Comisión de trabajo aprobó propuesta de pasar trabajadores a planilla

Pleno definirá futuro de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Medida costaría 0.4% del PBI. (USI)

Imagen: https://elcomercio.pe/economia/peru/regimen-contratacion-cas-balanza-cumple-objetivos-441060

Una votación a favor por unanimidad en la Comisión de Trabajo del Congreso de la República generó que se aprobara la propuesta legislativa que plantea eliminar la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS ) y, con ello, pasar a planilla a más de 500 mil trabajadores públicos que carecen de beneficios laborales.

“Con cargo a redacción, se ha votado (a favor) por unanimidad”, dijo el presidente del grupo de trabajo, Justiniano Apaza. De esta manera, el proyecto de ley quedará a la espera de ser debatido en el Pleno del Congreso.

AUSENTE

Cabe destacar que la sesión no contó con la presencia de la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Claudia Cooper , quien se esperaba que asistiera para dar a conocer la postura de su sector debido a que la aprobación de la iniciativa costaría al Estado cerca de S/2,178 millones y supondría el fin de la Ley del Servicio Civil (Servir).

En: peru21

Leer: El régimen de contratación CAS en la balanza ¿Cumple sus objetivos?

Contra el ecumenismo del odio

El Vaticano critica a los fundamentalistas xenófobos e islamófobos en un artículo de la revista de los jesuitas visado por el propio Papa y por el secretario de Estado

El papa Francisco, entre Ivanka (izquierda) y Melania Trump (derecha), en una audiencia en el Vaticano el 24 de mayo pasado. ALESSANDRA TARANTINO (REUTERS)

¿Quién se acuerda de Charles Maurras? Murió hace más de 60 años mientras cumplía cadena perpetua por complicidad con el enemigo alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Fue extraordinaria su influencia intelectual sobre las derechas más extremas europeas, incluidas las españolas, a través de su partido antisemita, ultra y monárquico, Action Française, sobre todo entre las dos guerras mundiales. Igual de extraordinaria fue su tormentosa relación con la Santa Sede, que terminó con su excomunión y las de su seguidores y con la inclusión de un puñado de sus escritos y de la propia revista que dirigía en el Índice de Libros Prohibidos.

El tiempo de las excomuniones y del Índice de los Libros Prohibidos queda lejos, olvidado ya. Roma ya no hace cosas así, al menos desde el Concilio Vaticano II. Pero si las hiciera, no hay duda de que ahora tendríamos algo parecido a un caso Maurras a propósito de las turbulentas ideas y propuestas políticas del presidente Trump y más concretamente de su consejero estratégico Steve Bannon,un príncipe de las tinieblas que inspira las políticas más extremistas de la actual Casa Blanca, como el muro con México y el muslim ban o prohibición de entrada en EE UU a ciudadanos de seis países musulmanes.

Steve Bannon es católico, mientras que Donald Trump nació en una familia presbiteriana. La religiosidad personal de ambos es más que dudosa, como le sucedía a Maurras, hasta el punto de que fue el agnosticismo del escritor francés el que le condujo a la condena eclesial. Bannon se ha divorciado dos veces a pesar de la indisolubilidad del matrimonio católico, y de Trump se desconoce si practica o si tiene siquiera alguna idea religiosa. Pero en ambos cuenta la religión como visión política del mundo, y ahí es donde el Vaticano tiene algo que decir y lo ha dicho, uniendo además en una misma crítica al catolicismo integrista y al fundamentalismo evangelista que tan buen servicio les ha rendido al Partido Republicano para ganar en las elecciones presidenciales.

Aunque el mensaje es bien claro, en cuanto a quien lo emite y a lo que dice, la vía escogida por el Vaticano es sutil e indirecta. Ha sido la revista de los jesuitas Civiltà Cattolica la que lo ha transmitido, a través de un artículo, titulado ‘Fundamentalismo evangélico e integrismo católico en Estados Unidos, un ecumenismo sorprendente’, firmado por su director, el italiano Antonio Spadaro, y por el protestante argentino Marcelo Figueroa. Un católico y un protestante denuncian precisamente la colusión de católicos y protestantes extremistas estadounidenses en un mismo pensamiento al que califican de “ecumenismo del odio”. Según el diario italiano La Repubblica, el papa Francisco en persona, el secretario de Estado Pietro Parolin y el secretario para las Relaciones con Estados Unidos, Paul Richard Gallagher, han corregido y visado el artículo.

