Cumbre de las Dos Coreas / Inter-Korean Summit – 26 Abril 2018

Líder Nor Coreano Kim Jong-un y el presidente Sur Coreano Moon Jae- in en la Cumbre de Panmunjon /26 de Abril 2018. Imagen: France24

Kim Jong-un se convierte hoy en el primer líder norcoreano que cruza la frontera hacia el territorio de Corea del Sur para comenzar una histórica reunión cumbre con el presidente Moon Jae-in, lo que demuestra la disposición del lider Sur Coreano de intercambiar sus armas nucleares.

Las conversaciones podrían producir un acuerdo de paz para finalizar formalmente la Guerra de Corea que ha seguido latente desde el siglo pasado (Armisticio de Panmunjon). Sin embargo, muchos expertos consideran estas reuniones como los prolegómenos de una futura cumbre entre el Sr. Kim y el Presidente de los EE.UU. Donald Trump.

Lea: Bloomberg: Panmunjom, the Korea Truce Village and Tourism Oddity

Presidente de Servir renunció: Indulto quiebra los principios del Estado

Juan Carlos Cortés presentó su carta de renuncia a la premier Mercedes Aráoz. “Me debo a mi mismo y a mi familia la coherencia y el respeto a mis propios valores morales”, dijo.

Juan Carlos Cortes, ex presidente ejecutivo de Servir. Imagen: https://prod.media.larepublica.pe/720×405/larepublica/imagen/2017/12/26/noticia-funcionario-servir.jpg

Juan Carlos Cortés Carcelén, presidente ejecutivo y miembro del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, dio a conocer este martes su renuncia irrevocable al cargo en un oficio dirigido a la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz.

Según argumenta el funcionario, su decisión es una respuesta que condice a los principios que defiende y que no convergen con el indulto humanitario que otorgó el presidente Pedro Pablo Kuczynski al exdictador Alberto Fujimori.

“Considero que lo que ha sucedido el día 24 de diciembre (…) quiebran no solo las bases del Estado de Derecho, sino principalmente esos principios que estamos obligados como funcionarios públicos a promover y defender”, expresó.

Como se recuerda, a pocas horas de la Nochebuena, el mandatario otorgó el indulto y derecho de gracia a Fujimori, quien venía cumpliendo una condena de 25 años por los delitos de La Cantuta, Barrios Altos y secuestros al periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.

“En mi vida como servidor del Estado me he regido por principios éticos que hoy se sienten socavados y me obligan a tomar esta decisión. Me debo a mi mismo y a mi familia la coherencia y el respeto a mis propios valores morales”, acotó.

En el transcurso del día han presentado sus renuncias otros funcionarios del Ministerio de Justiciapor estar disconformes con el otorgamiento del beneficio presidencial.

En: larepublica

Bid to Oust Peru’s President Falls Short in Congress

By ANDREA ZARATE – DEC. 21, 2017

LIMA, Peru — President Pedro Pablo Kuczynski survived a bid by Congress on Thursday to remove him from office over allegations linking him to a graft scandal that has rattled Latin America, as lawmakers fell short of the necessary two-thirds majority after 12 hours of impassioned debate.

Mr. Kuczynski, who took office in July 2016, delivered an emotional plea to Congress earlier in the day, calling the claims against him “weak” and saying the impeachment proceedings were being used for political gain.

“Congress members, do not join this strategy, do not let yourselves become confused,” Mr. Kuczynski, 79, said. “Those who accuse me will not let their condemnation be subjected to corroboration, to a debate, to due process.”

His detractors called the president “permanently morally unfit” to lead the country, arguing that he committed perjury in a congressional inquiry by stating that he had no professional ties to the Brazilian construction giant Odebrecht. It was later revealed that a financial services company he owned had received $782,000 from Odebrecht, which is now at the center of the graft scandal.

