Esta es una versión un poco más desarrollada de un artículo que acabo de publicar la revista Ideele en su edición impresa de mayo de este año.  En él, trato de dilucidar el porqué la fuerte y permanente crítica que recibe el gobierno de Ollanta no afecta hasta el momento su alto índice de popularidad.  Para ello presento la noción del economicismo en la política, a ver qué les parece.

En pocas semanas el Presidente Ollanta Humala cumplirá dos años en funciones en medio de una oposición política institucional cada día más efervescente y envalentonada. Sin embargo esto no parece hacer mella a su popularidad, lo que muestra una vez más la distancia entre la política y la sociedad. En efecto, durante este periodo todas las encuestas lo favorecen con índices de aprobación ciudadana por encima del 50 por ciento, solo superado por la primera dama Nadine Heredia (61 por ciento en abril del 2013). Sorprende la aprobación de este gobierno, por ser algo poco común en el Perú cuando de presidentes y de políticos se trata. Basta recordar que Alejandro Toledo (2001-2006) solo obtuvo índices de aprobación entre el 8% y el 34%, mientras Alan García en su segundo periodo (2006-2011) entre el 19 por ciento y 37 por ciento de aprobación.

La popularidad de Ollanta sugiere que la opción de mantener el crecimiento económico mediante la promoción de la inversión privada, especialmente en actividades extractivas exportadoras, así como la creación de programas sociales de alivio a la pobreza e inclusión social, cuentan con el respaldo de un gran sector de la población. Es evidente que hay expectativas de ciertos sectores pobres o excluidos de la población en programas como Cuna Más, Beca 18, Juntos, y Pensión 65, en los que los beneficios son tangibles. Crecimiento económico con programas sociales es, hasta el momento, la fórmula que funciona.

Esto es así porque parece haberse instalado con fuerza una suerte de economicismo en la opinión pública. Una por la que el cuidado de la economía predomina sobre cualquier otra consideración política o social. Nadie desea que la situación económica decaiga, porque ello significaría menor bienestar y menor consumo, así éste venga acompañado de altos niveles de endeudamiento. La sensación de mejora, un hecho inédito en el Perú de las últimas décadas, es muy extendida, y no se puede desdeñar. En su versión radical popular, incluso se rechaza violentamente cualquier intento de regular la apropiación de los espacios públicos con fines económicos particulares, como el triste episodio del Mercado Mayorista La Parada con sus muertos y destrucción masiva, o el transito limeño y su ley de la selva o la minería informal nos muestran con toda crudeza. Pero también el radicalismo tiene saco y corbata, con grupos empresariales que adhieren fervorosamente a un modelo económico ultra liberal predicando y presionando en su nombre en los medios de comunicación. No debería de sorprendernos, entonces, que un amplio sector de la población preste oídos sordos a las críticas políticas contra el gobierno que provienen de los políticos, la sociedad civil y los medios de comunicación.

Pero el economicismo también está instalado en el Ejecutivo. Desde el primer día, éste se ha mostrado dispuesto a cambiar de plan de gobierno y de aliados (de la “gran transformación” a la hoja de ruta), a postergar reformas prometidas en el Poder Judicial o en la salud pública (acceso a medicamentos esenciales), o congelar medidas hasta nuevo aviso (plan nacional de derechos humanos) con el único objetivo de mantener las condiciones que hacen posible la continuidad del modelo de crecimiento económico. Esto ha quedado demostrado con el desenlace de la disputa entre el renunciante vice ministro de Interculturalidad Iván Lanegra y el ministro de Energía y Minas Jorge Merino, respecto de cuáles son los pueblos indígenas con derecho a ser consultados en el marco de la Ley de Consulta Previa.

En efecto, Lanegra y su equipo habían incluido en el registro oficial de pueblos indígenas con derecho a la consulta a comunidades aimaras y quechuas de regiones andinas donde se sitúan grandes proyectos mineros. El Ministro Merino por otro lado se había opuesto a esto señalado que la consulta previa en estas comunidades podía “atascar” grandes inversiones ya comprometidas. La disputa terminó cuando el presidente Ollanta tomo partido por el argumento de Merino y definió que la consulta previa solo se aplicaría a los pueblos indígenas de la amazonia ya que las comunidades quechuas y aimaras de los andes habían estado expuestas a siglos de mestizaje y, además, tenían autoridades elegidas democráticamente que hablaran por ellos. Situación que no es la de las comunidades indígenas amazónicas. De esta manera, presionado por la necesidad de mayores rentas para los programas sociales, el gobierno no duda en recortar el alcance de la Ley de Consulta Previa.