El papa Francisco rechaza la narrativa del miedo y de la inseguridad, sobre la que Trump y su derecha alternativa construyen muros ideológicos

La primera característica de esta desviación teológica es el maniqueísmo, un “lenguaje que divide la realidad entre el Bien absoluto y el Mal absoluto”, cuestión en la que los autores citan al propio presidente Trump y que sitúa a los inmigrantes y a los musulmanes entre las amenazas al sistema de vida de Estados Unidos.Una segunda característica que denuncian Spadaro y Figueroa es el carácter de Teología de la Prosperidad que comparten los dos extremismos católico y evangelista. Su evangelio para ricos, difundido por organizaciones y pastores multimillonarios, predica una idea autojustificativa de que “Dios desea que sus seguidores tengan salud física, sean prósperos y personalmente felices”. La tercera característica es una defensa muy peculiar de la libertad religiosa, en la que extremistas católicos y protestantes se unen en cuestiones como la oposición al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo o la educación religiosa en la escuela, y propugnan un sometimiento de las instituciones del Estado a las ideas religiosas e incluso a la Biblia muy similar al que inspira al fundamentalismo islámico.

Esta visión del mundo proporciona una justificación teológica a la guerra y alienta la esperanza religiosa con la expectativa de un enfrentamiento apocalíptico y definitivo entre el Bien y el Mal. Las afinidades con la idea islamista radical de la yihad son bien claras. El artículo denuncia la web de extrema derecha Church Militant, que atribuye la victoria de Trump a las oraciones de los estadounidenses, propugna la guerra de religiones y profesa el llamado dominionismo, que es una lectura literalista del Genésis en la que el hombre es el centro de un universo a su entero servicio. Los dominionistas consideran anticristianos a los ecologistas y observan los desastres naturales y el cambio climático como irremediables signos escatológicos de un final de los tiempos apocalíptico, que no hay que obstaculizar, sino todo lo contrario.

No es posible comprender esta fuerte arremetida del Vaticano contra la extrema derecha estadounidense sin recordar la intervención de Steve Bannon en una conferencia celebrada en el Vaticano en 2014, en la que denunció la secularización excesiva de Occidente y anunció “la proximidad de un conflicto brutal y sangriento, (…) una guerra global contra el fascismo islámico”, en la que “esta nueva barbarie que ahora empieza erradicará todo lo que nos ha sido legado en los últimos dos mil o dos mil quinientos años”. También hay que situarlo en el marco de tensiones entre la Casa Blanca y el Vaticano a propósito de Oriente Próximo, especialmente tras el primer viaje de Trump en el que pretendió conectar con las tres religiones, islam, judaísmo y catolicismo, pero terminó convirtiéndose en un reforzamiento de la alianza con Arabia Saudí y un estímulo al enfrentamiento con Teherán, con consecuencias inmediatas en el bloqueo a Qatar.

El pontífice no solo discrepa de sus propuestas sobre ecología, inmigración o impuestos, sino que rechaza su estrategia en favor de Riad

Curiosamente, Spadaro y Figueroa defienden las raíces cristianas de Europa, pero con una argumentación inversa a la que se escuchaba en tiempos de Ratzinger, de la que ha desaparecido el supremacismo cristiano y blanco. “El triunfalismo, la arrogancia y el etnicismo vengativo son exactamente lo contrario del cristianismo”, aseguran. El artículo termina recordando que el papa Francisco combate la narrativa del miedo y la manipulación de la inseguridad y de la ansiedad de la gente, evita la reducción del Islam al terrorismo islamista y rechaza la idea de una guerra santa contra el islam o la construcción de muros físicos e ideológicos. Con la denuncia del ecumenismo del odio, el Vaticano sitúa a Steve Bannon y Donald Trump en un infierno ideológico análogo al que abrió las puertas a Maurras en 1927, ahora hace justo 90 años, en el que se encuentran condenados los políticos que utilizan la religión para dividir en vez de unir a los seres humanos.

En: elpais

 

SERVIR: El crecimiento del CAS hace imperativo profundizar reforma del servicio civil

  • Con el 40% del total de contratados, el CAS se convirtió en el principal régimen laboral en el Estado, sin considerar las carreras especiales, con 275 mil servidores en los tres niveles de gobierno.
  • Si las entidades se acogen a la reforma del servicio civil, se reducirá progresivamente el uso del CAS en el Estado y se incentivará la meritocracia, señala SERVIR.
Imagen: http://www.servir.gob.pe/wp-content/uploads/2017/07/informe-cas-servir-2017-100717.png

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) alertó que el crecimiento de 8% promedio anual en las contrataciones de personal vía el régimen CAS es uno de los principales escollos para profundizar la reforma del servicio civil y la meritocracia en el Estado peruano, según el informe denominado “Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS” publicado hoy.

El referido informe, señala que, sin considerar a los regímenes de carreras especiales, el CAS se ha convertido en el principal régimen de contratación laboral en el Estado, desplazando a los contratados bajo los regímenes de los Decretos Legislativos Nº 276 y 728.

“Si excluimos a las carreras especiales, el grupo del régimen CAS pasa a concentrar a la mayor parte de servidores públicos con el 40% del total. Luego le siguen los servidores del D. Leg. 276 con el 38% y del D.Leg. 728 con el 22%”, señala el informe. Agrega que, a diciembre de 2016, existían en el Estado aproximadamente 275 mil servidores públicos bajo el régimen CAS en los tres niveles de gobierno, según la Planilla Electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

El informe indica que el número de servidores bajo el régimen CAS ha crecido de manera sostenida entre los años 2009 y 2016, considerando que pasaron de 157 mil a 275 mil, lo cual implica un incremento de 8% al año en promedio y un 76% acumulado en ese periodo. Casi la mitad de servidores sujetos al régimen CAS son de las entidades del gobierno nacional.

El referido informe también resalta que aun cuando la contratación bajo el régimen CAS pueda contar con marco presupuestal, tenga concordancia con las funciones de la entidad y siga un procedimiento determinado, muchas veces dicho régimen permite a las entidades contratar personal sin considerar instrumentos de planificación y/o presupuesto ni el uso de criterios objetivos para seleccionar personal. “Esto facilita la contratación y la hace más permeable a un uso inapropiado. Esta podría ser una de las razones por las que la cantidad de servidores contratados bajo el régimen CAS se ha incrementado en las entidades públicas”, puntualiza el informe.

Otro aspecto analizado en el informe es el costo anual de la planilla CAS, que asciende a cerca de S/ 7 750 millones incluyendo a los tres niveles de gobierno. “Dicho costo laboral anual ha crecido sostenidamente desde el año 2009: 20% en promedio al año y más del triple en términos acumulados. Ello se explica tanto por el incremento en el número de servidores CAS como de sus remuneraciones promedio”, según se precisa en el informe de SERVIR.

Señala también que si se mide la incidencia del costo de la planilla CAS en el PBI nominal, en el periodo 2009-2016 se duplicó dicho costo. “El costo de la planilla CAS representa el 1,2% del producto bruto interno (PBI) nominal, valor que se ha duplicado en relación al registrado en el año 2009 (0,6%), reflejando que el costo de los servidores CAS creció a un mayor ritmo que el PBI nominal”, puntualiza.

En cuanto a los ingresos, en el período 2013–2016, las remuneraciones mensuales promedio de los servidores sujetos al régimen CAS se incrementaron sostenidamente tanto para los hombres como para las mujeres. “En el caso de los primeros en 9% al año en promedio y en el de las segundas en 11%”, se apunta en el referido informe.

Finalmente, en el informe se señala que dada la mayor dinámica de crecimiento de las remuneraciones mensuales promedio de las mujeres en relación a las de los varones bajo el régimen CAS, la brecha salarial general de género en favor de los hombres se ha reducido de 10% a 4% entre los años 2013 y 2016, lo que está “en línea con la reducción de la brecha salarial general de género en todo el sector público registrada en los últimos años”, concluye.

Recomendaciones

Para SERVIR, acelerar y profundizar el pase de las entidades públicas a la Ley del Servicio Civil, reducirá progresivamente el uso del régimen CAS, permitiendo el desarrollo de una carrera basada en la meritocracia en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

Para ver y descargar el Informe “Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS” hacer click aquí

Lima, 10 de julio de 2017
Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional

En: servir

¿En qué consiste la reforma que plantea el Ejecutivo para el Consejo Nacional de la Magistratura?

La iniciativa ha causado polémica, pues algunos la acusan de politizar la entidad encargada de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales.

¿En qué consiste la reforma que plantea el Ejecutivo para el Consejo Nacional de la Magistratura? (USI)

El presidente Pedro Pablo Kuczysnki enfatizó, en su mensaje a la Nación, la necesidad de reformar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), organismo que se encarga de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales.

En ese sentido, el gobierno presentó un proyecto de ley que ha desatado polémica pues algunos aseguran que politizará a la entidad que, según la Constitución, debe “ser independiente”.

La iniciativa plantea que los miembros de la CNM se reduzcan de siete a cinco y se seleccionen de la siguiente manera:

– Uno elegido por el Poder Ejecutivo, designado mediante resolución suprema con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

– Uno elegido por el Congreso, con el voto de los dos tercios del número legal de legisladores.

– Uno elegido por el Poder Judicial, entre los magistrados de la Corte Suprema jubilados y en actividad.

– Uno elegido por el Ministerio Público, entre la Junta de Fiscales Supremos jubilados y en actividad.

– Uno elegido por los miembros señalados precedentemente, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del CNM.

Con ello, quedan excluidos de la elección el colegio de abogados del país, los demás colegios profesionales, las universidades públicas y las universidades privadas, que actualmente sí participan en la designación de los miembros de la CNM.

Sobre los requisitos para ser integrante de la CNM, el proyecto de ley indica lo siguiente:

– Ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio y mayor de 45 años de edad.

El miembro del CNM gozará de los mismos beneficios y derechos, y está sujeto a las mismas obligaciones e incompatibilidades que los magistrados de la Corte Suprema.

En la explicación de motivos, el Ejecutivo argumenta que con la nueva conformación se pretende un CNM más equilibrado, con mayor compromiso de parte del poder político en el mejoramiento y reforma judicial a partir de la designación de jueces y fiscales, y el compromiso de los actores de justicia y la academia.

Además, indica que al pasar de siete a cinco miembros (al excluir a los representantes de las facultades de Derecho y de los colegios profesionales), se ahorra el costo en organización y tiempo.

Cabe señalar que el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, sí se ha mostrado a favor de la reforma del CNM que el Ejecutivo propone. “Saludamos su propuesta y su intención de reformar el Consejo Nacional de la Magistratura”, dijo.

En: peru21

Ver además:

Guido Águila: “El proyecto de reforma del Ejecutivo es inconstitucional y politiza el CNM

Avelino Guillén: “Es insostenible que el CNM siga igual” [ENTREVISTA]

LEER: TEXTO COMPLETO DEL PROYECTO DE LEY No. 1720-2017-PE PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LOS ARTÍCULOS  155 Y 156 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ SOBRE LA CONFORMACIÓN Y REQUISITOS PARA SER MIEMBROS DEL CNM

Costa Rica, en riesgo de insolvencia

El presidente del país anuncia en televisión una falta de liquidez que pone en peligro los servicios públicos y el pago de la deuda y anuncia políticas de austeridad y subidas de impuestos para revertir la situación.

Imagen: http://www.dw.com/image/39928225_303.jpg

Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica, compareció la noche del martes (01.08.2017) en la televisión local para advertir de que el Gobierno “enfrenta dificultades de liquidez para pagar sus obligaciones y garantizar la operación de servicios”. “A pesar de todos los llamados públicos y esfuerzos que hemos hecho desde el inicio de mi mandato para contener los gastos y aumentar los ingresos, sigue existiendo una brecha que debemos cerrar con recursos frescos”, afirmó el mandatario.

Solís añadió que las decisiones económicas tomadas durante su Administración han permitido que la población “no perciba los peligros”, pero la crisis de liquidez ocurre a pesar del crecimiento de la producción, del buen manejo de la inflación y del control ejercido sobre la presión al alza de las tasas de interés. Este martes la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) reveló un informe que Costa Rica necesita ejecutar reformas tributarias significativas para mantener un desarrollo sostenible de la economía.

El presidente costarricense estableció un conjunto de acciones para salvaguardar las necesidades “de todas las familias de Costa Rica”, entre las que destaca una orden de que el presupuesto de la República para el año 2018 tenga un crecimiento cero en todos aquellos rubros que no tengan obligación legal para aumentar. Además, firmó un decreto en el cual ordena a la Tesorería Nacional priorizar los pagos del Estado de tal manera que se atiendan en primer lugar la deuda pública, los salarios y pensiones del Gobierno central.

El déficit fiscal de Costa Rica en el 2016 cerró en un 5,2% del Producto Interno Bruto (PIB), el más bajo registrado en los últimos cuatro años, según el Ministerio de Hacienda. El Banco Central de Costa Rica dio a conocer el pasado lunes que la proyección del déficit fiscal para el año 2017 pasó de un 5,9% a un 6,1% del PIB, mientras que la perspectiva de crecimiento económico pasó de un 4,1% al 3,8%.