Guido Lombardi, who was among the president’s defenders in Congress, called the proceedings “rushed” and said lawmakers had manufactured a political crisis. But his critics zeroed in on Mr. Kuczynski’s statements during the congressional inquiry. “The problem of lying is not only the lack of ethics of lying,” Victor Andrés Belaúnde said, “but the cover-up of improper acts that have enriched him.”

The president eventually acknowledged that his firm, the Miami-based Westfield Capital, had received money from Odebrecht, but he said that the transaction did not violate laws and that it was not a bribe for preferential treatment. His company was being run by a business partner at the time, and Mr. Kuczynski said the firm had provided only consulting services to Odebrecht.

Mr. Kuczynski said that at the time he was testifying in the inquiry, he was unaware that Odebrecht had done business with his company between 2004 and 2007. Last year, Odebrecht admitted to paying roughly $800 million in payoffs in exchange for lucrative projects, setting off a series of investigations by prosecutors and lawmakers, principally in Latin America, to reveal who was on the receiving end of the payments.

(…)

Read more at: nytimes

Estados Unidos anuncia su salida de la Unesco

Image: http://www.dw.com/image/16103251_303.jpg

Estados Unidos anunció su retiro de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).

La medida, que fue comunicada este jueves a la directora general de la organización, Irinia Bukova, se hará efectiva a partir del 31 de diciembre.

Según el Departamento de Estado estadounidense, la intención de EE.UU. es establecerse como “observador permanente” de Unesco.

Mayor información en: bbc

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Department of Homeland Security planning to collect social media info on all immigrants

The Department of Homeland Security has moved to collect social media information on all immigrants, including permanent residents and naturalized citizens.

new rule published in the Federal Register last week calls to include “social media handles and aliases, associated identifiable information and search results” in the department’s immigrant files.

BuzzFeed News first reported the new rule on Monday. It is set to go into effect on Oct. 18 after a public comment period.

According to BuzzFeed, the new rule could also affect U.S. citizens who communicate with immigrants on social media by making their conversations the subject of government surveillance.

Read more at: thehill

Los detenidos en la operación contra la organización del referéndum

La Guardia Civil ha entrado en sedes de la Generalitat, organismos públicos y empresas en las que se prepara la consulta del 1 de octubre

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a al menos 14 personas por su supuesta participación en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre, la mayoría altos cargos del Ejecutivo catalán. Entre los detenidos en nueve sedes oficiales de la Generalitat se encuentra el número dos de Oriol Junqueras en la Conselleria d’Economia, Josep Maria Jové. Este es el cometido actual de los principales arrestados.

JOSEP MARIA JOVÉ, secretario general de Economía y Hacienda

Además de número dos de Oriol Junqueras en el Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Jové es también un peso pesado dentro de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), donde preside el Consell Nacional. Tras ejercer como asesor en el sector público y privado, su carrera política despegó ya durante el Gobierno tripartito. Entre 2005 y 2010, desempeñó el cargo de Políticas Sectoriales en los departamentos de Presidencia y Vicepresidencia.

En la última crisis de Gobierno, en la que saltaron varios consejeros por su negativa a llegar hasta el final del proceso soberanista y se incorporaron otros inequívocamente independentistas, Jové se incorporó en un núcleo duro de coordinación política integrada por solo cuatro miembros: el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el secretario del Gobierno, Víctor Cullell. Como número dos de Junqueras, tiene también bajo su responsabilidad el área de procesos electorales, una vez esta fue traspasada del Departamento de Gobernación a Vicepresidencia.

LLUÍS SALVADÓ, secretario de Hacienda

Junqueras confió a otro miembro de peso de ERC el desarrollo de una de las áreas clave para el proceso independentista: la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). Secretario general adjunto de ERC desde 2011, Salvadó se deshizo del anterior cerebro de la llamada Hacienda catalana, Joan Iglesias, y decidió dar un empujón al organismo con el plan de que asuma la gestión de todos los tributos que se generan en Cataluña.

