la Ley cuestionada no representa una transgresión al principio de laicidad del Estado (artículo 50º de la Constitución), ni a la libertad religiosa del demandante, pues la declaración del Señor de los Milagros como símbolo de la religiosidad y sentimiento popular en nada perturba la capacidad del recurrente de autodeterminarse de acuerdo con sus convicciones y creencias en el plano de la fe religiosa.   

Lima, 20 de abril de 2013

En http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/03372-2011-AA.html

03372-2011-AA

(más…)

42. A la luz de todo ello, puede afirmarse que la presencia de símbolos religiosos como el crucifijo o la Biblia que se encuentran histórica y tradicionalmente presentes en un ámbito público, como en los despachos y tribunales del Poder Judicial, no afectan los derechos invocados por el recurrente ni el principio de laicidad del Estado, en tanto que la presencia de esos símbolos responde a una tradición históricamente arraigada en la sociedad, que se explica por ser la Iglesia católica un elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, conforme lo reconoce la Constitución.

43. De este modo, si bien en un templo el crucifijo tiene un significado religioso, en un escenario público (como en los despachos y tribunales del Poder Judicial) tiene un valor cultural, ligado a la historia de un país, a su cultura o tradiciones. En tal contexto, que el Estado mantenga dichos símbolos en tales espacios públicos no significa que abandone su condición de Estado laico para volverse un Estado confesional protector de la religión católica.

44. La sola presencia de un crucifijo o una Biblia en un despacho o tribunal del Poder Judicial no fuerza a nadie a actuar en contra de sus convicciones. En efecto, no puede sostenerse que de la presencia de tales símbolos se derive alguna obligación para el recurrente (de adoración o veneración, por ejemplo), cuyo cumplimiento afecte su conciencia y podría dar lugar a que plantee una objeción de conciencia, que este Tribunal ya ha tenido oportunidad de defender (cfr. Exp. N.° 0895-2001-AA/TC; en ese caso, este Colegiado ordenó no incluir a un trabajador de confesión Adventista del Séptimo Día en la jornada laboral de los días sábados, ya que obligarlo a trabajar ese día afectaba sus convicciones religiosas, para las que el sábado es un día dedicado al culto). Tal supuesto de coacción, evidentemente objetivo, sí tendría suficiente fundamento como para ser calificado de inconstitucional por lesivo de la libertad religiosa, lo que sin embargo y como reiteramos, no sucede ni se configura por el solo hecho de exhibir o colocar crucifijos siguiendo una tradición arraigada a nuestra historia y a nuestras costumbres.

45. Asimismo –siguiendo el contenido protegido del derecho fundamental de libertad religiosa señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, con los símbolos religiosos cuyo retiro demanda el recurrente tampoco se priva o menoscaba el derecho de toda persona de conservar, cambiar, profesar o divulgar, con absoluta libertad, su religión o sus creencias [cfr. Sentencia del caso La última tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, del 5 de febrero de 2001, Nº 79]. Por lo tanto, no existe afectación al derecho fundamental de libertad religiosa.

46. Tampoco se vulnera el derecho a no ser discriminado por motivos de religión, pues con la presencia de tales símbolos religiosos en un ámbito público no se realiza un trato diferenciado injustificado al recurrente, sino que la presencia de dichos símbolos responde a la influencia de la Iglesia católica en la formación histórica, cultural y moral del Perú que la Constitución reconoce en su artículo 50º, y ello no significa, como ya se ha demostrado, afectación alguna a la libertad religiosa del recurrente.

47. Ni la libertad religiosa ni la laicidad del Estado pueden entenderse afectadas cuando se respetan expresiones que, aunque en su origen religiosas, forman parte ya de las tradiciones sociales de un país. Así lo entendió, por ejemplo, la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos de América, país en el que su Constitución (en su Primera Enmienda) reconoce el derecho de libertad religiosa e impide el establecimiento de una religión como oficial del Estado. En la sentencia Marsh vs. Chambers [463 U.S. 783 (1983)], la Corte Suprema declaró constitucional que en la apertura de las sesiones parlamentarias se diga una oración pública por un capellán remunerado con fondos públicos, por considerar que “a la luz de una historia sin ambigüedades y sin interrupción de más de 200 años, no cabe duda de que la práctica de abrir las sesiones legislativas con la oración se ha convertido en parte de nuestro entramado social. Invocar la guía divina en un organismo público encargado de hacer las leyes no es, en estas circunstancias, el “establecimiento” de una religión (oficial) o un paso hacia su establecimiento; es simplemente un reconocimiento tolerable de las creencias ampliamente extendidas en el pueblo de este país”.

