libertad de asociación

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Sentencia del Tribunal Constitucional

STC 3186-2012-PA/TC

EXP. N.° 03186-2012-PA/TC
LIMA
JAIME DAVID
ABANTO TORRES
Y OTROS

RAZÓN DE RELATORÍA

En la presente causa, la resolución sólo es suscrita por los magistrados Urviola Hani, Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, no por el señor magistrado Beaumont Callirgos debido a que, aun cuando estuvo presente en la vista de la causa, no llegó a votar y mediante Resolución Administrativa N° 66-2013-P/TC de fecha 3 de mayo de 2013, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 6 de mayo de 2013, se ha declarado la vacancia de dicho magistrado por la causal establecida en el artículo 16°, inciso 4, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Los votos emitidos alcanzan la mayoría suficiente para formar resolución, conforme al artículo 5° (primer párrafo) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y al artículo 48° del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional.

Lima, 8 de mayo de 2013

EXP. N.° 03186-2012-PA/TC
LIMA
JAIME DAVID
ABANTO TORRES
Y OTROS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 8 días del mes de mayo de 2013, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Urviola Hani, presidente; Vergara Gotelli, vicepresidente; Mesía Ramírez, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jaime David Abanto Torres y otros contra la sentencia de fojas 159, su fecha 26 de octubre de 2011, expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que revocando la apelada, declaró infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 9 de agosto de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Asociación Mutualista Judicial de la Corte Suprema, el gerente general del Poder Judicial y el procurador público competente, a fin de que se disponga: a) el cese inmediato de los descuentos por planillas por concepto de “mutual judicial”; y, b) el inmediato reembolso de las sumas de dinero descontadas por el anotado concepto desde el mes de mayo de 2002 hasta la fecha de la total restitución de su derecho. Asimismo solicita que dicho monto se liquide en ejecución de sentencia, más los intereses legales. Invoca la violación de sus derechos a la libertad de asociación y a la remuneración.

El actor sustenta su demanda en que es magistrado titular del Poder Judicial desde el 3 de mayo de 2002, y que mes a mes, en las boletas de pago de sus remuneraciones, la Gerencia General del Poder Judicial realiza descuentos indebidos por concepto de “mutual judicial”, los cuales son entregados a la asociación demandada. Expresa que el Decreto Ley N.º 19286 adecua las funciones de la Asociación Mutualista Judicial con el objeto de proporcionar, tras el fallecimiento de un asociado, un auxilio pecuniario a sus beneficiarios o herederos, y que su artículo 2º incorpora obligatoriamente como asociados a los jueces de primera instancia, sin su previo consentimiento.

Alega que dicha norma es inconstitucional por violar el derecho de asociación, razón por la que solicita que se ejerza el control difuso sobre ella, y expresa que los alcances de la libertad de asociación comprenden el derecho de toda persona de no ser incorporada a una asociación contra su voluntad, pues tales entidades se rigen por el principio de libre adhesión, de manera que ninguna norma, ni siquiera con rango de ley, puede incorporar a una persona a una asociación sin su consentimiento, que es lo que ocurre en su caso, pues jamás solicitó su afiliación, ni ha deseado ni desea pertenecer a ella.

Manifiesta, además, que nunca ha dado su consentimiento para que se realicen los descuentos mensuales por concepto de “mutual judicial”, y que deja constancia de que no renuncia a la asociación emplazada por la inconstitucional prohibición del artículo 11º del Decreto Ley N.º 19236, pues hacerlo supondría reconocer que es asociado de la misma, condición que no acepta por atentar contra sus derechos fundamentales.

El procurador público competente contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, y solicita que sea declarada improcedente toda vez que, a su juicio, los hechos y el petitorio no inciden en el contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. Expresa que el decreto ley que regula la ‘Mutualista Judicial’ está orientado al magistrado permanente del Poder Judicial, siendo obligatoria su afiliación; que los descuentos también son obligatorios; y que el actor es asociado a partir de su nombramiento como juez. Alega, además, que el decreto ley en cuestión tiene por objeto proporcionar, al fallecimiento del asociado, un auxilio pecuniario a sus beneficiarios o herederos, siendo ese el objeto de la asociación. Manifiesta, por último, que en todo caso para el proceso de amparo no es la vía idónea ampara la pretensión del actor debido a su carencia de etapa probatoria, sino el proceso contencioso-administrativo.