Su tarea no era fácil: Salvadó debía hacerse cargo de una agencia en estado precario que había desarrollado menos competencias que otros organismos autonómicos e irla dotando de contenido con la plena asunción de la gestión de los impuestos propios y cedidos y la recaudación de multas. Para ello implantó un programa informático capaz de procesar masivamente impuestos para superar la obsoleta plataforma E-spriu y amplió la plantilla de la ATC, de 350 a más de 700 personas.

También tuvo que lidiar con el escándalo que protagonizó el exsenador Santi Vidal, que afirmó que la ATC tenía todos los datos de la ciudadanía de forma ilegal, lo que motivó una auditoría de la Agencia Catalana de Protección de Datos. Su último proyecto, la gestión de las retenciones y cotizaciones sociales de las administraciones catalanas (incluidos los Ayuntamientos) provocó un choque con el Gobierno central, que entendía que esa intermediación era ilegal.

XAVIER PUIG FARRÉ, responsable de la Oficina de Asuntos Exteriores

Puig entró en la Administración catalana en 2012 a través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, donde estuvo en las áreas de Innovación y posteriormente ocupó cargos de dirección. En mayo de 2016 pasó al Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, donde se hizo cargo del departamento informático.

Entre sus funciones están las de garantizar que las actuaciones en materia tecnológica estén de acuerdo con los “objetivos estratégicos y operativos” de la consejería de dirige Raül Romeva. Puig ha compaginado esas responsabilidades con la actividad docente en escuelas de negocios.

JOSUÉ SALLENT I RIBES, Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI)

Su inicio en la Administración catalana se remonta a septiembre de 2010, cuando dirigió el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT). Allí estuvo apenas siete meses, cuando pasó a la empresa privada. Desde septiembre de 2016 es director de Estrategia e Innovación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat.

DAVID FRANCO MARTOS, Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI)

Empleado del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) desde 2005, está adscrito como gestor de proyectos del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. Uno de sus encargos, según fuentes del Gobierno catalán, era la preparación de la Agencia Catalana de la Protección Social, que debía ser el embrión de una eventual Seguridad Social Catalana.

JOAN MANEL GÓMEZ, Centro de Seguridad de la Información de Cataluña

Vinculado al Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT) desde 2010, donde estuvo en las áreas de riesgo y seguridad, Gómez tiene encomendadas labores de desarrollo del voto electrónico y el encargado de coordinar el plan de acción de la Generalitat para implementar el voto electrónico de los catalanes residentes en el extranjero.

DAVID PALANQUES SERRANO, Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales

Profesor de la Universidad de Barcelona, está adscrito actualmente al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

JOAN IGNASI SÁNCHEZ, departamento de Gobernación

Es asesor del gabinete del Departamento de Gobernación, dirigido por la consejera Meritxell Borràs (PDeCAT) que convocó un consurso para licitar la compra de urnas. Sánchez fue también concejal del grupo municipal de Convergència i Unio del Ayuntamiento de Sabadell.

FRANCESC SUTRIAS GRAU, director de Patrimonio de la Secretaría de Hacienda

En el Ejecutivo de Carles Puigdemont, Sutrias es director general de Patrimonio, dentro del Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda que lidera Oriol Junqueras. Anteriormente, había sido concejal de ERC en Rubí. Abogado de formación, se ha dedicado sobre todo al ámbito de la vivienda y el urbanismo.

NATALIA GARRIGA IBÁÑEZ, directora de Servicios de la Secretaría General de Vicepresidencia

Licenciada en Derecho, fue durante el tripartito jefa del gabinete técnico de la Secretaría de Coordinación Interdepartamental, responsable técnica en la Dirección General de Coordinación Interdepartamental. En 2016 fue gerente en el Instituto Catalán de las Empresas Culturales, hasta que pasó al cargo actual.

PAU FURRIOL FORNELLS, abogado y miembro de ERC

Abogado y militante de ERC desde 1962. Ha sido presidente de la sectorial de Justicia, de la Comisión de Garantías y ha formado parte de la sectorial de Politica Económica y Financiera del partido.

