Decreto Legislativo Nº 1367: Modificación de Artículos del Código Penal, Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley Marco del Empleo Público, y Decreto Legislativo Nº 1057 (Régimen CAS)

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1367

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante Ley Nº 30823, “Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del Estado”, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de integridad y lucha contra la corrupción, por el término de sesenta (60) días calendario;

Que, en este sentido, el literal a) del inciso 3 del artículo 2 del citado dispositivo legal, establece la modificación del Código Penal para ampliar la pena de inhabilitación principal por la comisión de los delitos de lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y financiamiento al terrorismo, con el objeto de impedir que las personas condenadas por tales delitos presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual, precisando que los supuestos comprendidos en ley orgánica no pueden ser materia de modificación.

Que, es necesario evitar el ingreso a la administración pública de los condenados por los delitos de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y tráfico ilícito de drogas, impulsando que el Estado cuente con un potencial humano íntegro para el ejercicio de la función pública, que carezca de antecedentes por estos graves ilícitos, tal como fue planteado por la Comisión Presidencial de Integridad en su informe final y por el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021.

De conformidad con lo establecido en el literal a) del inciso 3 del artículo 2 de la Ley Nº 30823 y el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE AMPLIA LOS ALCANCES DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS 1243 Y 1295

Artículo 1.- Modificación de los artículos 38, 69, 296 y 296-A del Código Penal

Modifícanse los artículos 38 y 69 del Código Penal, modificados por el Decreto Legislativo 1243, y los artículos 296 y 296-A de la misma norma, en los siguientes términos:

Artículo 38. Duración de la inhabilitación principal:

La inhabilitación principal se extiende de seis meses a diez años, salvo los supuestos de incapacidad definitiva a que se refieren los numerales 6, 7 y 9 del artículo 36.

La pena de inhabilitación principal se extiende de cinco a veinte años cuando se trate de los delitos previstos en los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401.

En estos supuestos, será perpetua, siempre que el agente actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada o actúe por encargo de ella; o la conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados supere las quince unidades impositivas tributarias.

La inhabilitación principal también se extiende de cinco a veinte años cuando se trate de los delitos previstos en el artículo 4-A del Decreto Ley 25475, los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106, así como los artículos 296, 296-A primer, segundo y cuarto párrafo; 296-B, 297 del Código Penal.

En los supuestos del párrafo anterior, la inhabilitación será perpetua cuando el agente actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada o actúe por encargo de ella; o cuando el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados supere las quinientas unidades impositivas tributarias.

En el caso de los delitos contemplados en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106, la inhabilitación también será perpetua cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas.”

Artículo 69. Rehabilitación automática:

El que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fue impuesta, o que de otro modo ha extinguido su responsabilidad, queda rehabilitado sin más trámite.

La rehabilitación produce los efectos siguientes:

1. Restituye a la persona en los derechos suspendidos o restringidos por la sentencia. No produce el efecto de reponer en los cargos, comisiones o empleos de los que se le privó; y,

2. La cancelación de los antecedentes penales, judiciales y policiales. Los certificados correspondientes no deben expresar la pena rehabilitada ni la rehabilitación.

Tratándose de pena privativa de libertad impuesta por la comisión de delito doloso, la cancelación de antecedentes penales, judiciales y policiales será provisional hasta por cinco años. Vencido dicho plazo y sin que medie reincidencia o habitualidad, la cancelación será definitiva.

La rehabilitación automática no opera cuando se trate de inhabilitación perpetua impuesta por la comisión de los delitos previstos en los artículos 296, 296-A primer, segundo y cuarto párrafo; 296-B, 297, 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal, así como el artículo 4-A del Decreto Ley 25475 y los delitos previstos en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106, en cuyo caso la rehabilitación puede ser declarada por el órgano jurisdiccional que dictó a condena luego de transcurridos veinte años conforme al artículo 59-B del Código de Ejecución Penal.”

Artículo 296.- Promoción o favorecimiento al Tráfico Ilícito de Drogas y otros

El que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación o tráfico será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1) , 2) y 4) .

El que posea drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas para su tráfico ilícito será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años y con ciento veinte a ciento ochenta días-multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1) y 2).

El que introduce al país, produce, acopie, provee, comercialice o transporte materias primas o sustancias químicas controladas o no controladas, para ser destinadas a la elaboración ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, en la maceración o en cualquiera de sus etapas de procesamiento, y/o promueva, facilite o financie dichos actos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y con sesenta a ciento veinte días-multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1) y 2).

El que toma parte en una conspiración de dos o más personas para promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y con sesenta a ciento veinte días-multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1) y 2).”

Artículo 296-A. Comercialización y cultivo de amapola y marihuana y su siembra compulsiva

El que promueve, favorece, financia, facilita o ejecuta actos de siembra o cultivo de plantas de amapola o adormidera de la especie papaver somníferum o marihuana de la especie cannabis sativa será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho años ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2) y 4).

El que comercializa o transfiere semillas de las especies a que alude el párrafo anterior será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y con ciento veinte a ciento ochenta días-multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1) y 2).

La pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años y de noventa a ciento veinte días-multa cuando:

1. La cantidad de plantas sembradas o cultivadas no exceda de cien.

2. La cantidad de semillas no exceda de la requerida para sembrar el número de plantas que señala el inciso precedente.

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de treinta y cinco años, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1) y 2), el que, mediante amenaza o violencia, obliga a otro a la siembra o cultivo o al procesamiento ilícito de plantas de coca, amapola o adormidera de la especie papaver somníferum, o marihuana de la especie cannabis sativa.

