LA LEY, EL DERECHO Y LA JUSTICIA EN LA MÚSICA POPULAR, A PROPÓSITO DE LA SOBERANIA DEL PARLAMENTO, EL PERFIL DEL JUEZ Y LA INDEPENDENCIA DE LA JUDICATURA

Jaime David Abanto Torres*

El arte nunca ha sido indiferente a lo jurídico. Los artistas son unos de los críticos más severos del Derecho y sus instituciones. Sin ánimos de realizar una antología musical, ni mucho menos, en las siguientes líneas quiero resaltar cómo los músicos transmiten en sus canciones la percepción del común de la gente sobre la ley, el derecho y la justicia.

La impunidad de muchos delitos y la enemistad de los parientes en los procesos judiciales son expuestas breve y certeramente por nuestro compatriota Pedro Suárez Vértiz en Degeneración Actual. Teniendo en cuenta que el tema fue grabado años atrás, dejamos constancia de que cualquier parecido con algún sonado caso de la vida real en nuestros días es mera coincidencia:

“Ella bajó la escalera, no fue la primera
Y un muchacho muy amable salió
“vamos yo soy buena gente, tómate esto que hace calor”

Y en un segundo la puso a dormir
Y en un segundo la pudo desvestir
Cuando ella abrió los ojos estaba tirada en un jardín.

Degeneración actual, degeneración total.
Es el anti amor, la fascinación que degeneró al final.

[…]

Por un poco de dinero, sin remordimiento
los hermanos se pueden matar
por estrés o aburrimiento, otros se suelen suicidar

Asesinatos en televisión, o violaciones a la luz del sol
crímenes perfectos, juicios que no tienen valor”.

Sin duda alguna los conflictos más complicados son los familiares. Sin mencionar los casos de violencia familiar, tenemos entre otros los que dan lugar a procesos de alimentos, régimen de visitas y tenencia, separación de cuerpos y divorcio en los cuales a veces los padres no dudan en poner a sus hijos bajo el fuego cruzado de sus agresiones recíprocas. En materia civil, los procesos de partición entre parientes son difícilmente conciliables, más por el grado de aversión que existe entre las partes que por la imposibilidad física o jurídica de partir el bien. Y los conflictos se agravan cuando los abogados alimentan en sus clientes sentimientos de enemistad hacia sus contrapartes, que en estos casos son sus propios parientes. Ciertamente “por un poco de dinero, sin remordimiento los hermanos se pueden matar”. Y cuidado, que no pocos litigantes “por estrés o aburrimiento […] se suelen suicidar”

Pese a que para las personas las pruebas son tan contundentes como un video (“asesinatos en televisión”) o numerosos testigos (“violaciones a la luz del sol”), en muchos casos la prescripción extraordinaria (1) hace que los crímenes sean perfectos y que todo lo actuado en el proceso penal no tenga valor alguno. El autor resalta así la frustración del ciudadano frente a un crimen sin castigo, que al final resulta siendo un aliciente para el delincuente, y una situación inexplicable para la sociedad. Ante esto, el ciudadano común piensa que el Juez actuó por ignorancia o por malicia. En ninguno de los casos quienes imparten justicia salen bien librados, pues si actuaron de buena fe, no serían idóneos para el cargo, y si actuaron de mala fe, son unos delincuentes que merecen la cárcel y la destitución.

Situaciones tan cotidianas como los actos de corrupción (2) que se producen con toda naturalidad entre los conductores de vehículos y los policías de tránsito son descritas por el dominicano Juan Luis Guerra en Acompáñeme Civil.

“Bajaba la Tiradentes (3)
en mi carro rumbo al mar
de pronto un faro intermitente
me hizo señas de parar

Mi licencia de conducir
me pidió con ojo febril
qué se le va a hacer…

Tomó en sus manos mil papeles
burocracia elemental
total, que para nada sirve
mi Registro Electoral

Su licencia de conducir, me dijo
ha vencido en el mes de Abril

Acompáñeme, civil
al destacamento
o resuelva desde aquí
cómpreme el silencio
y olvídese de mí”

https://youtu.be/urXiSv71haE

Dudo mucho que en la vida real algún custodio del orden haya hecho una propuesta de manera tan explícita y descarada. Según cuentan algunos transportistas, en la realidad cotidiana, el lenguaje corporal lo hace y dice todo: ante una infracción real o hipotética, una mirada invitando a ofrecer, otra mirada cómplice, de buena o de mala gana, el ademán de cruzar los brazos colocando la mano derecha debajo del brazo izquierdo, la entrega del brevete, la tarjeta de propiedad y el permiso de circulación, la extracción de una(s) moneda(s) o billete(s) del recipiente que contiene dichos documentos… cualquier discrepancia sobre el importe del dinero será resuelta con la frase “A la policía se la respeta”… y cualquier monto irrisorio, considerado como una “falta de respeto”.

