Se acerca 28 de julio, un día de celebración nacional y también un día en el que se hace el tradicional balance de los logros de nuestros gobiernos. Conversamos en el programa las 5 de las 7 de RPP sobre este y otros temas de interés político. Aquí hay algunas de las partes destacadas por la radio, más abajo podrán ver el programa completo, aunque en baja calidad. Felices fiestas.
Esta es una versión un poco más desarrollada de un artículo que acabo de publicar la revista Ideele en su edición impresa de mayo de este año. En él, trato de dilucidar el porqué la fuerte y permanente crítica que recibe el gobierno de Ollanta no afecta hasta el momento su alto índice de popularidad. Para ello presento la noción del economicismo en la política, a ver qué les parece.
En pocas semanas el Presidente Ollanta Humala cumplirá dos años en funciones en medio de una oposición política institucional cada día más efervescente y envalentonada. Sin embargo esto no parece hacer mella a su popularidad, lo que muestra una vez más la distancia entre la política y la sociedad. En efecto, durante este periodo todas las encuestas lo favorecen con índices de aprobación ciudadana por encima del 50 por ciento, solo superado por la primera dama Nadine Heredia (61 por ciento en abril del 2013). Sorprende la aprobación de este gobierno, por ser algo poco común en el Perú cuando de presidentes y de políticos se trata. Basta recordar que Alejandro Toledo (2001-2006) solo obtuvo índices de aprobación entre el 8% y el 34%, mientras Alan García en su segundo periodo (2006-2011) entre el 19 por ciento y 37 por ciento de aprobación.
La popularidad de Ollanta sugiere que la opción de mantener el crecimiento económico mediante la promoción de la inversión privada, especialmente en actividades extractivas exportadoras, así como la creación de programas sociales de alivio a la pobreza e inclusión social, cuentan con el respaldo de un gran sector de la población. Es evidente que hay expectativas de ciertos sectores pobres o excluidos de la población en programas como Cuna Más, Beca 18, Juntos, y Pensión 65, en los que los beneficios son tangibles. Crecimiento económico con programas sociales es, hasta el momento, la fórmula que funciona.
Esto es así porque parece haberse instalado con fuerza una suerte de economicismo en la opinión pública. Una por la que el cuidado de la economía predomina sobre cualquier otra consideración política o social. Nadie desea que la situación económica decaiga, porque ello significaría menor bienestar y menor consumo, así éste venga acompañado de altos niveles de endeudamiento. La sensación de mejora, un hecho inédito en el Perú de las últimas décadas, es muy extendida, y no se puede desdeñar. En su versión radical popular, incluso se rechaza violentamente cualquier intento de regular la apropiación de los espacios públicos con fines económicos particulares, como el triste episodio del Mercado Mayorista La Parada con sus muertos y destrucción masiva, o el transito limeño y su ley de la selva o la minería informal nos muestran con toda crudeza. Pero también el radicalismo tiene saco y corbata, con grupos empresariales que adhieren fervorosamente a un modelo económico ultra liberal predicando y presionando en su nombre en los medios de comunicación. No debería de sorprendernos, entonces, que un amplio sector de la población preste oídos sordos a las críticas políticas contra el gobierno que provienen de los políticos, la sociedad civil y los medios de comunicación.
Pero el economicismo también está instalado en el Ejecutivo. Desde el primer día, éste se ha mostrado dispuesto a cambiar de plan de gobierno y de aliados (de la “gran transformación” a la hoja de ruta), a postergar reformas prometidas en el Poder Judicial o en la salud pública (acceso a medicamentos esenciales), o congelar medidas hasta nuevo aviso (plan nacional de derechos humanos) con el único objetivo de mantener las condiciones que hacen posible la continuidad del modelo de crecimiento económico. Esto ha quedado demostrado con el desenlace de la disputa entre el renunciante vice ministro de Interculturalidad Iván Lanegra y el ministro de Energía y Minas Jorge Merino, respecto de cuáles son los pueblos indígenas con derecho a ser consultados en el marco de la Ley de Consulta Previa.