JOSEP MASOLIVER, Fundación PuntCat

Es responsable técnico y de proyectos tecnológicos de la Fundación PuntCat y especialista en seguridad informática.

MERCEDES MARTÍNEZ SANTOS, empresa Fox Box Publi Alternativa

Apoderada de la empresa Fox Box Publi Alternativa SL, que presuntamente estaría vinculada con material electoral del referéndum ilegal del 1 de octubre.

ROSA MARÍA RODRÍGUEZ CURTO, empresa T-Systems

Actualmente ejerce como directora General de Servicios de la empresa T-Systems

En: elpais

Ver: Tres los detenidos en libertad tras negarse a declarar ante la Guardia Civil

Cronología del 20-S, el día en que se ha acelerado la crisis catalana

Trump Moves to End DACA and Calls on Congress to Act

WASHINGTON — President Trump on Tuesday ordered an end to the Obama-era program that shields young undocumented immigrants from deportation, calling it an “amnesty-first approach” and urging Congress to pass a replacement before he begins phasing out its protections in six months.

As early as March, officials said, some of the 800,000 young adults brought to the United States illegally as children who qualify for the program, Deferred Action for Childhood Arrivals, will become eligible for deportation. The five-year-old policy allows them to remain without fear of immediate removal from the country and gives them the right to work legally.

Mr. Trump and Attorney General Jeff Sessions, who announced the change at the Justice Department, both used the aggrieved language of anti-immigrant activists, arguing that those in the country illegally are lawbreakers who hurt native-born Americans by usurping their jobs and pushing down wages.

Mr. Trump said in a statement that he was driven by a concern for “the millions of Americans victimized by this unfair system.” Mr. Sessions said the program had “denied jobs to hundreds of thousands of Americans by allowing those same illegal aliens to take those jobs.”

Protests broke out in front of the White House and the Justice Department and in cities across the country soon after Mr. Sessions’s announcement. Democrats and some Republicans, business executives, college presidents and immigration activists condemned the move as a coldhearted and shortsighted effort that was unfair to the young immigrants and could harm the economy.

“This is a sad day for our country,” Mark Zuckerberg, the Facebook founder, wrote on his personal page. “It is particularly cruel to offer young people the American dream, encourage them to come out of the shadows and trust our government, and then punish them for it.”

Former President Barack Obama, who had warned that any threat to the program would prompt him to speak out, called his successor’s decision “wrong,” “self-defeating” and “cruel.”

“Whatever concerns or complaints Americans may have about immigration in general, we shouldn’t threaten the future of this group of young people who are here through no fault of their own, who pose no threat, who are not taking away anything from the rest of us,” Mr. Obama wrote on Facebook.

Both he and Mr. Trump said the onus was now on lawmakers to protect the young immigrants as part of a broader overhaul of the immigration system that would also toughen enforcement.

But despite broad and longstanding bipartisan support for measures to legalize unauthorized immigrants brought to the United States as children, the odds of a sweeping immigration deal in a deeply divided Congress appeared long. Legislation to protect the “dreamers” has also repeatedly died in Congress.

Just hours after the angry reaction to Mr. Trump’s decision, the president appeared to have second thoughts. In a late-evening tweet, Mr. Trump specifically called on Congress to “legalize DACA,” something his administration’s officials had declined to do earlier in the day.

Mr. Trump also warned lawmakers that if they do not legislate a program similar to the one Mr. Obama created through executive authority, he will “revisit this issue!” — a statement sure to inject more uncertainty into the ultimate fate of the young, undocumented immigrants who have been benefiting from the program since 2012.

Conservatives praised Mr. Trump’s move, though some expressed frustration that he had taken so long to rescind the program and that the gradual phaseout could mean that some immigrants retained protection from deportation until October 2019.

The White House portrayed the decision as a matter of legal necessity, given that nine Republican state attorneys general had threatened to sue to halt the program immediately if Mr. Trump did not act.