La corrupción como fenómeno social es denunciada por el grupo nacional Los Nosequién y Los Nosecuántos en Las Torres:

“Si total corrupción hay en todos lados
y por cinco lucas me compro un diputado,
un juez, un fiscal, un par de abogados,
un arquitecto, un subprefecto, un novelista,
un par de periodistas
un arzobispo, un cardenal,
una virgen que llora y una virgen de verdad
y quizás a Fujimori.”

Según el autor de la letra, todo se compra y todo se vende. Vale decir que la justicia de servicio público esencial pasa a ser una mercancía más. Ergo, el magistrado de funcionario público pasa a ser un mero comerciante. Una visión totalmente negativa de la magistratura.

Volviendo a Juan Luis Guerra, en El costo de la vida escuchamos sus críticas al Quinto Centenario del Descubrimiento de América o Encuentro de dos mundos:

“Si la gasolina sube otra vez
El peso que baja ya ni se ve
Y la democracia no puede crecer
Si la corrupción juega ajedrez
A nadie le importa que piensa usted
Será porque aquí
No hablamos francés Ah ah
Vou parlez Ah ah
Vou parlez Ah ah
Vou parlez Ah ah
No monsieur”.

[…]

“La corrupción pa-arriba
eh, ya ves, pa-rriba tú ves
y el peso que baja
eh, ya ves, pobre ni se ve
y la delincuencia
eh, ya ves, me pilló esta vez
aquí no se cura
eh, ya ves, ni un callo en el pie”

Estos versos sintetizan una realidad cotidiana en América Latina. Nunca tendremos democracia real, si no se combate la corrupción. No perdamos de vista que la corrupción perjudica la economía a tal punto que el Estado no puede brindar los servicios públicos esenciales como el de salud. Y la corrupción juega largas partidas de ajedrez plácidamente, sin límite de tiempo, porque si bien es cierto lo que dice un spot publicitario que “la corrupción nos cuesta todos”, también lo es que, como cantaba Héctor Lavoe en Juanito Alimaña, “Aunque a todo el mundo le robó la plata, todos lo comentan, nadie lo delata”.

Como una de las secuelas de la corrupción Juan Luis Guerra nos narra la odisea que padece cualquier paciente que requiera los servicios de salud pública es narrada en El Niágara en bicicleta.

“Me dio una sirimba un domingo en la mañana
cuando menos lo pensaba
caí redondo, como una guanábana, sobre la alcantarilla
será la presión o me ha subido la bilirrubina
Y me entró la calentura
y me fui poniendo blanco como bola (d)e naftalina
me llevaron a un hospital de gente (supuestamente)
en la Emergencia, el recepcionista escuchaba la lotería
(¡treinta mil pesos!)
¡Alguien se apiade de mí!
grité perdiendo el sentido
y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo:
“Tranquilo, Bobby, tranquilo”
Me acarició con sus manos de Ben Gay y me dijo:
“¿Qué le pasa, atleta?”
y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido
Hay que chequearte la presión
pero la sala está ocupada y, mi querido
en este hospital no hay luz para un electrocardiograma
Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza
porque es muy duro
pasar el Niágara en bicicleta (4)
No me digan que los médicos se fueron
no me digan que no tienen anestesia
no me digan que el alcohol se lo bebieron
y que el hilo de coser
fue bordado en un mantel
No me digan que las pinzas se perdieron
que el estetoscopio está de fiesta
que los rayos X se fundieron
y que el suero ya se usó
para endulzar el café
Me apoyé de sus hombros como un cojo a su muleta
y le dije: “¿Qué hago, princesa?”
y en un papel de receta me escribió muy dulcemente:
(mi princesa, ¿qué va a ser de mí?, uh…)
“Lo siento, atleta”
Me acarició con sus manos de Ben Gay y siguió su destino
y oí claramente cuando dijo a otro paciente:
“Tranquilo, Bobby, tranquilo”
Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza
porque es muy duro
pasar el Niágara en bicicleta”