“Mi Gobierno está dispuesto a tomar las decisiones necesarias, asumir toda la responsabilidad para cerrar este ciclo odioso de debilidad de nuestras finanzas y permitir que las próximas administraciones tengan los recursos necesarios para erradicar la pobreza y construir la infraestructura imprescindible que necesita un país desarrollado”, manifestó Solís. El mandatario agregó que convocó al Congreso un proyecto de ley que transforma el impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado, así como una reforma del impuesto sobre la renta.

“Mi Gobierno está dispuesto a impulsar los impuestos imprescindibles, a limitar el crecimiento del gasto aún más y priorizar el pago de sus obligaciones de forma puntual de manera que no se ven afectados ustedes y sus familias”, puntualizó Solís. El presidente de Costa Rica (2014-2018) cerró con un mensaje optimista al decir que tiene la “esperanza de superar este momento, porque el país avanza por el rumbo correcto”.

LGC (EFE/LaNación)

En: DW

Pentagon spends 10 times more on erectile disfunction meds than transgender services

The Pentagon spent $84 million on erectile disfunction medications in 2014, 10 times the estimated annual medical costs for transgender services.

Military Times reported in 2015 that the military spent $84 million on erectile disfunction medications such as Viagra and Cialis the year before. Meanwhile, a 2016 Rand Corporation study estimated that the maximum annual medical costs for transgender military members would be around $8.4 million, Business Insider reports.

“You’re talking about .000001% of the military budget,” being spent on transgender services, Navy SEAL veteran Kristin Beck, who is transgender, told Business Insider.

President Trump announced Wednesday on Twitter his decision to ban transgender people from serving in the military “in any capacity.” He cited the “tremendous” costs for providing medical services for transgender troops.

“Our military must be focused on decisive and overwhelming victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you,” Trump tweeted.

His announcement sparked widespread condemnation from members of both parties, including Republicans who broke with the president to speak out against the ban.

Image: Facebook

In: thehill

Read also:

Trump to ban transgender people from all military service

Retired transgender Navy SEAL: Tell me to my face I’m not worthy of serving

 

Entendiendo el Sistema de Salud en los Estados Unidos

Imagen: https://i.ytimg.com/vi/V1D5CzpQDJg/maxresdefault.jpg

¿Se ha preguntado sobre qué trata el debate sobre el Seguro de Salud en los Estados Unidos? o ¿por qué un seguro de accidentes o por enfermedad funciona de la manera en que lo hace? El sistema de salud de los Estados Unidos puede ser difícil de entender, y la palabra “sistema” en sí puede ser engañosa ya que diferentes áreas de ella están dirigidas por cientos de organizaciones individuales, incluyendo el gobierno y las organizaciones con y sin fines de lucro.

Historia del Servicio de Salud en los Estados Unidos

La atención médica era de difícil acceso en los primeros días de Las Colonias ya que pocos médicos británicos entrenados habían llegado a Norteamérica. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII, Nueva Orleans, Filadelfia y Nueva York fundaron los primeros grandes hospitales, en ese contexto las primeras escuelas de medicina también abrieron sus puertas. El primer hospital, el Royal Hospital de Nueva Orleans, era demasiado caro para una gran parte de los residentes del área, por lo que se decidió construir un segundo hospital, The Charity Hospital, que atendería a la población con fines caritativos. A lo largo de la historia de los Estados Unidos y aún hoy, muchos hospitales están dirigidos por organizaciones religiosas, las que tradicionalmente se han inclinado por atender las dolencias y enfermedades de los más pobres.

Durante la Guerra Civil en los Estados Unidos, el Gobierno Federal y los Estados individuales comenzaron a construir hospitales en cada Estado para la atención de los soldados enfermos o que caían heridos. El gobierno también inició las primeras disposiciones sobre salud pública relacionadas con el servicio de agua potable, saneamiento y control de la tuberculosis, las cuales comenzaron a tener efectos significativos a principios del siglo XX. Desde entonces, la atención de la salud en los Estados Unidos se convirtió en un gigantesco sistema dirigido por múltiples grupos.

En 1965, el Presidente Lyndon B. Johnson promulgó los sistemas Medicare y Medicaid, que aseguraban a los jubilados y a las personas cuyos ingresos se encontraban bajo la línea de pobreza. Esto significó la creación de un gran sistema de salud federal que cubre a millones de estadounidenses. Sin embargo, resultaba difícil expandir estos programas para cubrir a más personas, porque se trataba de un tema muy polémico y que la mayoría de los políticos no querían abordar.