El Décimo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 5 de diciembre de 2010, declaró fundada, en parte, la demanda, por considerar que la condición de asociado obligatorio de la Asociación Mutualista Judicial que el Decreto Ley N.º 19286 establece, así como la obligatoriedad de los descuentos mensuales por concepto de “mutual judicial” resultan violatorias del derecho de asociación del actor. Y la declaró improcedente en el extremo referido a que se ordene el pago de intereses legales.

La Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 26 de octubre de 2011, revocó la apelada y declara infundada la demanda por estimar que en virtud del principio de solidaridad, resulta constitucionalmente admisible que se afecte la remuneración de los magistrados a fin de que en la eventualidad de su fallecimiento sus herederos puedan afrontar los gastos que un hecho imprevisto como ese genera. Considera, además, que la naturaleza de la institución no es la de una asociación regida por el Código Civil, sino la de un fondo mutual obligatorio, de manera que las contribuciones obligatorias no “mira los casos individuales, sino la situación del conjunto de individuos involucrados”, y que por tanto, la norma impugnada responde a criterios de protección y solidaridad cuya naturaleza es constitucional y que justifican la limitación patrimonial que el actor refutaba violatoria de sus derechos.

Con fecha 17 de noviembre de 2011, doña Malbina Saldaña Villavicencio, doña Rosa María Donato Meza, don Andrés Fortunato Tapia Gonzáles, don Juan Fidel Torres Tasso; doña Elena Rendón Escobar; don Eduardo Armando Romero Roca, don Ricardo Reyes Ramos y don Víctor Quinte Pillaca, en su calidad de magistrados del Poder Judicial, solicitaron a la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima –según consta a fojas 198– su incorporación al proceso en calidad de litisconsortes facultativos, a tenor de lo dispuesto por el artículo 54º del Código Procesal Constitucional.

Dicho pedido fue resuelto por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante la Resolución N.º 04-II, de fecha 22 de noviembre de 2011, que corre a fojas 203 y que ha quedado consentida. Consecuentemente, dispuso incorporar al proceso en calidad de litisconsortes facultativos a los magistrados mencionados.

Con fecha 21 de marzo de 2012, doña Malbina Saldaña Villavicencio, doña Rosa María Donato Meza, don Andrés Fortunato Tapia Gonzáles, don Juan Fidel Torres Tasso, doña Elena Rendón Escobar, don Eduardo Armando Romero Roca, don Ricardo Reyes Ramos y don Víctor Quinte Pillaca, en su calidad de de litisconsortes facultativos, interponen recurso de agravio constitucional contra la sentencia de vista, la que acusan de adolecer de una adecuada motivación por no pronunciarse sobre el contenido constitucionalmente protegido del derecho de asociación. Por lo demás, y en cuanto al tema de fondo, se adhieren a los argumentos del demandante para sustentar su pretensión, pero agregando que la pensión de jubilación y la mutual son instituciones de naturaleza distinta, de manera que no se justifica el descuento del que vienen siendo objeto.

Con fecha 28 de marzo de 2012, don Jaime David Abanto Torres interpone recurso de agravio constitucional ratificando los argumentos esgrimidos al plantear la demanda.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. Mediante la demanda de amparo de autos el recurrente emplaza a la Gerencia General del Poder Judicial y a la Asociación Mutualista Judicial de la Corte Suprema y pretende que se disponga: a) el cese inmediato de los descuentos por planillas por concepto de “mutual judicial”; y, b) el inmediato reembolso de las sumas de dinero descontadas por el anotado concepto desde el mes de mayo de 2002 –fecha en que asumió el cargo de juez civil– hasta la fecha de la total restitución de su derecho asimismo solicita que dicho monto se liquide en ejecución de sentencia y los intereses legales. Invoca la violación de su derecho de asociación, entre otros.

2. Como ha quedado expuesto en los antecedentes de la presente sentencia, el actor sustenta su demanda y persigue las pretensiones anotadas supra, alegando:

(…) que los alcances de la libertad de asociación comprende el derecho de toda persona a no ser incorporado a una asociación contra su voluntad, pues tales entidades se rigen por el principio de libre adhesión, de manera que ninguna norma, ni siquiera con rango de ley, puede incorporar a una persona a una asociación sin su consentimiento, que es lo que ocurre en su caso, pues jamás solicitó su afiliación, ni ha tenido deseos ni desea pertenecer a ella.