Pasar el Niágara en bicicleta es algo muy difícil y absurdo, una locura. Nadie en su sano juicio podría cruzar las cataratas del Niágara montado en una bicicleta. Perdería el equilibrio en cualquier momento por los fuertes vientos que corren en la zona o por el vértigo. Cualquier semejanza con la situación de más de un establecimiento de salud peruano no es mera coincidencia. Sin duda la misma impresión que el autor tiene del hospital del merengue la tienen muchos justiciables respecto del Poder Judicial. Por citar dos ejemplos, ningún Juez podrá cumplir los plazos procesales con una elevadísima cantidad de expedientes y sin el personal idóneo ni en número suficiente. Exigírselo y sancionarlo por no poder hacerlo es como pedirle pasar el Niágara en Bicicleta.

No nos detendremos en el presente trabajo en las causas de los problemas del Poder Judicial ni en las alternativas de solución. Los grandes problemas son calidad y cantidad (5). Simplemente hemos querido analizar la percepción del justiciable tiene de la ley, de la justicia y del derecho, percepción que es captada fielmente por los autores y retransmitida al público oyente por los intérpretes en sus canciones.

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Pedro Cartolín Pastor. Juez Superior de Lima Sur

“La independencia judicial no es un privilegio ni una prerrogativa del juez considerado individualmente. Es la responsabilidad impuesta a cada juez para permitirle fallar una controversia en forma honesta e imparcial sobre la base del derecho y de la prueba, sin presiones ni influencias externas y sin temor a la interferencia de nadie”. Estamos leyendo una afirmación extraída del texto Comentario relativo a los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas.

En relación con el derecho a la información, nuestra Constitución establece que toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación, sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno.

En esa línea, se garantiza el derecho de toda persona a formular análisis y críticas a las resoluciones y sentencias judiciales, debiendo ejercerse tales derechos dentro del marco de la Constitución, la ley y la ética.

Sin embargo, nosotros, receptores de tales informaciones, constatamos diariamente que algunos medios de comunicación no son rigurosos cuando informan sobre casos judiciales; por el contrario, se evidencia una cierta inclinación en favor de alguna de las partes involucradas en el proceso judicial, pretendiendo además dirigir la investigación con cierto interés particular.

En ese sentido, el juez debe tener presente, según se precisa en este documento, que “un caso puede generar controversia pública y tener amplia publicidad en los medios de información, pudiendo decirse que el juez se halla en el ojo del huracán.

A veces el peso de la publicidad puede tender marcadamente hacia un resultado deseado. Sin embargo, en el ejercicio de la función judicial, el juez debe ser inmune a los efectos de esa publicidad.

Un juez no debe preocuparse de si las leyes que ha de aplicar a los litigantes que acuden al tribunal son populares o impopulares entre el público, los medios de información, los funcionarios de gobierno o los amigos o parientes del juez: la independencia judicial comprende la independencia con respecto a todas las formas de influencia externa.

Si tenemos en cuenta que el juez tiene en sus manos el destino de una familia, el porvenir económico de un hogar, la vida, la libertad y dignidad de la persona humana, debe tener la entereza y la fortaleza para despojarse de todas las debilidades y prejuicios, prescindir de amigos, desatender recomendaciones y sobreponerse a deseos y pasiones, para discernir justicia con absoluta imparcialidad.

También tiene el imperativo de no ceder jamás ante las presiones de cualquier tipo, especialmente a la de los medios de comunicación. Su decisión solo debe tomar en cuenta lo actuado en el proceso, la Constitución y la ley.

El Peruano  01/06/2014

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Vega Vega pide justicia

Señor Director:

Muy atentamente

CÉSAR JAVIER VEGA VEGA

Juez Constitucional

DNI 06758739.

EXPRESO

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Error de motivación cualificada, la detención de Gastón Mansilla

Por Ricardo León Pastor

Acabo de leer la resolución de la jueza penal de turno permanente del 8 de enero de 2012 en la que abre instrucción contra Gastón Mansilla Yupanqui por delito de homicidio ordenando su detención.

Este proceso ha adquirido relevancia pública porque Mansilla Yupanqui es un estudiante que hizo un disparo de su arma de fuego contra Víctor Manuel Díaz Acevedo el 7 de enero, quien pretendió robarle sus pertenecías, amenazándole con una navaja, luego de asaltar a otro sujeto en la avenida Tacna y Nicolás de Piérola, Cercado de Lima.

