Jueces Peruanos vs. Perú

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Jueces demandan a Perú ante la CIDH por nivelación de sus haberes

En representación de 2,312 jueces, la Asociación Nacional de Magistrados, presidida por el juez superior Oswaldo Ordóñez, presentó una demanda contra el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la nivelación de sus haberes.

Los demandantes señalan que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, se niega a cumplir las sentencias expedidas por el Poder Judicial el 2009 y el Tribunal Constitucional, el 2010, que ordena cumplir con la homologación de sus ingresos, de acuerdo con la ley.

El artículo 186° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, vigente desde 1993, dispone que los jueces de paz, especializados, mixtos y los superiores ganen un porcentaje, de 70%, 80% y 90%, respectivamente, de los que perciben los jueces supremos.

Pero la norma nunca se cumplió por problemas presupuestales. En los últimos meses, el Ejecutivo ha propuesto a los jueces pagarles un bono por producción para cumplir parte de la norma, pero los magistrados señalan que eso puede mellar su independencia.

LA REPUBLICA

Denuncian al Estado ante CIDH por no mejorar sueldos a jueces

La Asociación Nacional de Magistrados del Perú (ANMP) denunció al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que el Gobierno ha incurrido en incumplimiento sistemático de las sentencias constitucionales con autoridad de cosa juzgada, expedidas por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

En una nota de prensa, la ANMP señala que ha presentado una petición, en representación de 2,312 magistrados del país, denunciando al Estado por la violación de los derechos fundamentas a la cosa juzgada, a la efectividad de las resoluciones judiciales, a la independencia y dignidad del magistrado peruano.

La demanda, explicó la ANMP, tiene como finalidad defender los derechos fundamentales de los magistrados y la independencia judicial, así como legitimar los niveles remunerativos, conforme lo dispone la Constitución Política del Perú, Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de la Carrera Judicial.

El presidente de esa asociación, Oswaldo Ordóñez Alcántara, responsabilizó al premier Juan Jiménez, al ministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, y al titular de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo, por asesorar indebidamente al mandatario Ollanta Humala, en su deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, así como las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales con la categoría de cosa juzgada.

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