48. El hecho de que exista una neutralidad del Estado en materia religiosa no significa que los poderes públicos hayan de desarrollar una especie de persecución del fenómeno religioso o de cualquier manifestación de tipo religiosa.

La laicidad es incompatible con un Estado que se considere defensor o protector de una determinada confesión, pero también lo es con un Estado que promueva el ateísmo o el agnosticismo o el destierro del ámbito público de toda expresión de origen religioso. La incompetencia del Estado ante la fe y la práctica religiosa no significa la promoción del ateísmo o agnosticismo con la eliminación de símbolos religiosos de la esfera pública o la imposición de una ideología antirreligiosa, ignorando las tradiciones que responden a la formación histórica, cultural y moral del Perú.

49. Plantearse obligar al Estado al retiro de un símbolo religioso que ya existe y cuya presencia se explica por la tradición del país, implica preguntarse si la mera presencia del crucifijo o la Biblia tienen la capacidad de perturbar a un no creyente al punto de afectar su libertad religiosa. Si el impacto de la sola presencia silenciosa de un objeto en un espacio público representase un trastorno de tal entidad, habría igualmente que prohibir la exposición de símbolos religiosos en las calles, como las cruces en la cima de los templos, ya que su presencia podría resultar emocionalmente perturbadora para los no creyentes.

Así, por ejemplo, el Estado, en nombre de una supuesta laicidad, tendría la obligación de retirar la cruz del cerro San Cristóbal o prohibir el recorrido por lugares públicos de la procesión del Señor de los Milagros, o suprimir del calendario de feriados no laborables fechas de origen religioso católico como la Navidad o el Jueves o el Viernes Santo, con el argumento de que de lo contrario se ofende a los miembros de religiones no católicas, agnósticos o ateos, que pueden verse emocionalmente afectados por la sola presencia de símbolos religiosos católicos en lugares públicos o porque dichos feriados están marcados por una celebración o, en su caso, conmemoración ligada a la religión católica.

Si el Estado procediera así, estaría “protegiendo” en realidad “emociones” de orden meramente subjetivo, antes que derechos fundamentales como la libertad religiosa.

No debe perderse de vista que nuestro sistema constitucional no es de aquellos que conciben el derecho de libertad religiosa como el derecho a liberarse de la religión y a recabar del Estado una acción institucional en tal sentido. Es evidente que este tipo de sistema no es de libertad religiosa, sino de libertad privilegiada del ateísmo y de intolerancia discriminatoria hacia lo religioso, lo que resulta claramente contrario al artículo 50º de la Constitución.

50. La interpretación de los derechos fundamentales no puede hacerse al margen del contexto: nuestra historia y nuestras tradiciones. Pretender lo contrario supondría eliminar la esencia social que acompaña a los derechos humanos en su nacimiento y posterior desarrollo. Este Tribunal, más allá de las convicciones religiosas de sus miembros, se esfuerza racionalmente por ubicarse en un punto en el que pueda garantizar de la manera más sensata el pluralismo que le ordena la Constitución. Al hacerlo, sin embargo, no puede soslayar la cultura, la historia y la inevitable presencia de los símbolos católicos en nuestra vida cotidiana. Su deber es, pues, garantizar un modelo de pluralismo, pero sin hacer abstracción de la historia y la realidad. La garantía del pluralismo, sin embargo, sólo es posible en el marco del principio de tolerancia. Este último, que es consustancial a la fórmula del Estado constitucional de derecho, permite la convivencia, también en los espacios públicos, sin tener que llegar al extremo de negar nuestra tradición y nuestra historia.

51. Otro tanto cabe decir respecto de la presencia de la Biblia en los estrados judiciales. De manera similar a lo que acontece con los crucifijos, el caso de la Biblia requiere ser enfocado no sólo en función del simbolismo religioso, sino también a la luz de lo que representa su presencia en el devenir histórico de la administración de Justicia. En efecto, sabido es que la presencia de Biblias en los estrados judiciales obedece a su recurrente utilización como uno de los elementos a tomarse en consideración al momento de realizar el juramento o el compromiso de decir la verdad. Tal perspectiva permite considerar que, más allá de su indudable vinculación con la religiosidad, la Biblia representa en el desarrollo histórico de la Justicia el esfuerzo de los seres humanos por acercarse a la verdad como valor preciado en el que aquella se sustenta.