La orden de detención ha levantado la indignación pública, en la medida en que lo único que ha pretendido Mansilla Yupanqui es ejercer su legítima defensa.
Este es un caso de motivación cualificada, según la clasificación que ha hecho el Tribunal Constitucional, de los errores frecuentes en la motivación judicial. En especial, en el sonado caso Giuliana Llamoja, este alto Tribunal clasificó los errores de motivación en los que incurren los jueces peruanos en las siguientes categorías: motivación inexistente, motivación aparente, motivación insuficiente, motivación incongruente, defecto en la motivación interna y error en la motivación cualificada (ver: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00728-2008-HC.html, fundamento 7).

La jueza que ha ordenado la detención de Mansilla lo ha hecho proponiendo, de manera aparente, la aplicación y análisis del artículo 135 del Código de Procedimientos Penales. Ha propuesto en su resolución analizar si se cumplen en el caso concreto los siguientes requisitos: a) si existe evidencia sobre la comisión de un hecho delictivo, b) si existe suficiencia probatoria sobre la participación delictiva del imputado, c) la gravedad de la sanción penal a imponerse, d) que exista peligro de fuga o perturbación de la actividad probatoria. Pero lo ha hecho aparentemente, porque no se ha referido a las circunstancias de hecho específicas que el caso reclama en el accionar de Mansilla, sino que ha asumido una conducta que no se ha demostrado en el plano de los hechos del caso. Tampoco ha explicado las razones, presunciones o reglas de la experiencia que la llevan a concluir como lo hace. Esto no es más que un típico caso de motivación aparente en el plano factico.

Eso no es noticia

Jaime David Abanto Torres (*)
Un domingo por la noche mi esposa me avisó que en un programa de televisión estaban entrevistando a dos jueces, sobre un tema de actualidad. Cuando los magistrados entrevistados señalaron que los medios de comunicación solo resaltaban lo malo del Poder Judicial y nunca lo bueno, la periodista replicó que “eso no es noticia”.

No sé si fue intencional o inconsciente. Solo sé que difícilmente algunos medios de comunicación harán conocer a los ciudadanos las carencias que padecemos quienes prestamos el servicio de justicia. La razón es sencilla: “eso no es noticia”.

El público poco conoce que por las noches, pasada la jornada laboral, las luces continúan encendidas en los juzgados, que siguen analizándose los folios de los expedientes, que aún suenan los teclados de las computadoras sobre incómodos y vetustos escritorios, que las hojas de las fotocopiadoras e impresoras continúan atascándose, que las agujas e hilos aún continúan cosiendo tomos y tomos de expedientes, hasta romperse. Pero no son los duendes del zapatero del cuento de hadas, son personas de carne y hueso como ustedes, amables lectores. Trabajadores que llegan tarde a casa robando tiempo a sus familias, héroes anónimos e incomprendidos. Son los milicianos de la justicia, personas que tienen sueños y esperanzas, principios y valores y luchan por ellos.

Un juez jubilado me dijo amargamente: “para ganar un juicio no basta tener la razón: hay que tener dinero o hay que tener influencias”. Lo escuché en silencio y hoy le respondo que los jueces resuelven conforme a la ley y lo que aparece en el expediente, que en los juzgados se cierra las puertas a la corrupción y al tráfico de influencias, que en un proceso gana el que tiene la razón y pierde el que no la tiene, se condena al culpable y se absuelve al inocente, y jamás a la inversa.

No podemos negar que algún juez pueda sucumbir ante los poderosos o a las más variadas de las tentaciones. De seguro usted sabrá de algún juez o servidor que anda por malos pasos, pero tal vez no se atreve a denunciarlo porque cree que de hacerlo usted se perjudicará perdiendo su proceso; pero no debe temer, presente su queja ante la Oficina de Control de la Magistratura o denuncie a ese mal juez o servidor judicial ante la Fiscalía, y si son responsables no dude que se le aplicarán las sanciones que correspondan.

Es sorprendente ver la facilidad con que algunas personas utilizan a los medios de comunicación y atacan a los jueces sin que estos tengan mayor defensa que los fundamentos de su resolución, dictada muchas veces en horas de la madrugada, como cuando se trabaja en un Juzgado Penal de Turno Permanente, recibiendo muchos atestados policiales con detenidos cuya situación debe definirse con igual número de resoluciones.

Los jueces no somos insensibles a los sentimientos y emociones de los litigantes, pero los escuchamos y formamos nuestro criterio en silencio, porque la ley nos prohíbe adelantar opinión. Y si cometemos un error, para corregirlo están los jueces de la instancia superior a la que cualquiera de las partes puede recurrir.