3. En consecuencia, si la pretensión principal la constituye el hecho de que se ordene a la Asociación Mutualista Judicial el cese inmediato de los descuentos por concepto de “mutual judicial” –porque el actor nunca ha deseado ni desea pertenecer a ella– resulta meridianamente claro para este Tribunal Constitucional que, como consecuencia de lo anterior, lo que correspondería declarar –de acreditarse afectación alguna– es su retiro como asociado de dicha entidad. En consecuencia, en aplicación del artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, que recogiendo el aforismo iura novit curia, dispone que “El órgano jurisdiccional competente debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente”, este Colegiado también emitirá pronunciamiento sobre el particular.

Cuestión previa: respecto de la incorporación de litisconsortes facultativos

4. De igual manera, el Tribunal Constitucional se encuentra en la obligación de precisar que si bien es cierto que la demanda de amparo de autos fue inicialmente presentada solo por don Jaime David Abanto Torres, con fecha 17 de noviembre de 2011, un grupo de magistrados del Poder Judicial solicitaron a la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima –según consta a fojas 198–su incorporación al proceso en calidad de litisconsortes facultativos, a tenor de lo dispuesto por el artículo 54º del Código Procesal Constitucional.

5. Tal pedido fue resuelto por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante la Resolución N.º 04-II, de fecha 22 de noviembre de 2011, que corre a fojas 203 y que ha quedado consentida. En consecuencia, se dispuso incorporar al proceso en calidad de litisconsortes facultativos a doña Malbina Saldaña Villavicencio, doña Rosa María Donato Meza, don Andrés Fortunato Tapia Gonzáles, don Juan Fidel Torres Tasso, doña Elena Rendón Escobar, don Eduardo Armando Romero Roca, don Ricardo Reyes Ramos y don Víctor Quinte Pillaca.

Sobre la afectación del derecho de asociación (artículo 2º, inciso 13 de la Constitución)

Argumentos del demandante

6. El actor alega que es magistrado del Poder Judicial y que mes a mes, en las boletas de pago de sus remuneraciones, la Gerencia General del Poder Judicial realiza descuentos indebidos por concepto de “mutual judicial”, los cuales son entregados a la asociación demandada. Expresa que el Decreto Ley N.º 19286 adecua las funciones de la Asociación Mutualista Judicial con el objeto de proporcionar, tras el fallecimiento de un asociado, un auxilio pecuniario a sus beneficiarios o herederos, y que su artículo 2º incorpora obligatoriamente como asociados a los jueces de primera instancia, sin su previo consentimiento.

7. Expresa, además, que dicha norma es inconstitucional por violar el derecho de asociación; que los alcances de la libertad de asociación comprenden el derecho de toda persona de no ser incorporada a una asociación contra su voluntad, pues tales entidades se rigen por el principio de libre adhesión, de manera que ninguna norma, ni siquiera con rango de ley, puede incorporar a una persona a una asociación sin su consentimiento, que es lo que ocurre en su caso, pues jamás solicitó su afiliación, ni ha querido ni desea pertenecer a ella, y que nunca ha dado su consentimiento para que se realicen los descuentos.

Argumentos del procurador público competente

8. El procurador público competente alega que los hechos y el petitorio no inciden en el contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. Expresa que el decreto ley que regula la ‘Mutualista Judicial’ está orientado al magistrado permanente del Poder Judicial, siendo obligatoria su afiliación; que los descuentos también son obligatorios y que el actor es asociado a partir de su nombramiento como juez.

9. Alega, además, que el decreto ley en cuestión tiene por objeto proporcionar, al fallecimiento del asociado, un auxilio pecuniario a sus beneficiarios o herederos, siendo ese el objeto de la asociación. Manifiesta, por último, que en todo caso para amparar la pretensión del actor el proceso de amparo no constituye la vía idónea debido a su carencia de etapa probatoria, sino el proceso contencioso-administrativo.