52. En el contexto señalado queda claro que la Biblia puede no ser utilizada por todos como un instrumento de compromiso religioso, sino como una forma de identificación en torno a ciertos valores de trascendencia o aceptación general. En tales circunstancias, no puede considerarse su presencia como lesiva de ningún tipo de libertad a menos que, como se dijo respecto de los crucifijos, se obligara a quienes participan de las actuaciones judiciales (sea como jueces, sea como justiciables) a adoptar cánones de sujeción o vinculación en el orden estrictamente religioso.

53. Por último, no comparte este Colegiado la posición del recurrente cuando afirma que la bandera, el escudo o el himno nacional son una síntesis de una serie de valores “respetados por todos”, mientras que no ocurre lo mismo con los símbolos religiosos de cualquier confesión, pues siempre representarán a una parte de los nacionales, excluyendo a otros. Esta opinión no toma en cuenta que existen personas que pueden también sentirse afectadas en sus conciencias por la presencia en lugares públicos de símbolos como la bandera nacional o el escudo, al considerarlos idolátricos, por lo que tales personas, con el mismo argumento del recurrente, podrían pedir igualmente que se retiren dichos símbolos de los espacios públicos. Sin embargo, en tales supuestos, con argumentos similares a los aquí expuestos, mutatis mutandis, habría que responder que la presencia de tales símbolos patrios en espacios públicos no afecta la libertad de conciencia y de religión, por lo que no cabría obligar al Estado a su retiro.

En efecto, la experiencia comparada muestra casos de objeciones de conciencia a expresiones cívicas (no de orden religioso). Así, por ejemplo, en la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América están los llamados flag-salute cases, surgidos en los años cuarenta del siglo pasado, por la negativa de algunos alumnos de escuelas estatales, pertenecientes a los Testigos de Jehová, a participar en la ceremonia cotidiana de saludo a la bandera nacional, que incluía algunos gestos con la mano y la recitación de una fórmula de fidelidad a la patria. El motivo del rechazo se fundaba en el carácter idolátrico atribuido a esa ceremonia, según la doctrina de los Testigos de Jehová [cfr. West Virginia Board of Education vs. Barnette, 319 U.S. 624 (1943)]. También, puede mencionarse los casos Valsamis y Efstratiou, ambos contra Grecia, resueltos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 18 de diciembre de 1996. En éstos, dos matrimonios Testigos de Jehová reclamaban contra la sanción (expulsión del colegio por dos días) impuesta a sus hijas menores por negarse a participar en el desfile escolar por la fiesta nacional de Grecia, al ser tal desfile contrario a sus convicciones pacifistas.

54. Por supuesto, a juicio de este Colegiado, que el Poder Judicial no deba quitar los crucifijos o Biblias de los despachos y tribunales porque alguien así lo reclame, no impide que el órgano correspondiente de dicho Poder del Estado pueda decidir que se retiren, pero no precisamente porque sea inconstitucional mantenerlos.

55. En conclusión, este Colegiado considera desestimable el primer extremo del petitorio demandado, pues no se aprecia que resulte inconstitucional o lesiva de algún tipo de libertad la presencia de símbolos religiosos católicos en lugares públicos, que se cuestiona mediante la presente demanda.

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/05416-2009-AA.pdf

05416-2009-AA

(más…)

Por Sandra Gutierrez Iquise

Una vez recurrida la sentencia, la Segunda Sala Civil, con el voto ponente del magistrado Tapia Gonzales, confirmaron la apelada en todos sus extremos, y, en vista de que la demandante falleció en el trámite del proceso, se le ordenó al Poder Judicial que no vuelva a agraviar derechos constitucionales tutelados en el proceso.

La resolución dispuso hacer control difuso, dando prelación a la aplicación del artículo 7 de la Constitución, que tutela el derecho a la salud, y el artículo 2.1, que tutela el derecho a la vida y a la integridad física, por sobre el Decreto de Urgencia 114-2001, que señala que los gastos operativos están referidos a la entrega de suma dineraria para solventar los gastos que el magistrado realiza en el ejercicio de sus funciones, así como del artículo 186.5.d del TUO de la LOPJ, que establece que a los jueces les corresponde un gasto operativo por función judicial, negando a los gastos operativos el carácter remunerativo.

Descargue aquí en PDF la resolución completa

Resolución de Sala confirma que gastos operativos tienen carácter remunerativo y eleva en consulta control difuso

En http://legis.pe/gastos-operativos-forman-parte-remuneracion-magistrados/

Compendio Normativo 2018

Constitución Política del Perú
Código Procesal Constitucional
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional