Según Constitucionalistas de los EE.UU. el Colegio Electoral es un “Vestigio” de la Esclavitud.

Video: PBS NewsHour

Nov 6, 2016 3:57 PM EDT

Cuando los redactores de la Constitución de los EE. UU. allá por el año 1787 consideraron si los Estados Unidos debería permitir que la gente eligiera a su presidente a través de una votación popular; uno de ellos, James Madison, dijo que los “negros” en el Sur representaban una “dificultad … de naturaleza seria”.

En ese mismo discurso fechado el jueves 19 de julio, Madison, en cambio, propuso el prototipo del sistema de Colegios Electorales que el país usa aun hoy. Bajo este sistema, cada estado tiene un número de votos electorales proporcionales a la población y el candidato que gana la mayoría de esos votos gana la elección.

Desde entonces, el sistema del Colegio Electoral le ha costado la carrera electoral a cuatro candidatos quienes perdieron la elección a pesar de haber ganado en el voto popular, uno de los casos más recientes es el del año 2000 en el cual Al Gore perdió la elección presidencial frente a George W. Bush. Tales anomalías y otras críticas han empujado a 10 estados demócratas a inscribirse en un sistema de votación popular. Y si bien hay muchas quejas sobre el Colegio Electoral, una de las que rara vez se aborda es la develada por un académico estudioso de la Constitución de los Estados Unidos: El Colegio Electoral fue creado para proteger la esclavitud, estableciendo las raíces de un sistema que es opresivo hasta el día de hoy.

“Es algo vergonzoso”, señaló Paul Finkelman, profesor visitante de derecho en la Universidad de Saskatchewan en Canadá. “Creo que si la mayoría de los estadounidenses supieran cuáles son los orígenes del Colegio Electoral, se sentirían disgustados”.

Madison, hoy conocido como el “Padre de la Constitución”, era dueño de esclavos en Virginia, que en ese entonces era el más poblado de los 13 estados si el cálculo de la población incluía a los esclavos negros que constituían alrededor del 40 por ciento de su población.

Durante ese discurso clave en la Convención Constitucional de Filadelfia, Madison dijo que con un voto popular, los estados del Sur “no podían influir en las elecciones al no contar a los negros”.

Madison era consciente de que el Norte superaría al Sur: A pesar de que más de medio millón de esclavos en el Sur eran parte de su poder económico, estos no podían votar. Su propuesta para el Colegio Electoral incluía el “compromiso de las tres quintas partes”, donde las personas negras podían contarse como las tres quintas partes de una persona, en lugar de una totalidad. Esta cláusula le otorgó al estado 12 de 91 votos electorales, más de una cuarta parte de lo que un presidente necesitaba para ganar.

“Nada de esto tenia que ver con esclavos que votan”, dijo Finkelman, quien escribió un artículo sobre los orígenes del Colegio Electoral para un simposio realizado luego de que Al Gore perdiera en las elecciones presidenciales. “Los debates son por una parte sobre el poder político pero también sobre la inmoralidad de contar esclavos con el propósito de dar poder político a la clase dominante”.

Finkelman indicó que la cláusula de tres quintos del Colegio Electoral permitió a Thomas Jefferson, quien era dueño de más de cien esclavos, vencer en 1800 a John Adams, quien se oponía a la esclavitud. Esto gracias a que el Sur contaba con ese gran bastión.

Mientras la esclavitud era abolida, y la Guerra Civil otorgaba la ciudadanía y el derecho al voto para los negros, el Colegio Electoral se mantuvo intacto. Otro profesor de derecho, que también ha sostenido que la Constitución tiene un cariz pro esclavitud, argumenta que aquella otorgó a los estados la autonomía para introducir leyes de voto discriminatorias, a pesar de la existencia de la Ley de Derecho al Voto de 1965 que fue desarrollada para justamente prevenirlas.

En el 2013, la Corte Suprema de los EE.UU. eximió a 9 estados, principalmente en el sur, de lo estipulado en la Ley de Derecho al Voto que disponía que los estados solo podían cambiar las leyes electorales con la aprobación del gobierno federal.

“Una Corte Suprema más conservadora ha estado desenredando lo que ha hecho la [otra] corte”, dijo Juan Perea, profesor de derecho de la Universidad Loyola de Chicago. “La falta de supervisión y uniformidad entre los estados funciona para preservar mucha desigualdad”.

En julio, un tribunal federal de apelaciones anuló una ley de identificación de votantes en Texas, dictaminando que discriminaba a los votantes negros y latinos al dificultarles el acceso a las cédulas de votación. Dos semanas después, otro tribunal federal de apelaciones dictaminó que Carolina del Norte, un estado oscilante clave, había aprobado disposiciones para el ejercicio del derecho al voto que “apuntaban a los afroamericanos con una precisión casi quirúrgica”.

Y para la ultima elección presidencial, 15 estados tuvieron nuevas restricciones de voto, como las que requieren una identificación con foto emitida por el gobierno en las urnas o reducir el número de horas que están abiertas.

“La capacidad de los estados para hacer más difícil el derecho al voto está directamente relacionada con el legado de la esclavitud”, dijo Perea. “Y esa capacidad para hacer que la votación sea más difícil generalmente se usa para privar de derechos a las personas de color”.

El Acuerdo Interestatal en Pro del Voto Popular Nacional (NPVIC) ha ganado fuerza, pero por motivos más relacionados con la anomalía de la contienda Gore-Bush. El asambleísta Jeffrey Dinowitz defendió una legislación en Nueva York que condujo al estado a apoyar el acuerdo. NewsHour Weekend le preguntó por qué el movimiento era importante.

“Somos la democracia más grande del planeta, y me parece que en la democracia más grande, la persona que obtenga la mayor cantidad de votos debería ganar las elecciones”, dijo Dinowitz. “Somos un país, Norte, Sur, Este y Oeste. Un país. Los votos de cada persona en el país deben ser iguales. Y en este momento, los votos no son iguales. En algunos estados tu voto es más importante que en otros estados “.

Nueva York aceptó abrumadoramente su proyecto de ley en 2014, uniéndose a otros nueve estados y Washington DC, que juntos, tienen 165 votos electorales. Si obtienen un total de 270 (la mayoría necesita elegir un presidente), la nación pasará a un voto popular.

No todos los académicos están de acuerdo en que la esclavitud fue la fuerza impulsora detrás del Colegio Electoral, aunque la mayoría está de acuerdo en que existe una conexión. Y tanto Perea como Finkelman saben que este no es el argumento más importante para el impulso hacia un voto popular.

“Pero es un vestigio que nunca se ha abordado”, dijo Perea.

Este artículo fue actualizado para reflejar el hecho de que Thomas Jefferson ganó la presidencia en 1800.

Por — Kamala Kelkar@kkelkar
Kamala Kelkar works on investigative projects at PBS NewsHour Weekend. She has been a journalist for a decade, reporting from Oakland, India, Alaska and now New York.

Traducido al español de: PBS

Leer ademas:

The racial history of the Electoral College — and why efforts to change it have stalled

Así elige el “colegio electoral” al Presidente

Opinión: el Colegio Electoral, parte de un sistema deficiente

The Troubling Reason the Electoral College Exists

 

Soy Residente Legal en el Extranjero, tengo que votar en el Referendum?

Es usted un peruano con residencia legal en el extranjero? Esta usted preocupado por no poder ir a votar en el referendum del 9 de diciembre de 2018? No se preocupe, de acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 28859, a los peruanos en el exterior no se les sancionará con multa la omisión de sufragio.

LEY QUE SUPRIME LAS RESTRICCIONES CIVILES, COMERCIALES, ADMINISTRATIVAS 
Y JUDICIALES; Y REDUCE LAS MULTAS EN FAVOR DE LOS CIUDADANOS OMISOS 
AL SUFRAGIO

LEY N. 28859
(PUBLICADA EL 3 DE AGOSTO DE 2006)

“(…) Artículo 4.- Reduce la multa por omisión de sufragio, fija multa por no asistir o negarse a integrar o desempeñar el cargo de miembro de mesa de sufragio y elimina la multa para los peruanos en el exterior

Redúcese la multa por omisión de sufragio de cuatro por ciento (4%) de la Unidad Impositiva Tributaria; y confírmase la multa de cinco por ciento (5%) por no asistir o negarse a integrar la mesa de sufragio y por negarse a desempeñar el cargo de miembro de mesa, a las sanciones que se sujeta el Cuadro de Aplicación de Multas Diferenciadas según Niveles de Pobreza a que se contrae el artículo 5 de la presente Ley.

Para los peruanos en el exterior no se les sancionará con multa a la omisión de sufragio pero sí se aplicará la multa prevista para los peruanos residentes en el Perú, señalados en los literales a, b y c del artículo siguiente, solamente en los rubros, no asistencia o negarse a integrar mesa de sufragio; o, negarse al desempeño del cargo de miembro de mesa. (…)”

En: LEY N. 28859 (PUBLICADA EL 3 DE AGOSTO DE 2006)

Absentee and Early Voting (USA)

La mayoria de los estados en USA tienen un método para que un votante elegible pueda emitir su voto antes del día de las elecciones. En 13 estados, el voto anticipado no esta disponible y una excusa o justificación es necesaria para solicitar una cédula para poder votar en ausencia.

Los estados pueden optar por proporcionar tres vías para que los votantes puedan votar antes del día de las elecciones:

  1. Voto Anticipado: En 37 estados (incluyendo 3 envian las cedulas por correo a todos los votantes) y el Distrito de Columbia, cualquier votante calificado puede emitir su voto en persona durante un período de tiempo designado antes del día de la elección. No se requiere excusa o justificación.
  2. Voto Ausente: Todos los estados envían una cédula de votación en ausencia a los votantes que la hayan solicitado. El votante puede devolver la boleta por correo o en persona. En 20 estados, se requiere una justificación, mientras que 27 estados y el Distrito de Columbia permiten que cualquier votante cualificado vote en ausencia sin ofrecer una justificación o excusa. Algunos estados ofrecen una lista permanente de boletas de votante ausente: una vez que un votante solicite que se le agregue a la lista, recibirá automáticamente una boleta de votante ausente para todas las futuras elecciones.
  3. Voto por Correo: Se envía automáticamente y por correo una cédula a cada votante elegible (no se requiere ninguna solicitud o aplicación). Los sitios de votación para voto físico también pueden estar disponibles para los votantes que deseen votar en persona y brindar servicios adicionales a los votantes. Tres estados envían cédulas por correo a todos los votantes elegibles para cada elección. Otros estados pueden proporcionar esta opción para algunos tipos de elecciones.

Desplácese por el siguiente mapa para obtener detalles de estado por estado.

Image: http://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/absentee-and-early-voting.aspx

Mas informacion en: NCSL – ABSENTEE AND EARLY VOTING

Many Native IDs Won’t Be Accepted At North Dakota Polling Places

By: Camila Domonoske

Image: This June, instructions wre posted at an early voting precinct in Bismarck, N.D. In that primary election, tribal IDs that did not show residential addresses were accepted as voter ID. But those same IDs will not be accepted in the general election.
James MacPherson/AP.

Native American groups in North Dakota are scrambling to help members acquire new addresses, and new IDs, in the few weeks remaining before Election Day — the only way that some residents will be able to vote.

This week, the Supreme Court declined to overturn North Dakota’s controversial voter ID law, which requires residents to show identification with a current street address. A P.O. box does not qualify.

Many Native American reservations, however, do not use physical street addresses. Native Americans are also overrepresented in the homeless population, according to the Urban Institute. As a result, Native residents often use P.O. boxes for their mailing addresses, and may rely on tribal identification that doesn’t list an address.

Those IDs used to be accepted at polling places — including in this year’s primary election — but will not be valid for the general election. And that decision became final less than a month before Election Day, after years of confusing court battles and alterations to the requirements.

Tens of thousands of North Dakotans, including Native and non-Native residents, do not have residential addresses on their IDs and will now find it harder to vote.

They will have the option of proving their residency with “supplemental documentation,” like utility bills, instead of their IDs, but according to court records, about 18,000 North Dakotans don’t have those documents, either.

And in North Dakota, unlike other states, every resident is eligible to vote without advance voter registration — so people might not discover the problem until they show up to cast their ballot.

North Dakota Sen. Heidi Heitkamp, a Democrat, is trailing her Republican opponent in her race for re-election. Native Americans tend to vote for Democrats.

The Republican-controlled state government says the voter ID requirement is necessary to connect voters with the correct ballot, and to prevent non-North Dakotans from signing up for North Dakota P.O. boxes and traveling to the state to vote fraudulently. In 2016, a judge overturning the law noted that voter fraud in North Dakota is “virtually non-existent.”

The state government says that residents without a street ID should contact their county’s 911 coordinator, to sign up for a free street address and request a letter confirming that address.

A group called Native Vote ND has been sharing those official instructions on Facebook.

The Standing Rock Sioux Tribe is telling members to get in touch if they need help obtaining a residential address and updating their tribal ID. The tribe also says it will be sending drivers to take voters to the polls on Election Day.

“Native Americans can live on the reservations without an address. They’re living in accordance with the law and treaties, but now all of a sudden they can’t vote,” Standing Rock chairman Mike Faith said in a statement. “Our voices should be heard and they should be heard fairly at the polls just like all other Americans.”

Meanwhile, the Bismarck Tribune reports that a Native American organization is working to come up with a last-minute solution for voters who would otherwise be turned away:

“Bret Healy, a consultant for Four Directions, which is led by members of South Dakota’s Rosebud Sioux Tribe, said the organization believes it has a common-sense solution.

“The group is working with tribal leaders in North Dakota to have a tribal government official available at every polling place on reservations to issue a tribal voting letter that includes the eligible voter’s name, date of birth and residential address.”

A state official told tribal leaders that such letters will be accepted as proof of residency, the Tribune reports.

Heitkamp called the ID law “burdensome” and once again called for a law to protect the voting rights of Native Americans. She and other legislators have introduced such a bill year after year, unsuccessfully.

“Given the number of Native Americans who have served, fought, and died for this country, it is appalling that some people would still try and erect barriers to suppress their ability to vote,” Heitkamp said in a statement. “Native Americans served in the military before they were even allowed to vote, and they continue to serve at the highest rate of any population in this country.”

The ACLU said the Supreme Court’s decision “enables mass disenfranchisement.” “In an election that may wind up being decided by just a few thousand votes, the court’s decision could be deeply consequential for the country, not just those who live in North Dakota,” staff reporter Ashoka Mukpo wrote on Friday.

In 2016, the Harvard Law Review found that Native Americans “routinely face hurdles in exercising the right to vote and securing representation,” and that the Voting Rights Act of 1965 was only a partial solution to the problem.

In: npr

Información: Elecciones Municipales Lima Domingo 7 de Octubre 2018

Video: TV Perú Noticias

Juan Carlos Zurek, por el partido Somos Perú

Humberto Lay, por el partido Restauración Nacional.

Luis Enrique Ocrospoma, por el partido Perú Nación

Manuel Velarde, por el partido Siempre Unidos.

Renzo Reggiardo, por el partido Perú Patria Segura.

Roberto Gomez Baca, por el partido Vamos Perú

Jaime Salinas, por el partido Alianza Para el Progreso

Carlos Enrique Fernández Chacón, por el Frente Amplio

Luis Castañeda Pardo, por el partido Solidaridad Nacional

Enrique Cornejo, por el partido Democracia Directa

Julio Gagó, por el partido Avanza País

Pablo Jacinto Silva Rojas, por el Frepap

Alberto Beingolea, por el Partido Popular Cristiano (PPC)

Esther Capuñay Quispe, por el partido Unión por el Perú

Jorge Villacorta Carranza, por el partido Peruanos por el Kambio (PPK)

Jorge Muñoz Wells, por el partido Acción Popular

Gustavo Guerra García, por el partido Juntos por el Perú

Ricardo Belmont Cassinelli, por el partido Perú Libertario

Daniel Urresti, por el partido Podemos por el Progreso del Perú

Diethell Columbus, por el partido Fuerza Popular

Imágenes: Elecciones 2018: conoce los símbolos de cada candidato para Lima| FOTOS – Redacción El Comercio Peru 04 de Octubre 2018 / 03:50 pm

Gomillion v. Lightfoot

Gomillion v. Lightfoot,
364 U.S. 339
Supreme Court of the United States
1960

MR. JUSTICE FRANKFURTER delivered the opinion of the Court.

This litigation challenges the validity, under the United States Constitution, of Local Act No. 140, passed by the Legislature of Alabama in 1957, redefining the boundaries of the City of Tuskegee. Petitioners, Negro citizens of Alabama who were, at the time of this redistricting measure, residents of the City of Tuskegee, brought an action in the United States District Court for the Middle District of Alabama for a declaratory judgment that Act 140 is unconstitutional, and for an injunction to restrain the Mayor and officers of Tuskegee and the officials of Macon County, Alabama, from enforcing the Act against them and other Negroes similarly situated. Petitioners’ claim is that enforcement of the statute, which alters the shape of Tuskegee from a square to an uncouth twenty-eight-sided figure, will constitute a discrimination against them in violation of the Due Process and Equal Protection Clauses of the Fourteenth Amendment to the Constitution and will deny them the right to vote in defiance of the Fifteenth Amendment.

The respondents moved for dismissal of the action for failure to state a claim upon which relief could be granted and for lack of jurisdiction of the District Court.

The court granted the motion, stating, “This Court has no control over, no supervision over, and no power to change any boundaries of municipal corporations fixed by a duly convened and elected legislative body, acting for the people in the State of Alabama.” 167 F.Supp. 405, 410. On appeal, the Court of Appeals for the Fifth Circuit, affirmed the judgment, one judge dissenting. 270 F.2d 594. We brought the case here since serious questions were raised concerning the power of a State over its municipalities in relation to the Fourteenth and Fifteenth Amendments. 362 U.S. 916.

At this stage of the litigation we are not concerned with the truth of the allegations, that is, the ability of petitioners to sustain their allegations by proof. The sole question is whether the allegations entitle them to make good on their claim that they are being denied rights under the United States Constitution. The complaint, charging that Act 140 is a device to disenfranchise Negro citizens, alleges the following facts: Prior to Act 140 the City of Tuskegee was square in shape; the Act transformed it into a strangely irregular twenty-eight-sided figure as indicated in the diagram appended to this opinion. The essential inevitable effect of this redefinition of Tuskegee’s boundaries is to remove from the city all save only four or five of its 400 Negro voters while not removing a single white voter or resident. The result of the Act is to deprive the Negro petitioners discriminatorily of the benefits of residence in Tuskegee, including, inter alia, the right to vote in municipal elections.

These allegations, if proven, would abundantly establish that Act 140 was not an ordinary geographic redistricting measure even within familiar abuses of gerrymandering. If these allegations upon a trial remained uncontradicted or unqualified, the conclusion would be irresistible, tantamount (be equivalent for) for all practical purposes to a mathematical demonstration, that the legislation is solely concerned with segregating white and colored voters by fencing Negro citizens out of town so as to deprive them of their pre-existing municipal vote.

It is difficult to appreciate what stands in the way of adjudging a statute having this inevitable effect invalid in light of the principles by which this Court must judge, and uniformly has judged, statutes that, howsoever speciously defined, obviously discriminate against colored citizens. “The [Fifteenth] Amendment nullifies sophisticated as well as simple-minded modes of discrimination.” Lane v. Wilson, 307 U. S. 268, 307 U. S. 275.

The complaint amply alleges a claim of racial discrimination. Against this claim the respondents have never suggested, either in their brief or in oral argument, any countervailing municipal function which Act 140 is designed to serve. The respondents invoke generalities expressing the State’s unrestricted power — unlimited, that is, by the United States Constitution — to establish, destroy, or reorganize by contraction or expansion its political subdivisions, to-wit, cities, counties, and other local units. We freely recognize the breadth (amplitud) and importance of this aspect of the State’s political power. To exalt this power into an absolute is to misconceive the reach and rule of this Court’s decisions in the leading case of Hunter v. Pittsburgh, 207 U. S. 161, and related cases relied upon by respondents.

The Hunter case involved a claim by citizens of Allegheny, Pennsylvania, that the General Assembly of that State could not direct a consolidation of their city and Pittsburgh over the objection of a majority of the Allegheny voters. It was alleged that, while Allegheny already had made numerous civic improvements, Pittsburgh was only then planning to undertake such improvements, and that the annexation would therefore greatly increase the tax burden on Allegheny residents. All that the case held was (1) that there is no implied contract between a city and its residents that their taxes will be spent solely for the benefit of that city, and (2) that a citizen of one municipality is not deprived of property without due process of law by being subjected to increased tax burdens as a result of the consolidation of his city with another. Related cases upon which the respondents also rely, such as Trenton v. New Jersey, 262 U. S. 182; Pawhuska v. Pawhuska Oil & Gas Co., 250 U. S. 394, and Laramie County v. Albany County, 92 U. S. 307, are far off the mark. They are authority only for the principle that no constitutionally protected contractual obligation arises between a State and its subordinate governmental entities solely as a result of their relationship.

In short, the cases that have come before this Court regarding legislation by States dealing with their political subdivisions fall into two classes:

(1) those in which it is claimed that the State, by virtue of the prohibition against impairment of the obligation of contract (Art. I, § 10) and of the Due Process Clause of the Fourteenth Amendment, is without power to extinguish, or alter the boundaries of, an existing municipality; and

(2) in which it is claimed that the State has no power to change the identity of a municipality whereby citizens of a preexisting municipality suffer serious economic disadvantage.

Neither of these claims is supported by such a specific limitation upon State power as confines the States under the Fifteenth Amendment.

As to the first category, it is obvious that the creation of municipalities — clearly a political act — does not come within the conception of a contract under the Dartmouth College Case, 4 Wheat. 518.

As to the second, if one principle clearly emerges from the numerous decisions of this Court dealing with taxation, it is that the Due Process Clause affords no immunity against mere inequalities in tax burdens, nor does it afford protection against their increase as an indirect consequence of a State’s exercise of its political powers.

Particularly in dealing with claims under broad provisions of the Constitution, which derive content by an interpretive process of inclusion and exclusion, it is imperative that generalizations, based on and qualified by the concrete situations that gave rise to them, must not be applied out of context in disregard of variant controlling facts. Thus, a correct reading of the seemingly unconfined dicta of Hunter and kindred cases is not that the State has plenary power to manipulate in every conceivable way, for every conceivable purpose, the affairs of its municipal corporations, but rather that the State’s authority is unrestrained by the particular prohibitions of the Constitution considered in those cases.

The Hunter opinion itself intimates that a state legislature may not be omnipotent even as to the disposition of some types of property owned by municipal corporations, 207 U.S. at 207 U. S. 178-181. Further, other cases in this Court have refused to allow a State to abolish a municipality, or alter its boundaries, or merge it with another city, without preserving to the creditors of the old city some effective recourse for the collection of debts owed them. Shapleigh v. San Angelo, 167 U. S. 646; Mobile v. Watson, 116 U. S. 289; Mount Pleasant v. Beckwith, 100 U. S. 514; Broughton v. Pensacola, 93 U. S. 266. For example, in Mobile v. Watson, the Court said:

“Where the resource for the payment of the bonds of a municipal corporation is the power of taxation existing when the bonds were issued, any law which withdraws or limits the taxing power, and leaves no adequate means for the payment of the bonds, is forbidden by the constitution of the United States, and is null and void.” Mobile v. Watson, supra, at 116 U. S. 305.

This line of authority conclusively shows that the Court has never acknowledged that the States have power to do as they will with municipal corporations regardless of consequences. Legislative control of municipalities, no less than other state power, lies within the scope of relevant limitations imposed by the United States Constitution. The observation in Graham v. Folsom, 200 U. S. 248, 200 U. S. 253, becomes relevant: “The power of the state to alter or destroy its corporations is not greater than the power of the state to repeal its legislation.” In that case, which involved the attempt by state officials to evade the collection of taxes to discharge the obligations of an extinguished township, Mr. Justice McKenna, writing for the Court, went on to point out, with reference to the Mount Pleasant and Mobile cases:

“It was argued in those cases, as it is argued in this, that such alteration or destruction of the subordinate governmental divisions was a proper exercise of legislative power, to which creditors had to submit. The argument did not prevail. It was answered, as we now answer it, that such power, extensive though it is, is met and overcome by the provision of the Constitution of the United States which forbids a state from passing any law impairing the obligation of contracts. . . .” 200 U.S. at 200 U. S. 253-254.

If all this is so in regard to the constitutional protection of contracts, it should be equally true that, to paraphrase, such power, extensive though it is, is met and overcome by the Fifteenth Amendment to the Constitution of the United States, which forbids a State from passing any law which deprives a citizen of his vote because of his race. The opposite conclusion, urged upon us by respondents, would sanction the achievement by a State of any impairment of voting rights whatever, so long as it was cloaked in the garb of the realignment of political subdivisions. “It is inconceivable that guaranties embedded in the Constitution of the United States may thus be manipulated out of existence.” Frost & Frost Trucking Co. v. Railroad Commission of California, 271 U. S. 583, 271 U. S. 594.

The respondents find another barrier to the trial of this case in Colegrove v. Green, 328 U. S. 549. In that case, the Court passed on an Illinois law governing the arrangement of congressional districts within that State. The complaint rested upon the disparity of population between the different districts which rendered the effectiveness of each individual’s vote in some districts far less than in others. This disparity came to pass solely through shifts in population between 1901, when Illinois organized its congressional districts, and 1946, when the complaint was lodged. During this entire period, elections were held under the districting scheme devised in 1901. The Court affirmed the dismissal of the complaint on the ground that it presented a subject not meet for adjudication. * The decisive facts in this case, which at this stage must be taken as proved, are wholly different from the considerations found controlling in Colegrove.

That case involved a complaint of discriminatory apportionment of congressional districts. The appellants in Colegrove complained only of a dilution of the strength of their votes as a result of legislative inaction over a course of many years. The petitioners here complain that affirmative legislative action deprives them of their votes and the consequent advantages that the ballot affords. When a legislature thus singles out a readily isolated segment of a racial minority for special discriminatory treatment, it violates the Fifteenth Amendment. In no case involving unequal weight in voting distribution that has come before the Court did the decision sanction a differentiation on racial lines whereby approval was given to unequivocal withdrawal of the vote solely from colored citizens. Apart from all else, these considerations lift this controversy out of the so-called “political” arena and into the conventional sphere of constitutional litigation.

In sum, as Mr. Justice Holmes remarked when dealing with a related situation in Nixon v. Herndon, 273 U. S. 536, 273 U. S. 540, “Of course the petition concerns political action,” but “[t]he objection that the subject matter of the suit is political is little more than a play upon words.” A statute which is alleged to have worked unconstitutional deprivations of petitioners’ rights is not immune to attack simply because the mechanism employed by the legislature is a redefinition of municipal boundaries. According to the allegations here made, the Alabama Legislature has not merely redrawn the Tuskegee city limits with incidental inconvenience to the petitioners; it is more accurate to say that it has deprived the petitioners of the municipal franchise and consequent rights, and, to that end, it has incidentally changed the city’s boundaries. While in form this is merely an act redefining metes and bounds (land boundaries/limites), if the allegations are established, the inescapable human effect of this essay in geometry and geography is to despoil colored citizens, and only colored citizens, of their theretofore enjoyed voting rights. That was no Colegrove v. Green.

When a State exercises power wholly (completamente) within the domain of state interest, it is insulated from federal judicial review. But such insulation is not carried over when state power is used as an instrument for circumventing a federally protected right. This principle has had many applications. It has long been recognized in cases which have prohibited a State from exploiting a power acknowledged to be absolute in an isolated context to justify the imposition of an “unconstitutional condition.” What the Court has said in those cases is equally applicable here, viz. (namely; in other words), that “Acts generally lawful may become unlawful when done to accomplish an unlawful end, United States v. Reading Co., 226 U. S. 324, 226 U. S. 357, and a constitutional power cannot be used by way of condition to attain an unconstitutional result.” Western Union Telegraph Co. v. Foster, 247 U. S. 105, 247 U. S. 114. The petitioners are entitled to prove their allegations at trial.

For these reasons, the principal conclusions of the District Court and the Court of Appeals are clearly erroneous, and the decision below must be reversed.

Reversed.

MR. JUSTICE DOUGLAS, while joining the opinion of the Court, adheres to the dissents in Colegrove v. Green, 328 U. S. 549, and South v. Peters, 339 U. S. 276.

* Soon after the decision in the Colegrove case, Governor Dwight H. Green of Illinois, in his 1947 biennial message to the legislature, recommended a reapportionment. The legislature immediately responded, Ill.Sess.Laws 1947, p. 879, and, in 1951, redistricted again. Ill.Sess.Laws 1951, p. 1924.

APPENDIX TO OPINION OF THE COURT.

CHART SHOWING TUSKEGGEE, ALABAMA,

BEFORE AND AFTER ACT 140

The U.S. Supreme Court overturns a redistricting plan enacted by the Alabama legislature, which redrew the boundaries of the City of Tuskegee. The court found that the plan — which changed the city’s shape from a square to a 28-sided border (click on image to enlarge) — violated the 15th Amendment to the Constitution and was done expressly to exclude black voters from city elections. Image from: http://the60sat50.blogspot.com/2010/11/monday-november-14-1960-gomillion-v.html

(The entire area of the square comprised of the City prior to Act 140. The irregular black-bordered figure within the square represents the post-enactment city.)

MR. JUSTICE WHITTAKER, concurring.

I concur in the Court’s judgment, but not in the whole of its opinion. It seems to me that the decision should be rested not on the Fifteenth Amendment, but rather on the Equal Protection Clause of the Fourteenth Amendment to the Constitution. I am doubtful that the averments of the complaint, taken for present purposes to be true, show a purpose by Act No. 140 to abridge petitioners’ “right . . . to vote” in the Fifteenth Amendment sense. It seems to me that the “right . . . to vote” that is guaranteed by the Fifteenth Amendment is but the same right to vote as is enjoyed by all others within the same election precinct, ward or other political division. And, inasmuch as no one has the right to vote in a political division, or in a local election concerning only an area in which he does not reside, it would seem to follow that one’s right to vote in Division A is not abridged by a redistricting that places his residence in Division B if he there enjoys the same voting privileges as all others in that Division, even though the redistricting was done by the State for the purpose of placing a racial group of citizens in Division B, rather than A.

But it does seem clear to me that accomplishment of a State’s purpose — to use the Court’s phrase — of “fencing Negro citizens out of” Division A and into Division B is an unlawful segregation of races of citizens, in violation of the Equal Protection Clause of the Fourteenth Amendment, Brown v. Board of Education, 347 U. S. 483; Cooper v. Aaron, 358 U. S. 1, and, as stated, I would think the decision should be rested on that ground — which, incidentally, clearly would not involve, just as the cited cases did not involve, the Colegrove problem.

In: justia.com

* 15th Amendment to the U.S. Constitution
The 15th Amendment to the Constitution granted African American men the right to vote by declaring that the “right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any state on account of race, color, or previous condition of servitude.” Although ratified on February 3, 1870, the promise of the 15th Amendment would not be fully realized for almost a century. Through the use of poll taxes, literacy tests and other means, Southern states were able to effectively disenfranchise African Americans. It would take the passage of the Voting Rights Act of 1965 before the majority of African Americans in the South were registered to vote.

In: loc.gov

Presidente de Servir renunció: Indulto quiebra los principios del Estado

Juan Carlos Cortés presentó su carta de renuncia a la premier Mercedes Aráoz. “Me debo a mi mismo y a mi familia la coherencia y el respeto a mis propios valores morales”, dijo.

Juan Carlos Cortes, ex presidente ejecutivo de Servir. Imagen: https://prod.media.larepublica.pe/720×405/larepublica/imagen/2017/12/26/noticia-funcionario-servir.jpg

Juan Carlos Cortés Carcelén, presidente ejecutivo y miembro del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, dio a conocer este martes su renuncia irrevocable al cargo en un oficio dirigido a la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz.

Según argumenta el funcionario, su decisión es una respuesta que condice a los principios que defiende y que no convergen con el indulto humanitario que otorgó el presidente Pedro Pablo Kuczynski al exdictador Alberto Fujimori.

“Considero que lo que ha sucedido el día 24 de diciembre (…) quiebran no solo las bases del Estado de Derecho, sino principalmente esos principios que estamos obligados como funcionarios públicos a promover y defender”, expresó.

Como se recuerda, a pocas horas de la Nochebuena, el mandatario otorgó el indulto y derecho de gracia a Fujimori, quien venía cumpliendo una condena de 25 años por los delitos de La Cantuta, Barrios Altos y secuestros al periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.

“En mi vida como servidor del Estado me he regido por principios éticos que hoy se sienten socavados y me obligan a tomar esta decisión. Me debo a mi mismo y a mi familia la coherencia y el respeto a mis propios valores morales”, acotó.

En el transcurso del día han presentado sus renuncias otros funcionarios del Ministerio de Justiciapor estar disconformes con el otorgamiento del beneficio presidencial.

En: larepublica

Así son las elecciones de Alemania en 2017

22.09.2017 | actualización 11h33

Por: RTVE.es

61,5 millones de alemanes están llamados a las urnas el próximo domingo, en unas elecciones con poca incertidumbre: la victoria de la canciller Angela Merkel está asegurada, según todas las encuestas y pronósticos. La atención se centra en saber con quién gobernará y en un hecho sin precedentes desde 1945: la entrada de un partido abiertamente xenófobo en el Bundestag.

Qué se elige

Se eligen a los diputados que formarán parte de la 19ª legislatura del Bundestag, la principal cámara legislativa de Alemania, considerada Cámara baja. La otra cámara, el Bundesrat, solo legisla sobre cuestiones que afectan a las competencias de los estados federales y sus miembros son designados por las instituciones regionales.

En principio se reparten 598 escaños, aunque por la particularidad del sistema electoral, esta cifra puede aumentar (el parlamento actual, por ejemplo, tiene 630 diputados).

Los resultados electorales se conocerán horas después del cierre de los colegios pero el Parlamento tiene un mes de plazo para reunirse. Después serán estos diputados quienes elijan de entre ellos al jefe de Gobierno o canciller para los próximos cuatro años por mayoría absoluta.

Cómo se elige

El reparto de escaños en Alemania es bastante complejo. Los alemanes votan a la vez a candidatos locales individuales y a listas cerradas de partidos.

En principio, la mitad de los 598 escaños se reserva para los candidatos locales que han obtenido más votos, y la otra mitad se reparte de manera proporcional entre los partidos que superan el 5% de los sufragios. Sin embargo, puede ocurrir que un partido no haya superado el umbral para el reparto proporcional pero sus candidatos locales si ganen el escaño, lo que ocurre en los estados más grandes. En ese caso, hay que aumentar el número de diputados para respetar la proporcionalidad.

No hay jornada de reflexión: en Alemania pueden celebrarse actos políticos y publicarse sondeos el mismo día de las elecciones.

Partidos y candidatos

Angela Merkel aspira a su cuarto mandato como canciller. Todas las encuestas la dan como indiscutible ganadora al frente del bloque conservador formado por la CDU y la CSU de Baviera (más del 36% del voto, según los sondeos). Merkel, con doce años en el poder, se beneficia de la tradicional tendencia alemana a primar la gestión y la estabilidad, de la buena situación económica del país y de la debilidad de sus rivales.

El Partido Socialdemócrata (SPD), tradicional rival electoral de los conservadores pero aliado en la Gran Coalición, quedará muy por detrás. Si se cumplen los pronósticos, obtendría en torno al 22% de los sufragios (en las elecciones de 2013 llegó al 25%). Su candidato, el expresidente del Parlamento Europeo Martin Schulz, ha centrado la campaña en la justicia social y la igualdad, algo que diversos analistas consideran un error porque no refleja la buena opinión de los electores sobre la situación económica. Schulz espera no obstante que el voto de los indecisos (nada menos que un 40% del electorado) pueda decantarse a su favor en el último momento.

Varios partidos, situados en torno al 10% de votos según las encuestas, compiten por la tercera plaza, un puesto muy importante porque quien lo ocupe podría convertirse en primera fuerza de la oposición. El mejor situado es Alternativa por Alemania (AfD). Por primera vez desde 1945, una formación abiertamente xenófoba puede formar grupo propio en el Bundestag. Liberales en materia económica, contrarios al euro, partidarios de la familia “tradicional”, su discurso es marcadamente anti-inmigración y anti-Islam. Buscan también capitalizar el voto de protesta contra las élites políticas. Sus candidatos son Alexander Gauland, 76 años de edad, ex miembro de la CDU, periodista; y Alice Weidel, economista de 38 años, admiradora de Marine Le Pen.

Los liberales del FDP pueden volver al Parlamento después de haber perdido la representación en 2013. Durante la campaña se han presentado como los socios perfectos de Merkel, con quien comparten las políticas de austeridad. Su líder, Christian Lindner, resume así sus mensajes de campaña: politica migratoria “a la canadiense” (los refugiados reciben asilo temporal pero han de regresar a sus países terminado el conflicto); oposición a un presupuesto común en la eurozona y permitir que un país abandone el euro sin dejar la Unión Europea.

La Izquierda (Die Linke) es el único partido abiertamente opuesto a las políticas de austeridad. Proponen aumentar los impuestos a las grandes fortunas e imponer una tasa a las transacciones financieras para financiar el estado de bienestar. Durante la campaña, Sara Wagenknecht y Dietmar Bartsch, cabezas de lista, han llamado explícitamente a parar al AfD, a quienes identifican como “nazis”.

En último lugar, y muy mermados, se sitúan Los Verdes (en torno al 8%, según las encuestas). Alejados de su origen como movimiento alternativo, su oferta es más ecologista que social: proponen la transición al transporte de emisiones cero para atajar el cambio climático y una política exterior que respete los derechos humanos. Sus candidatos son Katrin Göring-Eckardt y Cem Özdemir.

Alianzas poselectorales

Si los sondeos aciertan, Merkel tendrá que pensar con quién forma su próximo gobierno. En esta legislatura ha gobernado junto a los socialdemócratas en una Gran Coalición, pero Schulz se ha mostrado contrario a repetir en el papel de socio débil.

La otra opción es gobernar con un partido menor, excluidos los xenófobos de AfD, en alguna de estas combinaciones:

  • Un Gobierno de la CDU/ CSU con los liberales del FDP
  • Un Gobierno tripartido CDU/CSU-Liberales-Verdes
  • Un Gobierno de CDU/CSU y Verdes

Los Verdes encontrarían oposición entre sus bases a la formación de un gobierno con Merkel, por lo que el candidato más probable es el FDP, si los números lo permiten. Los liberales han formado parte de 17 ejecutivos, tanto con socialdemócratas como con conservadores.

Algunos comentaristas anuncian que la negociación será complicada. El voto de los indecisos, que todavía hay muchos, más el de los Wutbürgers, los ciudadanos hartos de las élites políticas, será más determinante que nunca para el futuro de la República Federal.

Noticia tomada de: rtve