(*) Juez Civil, integrante del Programa Social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte Superior de Justicia de Lima.

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Resolución del Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima
http://es.scribd.com/fullscreen/77974166?access_key=key-1nfyxxbayl77vjocp956

Resolución de la OCMA
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Resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Penal con Reos en Cárcel
20120117-resolucion_gaston.pdf

Jueza que dispuso detención de Gastón Mansilla: “No soy inepta”

Asunción Puma León señaló que nunca mencionó la palabra “proporcionalidad” en la resolución que mandó a prisión al joven

La jueza Asunción Puma León, quien fue separada de sus funciones por la OCMA con el fin de investigar los motivos que la llevaron a ordenar la encarcelación del joven Gastón Mansilla Yupanqui, quien mató a un delincuente en defensa propia el último sábado, señaló que no es “una incapaz” ni mencionó el criterio de proporcionalidad en su resolución.

“Todo está en al resolución. No soy inepta, no he dicho la palabra proporcionalidad. Me han agraviado”, señaló la jueza, quien argumentó hasta el momento no había podido declarar a los medios pues debía “contar con una autorización”.

En declaraciones propaladas por Frecuencia Latina, que serán difundidas en su totalidad este domingo en Reporte Semanal, Puma León manifestó haber tenido “una carrera intachable”, como defensa ante las informaciones que la señalaban como poseedora de antecedentes por inconducta.

“Yo cumplí con lo que dice la ley. No tengo por qué arrepentirme. Era una decisión apelable”, agregó.

Viernes 13 de enero de 2012 – 10:26 pm

http://elcomercio.pe/lima/1360737/noticia-jueza-que-dispuso-detencion-gaston-mansilla-no-soy-inepta

¡Exclusivo! Habla jueza Asunción Puma León

Viernes 13 de Enero del 2012

La jueza Asunción Puma, cuestionada por ordenar la detención del joven universitario Gastón Mansilla, que matara a un delincuente cuando este intentó robarle habló en exclusiva con Frecuencia Latina.

Un equipo de Reporte Semana logró captar a la magistrada y obtener breves declaraciones de ella.

Puma León aseguró que actuó de acuerdo a ley y negó estar arrepentida de su decisión de ordenar la detención del joven. “Me han suspendido gracias a la presión de los medios”, dijo indignada. En todo momento rechazó haber actuado al margen de la ley.

Todos los detalles y la entrevista completa la podrá ver este domingo en un reportaje exclusivo de Reporte Semanal.

http://www.frecuencialatina.com/90segundos/interior.php?not=1&idnot=44292

Jueza que encarceló a Gastón Mansilla será investigada pese a renuncia

La eventual sanción a la magistrada Asunción Puma será incluida en su legajo para que sea tomado en cuenta si vuelve a postular al Poder Judicial

EL COMERCIO

El viernes 13, el mismo día que el universitario Gastón Mansilla recuperaba su libertad luego de haber disparado en defensa propia contra un delincuente, la jueza que ordenó su encarcelamiento, Asunción Puma León, presentó su carta de renuncia ante el Poder Judicial.

La presión mediática y política de la semana pasada condenó a Puma de antemano. Y, al parecer, ella no estaba dispuesta a esperar más críticas, sobre todo ahora que el Órgano de Control de la Magistratura (OCMA) ha abierto un proceso en su contra por este hecho cuyo fallo se conocería en las próximas semanas.

La carta que envió al presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Héctor Lama More, es escueta, no da mayores explicaciones, pero aprovecha esas líneas para recalcar que luego de 30 años de servicio decide presentar su renuncia irrevocable como jueza provisional del Tercer Juzgado Penal de Lima.

Incluso pide que se le exonere de permanecer en el cargo hasta fin de mes, como lo señala la ley de carrera judicial.

Lamas More, en diálogo con RPP, dijo desconocer los motivos de Puma para abandonar el cargo porque en su carta no los explica, pero atribuyó su renuncia a razones personales. En su despacho tampoco dieron información sobre el tema.

TODO IGUAL
Por decisión de la OCMA, y como medida preventiva, Puma León ya había sido suspendida en el cargo hasta que acabe la investigación para determinar si su fallo fue irregular. Dicho proceso no se verá afectado ante su salida.