Months of internal White House debate preceded the move, as did the president’s public display of his own conflicted feelings. He once referred to DACA recipients as “incredible kids.”

The president’s wavering was reflected in a day of conflicting messages from him and his team. Hours after his statement was released, Mr. Trump told reporters that he had “great love” for the beneficiaries of the program he had just ended.

“I have a love for these people, and hopefully now Congress will be able to help them and do it properly,” he said. But he notably did not endorse bipartisan legislation to codify the program’s protections, leaving it unclear whether he would back such a solution.

Mr. Trump’s aides were negotiating late into Monday evening with one another about precisely how the plan to wind down the program would be executed. Until Tuesday morning, some aides believed the president had settled on a plan that would be more generous, giving more of the program’s recipients the option to renew their protections.

But even taking into account Mr. Trump’s contradictory language, the rollout of his decision was smoother than his early moves to crack down on immigration, particularly the botched execution in January of his ban on travelers from seven predominantly Muslim countries.

In addition to the public statement from Mr. Sessions and a White House question-and-answer session, the president was ready on Tuesday with the lengthy written statement, and officials at the Justice and Homeland Security Departments provided detailed briefings and distributed information to reporters in advance.

Mr. Trump sought to portray his move as a compassionate effort to head off the expected legal challenge that White House officials said would have forced an immediate and highly disruptive end to the program. But he also denounced the policy, saying it helped spark a “massive surge” of immigrants from Central America, some of whom went on to become members of violent gangs like MS-13. Some immigration critics contend that programs like DACA, started under Mr. Obama, encouraged Central Americans to enter the United States, hoping to stay permanently. Tens of thousands of migrants surged across America’s southern border in the summer of 2014, many of them children fleeing dangerous gangs.

Sarah Huckabee Sanders, the White House press secretary, indicated that Mr. Trump would support legislation to “fix” the DACA program, as long as Congress passed it as part of a broader immigration overhaul to strengthen the border, protect American jobs and enhance enforcement.

“The president wants to see responsible immigration reform, and he wants that to be part of it,” Ms. Sanders said, referring to a permanent solution for the young immigrants. “Something needs to be done. It’s Congress’s job to do that. And we want to be part of that process.”

Later on Tuesday, Marc Short, Mr. Trump’s top legislative official, told reporters on Capitol Hill that the White House would release principles for such a plan in the coming days, input that at least one key member of Congress indicated would be crucial.

“It is important that the White House clearly outline what kind of legislation the president is willing to sign,” Senator Marco Rubio, Republican of Florida, said in a statement. “We have no time to waste on ideas that do not have the votes to pass or that the president won’t sign.”

The announcement was an effort by Mr. Trump to honor the law-and-order message of his campaign, which included a repeated pledge to end Mr. Obama’s immigration policy, while seeking to avoid the emotionally charged and politically perilous consequences of targeting a sympathetic group of immigrants.

Mr. Trump’s decision came less than two weeks after he pardoned Joe Arpaio, the former Arizona sheriff who drew intense criticism for his aggressive pursuit of unauthorized immigrants, which earned him a criminal contempt conviction.

The blame-averse president told a confidante over the past few days that he realized that he had gotten himself into a politically untenable position. As late as one hour before the decision was to be announced, administration officials privately expressed concern that Mr. Trump might not fully grasp the details of the steps he was about to take, and when he discovered their full impact, would change his mind, according to a person familiar with their thinking who was not authorized to comment on it and spoke on condition of anonymity.

But ultimately, the president followed through on his campaign pledge at the urging of Mr. Sessions and other hard-line members inside his White House, including Stephen Miller, his top domestic policy adviser.

The announcement started the clock on revoking legal status from those protected under the program.

Officials said DACA recipients whose legal status expires on or before March 5 would be able to renew their two-year period of legal status as long as they apply by Oct. 5. But the announcement means that if Congress fails to act, immigrants who were brought to the United States illegally as children could face deportation as early as March 6 to countries where many left at such young ages that they have no memory of them.