Se excluye de los alcances de lo establecido en el presente artículo, cuando se haya otorgado licencia para la investigación, importación y/o comercialización y producción, del cannabis y sus derivados con fines medicinales y terapéuticos. De incumplirse con la finalidad de la licencia señalada se aplica la pena prevista en el presente artículo. Será reprimido con la pena máxima más el cincuenta por ciento de la misma al funcionario público que otorga irregularmente la licencia o autorización referida”.

Artículo 2.- Modificación del artículo 242 de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Adminitrativo General.

Modifícase el artículo 242 de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, modificado por el Decreto Legislativo 1295, en los siguientes términos:

Artículo 242.- Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles

El Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles consolida toda la información relativa al ejercicio de la potestad administrativa sancionadora disciplinaria y funcional ejercida por las entidades de la Administración Pública, así como aquellas sanciones penales impuestas de conformidad con los artículos 296, 296-A primer, segundo y cuarto párrafo; 296-B, 297, 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal, así como el artículo 4-A del Decreto Ley 25475 y los delitos previstos en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106.”

Artículo 3.- Modificación de los artículos 2 y 3 del Decreto Legislativo Nº 1295

Modifícanse los artículos 2 y 3 del Decreto Legislativo Nº 1295, Decreto Legislativo que modifica el artículo 242 de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y establece disposiciones para garantizar la integridad en la administración pública, en los siguientes términos:

Artículo 2. Impedimentos

2.1 Las sanciones de destitución o despido que queden firmes o que hayan agotado la vía administrativa, y hayan sido debidamente notificadas, acarrean la inhabilitación automática para el ejercicio de la función pública y para prestar servicios por cinco (5) años, no pudiendo reingresar a prestar servicios al Estado o a empresa del Estado, bajo cualquier forma o modalidad, por dicho plazo. Su inscripción en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles es obligatoria. También es obligatoria la inscripción en el Registro la inhabilitación cuando se imponga como sanción principal, una vez que se haya agotado la vía administrativa o que el acto haya quedado firme; y que el acto haya sido debidamente notificado.

2.2 Las personas con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada, por alguno de los delitos previstos en los artículos 296, 296-A primer, segundo y cuarto párrafo; 296-B, 297, 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal, así como el artículo 4-A del Decreto Ley 25475 y los delitos previstos en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106, no pueden prestar servicios a favor del Estado, bajo cualquier forma o modalidad. La inscripción de la condena en el Registro de Sanciones para servidores civiles es obligatoria. En caso se encuentren bajo alguna modalidad de vinculación con el Estado, éste debe ser resuelta.”

Artículo 3. Inscripción y actualización del Registro

3.1 Es obligación de las Oficinas de Recursos Humanos, o quien haga sus veces, de las entidades comprendidas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General con excepción de las mencionadas en el inciso 8, inscribir las sanciones así como sus modificaciones y rectificaciones, tramitadas de acuerdo al procedimiento correspondiente dentro de los plazos y formas que indique el reglamento.

3.2 Las sentencias consentidas y/o ejecutoriadas, por alguno de los delitos previstos en los artículos 296, 296-A primer, segundo y cuarto párrafo; 296-B, 297, 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal, así como el artículo 4-A del Decreto Ley 25475 y los delitos previstos en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106, deberán ser notificadas por el Poder Judicial a la Autoridad Nacional del Servicio Civil para que ésta proceda a realizar la inscripción en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, en el plazo que establezca el Reglamento.

3.3 La inobservancia de lo dispuesto en los párrafos que anteceden será considerada falta administrativa disciplinaria.”

Artículo 4.- Modificación del artículo 7 de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público

Modifícase el literal e) del artículo 7 de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, en los siguientes términos:

Artículo 7.- Requisitos para postular

Son requisitos para postular al empleo público:

a) Declaración de voluntad del postulante.

b) Tener hábiles sus derechos civiles y laborales.

c) No poseer antecedentes penales ni policiales, incompatibles con la clase de cargo.

d) Reunir los requisitos y/o atributos propios de la plaza vacante.

e) No contar con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por alguno de los delitos previstos en 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal y los delitos previstos en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106, o sanción administrativa que acarree inhabilitación, inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.

f) Los demás que se señale para cada concurso”.

Artículo 5.- Modificación de los artículos 4 y 10 del Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios

Modifícanse el numeral 4.3 del artículo 4, así como el literal i) del artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, en los siguientes términos:

Artículo 4.- Requisitos para su celebración.

Son requisitos para la celebración del contrato administrativo de servicios:

4.1 Requerimiento realizado por la dependencia usuaria.

4.2 Existencia de disponibilidad presupuestaria, determinada por la oficina de presupuesto de la entidad o quien haga sus veces.

4.3. No contar con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por alguno de los delitos previstos en los artículos 296, 296-A primer, segundo y cuarto párrafo; 296-B, 297, 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal, así como el artículo 4-A del Decreto Ley 25475 y los delitos previstos en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106, o sanción administrativa que acarree inhabilitación, inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.”

Artículo 10.- Extinción del contrato

El Contrato Administrativo de Servicios se extingue por:

a) Fallecimiento.

b) Extinción de la entidad contratante.

c) Renuncia. En este caso, el trabajador debe comunicar por escrito su decisión a la entidad contratante con una anticipación de 30 días naturales previos al cese. Este plazo puede ser exonerado por la autoridad competente de la entidad, por propia iniciativa o a pedido del contratado. En este último caso, el pedido de exoneración se entenderá aceptado si no es rechazado por escrito dentro del tercer día natural de presentado.

d) Mutuo disenso.

e) Invalidez absoluta permanente sobreviniente.

f) Resolución arbitraria o injustificada.

g) Inhabilitación administrativa, judicial o política por más de tres meses.

h) Vencimiento del plazo del contrato.

i) Contar con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por algunos de los delitos previstos en los artículos 296, 296-A primer, segundo y cuarto párrafo; 296-B, 297, 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal, así como el artículo 4-A del Decreto Ley 25475 y los delitos previstos en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106, o sanción administrativa que acarree inhabilitación, inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.”

