Los órganos de gestión del Poder Judicial (PJ) son la Presidencia, la Sala Plena de la Corte Suprema, el Consejo Ejecutivo (CEPJ), los Presidentes de Cortes Superiores y los Consejos Ejecutivos Distritales (CED) donde haya seis o más Salas Superiores. Asimismo, está la Gerencia General del PJ y las Gerencias Administrativas de cada Corte Superior.

El Presidente del PJ es un Juez Supremo, elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema, ejerce el cargo dos años sin reelección, sus atribuciones son de representación y ejecución de los acuerdos adoptados por Sala Plena, designa a los jueces integrantes de las Salas Especializadas Supremas y es titular del pliego presupuestal. La Sala Plena de la Corte Suprema es el órgano de deliberación del PJ, integrado por Jueces Supremos Titulares. La Sala Plena decide la política institucional y elige representantes del PJ ante al Jurado Nacional de Elecciones y Consejo Nacional de la Magistratura.

El CEPJ, compuesto por el Presidente del PJ, dos Jueces Supremos, un Juez Superior, un Juez Especializado (elegidos por sus pares) y un representante de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados de la Republica, propone la política institucional; aprueba el proyecto de presupuesto y supervisa la conservación de bienes incautados, entre otras. La amplitud de funciones del CEPJ dificulta, ocasionalmente, su eficiencia. Debe reevaluarse sus funciones y su conformación para incluir representantes de Jueces de Paz Letrado y, probablemente, de jueces de Lima.

Los Presidentes de Cortes Superiores, las Salas Plenas Superiores, las Juntas de Jueces y los Consejos Ejecutivos Distritales (CED) en las Cortes Superiores con seis o más salas, son órganos similares a sus homólogos nacionales dentro de un distrito judicial; la Sala Plena Superior es el órgano de deliberación, la Presidencia de la Corte es la autoridad máxima del distrito y del CED, con funciones ejecutivas y de gestión.

El Presidente de Corte Superior es elegido por la Sala Plena Superior integrada por Jueces Superiores Titulares del distrito, en Lima son 121 jueces. Esta estructura busca que la administración garantice a los jueces laborar en excelentes condiciones; pero a veces este objetivo se incumple. Recomendamos revisar la estructura y funciones de cada órgano.

De un tiempo a esta parte busca imponerse, aun cuando con desconcierto de las facultades y los departamentos de Derecho, la enseñanza por competencias. Se entiende irá desplazando progresivamente a la enseñanza por asignaturas.

Esto ya ocurre con mayor nitidez, como es natural, en las facultades de Educación. Eso significa que con el tiempo ya no se dictarán, según aconsejan los expertos pedagógicos (algunos de los cuales son de la Unesco), cursos bajo contenidos convencionales.

Se parte del principio que no bastan los conocimientos (que pueden encontrarse ahora con facilidad), tampoco las destrezas (que se desarrollarán en la práctica profesional o técnica). Es preciso, señalan los entendidos (algunos con pasión fundamentalista) suprimir las materias, a saber, el derecho penal, el derecho constitucional, el derecho civil, los derechos procesales, etcétera,

En su lugar, se instalarían, las competencias, por ejemplo, competencia para litigar, competencia para investigar, competencia de valores, etcétera, ¿Estamos simplemente ante una nueva y transitoria moda educativa o acaso tiene la intención de perennizarse en el universo educativo de las letras legales?

A mi juicio, existen amenazas, pero también oportunidades. Se corre el riesgo, es verdad, que, bajo el pretexto de las competencias se esquematice más de lo que está la educación jurídica. O que voraces comerciantes de la educación superior reduzcan (más de lo que está) el programa de estudios, por ejemplo, de cinco años a tres años o, incluso, menos. De manera que ya no se formen abogados con una visión integral, sino, simplemente, técnicos, una suerte de paralegales. El riesgo es también que se empobrezcan las humanidades (más de lo que están) en beneficio de áreas técnicas.

Existe, no obstante, la posibilidad de cambios positivos. Las rígidas fronteras entre las diferentes disciplinas podrían disolverse o, por lo menos, debilitarse. Así, los privatistas se acercarían a los publicistas; los civilistas o penalistas a los procesalistas; los historiadores del Derecho o romanistas a los cultores del Derecho positivo. La competencia podría convertirse, en efecto, en un lugar de encuentro. Y, a nivel de posgrado, un interesante espacio de reflexión entre académicos, abogados y jueces.

Iván Sequeiros Vargas (*)
Todo abogado aspirante a juez, puede postular al Consejo Nacional de la Magistratura. La ley permite postular a cualquier abogado que reúna los requisitos. Ello, para bien o mal, faculta ingresar a abogados oportunistas sin vocación, quienes se aprovechan de las potestades de ser juez. También permite que buenos abogados con vocación y sólida formación ética sean jueces, desempeñándose ejemplarmente.

Así, los jueces no necesariamente empiezan su desarrollo profesional desde los primeros niveles, como debería ser a fin de que su profesión se inicie, complementada, con la práctica judicial; conociendo el sistema y su desempeño refleje identificación institucional, lo que a veces no ocurre con algunos jueces improvisados venidos de la calle con vicios nocivos en su comportamiento que deterioran la función judicial.

Siempre dependerá que la persona sea adecuadamente escogida como juez para que la justicia mejore y sea más segura, idónea y predecible. Si bien existen otros factores, que evaluaremos posteriormente, empero, el sistema dependerá, sin lugar a dudas, del perfil humano, el cual definirá si tenemos un sistema judicial responsable y prestigioso; por esa razón una escuela para jueces resulta indispensable para formar futuros magistrados peruanos y evitar improvisaciones en una institución que es fundamental y que no debe admitir advenedizos y oportunistas que dañan la carrera judicial.

La ley prevé la existencia de una “Carrera Judicial”, sin embargo, ésta no cumple con rigor las prerrogativas de una carrera efectiva, debido a que no se empieza obligatoriamente de un nivel inicial determinado que permita luego ascender hasta el último grado superior; sino que faculta el ingreso de jueces a cualquier grado, incluída la Corte Suprema, lo que ubica a abogados en esta máxima instancia jurisdiccional que pueden estar muy bien informados en temas jurídicos y tener las mejores intenciones, pero no han vivido las circunstancias judiciales reales en todos sus niveles, desde ser trabajadores que cumplan labores manuales, pasando por todas las etapas, hasta finalmente ser jueces, para, con conocimiento de esa realidad, realizar un trabajo idóneo e institucional; por eso hay una distinción entre jueces que son de “carrera”, los que se iniciaron en el PJ desde niveles inferiores, y aquellos que no son de “carrera”, que ingresaron directamente por méritos propios a la instancia judicial, creando un margen de insatisfacción sobre su vocación y su identificación institucional.