Consideraciones del Tribunal Constitucional

10. El Tribunal Constitucional estima que, en la medida en que la dilucidación del fondo de la controversia consiste en determinar el derecho que le asistiría al recurrente de retirarse de una entidad asociativa y de evitar que se le exijan determinadas obligaciones – descuento por planillas por el concepto de “mutual judicial– por el hecho de ser asociado contra su voluntad, corresponde reiterar los alcances que respecto del derecho constitucional de asociación ya ha emitido este Colegiado.

11. El derecho de asociación se encuentra reconocido en el inciso 13) del artículo 2º de la Constitución para el desarrollo de las distintas actividades culturales, deportivas, económicas, ideológicas, laborales, políticas, religiosas, sociales o de cualquier otra índole que las personas, tanto naturales como jurídicas, realizan en sociedad. Conforme al texto constitucional, toda persona tiene derecho “a asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley”.

12. Sobre el particular, este Tribunal ha establecido –Cfr. Sentencias recaídas en los Expedientes N.os 7704-2005-PA/TC, 4520-2006-PA/TC, 3978-2007-PA/TC, 1072-2008-PA/TC, 7953-2006-PA/TC, 1027-2004-AA/TC, 2389-2009-PA/TC, 4241-2004-AA/TC, 9332-2006-PA/TC, 9149-2006-PA/TC, 4938-2006-PA/TC, entre otras– que el citado atributo puede ser concebido como aquel derecho por el cual toda persona puede integrarse con otras personas, libremente y de modo permanente, en función de determinados objetivos o finalidades, los mismos que aunque pueden ser de diversa orientación, tienen como necesario correlato su conformidad con la ley. Esto es lo que se conoce como la libertad de asociación en sentido estricto.

13. En segundo lugar, es un derecho que no solo implica la libertad de integración (libertad de asociarse en sentido estricto) sino que, por correlato, también supone la facultad de no aceptar compulsivamente dicha situación (libertad de no asociarse) o, simplemente, de renunciar en cualquier momento a la misma, pese a haberla aceptado en alguna oportunidad o circunstancia (libertad de desvincularse asociativamente). Como veremos con posterioridad, son estos dos últimos aspectos los que se ven involucrados en el caso de autos, siendo que por cierto, no es la primera vez que este Tribunal se pronuncia sobre el particular –Cfr. Sentencias recaídas en los Expedientes N.os 7704-2005-PA/TC, 4520-2006-PA/TC, 3978-2007-PA/TC, 1072-2008-PA/TC, 7953-2006-PA/TC, 1027-2004-AA/TC, 2389-2009-PA/TC, 4241-2004-AA/TC, 9332-2006-PA/TC, 9149-2006-PA/TC, 4938-2006-PA/TC, entre otras–.

14. Entre los principios esenciales que sustentan el reconocimiento y goce del derecho de asociación, el Tribunal ha destacado –Cfr. Sentencia recaída en el Expediente N.º 01027-2004-AA/TC, entre otras– el principio de autonomía de la voluntad, que establece que la pertenencia o no pertenencia a una asociación se sostiene en la determinación personal. El Tribunal ha subrayado, al respecto, que la persona tiene derecho a desafiliarse de una asociación; que en el ejercicio de su potestad autodeterminativa puede renunciar, y, en consecuencia, negarse a continuar siendo miembro de una asociación.

15. De igual manera, en la Sentencia recaída en el Expediente N.º 02389-2009-PA/TC, este Tribunal ha establecido que el derecho de asociación presenta una doble dimensión; a saber:

a) Una dimensión positiva, la cual que abarca las facultades de conformar asociaciones (derecho a formar asociaciones), afiliarse a las organizaciones existentes y permanecer asociado mientras no se incumplan las normas estatutarias.

Dentro de la facultad de conformar organizaciones, se encuentra comprendida la posibilidad de estructurar, organizar y poner en funcionamiento la asociación (principio de autoorganización), posibilidad que se materializa a través del estatuto, que debe establecer como mínimo reglas acerca del comportamiento exigido a los socios y de las cargas que se les imponen, así como de los derechos que pueden ejercer y, por supuesto, sobre la manera de terminar el vínculo con la asociación, por parte del afiliado, y de excluir al socio, por parte de la asociación.