Artículo 6.- Modificación del artículo 37 de la Ley Nº 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria

Incorpórese el literal f) al inciso 37.1 de la Ley Nº 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria, en los siguientes términos:

Artículo 37. Retiro por término de la carrera

37.1 El servidor penitenciario culmina definitivamente su vínculo laboral con el INPE por los siguientes causales:

a) Cese definitivo

b) Jubilación

c) Destitución

d) Renuncia

e) Desaprobar las evaluaciones de desempeño.

f) Contar con sentencia condenatoria consentido y/o ejecutoriada por alguno de los delitos previstos en los artículos 296, 296-A primer, segundo y cuarto párrafo; 296-B, 297, 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal, así como el artículo 4-A del Decreto Ley 25475 y los delitos previstos en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106, o sanción administrativa que acarree inhabilitación, inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles”.

Artículo 7.- Modificación del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1024, Decreto Legislativo que crea y regula el cuerpo de gerentes públicos

Modifícase el literal d) del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1024, Decreto Legislativo que crea y regula el cuerpo de gerentes públicos, en los siguientes términos:

Artículo 5.- Condiciones para postular

Para participar en los concursos nacionales se requiere lo siguiente:

a) Contar con título universitario o grado académico de maestría o doctorado;

b) No estar inhabilitado para ejercer función pública por decisión administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada;

c) Contar al menos con el mínimo de experiencia profesional, de acuerdo con lo que señale el Reglamento; y,

d) No contar sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por alguno de los delitos previstos en los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal, así como el artículo 4-A del Decreto Ley 25475 y los delitos previstos en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106, o sanción administrativa que acarree inhabilitación, inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.

e) Otros requisitos generales o específicos que establezca la Autoridad para cada proceso.

Podrán postular las personas que se encuentren al servicio de la Administración Pública bajo cualquier forma de contratación”.

Artículo 8.- Modificación de los artículos los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106

Modifícanse los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo Nº 1106, en los siguientes términos:

Artículo 1.- Actos de conversión y transferencia

El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa e inhabilitación de conformidad con los incisos 1), 2) y 8) del artículo 36 del Código Penal.”

Artículo 2.- Actos de ocultamiento y tenencia

El que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa e inhabilitación de conformidad con los incisos 1), 2) y 8) del artículo 36 del Código Penal.”

Artículo 3.- Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito

El que transporta o traslada consigo o por cualquier medio dentro del territorio nacional dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables emitidos “al portador” cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso; o hace ingresar o salir del país consigo o por cualquier medio tales bienes, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con igual finalidad, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa e inhabilitación de conformidad con los incisos 1), 2) y 8) del artículo 36 del Código Penal.”

Artículo 9.- Modificación del artículo 4-A del Decreto Ley Nº 25475

Modifícase el artículo 4-A del Decreto Ley Nº 25475, en los siguientes términos:

Artículo 4-A. Financiamiento del terrorismo.

El que por cualquier medio, directa o indirectamente, al interior o fuera del territorio nacional, voluntariamente provea, aporte o recolecte medios, fondos, recursos financieros o económicos o servicios financieros o servicios conexos o de cualquier naturaleza, sean de origen lícito o ilícito, con la finalidad de cometer cualquiera de los delitos previstos en este decreto ley, cualquiera de los actos terroristas definidos en tratados de los cuales el Perú es parte, la realización de los fines o asegurar la existencia de un grupo terrorista o terroristas individuales, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de veinticinco años e inhabilitación de conformidad con los incisos 1), 2) y 8) del artículo 36 del Código Penal.

La pena será privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de treinta y cinco años si el agente ofrece u otorga recompensa por la comisión de un acto terrorista o tiene la calidad de funcionario o servidor público. En este último caso, además, se impondrá la inhabilitación prevista en los incisos 1, 2, 6 y 8 del artículo 36 del Código Penal”.

El presento Decreto Legislativo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

En: normas legales diario El Peruano Decreto Legislativo 1367

Fact checking: ¿La ‘Ley de Separación de Familias’ fue aprobada en 1997 o ‘por los Demócratas’?

No existe una ley federal que obligue a la separación de padres e hijos en las frontera de los EE.UU.; La política que ha producido este resultado fue aprobada en mayo de 2018.

Lo que se dice:  “Se promulgó una ‘ley para separar a las familias’ antes de abril de 2018 y,  por consiguiente, el gobierno federal no puede dejar de aplicarla”. (A “law to separate families” was enacted prior to April 2018, and the federal government is powerless not to enforce it.)

Valor de la afirmación: FALSA

Origen: A mediados de junio de 2018, muchas personas se preguntaban sobre la existencia de una “ley para separar familias”, en especial si la supuesta legislación fue aprobada por el presidente Barack Obama, el presidente Bill Clinton o “los demócratas”:

  • ¿Hubo separación de padres e hijos al cruzar la frontera con los Estados Unidos bajo la administración de Barack Obama?
  • Se informa repetidamente que la separación de familias inmigrantes ilegales es una política creada por la administración Obama. ¿Es esto cierto o es solo la política del Attorney General Jeff Sessions?
  • ¿La administración del presidente Obama separó a los niños de sus padres cuando llegaron ilegalmente a los EE. UU.? Un contacto en mi FaceBook dice esto y quiero saber si esto es cierto.
  • NEWSWEEK: OBAMA MANTUVO MÁS DEL DOBLE DEL NÚMERO DE NIÑOS EN ALBERGUES COMPARADOS CON TRUMP
  • Bill Clinton promulgó una ley que legalizó la separación de los inmigrantes ilegales y los hijos de estos. Los inmigrantes fueron obligados a entregar a sus hijos durante la administración de Barack Obama?
  • LA LEY PARA SEPARAR A LOS PADRES DE SUS HIJOS CUANDO CRUZAN ILEGALMENTE LA FRONTERA FUE APROBADA EN 1997. ¿AHORA ES UN PROBLEMA?