En efecto, Lanegra y su equipo habían incluido en el registro oficial de pueblos indígenas con derecho a la consulta a comunidades aimaras y quechuas de regiones andinas donde se sitúan grandes proyectos mineros. El Ministro Merino por otro lado se había opuesto a esto señalado que la consulta previa en estas comunidades podía “atascar” grandes inversiones ya comprometidas. La disputa terminó cuando el presidente Ollanta tomo partido por el argumento de Merino y definió que la consulta previa solo se aplicaría a los pueblos indígenas de la amazonia ya que las comunidades quechuas y aimaras de los andes habían estado expuestas a siglos de mestizaje y, además, tenían autoridades elegidas democráticamente que hablaran por ellos. Situación que no es la de las comunidades indígenas amazónicas. De esta manera, presionado por la necesidad de mayores rentas para los programas sociales, el gobierno no duda en recortar el alcance de la Ley de Consulta Previa.
En este contexto se entiende como varios ministros, sobre todo de las carteras no productivas y que iniciaron sus gestiones con grandes bríos reformistas, hoy aparecen desdibujados, ganados por el día a día, apagando incendios aquí y allá, sin mostrar un rumbo sostenido en su gestiones o una visión más global de país. Esto nos lleva a otro elemento que junto con el economicismo, ayuda a entender la alta aprobación del gobierno. Se trata del estilo parco y poco protagónico del Presidente que contrasta con la grandilocuencia exacerbada de Alan García o a la teatralidad impostada de Alejandro Toledo. En efecto, el estilo Ollanta de gobernar consiste en permanecer alejado del centro del debate público, evadiendo pronunciarse sobre los temas espinosos de la coyuntura, parapetado detrás de por lo menos dos círculos de poder.
El primero, más pequeño e inmediato, está formado por la primera dama Nadine Heredia, el ministro de Economía Luis Miguel Castilla, y los asesores en temas legales Eduardo Roy Gates y de seguridad y defensa, el coronel retirado Adrian Villafuerte. De este círculo, los dos primeros son los más importantes, especialmente Nadine, que, por su eficacia y carisma, es el rostro amable de la administración. El ministro Castilla, por su lado, debe asegurar la continuidad del modelo económico.
El segundo círculo lo forman los ministros de Estado que responden las críticas de la oposición y, por lo tanto, están permanentemente amenazados con interpelaciones en el Congreso y sufren campañas mediática de demolición. Este Gabinete, liderado por Juan Jiménez, se diferencia del primero, el de Salomón Lerner, por estar conformado por técnicos competentes pero sin experiencia política, aunque varios provienen de organizaciones de la sociedad civil. No existen personalidades con un alto perfil político ni voluntad de hacer grandes cambios, solo ministros que defienden en forma aguerrida su sector sin permitir que las críticas se desborden y alcancen al Presidente. El Gabinete Lerner, por el contrario, representaba la alianza política que llevó al triunfo a Ollanta Humala, y tenía entre sus filas a profesionales con amplia experiencia política y opiniones fuertes sobre temas que traspasaban sus propios sectores. Con el paso de los días, era evidente que el presidente Humala, debido a su formación militar y falta de experiencia en la deliberación política, se sentía incómodo con este Gabinete, y que prefería otro más técnico y disciplinado para seguir las orientaciones del Gobierno.
Hasta el momento, el estilo de gobernar del Presidente viene dando resultados con una opinión pública en la que predomina una visión economicista de la política. No obstante, esta situación puede cambiar en el futuro cercano. El binomio crecimiento- programas sociales requiere que estos últimos se expandan y alcancen a un número mayor de beneficiarios y a las provincias más pobres y alejadas. El problema es que empiezan a aparecer nubarrones en el escenario económico internacional. Los precios de los minerales tienden a bajar o mejor dicho a volver a su nivel después de años de excepcionalidad y se reduce la rentabilidad de los proyectos. Las empresas detienen o van mucho más lentas con las nuevas inversiones, calculando más y asegurándose que las condiciones internas y externas continúen favorables. Que la crisis internacional empeore preocupa no solo a los inversionistas sino también al gobierno que necesita de esta renta para los programas sociales. Con menores recursos las expectativas que han generado los programas sociales pueden verse seriamente afectadas. Durante el 2012 se han desarrollado las experiencias piloto y las líneas de base de varios de estos programas, pero se espera que en el 2013 y 2014 éstos se masifiquen y alcancen a un número mayor de personas en situación de pobreza y exclusión.