En este contexto, el ejercicio del derecho de asociación supone un número plural de personas que acuerdan de manera autónoma, libre y espontánea la creación de un ente a través del cual realizarán un proyecto de interés, propósitos, ideas o metas colectivo, común, pacífico y lícito.
Desde esta perspectiva, este Tribunal considera que el derecho de asociación se concreta en la existencia de personas jurídicas, libres y capaces para ejercer derechos y contraer obligaciones, a fin de responder autónomamente por su devenir social, en aras de lograr la satisfacción de un interés u objetivo común, no siempre ligado a la obtención de lucro.

b) En su dimensión negativa, comprende la facultad de toda persona para negarse a formar parte de una determinada asociación, así como el derecho a no ser obligado a integrar una asociación o el derecho de no seguir asociado contra su voluntad o retirarse de una, cuando así lo desee.

Esta manifestación negativa se encuentra reconocida en el inciso 2) del artículo 20º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto dispone que “Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación”.

Por tanto, aquellas normas que impidan el ejercicio del derecho de asociación en su manifestación negativa contravienen no solo la Constitución sino también la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por dicha razón, ninguna asociación puede denegar las solicitudes de retiro, renuncia o desafiliación que presenten sus asociados, como tampoco puede obligar a nadie a seguir asociado contra su voluntad.

Por lo demás, conviene recordar que, conforme a la Cuarta Disposición Final de nuestra norma fundamental, los derechos y libertades reconocidos por la Constitución se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. Siendo tal perspectiva la establecida desde la propia carta política, no parece difícil aceptar que frente a una hipotética incertidumbre sobre los alcances del derecho en cuestión, la respuesta la tendrían que otorgar los instrumentos internacionales.

16. En el caso concreto, varias son las cuestiones que se advierten: en primer lugar, que en autos ha quedado acreditado que el recurrente, en ningún momento, solicitó ser incorporado a la Asociación Mutualista Judicial, esto es, no manifestó su voluntad de asociarse a tal entidad, ni mucho menos autorizó el descuento por concepto de “mutual judicial”. Por el contrario, conforme se infiere de la contestación de la demanda y del texto expreso del artículo 2º del Decreto Ley N.º 19286, el solo hecho de ostentar cualquiera de los cargos que allí se establecen supone tener la condición de asociado obligatorio de la referida organización corporativa. Y, en el mismo sentido, de las copias de las boletas de pago que corren a fojas 2, correspondientes a mayo de 2002 y julio de 2009, se acredita que las remuneraciones que ha percibido el actor desde su ingreso a la carrera judicial hasta la fecha de presentación de la demanda de autos han estado afectas al descuento por concepto de “mutual judicial”.

17. En efecto, el artículo 2º del Decreto Ley N.º 19286, que adecúa las funciones de la “Asociación Mutualista Judicial” y que, por ende, sirve de sustento para obligar al actor a pertenecer a dicha asociación y para que le efectúen los descuentos materia de litis, dispone que los vocales y fiscales de la Corte Suprema, los vocales y fiscales de las Cortes Superiores, los jueces de primera instancia –como es el caso del actor– y agentes fiscales, los jueces de paz letrados y los relatores y secretarios de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores de la República son asociados obligatorios.

18. De igual manera, el artículo 5º dispone que “La Dirección General de Administración y Presupuesto del Poder Judicial y las Oficinas o Tesorerías de las Cortes Superiores descontarán obligatoriamente por la planilla única de haberes y pensiones el monto de las cuotas a que se refiere el artículo 14º del presente Decreto Ley, las que serán depositadas de inmediato en una cuenta especial que abrirá la Corte Suprema de la República en el Banco de la Nación, denominada ‘Auxilio Mutual de los Miembros del Poder Judicial’. (…)”.

Mientras que el artículo 11º establece que “Los asociados contemplados en el artículo 2º no podrán renunciar a la “Asociación Mutualista Judicial” mientras estén en actividad, los que pasen a la situación de cesantes o jubilados podrán renunciar por medio de carta con firma legalizada por Notario, dirigida al Presidente de la Corte Suprema. (…)”.