Aunque las preguntas arriba formuladas han sido muy variadas, la pregunta subyacente en ellas era esencialmente la misma: si existió una denominada “ley para separar a los padres de los niños” antes de la administración de Donald Trump. En algunas versiones, la administración del presidente Bill Clinton aprobó tal ley, y en otras versiones, el presidente Barack Obama detuvo el doble de niños separados de sus padres durante su presidencia.

El 5 de junio de 2018, Trump atribuyó la política a los demócratas en general:

Sin importar cómo las familias ingresaron a los Estados Unidos, no existe una ley federal que estipule que los niños y los padres sean separados en la frontera. El aumento en la cantidad de niños detenidos y separados de sus padres se debió directamente a un cambio en el cumplimiento de la política anunciada repetidamente por Jeff Sessions en abril y mayo de 2018, según la cual los adultos (con o sin hijos) son procesados penalmente por intentar ingresar a los Estados Unidos:

  • La política de “tolerancia cero” que anunció [en mayo de 2018] incluye a los adultos que intentan cruzar la frontera, entre ellos muchos que planean solicitar asilo, que son puestos bajo custodia y enfrentan un proceso penal por ingreso ilegal. 
  • Como resultado, cientos de menores están siendo alojados en centros de detención y se mantienen alejados de sus padres. 
  • Durante un período reciente de seis semanas, casi 2.000 niños fueron separados de sus padres después de cruzar ilegalmente la frontera, cifras publicadas el [15 de junio de 2018]. 
  • [El Procurador General] Jeff Sessions señaló que aquellos que ingresaran a los Estados Unidos de forma irregular serían procesados penalmente, lo que significa un cambio en una política de larga data que acusaba a la mayoría de los que cruzaban la frontera por primera por un delito menor (misdemeanour offence).

Se confirmó en un factchecking sobre una supuesta declaración hecha por el Fiscal General Jeff Sessions referida a una “ley para separar a los niños”. Si bien Sessions no hizo la declaración que se le atribuye, a principios de abril de 2018 realizó una serie de comentarios sobre una nueva iniciativa fronteriza que implica la separación de los niños de los padres en las entradas fronterizas:

  • “Si está ingresando a un niño en el país, entonces lo procesaremos judicialmente y ese niño será separado de usted como lo exige la ley … Si no le gusta esto, entonces no meta niños a través de nuestra frontera. […] No queremos separar a las familias, pero tampoco queremos que familias entren ilegalmente en la frontera [.] Les instamos a que no lo hagan.”

El 7 de mayo de 2018, la cadena de noticias CNN informó que hasta abril de 2018, los funcionarios de inmigración fueron autorizados a actuar con total discreción para tratar con las familias o con menores no acompañados que ingresaban a los Estados Unidos sin documentación:

  • Desde hace mucho tiempo se ha considerado que se comete un delito federal menor al ser capturado luego de ingresar ilegalmente en los Estados Unidos, con una sanción de hasta seis meses de prisión, sin embargo, la administración no siempre ha remitido a todos los detenidos a juicio. Los detenidos han sido puestos rápidamente en procedimientos de inmigración y, a menos que cumplan con el umbral para presentar una solicitud de asilo válida, pueden ser deportados rápidamente del país.
  • El plan actual del Department of Homeland Security (DHS) no establece métodos especiales para aquellos que reclaman asilo cuando son detenidos. Si bien se les permite continuar con su solicitud y eventualmente se puede confirmar que tienen un derecho legítimo a vivir en los EE. UU., aún podrían tener una condena por entrada ilegal al país.

Ese mismo artículo dejó entrever que las familias “podrían ser” separadas, lo que indica que en la primera semana de mayo de 2018, la separación de los niños de las familias aún no había comenzado:

  • La administración de Donald Trump ha decidido encausar a las personas atrapadas cruzando la frontera ilegalmente en un enjuiciamiento federal, una política que podría resultar en la separación de muchos más padres y sus hijos en la frontera.
  • Esta medida incluso significaría que aun cuando los inmigrantes capturados cruzando ilegalmente la frontera tengan solicitudes de asilo válidas, ellos podrían terminar con condenas penales de tipo federal en su historial, independientemente de si un juez finalmente encuentra que tienen derecho a vivir y permanecer en los EE. UU.
  • La Secretaria del Department of Homeland Security, Kirstjen Nielsen, promulgó oficialmente esta política el [7 de mayo de 2018], de acuerdo a lo informado por un funcionario del Departament of Homeland Security quien declaró bajo anonimato. Esto calza completamente con la “política de tolerancia cero” del Departamento de Justicia aplicada a los cruces fronterizos ilegales, bajo la cual el Fiscal General Jeff Sessions ha ordenado a los fiscales federales que presenten cargos penales contra todas las personas encausadas por cruzar ilegalmente la frontera, lo mas que sea posible.

Los rumores indicaban correctamente que las “detenciones familiares” en su conjunto se produjeron antes de la administración Trump, pero a partir de agosto de 2015 las familias en la frontera raramente eran separadas. Otras versiones del rumor sostenían que el gobierno de Barack Obama separó más niños de sus padres que la administración Trump, una afirmación derivada de un “telefono malogrado” relacionada con el hecho de que una afluencia de menores no acompañados provenientes de América Latina cruzó la frontera a partir de 2014 en adelante. En esos casos, los menores viajaban principalmente sin sus padres.