Pero además hay otra dificultad para lograra esta meta: la ineficiencia y desarticulación del Estado. Hay yuxtaposición de funciones y mandatos en diversas instancias del aparato estatal que produce parálisis y falta de resultados. Las expectativas tienen que concretarse para no empezar a generar ruido. Más aún si la ofensiva mediática actualmente en curso, y que tiene al Grupo El Comercio como abanderado, produce temor ciudadano sobre el manejo económico del Gobierno. Es decir golpea en el corazón del economicismo en la política que, hasta el momento, parece firmemente enraizado entre los ciudadanos. En todo caso, no se avizoran cambios dramáticos en los niveles de aceptación del presidente Ollanta, aunque, como decimos frecuentemente los peruanos “cualquier cosa puede pasar”.
Al cumplirse el primer año del gobierno de Ollanta Humala se han escrito varios balances de su gestión. En esta oportunidad coloco en mi blog el balance escrito por Cynthia Sanborn de la Universidad del Pacífico y que esta publicado en su blog por considerarlo uno de los más completos y sugerentes. Estoy seguro que quienes lo lean compartirán esa misma opinión.
Public speaking is not the Peruvian President´s forte. While Ollanta Humala´s first Message to the Nation in 2011 was criticized for unnecessarily provoking the opposition, this year’s address was criticized for not being provocative enough. Pundits from all sides charged that he talked too long but said too little, presenting a laundry list of proposals from his Cabinet members rather than a central vision of his own. The once-incendiary nationalist was also slammed for being too boring, too technical, and lacking in “soul”.
Last year Humala responded to critics with a prolonged cure of silence, letting his Prime Minister and party leaders do the talking. But after one year in office, three Cabinet turnovers, rising social protest and falling approval ratings, it was time for the President to face the Nation. Looking beyond the stilted delivery, does Humala pass muster?
In fact, this government has delivered on core promises to maintain economic growth, raise the minimum wage and increase social spending. While the pace of private investment has slowed due to the world economy, growth has remained around 6%, driven by strong public investment and domestic demand. Through rising tides, more formal sector jobs and expanded public assistance programs, the official poverty level declined another 3% this year, from 30.8% to 27.8%.
This is a first year record any leader would envy. So why so much protest? The answer lies partially in the President, and in the weak political system in which he operates. Both factors in turn impede progress towards addressing a root cause of discontent: the fundamentally unequal distribution of wealth and opportunity that persists in this society.
If “social inclusion”, the main slogan of this administration, is understood as giving people an equal chance for participation in society, then Peru has a long way to go. The country ranks poorly on the World Bank’s Human Opportunity Index for Latin America, which measures inequality of opportunity in basic services for children — the extent to which the playing field is equal at the start. This includes access to safe water, electricity and sanitation, as well as parents´ education and income. Using a multidimensional approach that includes health, education and living conditions, Enrique Vásquez estimates that nearly 40% of the population remains poor, and up to 81% in rural areas, a situation that the new Ministry of Social Inclusion is well aware of. Access to justice and security are also limited to a small minority. And Peru´s rural indigenous communities are at the very end of the line.
Last year, in an article titled Liderar un País Rico (Leading a Rich Country), I argued that the major challenge for this administration would be precisely that – leadership. Although Humala was an inexperienced politician, one hoped that his autonomy from entrenched interests would enable him to rally citizens around a more audacious reform agenda, and that 22 years in the military might give him the courage to carry it out. I also cited two areas in which bold leadership was urgent: management of Peru´s natural resources, and overhaul of its educational system. On both issues, however, this administration has fallen short of expectations.
Este artículo se origina en el pedido expreso de una revista académica japonesa de publicar un texto sobre las elecciones presidenciales del Perú y los desafíos del nuevo gobierno. Se trata del NPO Corporation Afro-Asian Institute of Japan, una organización sin fines de lucro fundada en 1961 y que mantiene una constante actividad académica a través de publicaciones de investigadores de Asia, África y América Latina.
Nos dijeron que en Japón, después de la década de Fujimori, no había mucha información ni publicaciones sobre el Perú no obstante el gran interés por actualizar el conocimiento sobre nuestro país. Tanto en el gobierno de Fujimori como en su huída y exilio, la información sobre el Perú fue constante aunque luego decayó mucho. Ahora con las elecciones y la candidatura de Keiko Fujimori, el interés se despertó nuevamente. La revista es Quarterly Bulletin of Third World Studies. Vol 52 # 1 Tokyo 2012; The Afro-Asian Institute of Japan y se publica en inglés y japonés. Comparto el artículo con ustedes.
Reunidos en torno a la pregunta “¿Cuál es el balance de los primeros 100 días del presidente Humala?”, se reunieron en la PUCP los profesores Julio Cotler, Carlos Aramburú, Alan Fairlie y Santiago Pedraglio. En el video se presentan algunas ideas interesantes para entender cómo se configuran.