Voceros de dicho organismo señalaron que continuarán hasta determinar la sanción que le corresponde y esta será anotada en su legajo para que, en caso quiera volver a postular al Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) lo tome en cuenta.

Para el abogado de Gastón Mansilla, Frank Guerrero, la magistrada ha tomado una decisión acertada para evitar sumar más escándalo a su carrera.

“Nosotros habíamos señalado que no tomaríamos ninguna acción contra la jueza. No íbamos a hacer leña del árbol caído. Renunciar es la mejor opción que ha tomado, pues sería peor esperar sentada una sanción o destitución por parte de la OCMA”, dijo.

El juicio a Mansilla por homicidio simple continúa, pero en el Juzgado Penal 51 de Lima, a cargo de Norma Pacora

En http://elcomercio.pe/lima/1362882/noticia-jueza-que-encarcelo-gaston-mansilla-investigada-pese-renuncia

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Carta remitida por el Dr. César Vega Vega
Lima, 15 de Enero de 2012
Sr. Director:

Aún, resuenan en nuestros oídos las enérgicas palabras pronunciadas, a propósito de la inauguración del Año Judicial 2012, por el Presidente de la Corte Suprema de la Republica Dr. César San Martín Castro cuando textualmente afirmó: “… Hemos exigido y exigimos respeto absoluto a los inabdicables principios de independencia y autonomía jurisdiccionales… “; Sin embargo, sin siquiera haber trascurrido 15 días desde aquella circunstancia hemos asistido estupefactos ante la demolición que la prensa en todas sus formas ha efectuado contra la Dra. Asunción Puma León, Juez Penal de turno en el momento de acontecidos los hechos que merecen el contenido de esta carta sin que haya merecido el más elemental de los apoyos de quienes ejercen la representatividad del Poder Judicial. En efecto, la Magistrada en mención desarrolló una labor estrictamente jurisdiccional definiendo la situación jurídica de Cristhian Dorian Arenas Perona y Gastón Gabriel Mansilla Yupanqui, denunciados por el Ministerio Público el primero como presunto autor del delito de robo agravado y el segundo como presunto autor del delito contra la vida el cuerpo y la salud- homicidio simple-en agravio de Víctor Manuel Ríos Acevedo. Al recibir tal denuncia de parte de la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Turno de Lima, la Magistrada en mención, no hizo sino cumplir su deber jurisdiccional, definiendo, la situación jurídica de cada uno de los denunciados.

No voy a entrar a detallar el análisis conceptual, doctrinal, ontológico, sobre la calificación del delito y la situación legal de los procesados. Tal interpretación corresponde efectuarlos a los respectivos órganos jurisdiccionales, que en atención a su jerarquización pueden enmendar revocando, anulando o confirmando la decisión emitida en primera Instancia, pues así lo establecen el Código de Procedimientos Penales; ello no obstante, se ha dado a este tema un tratamiento absolutamente mediático promovido por la prensa sobre una resolución emitida y lo que es peor, las autoridades Judiciales le han dado prominente atención y actuación a tales medios de presión.

Lo acontecido, es una demostración palpable y evidente que se ha abdicado de la defensa de la institucionalidad que como Poder del Estado libre y autónomo corresponde a un mandato jurisdiccional. De este modo se siembra de temor y zozobra en todos los Magistrados que no efectúan sino el cumplimiento de su deber. En nombre de ellos elevo mi más enérgica protesta, sobre todo como en el caso particular de la Doctora Asunción Puma León, pues se trata de una Magistrada a quien, por la autoridad que tengo de pertenecer al Poder Judicial por más de 30 años, conozco en su probidad, su integridad, su experiencia, su responsabilidad y es a todas luces injusto que se le haya dado un trato degradante, impropio a los derechos humanos que también alcanza a los Magistrados.

Asumo bajo mi entera y exclusiva responsabilidad, las acciones a que pudiera dar lugar la libre expresión de mi opinión.

Muy Atentamente
CESAR JAVIER VEGA VEGA
Ex – Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima,
Miembro del Consejo Ejecutivo de la CSJL,
Presidente de la Cuarta Sala Penal de Reos Libres de Lima
DNI Nº 06758739

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* Jorge Pellicer
* Juan Carlos La Puente

Amnistía Internacional

El sacerdote Michael Woodward se vio obligado a subir a un barco, de nombre Armada Esmeralda, en el año 1973. Anclado en la costa chilena, el que años después se acertó en llamar el Barco Tortura, fue escenario del maltrato y muerte de Woodward por parte de las fuerzas policiales y militares de Pinochet. El fallecimiento del religioso, junto con el de más de dos mil personas, formó parte del bochornoso catálogo de violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen del dictador.