Con respecto a las afirmaciones de que la “ley para separar familias” se aprobó en el año 1997, su origen se debe a un comunicado del Department of Homeland Security (DHS) de febrero del 2018 que indicaba: “vacíos legales [que] son ​​aprovechados por menores, familias y contrabandistas de personas”. La declaración de DHS afirmó que las políticas de inmigración existentes “crean un factor de atracción que abre las puertas para una mayor inmigración ilegal y alienta a los padres a pagar y confiar sus hijos a organizaciones criminales”.

Sin embargo, ni el Flores settlement de 1997 ni la Ley Contra el Tráfico de Personas de 2008 citada en esa publicación de ninguna manera estipulaban que el gobierno separara a los niños de sus padres:

  • Un portavoz de la Casa Blanca refirió la declaración del DHS con respecto a un acuerdo legal de 1997 y una ley antitrafficking de 2008 que afecta a menores que son detenidos sin un padre presente con ellos:
  • Según el acuerdo de 1997, el DHS podría detener a niños no acompañados capturados en la frontera solo por 20 días antes de entregarlos a familias de acogida, albergues o patrocinadores, hasta que se resuelvan sus casos de inmigración. El acuerdo se amplió más tarde a través de otras sentencias judiciales para incluir tanto a los niños no acompañados como a los acompañados.
  • La Ley de Reautorización para la Protección de Víctimas de Tráfico de Personas (William Wilberforce, 2008) requiere que los menores no acompañados provenientes de otros países que no sean México y Canadá sean puestos bajo la custodia de la Oficina de Re-ubicación de Refugiados o familiares en los EE. UU. El proyecto de ley bipartidista fue aprobado por consentimiento unánime y firmado por George W. Bush.
  • Sin embargo, ni el acuerdo judicial, ni la ley de 2008 requieren que la administración Trump “separe familias”.

Una serie de rumores sobre la controvertida separación de familias en la frontera sostuvo que la política se presentó antes de la administración Trump, ya sea como resultado de una “ley” de 1997 o de supuestas políticas de administraciones anteriores. Esas afirmaciones resultaron ser falsas. Ninguna ley federal requirió o sugirió la política de separación familiar anunciada por el Procurador General Jeff Sessions como el habia indicado en varios de sus comentarios durante abril y mayo de 2018.

Snopes.com ha estado involucrado durante mucho tiempo en la batalla contra la desinformación, un esfuerzo que no podrían sostener sin el apoyo de sus lectores.

Si desea obtener más información acerca de cómo puede ayudarles, haga clic aquí.
Filed Under: Barack Obama Bill Clinton Donald Trump Family SeparationImmigrant Children Jeff Sessions Trump AdministrationUnaccompanied Minors

Fact Checker: Kim LaCapria

Featured Image: Brooke Binkowski

Published: 8 June 2018

Traducido al español de: snopes.com – Was the ‘Law to Separate Families’ Passed in 1997 or ‘by Democrats’?

¿Cuál es el problema con la Política Migratoria de Donald Trump al Separar Familias en la Frontera con México?

A view of inside U.S. Customs and Border Protection (CBP) detention facility shows children at Rio Grande Valley Centralized Processing Center in Rio Grande City, Texas, U.S., June 17, 2018. Picture taken on June 17, 2018. Courtesy CBP/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. – RC174C9B4E40

Una injusta e inhumana aplicación de las leyes migratorias en los Estados Unidos ha desatado la indignación de un gran sector de la ciudadana estadounidense y mundial durante estas últimas dos semanas. Y no es para menos, ya que la Custom and Border Protection (CBP), agencia que es parte del Department of Homeland Security a cargo de Kirstjen Nielsen , decidió ejecutar una política migratoria antojadiza que separa las familias de aquellos inmigrantes ilegales o de personas que buscan asilo en los Estados Unidos.

Cabe señalar que muchas de estas personas que llegan desde diversos países de Centroamerica y Mexico, escapan de la violencia y amenazas contra su vida y la de sus familias en sus países de origen.

Donal Trump, el presidente de los Estados Unidos, ha declarado que esta política migratoria es producto de las lagunas legales en la legislación migratoria y que son únicamente los demócratas quienes cargan con la responsabilidad de este problema y que su administración esta solamente “aplicando la ley, porque la ley es la ley”.

Sin embargo, lo cierto es que ninguna ley federal señala que los las familias detenidas o que buscan asilo deban ser separadas y menos aun que los hijos menores de edad sean separados de sus padres mientras dure el proceso de deportación o asilo.

Lo mas indignante es que funcionarios de la administración de Trump salieron al frente a declarar su apoyo a esta política que ha sido considerada por muchos como “inhumana” y contraria a los valores de un país que es percibido como defensor de la libertad y los derechos como lo es los Estados Unidos de América.

Por ejemplo, Sarah Huckabee Sanders, Secretaria de Prensa de la Administración de Trump tuvo que recibir las criticas de un sector de la prensa americana que había hecho su investigación y descubierto que la política migratoria de separación de familias era un capricho y solo una manera de disuadir a los inmigrantes de no tocar mas las puertas de los Estados Unidos en busca de asilo, porque de hacerlo, les sucedería lo mismo que a estos inmigrantes y “asylum seekers” durante estas semanas, es decir, tomar a sus hijos y llevarlos a establecimientos alejados de ellos.

Cabe señalar que estos establecimientos eran totalmente inadecuados para albergar menores de edad ya que estos eran mantenidos bajo condiciones tan inadecuadas como estar rodeados por rejas como si fueran animales, o dormir cubiertos solo con “space blankets” sobre colchones tirados en el piso, y ni que decir de su exposición a diversos peligros que podrían atentar contra su integridad física, emocional y psicológica (trafico de personas, tocamientos indebidos, abuso sexual, violencia verbal, etc). Al respecto leer el siguiente informe: Neglect and Abuse of Unaccompanied Immigrant Children by U.S. Customs and Border Protection.