Sobre el reciente proceso electoral están circulando varias interpretaciones que buscan explicar sus resultados invocando factores socioeconómicos o culturales, Factores que sin duda han jugado un papel importante en la victoria de Ollanta y en la derrota de Keiko. Sin embargo, en esta oportunidad, quisiera llamar la atención sobre el papel que ha cumplido la “agencia”, las estrategias electorales, y el accionar de los candidatos, que en una competencia tan polarizada y disputada han tenido un papel definitorio en los resultados finales. Estas notas, entonces, buscan recuperar el accionar de la política propiamente dicha.
1. CRECIMIENTO CON INCLUSION
La victoria de Ollanta Humala se empieza a construir cuando su comando de campaña comprende temprano que en el Perú del 2011 no hay condiciones favorables para un cambio radical del modelo económico vigente y que hay que moderarse. En un contexto de crisis profunda (social, política, económica) los individuos parecen estar más dispuestas a buscar salidas radicales o autoritarias que les permitan avizorar alguna solución o un halito de esperanza a una situación de desesperada. La experiencia histórica de nuestros vecinos muestra que Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, e incluso Alberto Fujimori, aparecieron en situaciones de crisis y obtuvieron un apoyo social muy fuerte que les dio enorme legitimidad y les permitió hacer grandes cambios políticos y económicos.
Esta no es la situación actual en el Perú. No vivimos una aguda crisis económica sino todo lo contrario, un ciclo de crecimiento excepcional que ha duplicado el PBI en una década, ha bajado los indicadores de pobreza (de 44.5% en 2006 a 31.3% en el 2010), pero mantiene los índices escandalosos de desigualdad vigentes desde mediados del siglo pasado. En otras palabras no hay bases materiales para exigir un cambio radical del modelo pero si demandas no satisfechas de mayor presencia del estado (salud, educación, servicios), de respeto a derechos adquiridos, de mayor redistribución de los beneficios del crecimiento, pero sobre todo de mayor inclusión social. Demandas que provienen de las regiones y provincias más pobres e indígenas, pero también de los grupos medios y medios bajos emergentes que la estratificación social actual denomina sectores C y D. No hay que olvidar que muchos de los conflictos sociales que ocurren actualmente en diversas regiones del Perú, no son sino la representación contenciosa de estas demandas no escuchadas por el poder central afincado en Lima.
Los estrategas de Humala comprendieron bien esta situación condensando el mensaje de campaña en el lema “Crecimiento con Inclusión”. En otras palabras cambios distributivos y regulatorios pero sin modificar las líneas maestras del modelo económico. También tuvieron que alejarse raudamente de la influencia de Chávez para buscar cobijo en la admirada experiencia de Lula en el Brasil, una izquierda que manejó la economía con una orientación de centro derecha y los ministerios sociales con orientación de izquierda.
2. ALIANZAS ELECTORALES
La estrategia de Humala el 2011 también contó con una lectura acertada de lo ocurrido en las elecciones presidenciales del 2006, donde su candidatura irrumpió con fuerza y casi gana la presidencia, para 4 meses después su partido ser derrotado estrepitosamente en las elecciones regionales y municipales. El ascenso y caída del nacionalismo el 2006 se explica porque en una sociedad con alta fragmentación política (predominio de los partidos locales sobre los partidos nacionales), la candidatura de Ollanta logro cohesionar transitoriamente a un sinnúmero de grupos, redes y movimientos de numerosas sociedades locales. Sin embargo, una vez que la posibilidad de éxito en las presidenciales se diluye la identificación se quebró y los cálculos personales y de grupo se impusieron en las elecciones regiones.
Extrayendo las lecciones de esta experiencia los estrategas de la campaña del 2011 decidieron no presentar candidatos propios a las elecciones regionales y provinciales, que en esta oportunidad se desarrollaron primero que las presidenciales, para no verse expuestos a patrocinar candidaturas perdedoras preservando de esta manera la imagen de nacionalismo. Hay que reconocer que cuando esto sucede muchos no entendimos esta decisión que, además, para ser justos fue muy similar a la de otros partidos nacionales. La decisión de no presentarse tuvo otra ventaja: identificar en todo el territorio nacional los movimientos y partidos locales y regionales con mayor apelación electoral en sus respectivas jurisdicciones.