El Debate sobre la Atención de Salud en los Estados Unidos

El debate sobre si el gobierno debía proporcionar financiamiento a los servicios de salud y cuánto debería proporcionarse, es de larga data. La primera legislación, propuesta por la activista Dorthea Dix, fue el Proyecto de Ley de 1854 para el beneficio de indigentes con problemas mentales. A pesar de haber sido aprobada en ambas cámaras del Congreso, el proyecto de ley fue vetado por el presidente Franklin Pierce, quien argumentó que el bienestar social no debía descansar en manos del gobierno federal.

En 1910, cuando muchos países europeos aprobaban legislación para estatizar la atención médica para sus ciudadanos, el presidente Theodore Roosevelt trató de promover el mismo tipo de legislación en los EE.UU. Sin embargo, fue derrotado en el intento por los políticos de ambos partidos políticos. Los principales argumentos del debate en la actualidad siguen basándose en ideas similares en ese tiempo.

Los que apoyan la idea de la atención universal de la salud en los Estados Unidos afirman que sólo el Gobierno Federal puede garantizar que todos los ciudadanos estén cubiertos. Asimismo, el dinero que el gobierno federal gasta ahora para cubrir la atención de emergencia para aquellos sin seguro es tan alto que sería más eficiente si ellos pudieran tener un sistema formal que cubra a todos. Un sistema unificado tendría una mayor capacidad de negociación para concertar con compañías farmacéuticas, hospitales y proveedores de equipos permitiéndoles reducir los costos de la atención.

Sin embargo, en los Estados Unidos existe una larga historia de recelo por parte del poder federal. Los EE.UU. fueron diseñados originalmente con un gobierno federal débil y  gobiernos estatales fuertes como una garantía de protección  contra la tiranía. Aunque ese equilibrio ha cambiado dramáticamente a través de los años, aún muchos estadounidenses prefieren limitar el poder del gobierno federal. Estos argumentan que si el gobierno administra el servicio  de salud, este sería más burocrático y tendría que tomar decisiones sin participación  de los pacientes. Sienten que su cuidado sería más regulado y menos individualizado. También temen que un sistema de salud grande implique un alto costo y contribuya a impuestos significativamente más altos.

Sistema Estadounidense de Aseguramiento en Salud

Aunque hay varios tipos de cobertura y los Estados a menudo tienen sus propias regulaciones sobre seguro de salud, hay algunos aspectos del sistema que son similares en todo EE.UU. Hospitales, clínicas, consultorios médicos y otras instalaciones de atención de salud son propiedad de una gran variedad de entidades públicas y privadas. Los proveedores de seguros de salud (health insurance providers) son generalmente empresas separadas de aquellas y tratan con una amplia gama proveedores de atención médica (healt care providers).

Los pacientes pagan cuotas de seguro de salud mensuales para asegurarse de que estarán cubiertos cuando tengan que ir al médico, clínica u hospital. Los proveedores de seguros cubren a miles de pacientes, por lo que son capaces de negociar con los proveedores de atención médica por precios reducidos y  el pago por los servicios. El seguro de Medicare o Medicaid funciona de la misma manera, pero a mayor escala. Dado que necesitan ser capaces de negociar, los proveedores de seguros generalmente tienen una red de médicos con los que tienen acuerdos y los pacientes están cubiertos por visitas a los médicos dentro de esa red, pero puede que no esten cubiertos o totalmente cubiertos, por visitas a doctores que están fuera de esa red. Los proveedores de seguros por lo general cubren los servicios que los médicos consideran necesarios, pero a menudo no cubren los servicios que se consideran “electivos”. Las compañías de seguros tienen como objetivo mantener sus costos bajos mientras siguen cubriendo los cuidados de salud necesarios.

La Ley de Cuidado de Salud Asequible (Afordable Care Act, A.C.A. u “Obamacare”)

La Ley de Protección al Paciente y Asistencia Asequible (PPACA), comúnmente conocida como “Obamacare”, fue una ley aprobada en el año 2010. Como las compañías de seguros son sociedades privadas con fines de lucro, muchos estadounidenses quedaron sin seguro porque no podían pagarlo, no querían el seguro, o porque fueron rechazados debido a condiciones preexistentes. El gobierno de Obama trató de abordar varios de estos temas con la Ley de Protección al Paciente y Asistencia Asequible (ACA). Estas son algunas de las principales disposiciones de la Ley:

  • No se permite a los aseguradores rechazar la cobertura debido a condiciones preexistentes.
  • Se establecieron patrones mínimos para las pólizas de seguro de salud.
  • La elegibilidad para Medicaid se expandió.
  • Medicare se sometió a reformas orientadas a una mayor eficiencia.
  • Las personas sin seguro proporcionado por el empleador están obligadas a comprar un seguro de salud.
  • Los Health Exchange (o Health Insurance Marketplace) se crearon para ofrecer a los consumidores una forma eficaz de encontrar un seguro de salud adecuado y proporcionar subsidios a quienes lo necesitan.