En medio de esta indignación generalizada, la hija de Donald Trump, Ivanka Trump, colgó una foto de ella con su hijo en Twitter, lo cual desato la furia de muchos ciudadanos quienes la criticaron por su indiferencia y falta de empatía en relación con los efectos de la aplicación de la política migratoria de su padre.

Otro funcionario que recibió las peores criticas ha sido el Fiscal General Jeff Sessions (un equivalente a Ministro de Justicia) quien justificó el trato inhumano recibido por las familias de inmigrantes y personas que buscan asilo con pasajes de la Biblia. La opinión publica comenzaba a indignarse aun mas por su parcializada lectura de la Biblia. Asimismo, su nefasta frase “La ley es la ley y nosotros solo la aplicamos” es el resumen de una irresponsabilidad por solucionar un problema tan grave de una manera mas creativa, eficiente y que respete los derechos de todos los involucrados en el problema.

Asimismo, tenemos la declaración de la Secretaria del Department of Homeland Security (DHS), Kirstjen Nielsen. La cabeza de este Departamento trató de justificar la separación de las familias alegando que no hay ningún problema en llevar a los niños a estos establecimientos que pueden compararse con “summer camps” o campamentos de verano temporales para ellos, o que “hay una vía legal abierta para todos los que quieran ingresar al país”. Esto último no convenció a muchos y las criticas no tardaron en llegar por parte de todo el mundo señalando que si dichas instalaciones eran como un “summer camp”, ella debería enviar a sus hijos a pasar un fin de semana bajo esas mismas condiciones.

Por último, en la cumbre de la indignación tenemos a un tipo que fue ex-asistente de Donald Trump llamado Corey Lewandowski, quien en una entrevista en Fox News utilizo una expresión de burla (“Womp, womp”) cuando se le indicaba sobre el caso de una niña inmigrante con síndrome de Down afectada por la política de inmigración de “cero tolerancia” de la administración Trump. Ese tipo de expresiones no se hacen, no hay justificación para ello. Eso es simplemente deprimente y bajo.

Mi posición sobre este problema:

1. En cuanto a las declaraciones de Jeff Sessions, considero que esta política de separar familias por el simple hecho de cruzar la frontera o para solicitar asilo es inhumana, sin justificación legal y solo demuestra una falta de creatividad del gobierno de Trump para solucionar el problema. Están metiendo en el mismo saco a inmigrantes ilegales y aquellos que buscan asilo en el país porque igual los separan de sus hijos mientras dure su procedimiento. Y para dejarnos estupefactos, el Fiscal General de los EE.UU.  ha señalado que la Biblia justifica este trato inhumano contra quienes quiebran las leyes migratorias de los EE.UU. Personalmente, creo que el Fiscal General esta tergiversando a su beneficio lo que sea que la biblia diga. Esto no es una cuestión de religión o enseñanzas de la biblia, sino una cuestión moral con claras guías de solución.

2. Mas allá de las posiciones políticas que enfrentan a republicanos y conservadores, existen reglas éticas básicas que al revisarlas nos indican claramente que es es erróneo utilizar niños como elemento punitivo para ejecutar una ley o política pública. Eso simplemente no se hace. Lo peor de todo es que las políticas americanas siempre tienen eco en otros países. Me preocupa mucho el impacto que este tipo de política conservadora y autoritaria basada en una lectura religiosa pudiera ser peligrosamente considerada el Perú en unos años. Recordemos quien lleva las de ganar en las próximas elecciones presidenciales en el Perú, pero peor aún, quienes apoyan su candidatura (grupos ultraconservadores y homofóbicos). Espero que nunca ocurra eso y que la religión no sea jamás la base o justificación para decidir los derechos de las personas.

3. Por otro lado, es incierto el futuro de muchos niños que han sido colocados en las mencionadas instalaciones donde, según el gobierno, son bien acogidos y alimentados. Sin embargo, eso no quita que continúen viviendo en condiciones infrahumanas encerrados en celdas, llorando y preguntando en todo momento por sus padres, ni que decir de su exposición a peligros contra su integridad física y emocional.

4. Entre muchos de esos migrantes existen personas que están solicitando asilo. ¿Por qué? Los motivos son diversos pero muchos de ellos provienen de Centro América. En algunos países de esa región existe violencia de todo tipo (doméstica, urbana, criminal, política). Muchos están escapando de situaciones que son peligrosas para su vida y la de sus familias, por ejemplo, violencia domestica, la violencia de la MS-13, pandillas, trabajo forzado, abusos sexuales, carteles de la droga que te hacen trabajar para ellos y dejar de lado tus planes, conscripción obligatoria a grupos paramilitares, pago de cupos para vivir tranquilo. Muchos padres no quieren seguir en esa situación y menos quieren ese futuro para sus hijos. En los EEUU muchos republicanos critican a estas personas de la siguiente manera: “Por que vienen acá! si saben que los van a separar de sus hijos! como los exponen! Oh por Dios!”. Lo que mas indigna es que lo hacen desde la comodidad de sus hogares, sin darse cuenta que son privilegiados, cuentan con seguro social, con ciudadanía, con un trabajo, con un sueldo y seguridad económica, sin mayores amenazas contra su vida. Ellos jamas han pasado por lo que estos migrantes están viviendo, y no se les pasa por la cabeza pensar que estas personas prefieren probar suerte de esta manera que seguir viviendo en sus lugares de origen bajo esas condiciones de amenaza contra sus vidas y la de sus familias. Es cierto que existe inmigración ilegal y esta debe ser sancionada. Sin embargo utilizar a niños como elemento punitivo es algo erróneo. Simplemente esta mal. Eso no se hace.

5. La declaración de Kirstjen Nielsen: “Hay una forma legal de ingresar al país” es indignante porque es una media verdad debido a que no señala cuán caro y lento es el proceso de residencia o asilo Si, medias verdades. No todos los inmigrantes y solicitantes de asilo tienen los mismos antecedentes.