En este contexto se entiende como varios ministros, sobre todo de las carteras no productivas y que iniciaron sus gestiones con grandes bríos reformistas, hoy aparecen desdibujados, ganados por el día a día, apagando incendios aquí y allá, sin mostrar un rumbo sostenido en su gestiones o una visión más global de país. Esto nos lleva a otro elemento que junto con el economicismo, ayuda a entender la alta aprobación del gobierno. Se trata del estilo parco y poco protagónico del Presidente que contrasta con la grandilocuencia exacerbada de Alan García o a la teatralidad impostada de Alejandro Toledo. En efecto, el estilo Ollanta de gobernar consiste en permanecer alejado del centro del debate público, evadiendo pronunciarse sobre los temas espinosos de la coyuntura, parapetado detrás de por lo menos dos círculos de poder.

El primero, más pequeño e inmediato, está formado por la primera dama Nadine Heredia, el ministro de Economía Luis Miguel Castilla, y los asesores en temas legales Eduardo Roy Gates y de seguridad y defensa, el coronel retirado Adrian Villafuerte. De este círculo, los dos primeros son los más importantes, especialmente Nadine, que, por su eficacia y carisma, es el rostro amable de la administración. El ministro Castilla, por su lado, debe asegurar la continuidad del modelo económico.
El segundo círculo lo forman los ministros de Estado que responden las críticas de la oposición y, por lo tanto, están permanentemente amenazados con interpelaciones en el Congreso y sufren campañas mediática de demolición. Este Gabinete, liderado por Juan Jiménez, se diferencia del primero, el de Salomón Lerner, por estar conformado por técnicos competentes pero sin experiencia política, aunque varios provienen de organizaciones de la sociedad civil. No existen personalidades con un alto perfil político ni voluntad de hacer grandes cambios, solo ministros que defienden en forma aguerrida su sector sin permitir que las críticas se desborden y alcancen al Presidente. El Gabinete Lerner, por el contrario, representaba la alianza política que llevó al triunfo a Ollanta Humala, y tenía entre sus filas a profesionales con amplia experiencia política y opiniones fuertes sobre temas que traspasaban sus propios sectores. Con el paso de los días, era evidente que el presidente Humala, debido a su formación militar y falta de experiencia en la deliberación política, se sentía incómodo con este Gabinete, y que prefería otro más técnico y disciplinado para seguir las orientaciones del Gobierno.

Hasta el momento, el estilo de gobernar del Presidente viene dando resultados con una opinión pública en la que predomina una visión economicista de la política. No obstante, esta situación puede cambiar en el futuro cercano. El binomio crecimiento- programas sociales requiere que estos últimos se expandan y alcancen a un número mayor de beneficiarios y a las provincias más pobres y alejadas. El problema es que empiezan a aparecer nubarrones en el escenario económico internacional. Los precios de los minerales tienden a bajar o mejor dicho a volver a su nivel después de años de excepcionalidad y se reduce la rentabilidad de los proyectos. Las empresas detienen o van mucho más lentas con las nuevas inversiones, calculando más y asegurándose que las condiciones internas y externas continúen favorables. Que la crisis internacional empeore preocupa no solo a los inversionistas sino también al gobierno que necesita de esta renta para los programas sociales. Con menores recursos las expectativas que han generado los programas sociales pueden verse seriamente afectadas. Durante el 2012 se han desarrollado las experiencias piloto y las líneas de base de varios de estos programas, pero se espera que en el 2013 y 2014 éstos se masifiquen y alcancen a un número mayor de personas en situación de pobreza y exclusión.

Pero además hay otra dificultad para lograra esta meta: la ineficiencia y desarticulación del Estado. Hay yuxtaposición de funciones y mandatos en diversas instancias del aparato estatal que produce parálisis y falta de resultados. Las expectativas tienen que concretarse para no empezar a generar ruido. Más aún si la ofensiva mediática actualmente en curso, y que tiene al Grupo El Comercio como abanderado, produce temor ciudadano sobre el manejo económico del Gobierno. Es decir golpea en el corazón del economicismo en la política que, hasta el momento, parece firmemente enraizado entre los ciudadanos. En todo caso, no se avizoran cambios dramáticos en los niveles de aceptación del presidente Ollanta, aunque, como decimos frecuentemente los peruanos “cualquier cosa puede pasar”.

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