Por suerte para la justicia universal y la dignidad humana alguien, al otro lado del charco, pensó que los crímenes de Pinochet no podían pasar desapercibidos. Woodward y otros tantos miles de chilenos lo merecían.

Así fue como Baltasar Garzón Real, en aquel entonces juez de la Audiencia Nacional española, dictó el auto de prisión el 18 de octubre de 1998, atribuyendo al ex dictador Augusto Pinochet un delito de genocidio conformado por numerosas detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzosas y asesinatos que el propio juez español llegó a tipificar como “terrorismo”.

De esta manera, y de acuerdo al Código Penal español y a los convenios internacionales firmados por España, el delito de genocidio o, lo que es lo mismo, el “propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, iba a ser juzgado por primera vez cruzando las fronteras.

A diferencia de Michael Woodward, Marcos Ana sigue vivo, aunque también fue víctima de un dictador. Fue el preso que durante más tiempo sufrió las cárceles de la dictadura franquista. Nada menos que 23 años. Fue encarcelado en 1938 por defender un gobierno democráticamente constituido. Su padre, también republicano, murió durante un bombardeo franquista durante la Guerra Civil Española. Su madre, como Marcos cuenta, “murió de desesperación” siguiéndolo de cárcel en cárcel por todo del país.

Durante el tiempo que permaneció recluido, fue numerosas veces vejado y torturado, por estar en contra del régimen impuesto. Otra víctima de las persecuciones políticas del franquismo, de la intolerancia, de sus métodos de tortura. Con todo, Marcos tuvo la fuerza para seguir vivo, hasta que, en 1961, por fin cambió la dolorosa vista de los paredones de las cárceles franquistas por el de los amplios paisajes de la libertad.

Pero no todos los detenidos del franquismo corrieron igual suerte: solo entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951 el régimen dejó un rastro de 114 mil desapariciones forzosas. Una cifra a todas luces escandalosa.

Viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio

De esta forma debió de considerarlo Garzón cuando, en virtud de los mismos tratados de defensa de los derechos humanos que habían avalado la extradición, enjuiciamiento y condena de Pinochet, emprendió la investigación sobre los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos durante el franquismo.

De hecho, según sus propias palabras, “había sospechas fundadas para investigar el franquismo por tener un plan preconcebido para la eliminación, detención y desaparición de personas”. Estas declaraciones corresponden a la vista judicial que se está cursando en su contra desde el pasado 23 de enero en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Madrid, donde asistimos a una incoherencia en el sistema judicial español: el que permite investigar crímenes de lesa humanidad en el extranjero en pro de la justicia universal y los veta en su propio feudo en un dudoso acto de justicia doméstica.

Es importante tener en cuenta quién es quién en este caso: el grupo que ha formulado la denuncia contra el magistrado español es un autodenominado sindicato de nombre Manos Limpias del que su máximo dirigente es un reconocido simpatizante franquista galardonado años atrás como “Caballero de Honor de la Fundación Nacional Francisco Franco” por sus “servicios en defensa de los ideales del Movimiento”.

Su acusación se cimienta en la Ley de Amnistía de 1977, por la que la España de la transición hizo un borrón en el pasado para así solidificar la construcción de la democracia.

En base a esta ley no se deben de investigar ni el franquismo ni la Guerra Civil. No se debe de tocar a los culpables de las masacres, de la tortura o de la intimidación. De esta forma, las investigaciones del juez Garzón sobre las desapariciones producidas durante la dictadura se consideraron ilegales y se admitió la denuncia a trámite.

Pero aquí entra la paradoja. Según la legalidad internacional, la misma que España suscribió en el pasado y a la que está obligada a adaptar sus leyes nacionales, los crímenes de derecho internacional son imprescriptibles y no pueden conllevar amnistías o indultos a sus perpetradores. Con lo que la investigación del juez Baltasar Garzón no solamente sería legal, sino que pondría en evidencia la propia ilegalidad de la Ley de Amnistía de 1977 en base a la cual está siendo juzgado.

Las víctimas, sepultadas bajo la indiferencia

Ante estos hechos, Amnistía Internacional considera espeluznante que el juicio se siga llevando a cabo en estos términos y ve con profunda preocupación la dilación que ha sufrido la investigación de los crímenes de desaparición forzada durante la guerra civil y el franquismo.