Una vez identificados estos actores locales, el nacionalismo desarrolló con ellos una paciente estrategia de construcción de alianzas que le permitiera superar la fragmentación, canalizar sus votos hacia la candidatura de Ollanta, y darles un lugar en las listas parlamentarias. Tengo entendido que este no fue un proceso fácil, la experiencia del 2006 con los tránsfugas del congreso de un lado y las ambiciones desmedidas de líderes que no ven más allá de su localidad, convirtió esto en una tarea laboriosa. Finalmente se logra constituir la alianza electoral denominada Gana Perú. En algunos casos el partido nacionalista firma acuerdos programáticos, especialmente con los movimientos y partidos con una orientación ideológica más fuerte, pero en otros son alianzas pragmáticas con personalidades y movimientos personalistas o familiares.
A la luz de los resultados esta política de alianzas ha dado resultados. Por primera vez desde que se instauró el sufragio universal (1979) ha ganado las elecciones presidenciales un candidato que pierde en Lima. Dicho de otra manera es la primera vez que un candidato que gana en Lima no gana las elecciones, como sí ocurrió el 2006 cuando Alan con el voto de Lima y la costa norte derroto a Ollanta. Esto constituye un cambio histórico sin precedentes en la política peruana y expresa en la escena electoral la tendencia a un mayor empoderamiento económico, social y ahora político de las regiones.
Es decir el que gana en el sector moderno del país pierde las elecciones generales, un caso contrario a las elecciones del 2006 cuando García gana con los votos de Lima y costa norte.
*Pueden descargar el artículo completo aquí
Este libro comenzó a prepararse con las contribuciones de los participantes del seminario internacional sobre “Elecciones presidenciales en América latina” realizado en la Universidad de Buenos Aires el 10 de septiembre de 2006. A éstas se sumaron las de otros colegas latinoamericanos que no habían participado del evento pero que tuvieron la gentileza de en¬viar sus artículos por solicitud del compilador. El tema de las elecciones, y en particular las presidenciales, es cada vez mas relevante en la medida en que son el signo de la afirmación de las prácticas democráticas básicas, y en particular las realizadas los últimos años han encarnado un giro político en los gobiernos y a la vez cambios muy significativos en los actores y modalidades de la competencia política. Se ha procurado entonces dar cuenta de los procesos electorales recientes y de la conformación de las diferentes escenas política en los casos considerados. Para satisfacer mejor este propósito se ha solicitado en algunos casos más de una contribución sobre el mismo caso nacional para contrastar perspectivas de análisis. De este modo, el equipo de investigación sobre “Las nuevas formas políticas”, organizador del evento que dio inicio a la publicación, prolonga su actividad de cooperación, iniciada hace años y que continuará en el futuro, en vista a los estudios regionales comparativos.
La actividad de investigación y, en parte, la realización del evento y esta publicación fueron posibles gracias a los subsidios atribuidos al equipo organizador por la Universidad de Buenos Aires, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. [Leer más …]
Economía y política en las elecciones presidenciales
Aldo Panfichi
Síntesis: A diferencia de elecciones anteriores, el proceso electoral del 2006 se desenvuelve en un escenario de crecimiento económico y buenas perspectivas futuras. El crecimiento sostenido de la economía parece haber socavado las bases sociales y el empuje de las candidaturas que se presentan como antisistémicas. La apelación en contra de los partidos tradicionales sigue dando réditos, pero no tantos como antes; ello se ve reflejado en la votación de primera vuelta. Sin embargo, el crecimiento económico y sus beneficios están distribuidos desigualmente, motivo por el cual, en las regiones donde la variable pobreza se combina con exclusión étnica y con experiencias traumáticas de violencia política, la votación por Ollanta Humala es altísima.
A diferencia de las dramáticas coyunturas electorales de años anteriores, el proceso electoral del 2006 se desenvuelve en un escenario de crecimiento económico y buenas perspectivas futuras. El Perú de hoy es muy distinto del de 1990, cuando la hiperinflación y el terror por Sendero Luminoso alentaron el surgimiento de un caudillo autoritario, que ofrecía esperanzas al desaliento propio de una situación de crisis profunda. En los últimos años, la economía peruana ha crecido sostenidamente, alcanzando el 2005 una tasa de crecimiento del 6.7%. Este crecimiento se ha basado sobre todo en los buenos precios internacionales de varios de nuestros productos de exportación (minería, manufactura, y agricultura costeña), precios altos que parece continuarán en los próximos años. No extraña, entonces, que el valor de nuestras exportaciones se haya incrementado sustantivamente de US$ 7,714 millones en el 2002 a US$ 16,900 millones en el 2005. La inflación, además, está bajo control y las reservas internacionales son cerca de US$ 14,248 millones. Los buenos indicadores, no obstante, se combinan con el crecimiento de la desigualdad y el alto índice de pobreza que apenas se ha reducido del 54.3% en el 2001 al 51.6% en el 2004.