Bajo la Ley de Protección al Paciente y Asistencia Asequible (ACA), 11 millones más de estadounidenses están asegurados en comparación con periodos anteriores. Sin embargo, esta legislación fue criticada por los republicanos a pesar de que fue aprobada por ambas cámaras del Congreso. Los intentos repetidos por detener la legislación a través de los tribunales han fracasado en su mayoría, aunque ha habido algunas resoluciones parcialmente en su favor. Es muy probable que el debate sobre la atención sanitaria continúe como ha ocurrido durante los últimos cien años.

Texto traducido de Elizabeth Cummings en: Understanding the US Health Care System

Leer además:

12 Junio 2016 – Why is Healthcare so Expensive in the United States?

12 Marzo 2017 – Estados Unidos y el trabajo inacabado de dar cobertura sanitaria en el país más rico

18 Julio 2017 – Las deserciones republicanas hacen naufragar la reforma sanitaria de Trump

20 Julio 2017 – Reforma Sanitaria en los EE.UU.

España: El FMI pide que las pensiones solo suban el 0,25% para repartir el ajuste entre generaciones

El Fondo defiende que se mantengan las reformas de la Seguridad Social y que la rebaja fiscal anunciada se compense con otras medidas

Madrid 18 JUL 2017 – 16:42 CEST

El Fondo Monetario Internacional ha publicado este martes su análisis anual de la economía española, el llamado Artículo IV. Y entre sus recomendaciones pide que se mantengan como están las últimas reformas de las pensiones. El FMI argumenta que hay que dejar que las pensiones solo suban un 0,25% anual para que el sistema sea sostenible y el esfuerzo de ajuste se reparta “entre generaciones”. Para aumentarlas más del 0,25%, “debería compensarse con un paquete amplio de medidas, porque de lo contrario el impacto recaerá en las generaciones futuras”, ha resaltado durante la rueda de prensa la economista jefe de la misión, Andrea Schaechter.

La semana pasada, la Autoridad Fiscal alertó de que las pensiones solo se actualizarán un 0,25% anual al menos hasta 2022. Y en estos momentos todos los partidos salvo el PP se plantean acabar con el actual sistema de revalorización y volver a ligar las prestaciones a la evolución de la inflación. En definitiva, las reformas aplicadas a la Seguridad Social están siendo cuestionadas. Justo en medio de este debate, el Fondo dedica una parte de su análisis a las pensiones. Y concluye que las reformas aprobadas no deben modificarse. “España adoptó en 2011 y 2013 un paquete muy completo de reformas para responder a las presiones que el envejecimiento de la población ejerce sobre el gasto en pensiones. Las reformas aseguraron la estabilidad financiera del sistema”, afirma el informe de la institución sita en Washington.

Es más, el FMI explica que habrá “aumentos anuales de todas las pensiones en términos nominales”. Es decir, con los repuntes del 0,25% y los mayores sueldos de hoy, los pensionistas del futuro recibirán unas prestaciones cada vez más altas. Sin embargo, el organismo reconoce que a pesar de eso la pensiones perderán poder adquisitivo, ya que las reformas aprobadas harán que las prestaciones crezcan menos que lo que crecerá la economía. En la actualidad, la pensión media viene a ser un 80% del salario medio. En unos treinta años, el FMI admite que la relación entre la pensión media y el salario medio caerá, será más baja y, por lo tanto, las prestaciones tendrán una menor capacidad de compra. Si bien el Fondo apunta que los jubilados españoles “todavía tendrán una relación entre pensión y salario bastante más alta que la media de la UE”. O lo que es lo mismo, la generosidad del sistema será mayor que en el resto de países.

Pero para lograr esa sostenibilidad, el FMI señala que “es esencial que las reformas sean implementadas al completo y deberían evitarse cambios puntuales como por ejemplo del sistema de indexación”. Es decir, el Fondo deja muy claro que no debería cambiarse la actual fórmula de revalorización de las pensiones, pensada para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema al ligar la actualización de las prestaciones a la salud de las cuentas de la Seguridad Social. “Este esquema fue ideado para dejar claro que había un desfase entre los gastos y los ingresos y que los políticos tomasen medidas para equilibrar las cuentas. Entre otras cosas, permite que el Gobierno busque más ingresos para que el deterioro no sea tan fuerte”, explica un alto cargo de la Administración.