19. En cuanto al Decreto Ley N.º 19286, que, como se ha visto, sirve de fundamento para obligar al actor a pertenecer a la “Asociación Mutualista Judicial” y para que le efectúen los descuentos por concepto de “mutual judicial”, e incluso le impide renunciar mientras esté en actividad, conviene precisar que desde la promulgación de la Constitución de 1993 todas las normas preexistentes en el ordenamiento jurídico deben interpretarse con arreglo a ella, por lo que el aludido Decreto Ley N.º 19286 colisiona directamente con el inciso 13) del artículo 2º de la Constitución de 1993, que garantiza el derecho de asociación, pretendiendo la asociación emplazada que prime sobre la Carta Magna, lo que no es posible pues esta norma tiene rango inferior a ella y, por tanto, se encuentra subordinada al texto fundamental.

20. Debido a su condición de juez de primera instancia, el recurrente fue obligado a ser parte de la asociación demandada, pues no hubo un consentimiento libre y voluntario para pertenecer a ella, es decir, no manifestó su voluntad de asociarse a tal entidad, ni mucho menos dicha asociación se lo consultó, como tampoco existió autorización para el descuento por concepto de “mutual judicial”. Por el contrario, simplemente se limitó a inscribirlo y a descontar de sus haberes los aportes correspondientes debido a su condición de magistrado de primera instancia.

21. En consecuencia, para el Tribunal Constitucional resulta meridianamente claro que se ha vulnerado el derecho de asociación del actor al haber sido obligado, de facto, a formar parte de la ‘Asociación Mutualista Judicial’, con las consecuencias que ello supone –“aceptar” el descuento por concepto de “mutual judicial” aun sin haberlo autorizado y verse en la imposibilidad de renunciar a tal organización–.

22. En el caso concreto se desconfigura la naturaleza del derecho fundamental de asociación en una doble dimensión; por un lado, respecto de no ser compulsado a pertenecer a una determinada asociación (libertad de no asociarse); y por el otro, respecto de renunciar en cualquier momento a la misma, peor aún si nunca manifestó su voluntad de asociarse (libertad de desvincularse asociativamente), de tal manera que se ha violado el derecho fundamental del recurrente.

23. En todo caso, afirmar que porque el demandante vino consintiendo por años su estatus de asociado, existe una suerte de consentimiento tácito que legitimaría el comportamiento de la demandada, resulta inaceptable, pues las violaciones a los atributos fundamentales no se convalidan ni por el transcurso del tiempo, ni por el consentimiento de los agraviados. O la decisión de asociarse es libre y voluntaria o simplemente es un hecho unilateral y forzoso, inadmisible en términos constitucionales.

24. Por lo expuesto, este Tribunal Constitucional declara que en el presente caso se violó el derecho de asociación reconocido en el inciso 13) del artículo 2º de la Constitución, razón por la cual la demanda debe ser estimada.

Efectos de la presente Sentencia

25. Al haberse determinado la afectación del derecho de asociación, corresponde ahora determinar los efectos de la decisión estimatoria. En primer término, y conforme a lo anotado en el fundamento 3, supra, corresponde ordenar a la Gerencia General del Poder Judicial el cese inmediato de los descuentos por concepto de “mutual judicial”.

26. En segundo término, y como consecuencia de lo anterior, corresponde ordenar a la Asociación Mutualista Judicial que disponga el retiro del demandante como asociado de dicha entidad y restituya a su favor las sumas de dinero descontadas por el concepto de “mutual judicial”.

27. Respecto a desde cuándo debe disponerse la restitución de aquellas sumas de dinero, este Tribunal no está expresando que se tenga que desconocer las diversas obligaciones que se hayan visto configuradas durante el periodo en que el recurrente tuvo la condición de asociado. En todo caso, advierte que aquellas dejaron de existir desde el momento en que el asociado dejó constancia expresa de su decisión de desvincularse de la asociación demandada, que en el caso concreto se materializó el día de la presentación de la demanda de amparo de autos; esto es, el 3 de agosto de 2009, al no obrar en autos documento alguno que acredite que ello fue solicitado previamente a la entidad demandada.

28. Lo señalado resulta vital a efectos de establecer el momento desde el cual el demandante no se encuentra obligado a seguir siendo objeto de los descuentos por concepto de “mutual judicial”, es decir, desde el instante en que libre y voluntariamente se formaliza su renuncia a la condición de asociado, tanto más cuanto que, como ya se ha precisado, dicha condición no nació producto de un acto voluntario.