En este escenario se desarrolla el proceso electoral del 2006 y quizás aquí se puede encontrar algunas claves que permiten comprender mejor los resultados electorales hasta ahora obtenidos. En primer lugar, el crecimiento económico parece haber socavado las bases sociales y el empuje aluvional de las candidaturas que se presentan como antisistémicas como la de Ollanta Humala de Unión por el Perú. La apelación en contra de los partidos tradicionales sigue dando réditos, pero no tanto como antes, basta recordar que las candidaturas de Unidad Nacional y el APRA suman cerca del 50%. Ésta sería la razón por la que la candidatura de UPP no ha logrado ganar en primera vuelta con más del 50% de los votos, como sus voceros lo anunciaron repetidas veces, sino con el 31%. Es evidente que la estrategia electoral de Humala, al enfatizar el discurso de confrontación contra el orden establecido (la economía y la política), sobreestimó el sentimiento antisistema de los peruanos, y subestimó el hecho que algunos sectores y regiones parecen haber logrado ciertas mejoras.
Éste, precisamente, es el segundo punto que quisiera indicar. El crecimiento económico y sus beneficios están distribuidos desigualmente en el territorio nacional. Algunas regiones concentran la mayor parte de este crecimiento, básicamente Lima-Callao, y la costa agroexportadora (norte y sur chico), mientras en otras regiones más tradicionales, como las zonas alto andinas (centro y sur), es casi cero. En aquellos lugares donde el crecimiento se concentra no sorprende la preferencia por Lourdes Flores (35%), pero tampoco la que consigue Alan García en La Libertad (53.5%), Lambayeque (37.1%), Piura (33%) e Ica (35%). Es verdad que estos lugares son considerados históricamente apristas, y que el origen del partido en los años 30 está fuertemente vinculado al sindicalismo en las grandes haciendas azucareras y a la lucha contra el capital extranjero, pero hoy con el boom agroexportador, el APRA parece menos antiimperialista y más vinculado a la recuperación capitalista de las tierras. Si en la década de 1930 el norte aprista se inspiraba en el “Antimperialismo y el APRA”, ahora sin duda el libro de cabecera vuelve a ser “30 años de Aprismo”
Finalmente, en la situación opuesta no hay una correlación directa entre la pobreza y el voto por Ollanta, como bien anota Pedro Francke. Más de la mitad de los peruanos son pobres y la candidatura nacionalista ha logrado apenas un tercio de las preferencias. Los pobres han votado por una baraja de candidaturas que va más allá de los contendores principales, incluyendo a Lourdes que ha penetrado fuertemente en los barrios de Lima. Además que buena parte del voto fujimorista, del partido evangélico y otros partidos menores provienen también de estos sectores. Lo que sí es cierto es que en regiones donde la variable pobreza se combina con exclusión étnica y con experiencias traumáticas de violencia política, la votación por Ollanta es altísima. Se trata de las regiones más tradicionales y menos favorecidas por el crecimiento económico como Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco, Puno, Cusco y Arequipa.
En suma, la compleja relación entre economía y política nos revela los distintos escenarios que deberán tomar en cuenta no sólo los candidatos finalistas de la segunda vuelta, sino sobre todo quien sea elegido nuestro próximo presidente.
El comandante Ollanta Humala: ¿outsider o insider?
Por Aldo Panfichi
Pontificia Universidad Católica del Perú
Durante los últimos años, el término outsider ha sido usado frecuentemente en la política peruana para referirse a aquellos candidatos que provienen de fuera del sistema político y obtienen resonantes victorias electorales, apelando a la representación sociológica y emocional de los pobres y excluidos. El caso paradigmático es Alberto Fujimori, quien a inicios de la década de 1990 inspiró la popularización de este término, pero también outsider ha sido utilizado para referirse a los alcaldes Belmont y Castañeda Lossio, al presidente Toledo y últimamente a Ollanta Humala. En este itinerario, el término ha ido oscureciendo sus elementos constitutivos, para utilizarse de manera indiscriminada haciendo referencia a todos los políticos que no pertenecen a los partidos establecidos. En un país en el que estos partidos son minoritarios, resulta, entonces, que la mayoría de los políticos pueden ser calificados como outsiders.