Immigration officials said they did not intend to actively target the young immigrants as priorities for deportation, though without the program’s protection, they would be considered subject to removal from the United States and would no longer be able to work legally.

Officials said some of the young immigrants could be prevented from returning to the United States if they traveled abroad.

Immigration advocates took little comfort from the administration’s assurances, describing the president’s decision as deeply disturbing and vowing to shift their demands for protections to Capitol Hill.

Marielena Hincapié, the executive director of the National Immigration Law Center, called Mr. Trump’s decision “nothing short of hypocrisy, cruelty and cowardice.” Maria Praeli, a recipient of protection under the program, criticized Mr. Sessions and Mr. Trump for talking “about us as if we don’t matter and as if this isn’t our home.”

The Mexican foreign ministry issued a statement saying the “Mexican government deeply regrets” Mr. Trump’s decision.

As recently as July, Mr. Trump expressed skepticism about the prospect of a broad legislative deal.

“What I’d like to do is a comprehensive immigration plan,” he told reporters. “But our country and political forces are not ready yet.”

As for DACA, he said: “There are two sides of a story. It’s always tough.”

In: nytimes

Guerra híbrida contra Venezuela (II): Trump, la CIA y los publicistas

Las acciones de guerra convencional siempre vienen precedidas por declaraciones y acciones político diplomáticas. En el caso de las potencias con escala imperial también son habituales las sanciones o los boicots económicos, dentro y fuera del país.

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Todas ellas, a su vez, son anticipadas por operaciones de prensa que invariablemente se mantienen hasta el final y a cada momento realizan balances y proyecciones de cara a la opinión pública.

Por debajo de la trama más visible se encuentra una tarea decisiva, que tiene que ver con el conocimiento y la operación sobre el terreno y los diversos actores. En este plano actúan principalmente las oficinas de relaciones exteriores, las agencias de inteligencia y las fuerzas especiales de los diferentes componentes militares. Si hablamos de EEUU, las más conocidas son el Departamento de Estado, la CIA, aunque hay varias otras estructuras y unidades involucradas, como los SEALs y Fuerza Delta.

La guerra híbrida implica, básicamente, la combinación de todos los elementos mencionados hasta aquí, pero además le otorga un creciente peso relativo a las operaciones encubiertas. Es decir, a las que nadie reconoce como propias, porque la publicidad de estas acciones -tipificadas en el código penal de cualquier país como actos criminales- restaría legitimidad a los argumentos oficiales, que se refieren a nobles objetivos como promover la libertad y la democracia o atender crisis humanitarias.

En el libro Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars (2007), el teniente de marina retirado Frank Hoffman, con larga experiencia en academias de Defensa norteamericanas, es uno de los primeros en conceptualizar la nueva doctrina. “Las amenazas híbridas incorporan una gama completa de modos diferentes de guerra que incluye capacidades convencionales, tácticas y formaciones irregulares, actos terroristas con violencia e intimidación indiscriminada, y desorden criminal. (…) Estas actividades multimodales pueden ser realizadas por unidades separadas o por la misma unidad, pero generalmente son dirigidas y coordinadas (…) para lograr efectos sinérgicos en las dimensiones física y sicológica del conflicto”, sostiene allí.

La descripción cuadra exactamente con la situación que se desarrolla en Venezuela desde hace muchos años, y que tiene como momentos de máximo tensión al primer semestre de 2014 y a la actualidad.

Guerra económica, desconocimiento de las instituciones y llamados a la insurrección, sicariatos y acciones paramilitares, atentados con explosivos, destrucción del transporte público, entre otros, son ejemplos de acciones políticas encaminadas al mismo objetivo, que se realizan con el ocultamiento -o la justificación- de los medios más poderosos del mundo.

Esa es la base sobre la que se montan las declaraciones político-diplomáticas y en un extremo, cuando ya sea evidente o no quede ninguna otra opción, la declaración de guerra, convencional o como “fuerza de paz y estabilización”, que es lo mismo que la declaración de guerra pero con mejor cobertura, sobre todo si es asumida entre varias naciones y amparada por algún organismo multilateral.