No todos son miembros del MS-13, o inmigrantes ilegales que llegan a los EE.UU. con la intención de dañar a las personas en este país o recibir bienes y servicios de forma gratuita, es decir, vivir de la ayuda del gobierno. No. Hay personas que vienen a los Estados Unidos desde sus países por diferentes motivos, como salir de purgas, violencia de pandillas, actividades forzadas a pandillas, cárteles de drogas, trabajos forzados, participación en grupos paramilitares, violación sexual, narcotráfico, pago de cuotas a delincuentes a cambio de vivir en paz. Algunos de ellos solo buscan seguridad pero a cambio están recibiendo un tratamiento inhumano.

6. Es necesario un análisis con mayor detalle con relación a los principales agentes de este problema: Los niños. Una serie de matices existen entre ellos y es necesario tomarlos en cuenta para que aquellos que apoyan la política migratoria de separación de familias puedan entender los difícil que es separar a una madre de su hijo, a saber, existen niños con problemas de salud, síndrome de down, habilidades especiales, asperger, depresión, problemas de conducta, etc. Como dije lineas arriba, es un error garrafal utilizar niños como elemento punitivo con tal de hacer cumplir cualquier ley o política migratoria.

7.  Toda persona goza de derechos inherentes a su condición humana y estos derechos deben ser respetados. Los derechos humanos siempre estarán por encima de la ley o política publica de cualquier país y deben ser estrictamente respetados bajo responsabilidad y sanción de aquellos que se atrevan a vulnerarlos.

8. El hecho de que seas un contribuyente y votante registrado no te da el derecho a decirle a otros que hacer, que no hacer, o como pensar. Para muestra, pueden escuchar al tipo llamado “Tony” que interviene en este podcast en 23:31 – NPR: Your Feelings On Family Separations At The Border.

9. Siempre es bueno colocarse en los zapatos del otro. Pensar siempre en el concepto de “alteridad” para derribar prejuicios que solo llevan a situaciones tan nefastas como esta. Tomar en cuenta los detalles, los matices y los motivos de toda decisión que haga una persona nos podrá hacer ver mas allá de las ideas que fundamentan escollos del desarrollo humano como son la xenofobia, el racismo, y la injusticia.

Conclusiones:

  • La política de separación de familias en la frontera con México es a todas luces una táctica que utiliza el miedo y la incertidumbre como elemento disuasivo para aquellos que crucen la frontera ilegalmente o para aquellos que buscan asilo en los Estados Unidos. Es una política antojadiza de la administración de Donald Trump que envía la siguiente advertencia: “Si tocas nuestra puerta o ingresas ilegalmente, te sucederá lo mismo”.
  • La inmigración ilegal debe ser sancionada, pero utilizar a los niños y hasta bebes como elemento punitivo contra los padres es un error muy grande. El solo hecho de afectar negativamente la libertad, los derechos parentales y el interés superior del niño en pro de la ejecución de una política migratoria irregular es una decisión equivocada e inconstitucional.
  • La religión y la Biblia nunca deben ser utilizados para justificar un trato inhumano o injusto. Creas o no creas en ella, la separación de familias no es una cuestión de religión o lectura de pasajes de la biblia, sino de moralidad.
  • La ética parlamentaria debe de estar por encima de cualquier enfrentamiento político, especialmente en asuntos donde esta involucrada la protección del interés superior del niño.

arturodiazf

 

Justice: What’s The Right Thing To Do? – 4 Parts

PRIMERA PARTE: EL LADO MORAL DEL HOMICIDIO

Si tuvieras que elegir entre

(1) matar a una persona para salvar la vida de otras cinco personas y,

(2) no hacer nada aunque supieras que cinco personas morirían ante tus ojos si no hicieras nada:

¿Qué harías? ¿Qué sería lo correcto?

Ese es el escenario hipotético que el profesor Michael Sandel usa para iniciar su curso sobre el razonamiento moral. Luego de que la mayoría de los estudiantes votara por matar a una persona para salvar la vida de otras cinco, Sandel presenta tres acertijos morales similares, cada uno ingeniosamente diseñado para hacer la decisión más difícil. A medida que los estudiantes se ponen de pie para defender sus opciones conflictivas, queda claro que las suposiciones detrás de nuestro razonamiento moral a menudo son contradictorias, y la pregunta de qué es correcto y qué está mal no siempre está en blanco y negro.

SEGUNDA PARTE: UN CASO SOBRE CANIBALISMO

Sandel presenta los principios del filósofo utilitarista, Jeremy Bentham, con un conocido caso del siglo XIX que involucra a cuatro náufragos. Después de diecinueve días perdidos en el mar, el capitán decide matar al más débil entre ellos, el joven grumete, para que el resto pueda alimentarse de su sangre y su cuerpo para sobrevivir. El caso fija un debate en el aula sobre la validez moral del utilitarismo, y su doctrina de que lo correcto es lo que produce “el mayor bien para el mayor número”.

PRIMERA PARTE: PONERLE PRECIO A LA VIDA

Hoy, las empresas y los gobiernos usan la lógica utilitaria de Jeremy Bentham bajo el nombre de “análisis de costo-beneficio”. Sandel presenta algunos casos contemporáneos en los que se utilizó el análisis de costo-beneficio para poner un valor en dólares en la vida humana. Los casos dan lugar a varias objeciones a la lógica utilitaria de buscar el mayor bien para el mayor número.

¿Deberíamos dar más peso a la felicidad de la mayoría, incluso si la mayoría es cruel o innoble?

¿Es posible resumir y comparar todos los valores usando una medida común como el dinero?