En realidad, el término political outsider tiene una larga tradición en la ciencia política norteamericana, donde se lo utiliza en sentido opuesto a political insider. Este último término se refiere a aquellos dirigentes, consultores u operadores políticos que por sus contactos y vínculos de confianza con las elites permanecen siempre cerca de los círculos de poder. Un outsider se caracteriza, precisamente, por no tener estos contactos y por estar excluido de las redes e instituciones que reproducen el poder en una sociedad. Según este punto de vista, lo que definiría a un outsider es su condición de excluido, y el hecho de provenir de fuera del sistema político —del Estado y de los partidos—.
Teniendo en consideración estos criterios, planteamos que es un error considerar al comandante Ollanta Humala como un outsider, debido a que él proviene de una de las instituciones más antiguas del Estado —«partido» dicen algunos—: las Fuerzas Armadas. Una institución que ha jugado roles fundamentales en la construcción de la nación, y de la que han surgido héroes y mitos fundadores de la patria que han buscado cohesionar a la heterogénea población peruana desde los orígenes mismos de la República. Incluso los traumas causados por las guerras —sobre todo la del Pacifico— constituyen hasta hoy un componente esencial de la identidad nacional y una variable política bastante sensible, como la última campaña electoral lo demuestra. Basta mencionar el papel jugado por los militares en la organización de ceremonias cívico-patrióticas como la jura de la bandera y otras, que se desarrollan los domingos en casi todas las plazas públicas del interior del país, y a las que asisten autoridades políticas, vecinos notables y representantes de la sociedad civil local.
La participación de militares en los altos cargos políticos es también una característica permanente en nuestra historia. No se los puede considerar outsiders o excluidos del sistema político, ya que los números no admiten confusión. Entre 1821 y 2005, el Perú ha tenido 74 presidentes, 68,9% de los cuales —51 de ellos— han sido militares: 8 mariscales, 34 generales, 6 coroneles, 2 tenientes coroneles y un contraalmirante. Durante el siglo XX, la tradición se mantuvo con 11 gobiernos liderados por militares, además de una nutrida presencia castrense en los gabinetes civiles. Hasta el momento, ningún presidente ha sido comandante, lo cual no quiere decir que no lo pueda ser ahora o en el futuro. La alta participación de los militares en la política ha llevado a los sociólogos holandeses Koonings y Kruijt a proponer el término ejército político para referirse al caso peruano. El término alude a aquellas instituciones militares que consideran su participación o control sobre la política interna y los asuntos de gobierno como parte central de sus funciones legítimas y patrióticas.
Precisamente, estas fueron las razones que se esgrimieron en 1968 para justificar el golpe de Estado y la instalación del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas liderado por el general Juan Velasco Alvarado. Un gobierno militar nacionalista y reformista que quebró las bases económicas y políticas del sistema oligárquico, y buscó limitar la influencia del capital extranjero en favor de un Estado y una economía nacional fuertes. En estas tareas, los militares no estuvieron solos, sino que contaron con la activa participación de intelectuales, técnicos y políticos provenientes de pequeños partidos de centro-izquierda, así como de dirigentes populares del campo y la ciudad. Más allá de la evaluación que uno tenga sobre esta experiencia, es indudable que el gobierno militar de Velasco Alvarado produjo cambios profundos en la naturaleza y composición de la economía y la sociedad peruanas.
Poco después de retirarse del poder en 1980, los militares fueron convocados por los gobiernos democráticamente elegidos para participar en la lucha antisubversiva contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. En amplias zonas del país, conforme este enfrentamiento se agudizaba, los gobiernos civiles abdicaron el poder político en favor de los uniformados, que pasaron a ocupar jefaturas político-militares en las zonas de conflicto. Luego de cruentos enfrentamientos en los que murieron miles de personas no combatientes, los militares derrotaron a los subversivos con la activa participación de las organizaciones de autodefensa indígenas y de las comunidades campesinas.