¿Hasta dónde llegará Trump?

A la par de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y el debilitamiento en número (y crecimiento en violencia) de las protestas opositoras, en los últimos días se registró una intensificación de las amenazas de carácter militar por parte de EE.UU.

El 20 de julio, en el Aspen Security Forum 2017 realizado en esta ciudad estadounidense de Colorado, el director de la Agencia Central de Inteligencia, Mike Pompeo, aseguró que tenía que ser cuidadoso en sus palabras: “Estamos muy esperanzados de que pueda haber una transición en Venezuela”.

“Desde la CIA estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para entender la dinámica allí, para comunicársela a nuestro Departamento de Estado y a otros, como los colombianos. Acabo de estar en Ciudad de México y en Bogotá la semana pasada, hablando sobre este tema, tratando de ayudarlos a entender las cosas que ellos podrían hacer para tener un mejor resultado en su porción del mundo y en nuestra porción del mundo”, dijo.

Pompeo no hizo más que blanquear algo que era bastante obvio, y que se puede observar a partir de la ofensiva que estos países, acompañados por Brasil, Argentina, Perú, Chile, Paraguay y Honduras, entre otros, desarrollan en la OEA, en el Mercosur y en todos los foros posibles.

En este contexto es significativo analizar una entrevista a Eric Vergara, presentado como ex agente de inteligencia norteamericana y “experto en seguridad nacional”, realizada el 27 de julio por el canal El Venezolano TV, que tiene sede en Miami y filiales en Madrid y en Panamá.

Vergara aseguró que tiene fluida comunicación con varias fuentes de la “comunidad de inteligencia” y que EE.UU. se apresta a realizar una intervención militar junto a “unidades de asunto civil” del Departamento de Estado.

“En 72 horas tenemos a Venezuela controlada, tácticamente y estratégicamente con control de su gobierno, junto al Departamento de Estado, el de Justicia de EE.UU. y asuntos civiles comenzamos a implementar control de los gobierno locales y a meter lideres”, alentó Vergara, quien considera que esa es la única solución para impedir que Venezuela se transforme en una nueva Cuba.

“(Después del ataque militar) lo primero que se hizo en Irak fue mandar unidades de asuntos civiles”, relató. “Luego se establece un gobierno intermediario y allí el Departamento de Estado empieza a trabajar no solamente con líderes de la oposición en Venezuela, sino también con los que están en el exilio, para implementar un gobierno temporario y (después de todo eso) tener elecciones libres”, dijo. Nadie mencionó que en los últimos 18 años en Venezuela se hicieron 21 elecciones y que el período presidencial en curso, según mandato constitucional, recién finaliza en abril de 2019.

Pero si faltaba algún elemento para preocuparse, lo ofreció el New York Times el 1 de agosto. En un artículo firmado por Nicholas Casey, el influyente periódico analizó que las elecciones de la Asamblea Constituyente representaron “un golpe dramático a la oposición venezolana”, que “no había estado en un punto tan bajo” desde el fallido golpe de Estado contra Chávez en abril de 2002.

El análisis, que no considera como posibilidad el establecimiento de un diálogo sobre la base del reconocimiento del chavismo y el respeto a la votación popular, plantea que las alternativas de la oposición son “limitadas”, pero sólo desarrolla explícitamente una: intensificar las protestas en las calles.

“Aunque dado que el gobierno comenzó a prohibir las manifestaciones callejeras el fin de semana de la votación constituyente -afirma falsamente-, no queda claro si esa opción siquiera será viable”. Así finaliza el artículo, dejando abierta la pregunta de cuál será entonces la opción que “le queda” a EE.UU. para derrocar el gobierno de Venezuela, como en las últimas semanas han exigido Pompeo, el secretario de Estado, Rex Tillerson y el propio presidente Donald Trump.

En: telesurtv