29. En cuanto a la pretensión de que se ordene el pago de intereses legales, este Tribunal considera que, teniendo dicho reclamo naturaleza indemnizatoria, y no, evidentemente, restitutoria, no es esta la vía en que corresponda atender tal pretensión, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho del actor y de los litisconsortes facultativos para que lo hagan valer en la vía ordinaria y en la forma legal correspondientes.

30. Respecto de la solicitud del pago de costos y costas (fojas 7), y de conformidad con el artículo 56º del Código Procesal Constitucional, en los procesos constitucionales el Estado solo puede ser condenado al pago de costos, lo que corresponderá determinar en la etapa de ejecución de sentencia.

31. Por último, el presente pronunciamiento resulta extensivo a los litisconsortes facultativos doña Malbina Saldaña Villavicencio, doña Rosa María Donato Meza, don Andrés Fortunato Tapia Gonzales, don Juan Fidel Torres Tasso, doña Elena Rendón Escobar, don Eduardo Armando Romero Roca, don Ricardo Reyes Ramos y don Víctor Quinte Pillaca. Sin embargo, en este caso, debe disponerse la restitución de las sumas de dinero descontadas por concepto de “mutual judicial” a partir del momento en que dejaron constancia expresa de su decisión de desvincularse de la asociación demandada, esto es, a partir del 17 de noviembre de 2011, fecha en que solicitaron a la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima –según consta a fojas 198–su incorporación al proceso en calidad de litisconsortes facultativos.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda en lo que respecta a la afectación del derecho de asociación.

2. ORDENAR a la Gerencia General del Poder Judicial el cese inmediato de los descuentos por concepto de “mutual judicial” a don Jaime David Abanto Torres, doña Malbina Saldaña Villavicencio, doña Rosa María Donato Meza, don Andrés Fortunato Tapia Gonzales, don Juan Fidel Torres Tasso, doña Elena Rendón Escobar, don Eduardo Armando Romero Roca, don Ricardo Reyes Ramos y don Víctor Quinte Pillaca.

3. ORDENAR a la Asociación Mutualista Judicial que disponga el retiro de don Jaime David Abanto Torres, doña Malbina Saldaña Villavicencio, doña Rosa María Donato Meza, don Andrés Fortunato Tapia Gonzales, don Juan Fidel Torres Tasso, doña Elena Rendón Escobar, don Eduardo Armando Romero Roca, don Ricardo Reyes Ramos y don Víctor Quinte Pillaca como asociados de dicha entidad.

4. ORDENAR a la Asociación Mutualista Judicial que restituya a favor de don Jaime David Abanto Torres las sumas de dinero descontadas por concepto de “mutual judicial” a partir del 3 de agosto de 2009, conforme a lo expuesto en el fundamento 27, supra.

5. ORDENAR a la Asociación Mutualista Judicial que restituya a favor de doña Malbina Saldaña Villavicencio, doña Rosa María Donato Meza, don Andrés Fortunato Tapia Gonzales, don Juan Fidel Torres Tasso, doña Elena Rendón Escobar, don Eduardo Armando Romero Roca, don Ricardo Reyes Ramos y don Víctor Quinte Pillaca las sumas de dinero descontadas por el concepto de “mutual judicial” a partir del 17 de noviembre de 2011, conforme a lo expuesto en el fundamento 31, supra.

6. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo referido a la pretensión de que se ordene el pago de intereses legales, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho del actor y de los litisconsortes para que lo hagan valer en la vía ordinaria, conforme a lo expuesto en el fundamento 29, supra.

7. DISPONER el pago de los costos del proceso en ejecución de sentencia, conforme a lo expuesto en el fundamento 30, supra.

Publíquese y notifíquese.

SS.

URVIOLA HANI
VERGARA GOTELLI
MESÍA RAMÍREZ
CALLE HAYEN
ETO CRUZ
ÁLVAREZ MIRANDA

03186-2012-aa.pdf

Resolución de aclaración

20140629-03186-2012-aa_aclaracion.pdf

Segunda Sentencia de la Sexta Sala Civil

20131027-sentencia_de_2_instancia-_dr_abanto.pdf

Segunda Sentencia del 10º Juzgado Constitucional

20131027-sentencia_-_dr_abanto.pdf

Contestación