Toda una generación de jóvenes oficiales, entre ellos Ollanta Humala, hizo su carrera militar durante los años de conflicto, desarrollando vínculos y familiarizándose con los problemas que afligían a las comunidades locales. En muchos lugares donde los municipios, colegios, postas médicas y oficinas públicas no funcionaban por los estragos de la guerra, la única presencia del Estado eran las bases militares. La única autoridad a la que podía recurrir la población eran estos oficiales; una autoridad temida, pero que al mismo tiempo constituía la única esperanza de orden y protección. Quizá por ahí se explique en parte la alta votación obtenida por el candidato Humala en las zonas de conflicto, incluida la localidad de Madre Mía (provincia de Tocache), donde tiene acusaciones de violaciones a los derechos humanos.
Una anotación complementaria es que tanto la generación de Ollanta como la de Velasco, tuvieron que ir al interior a luchar contra la subversión, y aprender en el camino sobre las necesidades y urgencias de la población. La diferencia es que esta experiencia formativa dio lugar en el caso de Velasco a un proyecto institucional de reformas, mientras en el caso de Humala hasta el momento parece ser la iniciativa de un Comandante que se rebela primero contra la jerarquía militar y luego ingresa al terreno de la competencia político electoral.
Las relaciones entre los militares y los civiles son bastante fluidas, un aspecto obvio pero poco valorado en el análisis político, donde se tiende a separarlos en compartimentos estancos. Por lo general, se asume que la sociedad civil, como esfera de actividad, solo pertenece a los civiles, una idea que surge de los contextos en los que este concepto reaparece en el análisis académico, durante la segunda mitad del siglo XX. En efecto, es en los contextos de las luchas civiles contra regímenes autoritarios —como las dictaduras militares del Cono Sur y los socialismos estatales de Europa del Este— en los que se establece esta dicotomía.
Sin embargo, como acabamos de ver, en la práctica existen fuertes y variados vínculos entre el espacio militar y el civil. El ejército en sí siempre ha sido un vehículo de movilidad y socialización para jóvenes indígenas y campesinos reclutados a la fuerza para hacer el servicio militar. Una vez terminado su servicio, la experiencia militar pasa a constituir un elemento importante en la identidad y organización de estos ex reclutas. Por ello, en muchas partes del país existen asociaciones de licenciados del ejército, verdaderas organizaciones de la sociedad civil cuyos miembros se reúnen periódicamente para realizar actividades sociales y comunitarias. Muchos de estos hombres formaron parte de las rondas campesinas y las organizaciones de autodefensa que enfrentaron a Sendero Luminoso en alianza con los militares en actividad durante las décadas de 1980 y 1990. Luego, durante los gobiernos de transición, los encontramos como líderes de comunidades campesinas, alcaldes y concejales de centros poblados y distritos rurales. Incluso varios de ellos participan activamente de las mesas de concertación para el desarrollo local en algunas provincias —como Huanta, en Ayacucho, y Churcampa, en Huancavelica —, para luego constituir elementos claves en los movimientos nacionalistas liderados por los hermanos Antauro y Ollanta Humala.
La participación de estos licenciados podría explicar, en parte, el amplio apoyo electoral que ha obtenido la candidatura del comandante Ollanta Humala en las regiones pobres e indígenas más afectadas por la guerra antisubversiva. Sin embargo, esto es más una hipótesis de trabajo que una certidumbre. Sorprende, eso sí, la forma en que, en tan pocos meses, esta candidatura ha podido construir una estructura política nacional de apoyo. Según el informe del conteo rápido de Transparencia, Unión por el Perú tuvo personeros en 75,5% de todas las mesas de sufragio a nivel nacional, mientras Unidad Nacional lo hizo en 77,8% y el APRA en 78,6%. Indudablemente, en esto juega un papel la existencia de experimentados operadores políticos de origen izquierdista que se encuentran a disposición de alguna candidatura con posibilidades de éxito. También que los candidatos al Congreso fueron los encargados de reclutar y colocar a personeros con el objeto de defender sus propios votos en las mesas. Sin embargo, esta explicación no parece ser suficiente, lo cual sugiere la participación de los licenciados en las actividades de vigilancia electoral.
En suma, existen demasiadas evidencias de los estrechos vínculos entre lo militar y lo político como para sustentar la idea de que el comandante Ollanta Humala es un outsider, un personaje excluido de las instituciones del poder y sin vínculos con los círculos políticos. Este no parece ser el caso, más aún si pertenece a una institución que ha participado y participa en la política peruana desde la fundación de la República. Necesitamos una discusión más áspera y menos liviana, como bien reclama Romeo Grompone, para avanzar en el conocimiento de los procesos políticos. Estas notas se inscriben en esta dirección.