SEGUNDA PARTE: CÓMO MEDIR EL PLACER

Sandel nos presenta a Jhon Stuart Mill, un filósofo utilitarista que intenta defender el dicha corriente contra las objeciones planteadas por los críticos de la doctrina. Mill argumenta que buscar el mayor bien para el mayor número es compatible con la protección de los derechos individuales, y que el utilitarismo puede hacer espacio para una distinción entre placeres superiores e inferiores. La idea de Mills es que el mayor placer siempre es el placer preferido por una mayoría bien informada. Sandel prueba esta teoría al reproducir videoclips de tres formas muy diferentes de entretenimiento: Shakespeares Hamlet, el reality show Fear Factor y The Simpsons. Los estudiantes debaten qué experiencia proporciona el mayor placer, y si la defensa de Mills del utilitarismo es exitosa.

En: youtube/harvarduniversity

Run, Hide, Fight – Campañas para enfrentar tiroteos en Universidades Estadounidenses

A estas alturas es ridículo pensar que en las universidades de países latinoamericanos ocurran este tipo de tragedias. Sin embargo en los Estados Unidos los simulacros y practicas para enfrentar situaciones en las que se dan tiroteos al azar son algo común. En el fondo de todo esto hay un serio problema con la Segunda Enmienda de la Constitución de los EE.UU. la cual, como derecho de las personas, permite que los Estadounidenses tengan el derecho a portar armas para su protección.

Un tema debatible desde que un sector de la población señala que esta enmienda es pétrea y no debería modificarse o interpretarse, mientras que otro indica que los tiempos cambian y se necesita una acción madura y acorde con la actual situacion de la sociedad para limitar este derecho dados los trágicos eventos que se cuentan desde el tiroteo en Columbine, la tragedia de la escuela primaria Sandy Hook,  pasando por la masacre de Las Vegas en 2017, hasta el ultimo tiroteo en Douglas High School in Parkland, Florida este ultimo mes de febrero de 2018.

En serio, para que un civil necesitaría un arma semi-automática que dispara decenas de balas en solo segundos? Cual es la necesidad? Para que convertir un rifle normal en uno automático? Tiene sentido? Pues no. Ahora se indica que quieren armar a los profesores en escuelas y universidades para enfrentar este problema. Sin embargo esa no es la solución en la sociedad aunque tal vez sea la solución para las manufactureras de armas y la Asociación Nacional del Rifle (NRA) que financia las campañas políticas especialmente  de los representantes y senadores Republicanos para que estos, una vez en el poder, promuevan leyes que beneficien a este sector de la producción.  Armar a todo el mundo solo va a beneficiarlos a ellos, y eso es terrible.

Por otro lado, los Republicanos siempre que suceden estas desgracias tienden a ofrecer “prayers” u oraciones para las victimas: “My condolences and prayers for the victims and their families”. Siempre lo mismo. Nunca dicen: “My condolences to the victim’s families. This time I’ll make sure to take a quick action in both chambers of the Congress in order to strike this problem”. Jamas dirian eso! Lo que deberían hacer en lugar de ello es tomar acción de una buena vez para debatir el tema del control de armas en el pais de forma madura, reflexiva y autocritica.

Profesores, símbolo de autoridad en las escuelas, ahora estarán armados al mismo estilo de una cárcel. Si, las escuelas ahora parecerán cárceles. El Director sera el Alcaide, los profesores serán guardias de seguridad y los estudiantes asemejaran a reos o convictos. No es eso aterrador?

Republicanos, en una interpretación básica de la Constitución de los Estados Unidos, culpan al tirador; mientras que los Demócratas culpan a las políticas permisivas y laxas que permiten a cualquier persona adquirir un arma como si fuera a comprar una gaseosa o el pan de la mañana. Lo cierto es que tanta discusión va a caer en saco roto, se van a olvidar y hasta que ocurra otro nuevo incidente, el tema volverá a discutirse sin ningún viso de solución mas aun en pleno gobierno Republicano.

Presidente de Servir renunció: Indulto quiebra los principios del Estado

Juan Carlos Cortés presentó su carta de renuncia a la premier Mercedes Aráoz. “Me debo a mi mismo y a mi familia la coherencia y el respeto a mis propios valores morales”, dijo.

Juan Carlos Cortes, ex presidente ejecutivo de Servir. Imagen: https://prod.media.larepublica.pe/720×405/larepublica/imagen/2017/12/26/noticia-funcionario-servir.jpg

Juan Carlos Cortés Carcelén, presidente ejecutivo y miembro del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, dio a conocer este martes su renuncia irrevocable al cargo en un oficio dirigido a la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz.

Según argumenta el funcionario, su decisión es una respuesta que condice a los principios que defiende y que no convergen con el indulto humanitario que otorgó el presidente Pedro Pablo Kuczynski al exdictador Alberto Fujimori.

“Considero que lo que ha sucedido el día 24 de diciembre (…) quiebran no solo las bases del Estado de Derecho, sino principalmente esos principios que estamos obligados como funcionarios públicos a promover y defender”, expresó.

Como se recuerda, a pocas horas de la Nochebuena, el mandatario otorgó el indulto y derecho de gracia a Fujimori, quien venía cumpliendo una condena de 25 años por los delitos de La Cantuta, Barrios Altos y secuestros al periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.

“En mi vida como servidor del Estado me he regido por principios éticos que hoy se sienten socavados y me obligan a tomar esta decisión. Me debo a mi mismo y a mi familia la coherencia y el respeto a mis propios valores morales”, acotó.

En el transcurso del día han presentado sus renuncias otros funcionarios del Ministerio de Justiciapor estar disconformes con el otorgamiento del beneficio presidencial.

En: larepublica

Se le descubrió la mentira a fujimorista Salaverry en Canal N, entrevista con Mavila Huertas 19/Dic/2017

https://youtu.be/GghiAlPSJBU

1 2 3 8