Y el Fondo abunda en esa línea: “Si los cambios son considerados necesarios para asegurar una transición suave a una pensión financieramente sostenible y socialmente aceptable, el peso del ajuste debería ser repartido entre todos y entre generaciones”. En realidad, el Fondo indica que el ajuste será mayor para las futuras generaciones y que, por lo tanto, debería tenerse cuidado con la forma en que se reparten los esfuerzos: “Si se elevan las pensiones actuales, los pensionistas futuros tendrán que correr con esa carga, por eso hay que tener mucha precaución respecto a lo que se hace en este asunto”, ha declarado Andrea Schaechter, informa Iñigo de Barrón.

El FMI argumenta que lo mejor sería aplicar “un paquete de medidas que incentive trabajar durante más tiempo y fomente el ahorro complementario”. De hecho, Schaechter ha prescrito que la edad de jubilación se vincule de forma automática a la esperanza de vida como se ha hecho en otros países. “Por el bien de los pensionistas de hoy y de mañana, es esencial la transparencia total sobre cómo se consigue la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y las implicaciones que ello tiene para los ingresos de jubilación”, sostiene el organismo que dirige Christine Lagarde. Schaechter ha señalado que los trabajadores tienen que ser conscientes de que su futura pensión no va a ser igual que las de ahora y ha pedido que se informe de lo que pueda cobrar un ciudadano cuando se vaya a jubilar.

Respecto a las rebajas de impuestos pactadas entre el Gobierno y Ciudadanos, el FMI comenta que habría que buscar otras medidas para compensarlas. La elevada deuda deja “poco espacio para que la política fiscal pueda responder a shocks” y “se correría el riesgo de dejar algunos segmentos de la población atrás”, subraya. Además, las “dinámicas de población” implican que “en el medio plazo el gasto relacionado con la edad aumentará significativamente”. De ahí que el Fondo anime a España a reconstruir su colchón financiero bajando la deuda más rápido de lo que lo hace. Una vez más, la institución recomienda subir al 21% el tipo reducido del IVA que se aplica a la hostelería y que está fijado en el 10%. También aboga por la puesta en marcha de más impuestos medioambientales.

MÁS CRECIMIENTO PERO DEMASIADA TEMPORALIDAD

El FMI alaba el crecimiento más sano de la economía española y mejora las previsiones de España hasta el 3,1% para este año y el entorno del 2,5% para 2018. “La competitividad por costes ha apoyado la fuerte creación de empleo”, destaca el Fondo. Preguntada por los salarios, Schaechter ha esgrimido que estos deben subir con la competitividad. “España ha mejorado, pero aún está por debajo de la media europea”, ha insistido la jefa de la misión.

El organismo también llama la atención sobre la alta temporalidad y el elevado número de empleados que trabajan a tiempo parcial de forma involuntaria. “Será importante mantener la competitividad de la economía, lo que requiere condiciones de trabajo flexibles en línea con las necesidades de cada sector, y atajar el persistente problema de la dualidad del mercado laboral [entre indefinidos y temporales]”, rezan las conclusiones. A las que Andrea Schaechter ha añadido: “Es un problema porque los empresarios no invierten en formación de los trabajadores, y estos sin cualificación lo tienen más difícil para ser más competitivos y ganar mejores sueldos. Se debería suavizar la indemnización por despido, y el contrato único es la vía”.

En: elpais

90’s: Las Protestas Anti Poll Taxes de Londres

Anti Poll Tax protest UK. Image: http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02530/Anti-Poll_Tax_demo_2530713b.jpg

El Impuesto a la Comunidad o “Community Charge” (conocido también como “poll tax”) fue un sistema de impuestos introducido en reemplazo de los impuestos domésticos primero en Escocia en 1989 y luego en Inglaterra y Gales en 1990. El “Community Charge” estipulaba un impuesto individual de monto fijo per cápita para todo adulto en un porcentaje determinado por la autoridad local. Este impuesto fue establecido por la Primera Ministra Margareth Tatcher.

Debido a su impopularidad y constantes protestas de los ciudadanos, este impuesto tuvo que ser reemplazado por el “Council Tax” establecido por la Local Government Finance Act de 1992. Lo que llevó también a la caída política de Tatcher meses mas tarde.

Lectura recomendada: Las Protestas Anti Poll Tax – 20 años después de la violencia que sacudió Londres (2010)