De hecho, una de las investigaciones de Amnistía Internacional actualmente en curso, cuyas conclusiones se harán públicas este año, parece evidenciar que al menos cuatro procesos de investigación de dichos crímenes se han visto postergados y su avance ha sido condicionado a la decisión final por parte del Tribunal Supremo en la causa contra Garzón. Además, hay indicios de que los criterios utilizados para fundamentar los cargos contra el juez han sido esgrimidos por juzgados territoriales que investigaban los crímenes cometidos durante el franquismo para archivar masivamente los procedimientos, con el consecuente perjuicio de los derechos de las víctimas y sus familias.

No obstante, irónicamente, el juicio a Garzón está devolviendo a las portadas de los periódicos españoles los horrores del franquismo, las familias olvidadas.

María Martín, de 75 años, ha reclamado en público el cuerpo de su madre, fusilada en 1936. María Antonia Oliver ha denunciado también la desaparición de su abuela. Ellas son solo una mínima representación de las familias que siguen sufriendo en el olvido, y que seguirán penosamente enterradas en la memoria colectiva si Garzón resulta condenado.

Parafraseando a Marcos Ana cuando se refería a quienes prefieren no tocar el pasado: no hay que pasar página. No. Hay que leerla, releerla y memorizarla para no recaer en los mismos errores.

Algo que, en su momento, aprendió bien el pueblo peruano y quedó reflejado en el informe y recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú. Todo un desafío para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Ahora también en España.

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Luis García Miró Elguera

El juez Baltasar Garzón ha sido condenado por la Suprema a 11 años de inhabilitación en el juicio del llamado caso Gurtel. Allí el todopoderoso juez caviar ordenó interceptar las conversaciones entre los abogados y los acusados, mientras éstos se hallaban en la cárcel sin condena. Es la primera de tres sentencias que le espera. Las otras son: 1) por investigar los crímenes del franquismo sin tener la debida competencia; y 2) el patrocinio de unos cursos a su cargo en la Universidad de Nueva York. Se trata del delito de cohecho propio y continuado, en relación a unos “patrocinios” financiados por Telefónica, BBVA, CEPSA y Endesa precisamente para solventar los citados cursos. Existe otro pedido de condena de prevaricación contra Garzón por una querella contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín –uno de los “patrocinadores” de sus cursos en NY– que, ¡oh sorpresa! se ventilaba nada menos que en el juzgado del súper juez. Garzón aprovechó la coyuntura para dirigirle sendas cartas –con membrete del juzgado– al banquero Botín, solicitándole decenas de miles de dólares para que auspicie sus cursos. Lo que reúne visos de extorsión. A lo largo de los tres procesos, Garzón ha recurrido a infinidad de tachas a los vocales que integrarían las salas donde caerían sus juicios, tratando de hallar jueces a su medida. Para desgracia del súper juez, engreído de la progresía, la Suprema no le dio gusto en todas.

Pero si Garzón es el ícono de la progresía, ¿cómo lo condena la Justicia? ¡Los evangelios por tierra! Por supuesto la reacción de los caviares ha sido denunciar a la Justicia por fascista, aduciendo que “castiga a Garzón porque se atrevió a perseguir al franquismo”. No, señor. Garzón incumplió la norma, por tanto prevaricó. Y en el asunto del “patrocinio” a sus cursos –pedir cientos de miles de dólares a las grandes firmas españolas, en tono de ucase y a sabiendas de que, tarde o temprano, caerían en sus manos– revela que Garzón cometió un obvio chantaje. Indigna por eso el aura de corrección que rodea a todo lo relacionado con la progresía internacional. Es que los caviares actúan como todo grupo mafioso. Sólo ellos son honestos, incorruptibles, dueños de la verdad, etc. Y por si fuera poco, se alaban mutuamente y blindan entre sí usando la maquinaria mediática de la que disponen, gracias a que muchos propietarios de diarios, radios y canales de tv sucumben ante el chantaje de la progresía que no tiene reparo en crucificarlos por lo que fuere. Por eso prefieren tener al enemigo a sueldo, para apaciguar el ataque. Bienvenidos al mundo de los caviares. Todo aquel que se manifieste contra ellos la pagará con la deshonra. ¿Y si delinque alguno del clan, como Garzón? Pues a defenderlo y a crucificar a sus acusadores, enrostrándoles los clásicos epítetos de corruptos, fascistas, violadores de ddhh, etc.

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