RERUM NATURA

Carlos Ramos Núñez

Miembro de la Academia Peruana del Derecho

José de la Riva-Agüero y Osma, cuyas obras deberíamos leer por la riqueza de su contenido y la belleza de su prosa, aseguraba que si nos atuviéramos a la literalidad de nuestras constituciones nos formaríamos una idea muy falsa sobre la historia política del país.

Sobre este aspecto, vale decir, las paradojas de nuestra historia constitucional, versó mi discurso el viernes pasado al ser distinguido por la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) de Trujillo como profesor honorario. Invito a los lectores que revisen los textos constitucionales que rigieron en el país. El contraste con la realidad no puede ser más elocuente. Asoma el jurado criminal y no tuvimos, salvo para casos de difamación por medio de la prensa, esta forma popular de administrar justicia; se establecieron mecanismos de control parlamentario que no funcionaban o que desgastaban la figura del presidente de la República; la Constitución de 1856 prohibió la pena de muerte como ideal abolicionista, pero no tardó en reponerse cuatro años más tarde con la Constitución de 1860. La reelección presidencial fue evitada sistemáticamente, pero no tardó en imponerse. La duración de la Constitución vitalicia de Bolívar no superó los 45 días. La Constitución roussoniana de 1823 que estipulaba el pacto social fue suspendida ante el arribo de Bolívar. El azar quiso que tuviéramos un sistema unitario de gobierno. La extraña muerte de José Faustino Sánchez Carrión dejó el camino libre a los partidarios del unitarismo con Javier de Luna Pizarro a la cabeza.

¿Cómo estudiar entonces la historia constitucional? No basta el examen de la norma, es preciso hurgar en el contexto. Uno advierte que las instituciones, por ejemplo, la elección del sistema unitario en lugar del federal; el presidencialismo en lugar del parlamentarismo; el rechazo a la reelección presidencial; o el antejuicio para los exmandatarios; más que a consideraciones teóricas respondieron a un cúmulo de circunstancias. ¡Cuánta razón tenía Riva-Agüero!

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IVÁN SEQUEIROS VARGAS (*)

El juez respeta el “debido proceso”, esto es, conjunto de reglas que cumple y exige cumplir para que todo proceso ofrezca garantías al ciudadano. La administración pública se rige por reglas que garantizan una decisión razonada y justa; caso contrario la decisión sería arbitraria. Bajo debido proceso, una persona en un conflicto actúa siguiendo pautas que administradores y jueces deben cumplir; sino, el procedimiento será irregular y la resolución nula, siendo una de las razones para que los procesos sean nulos lo que la ciudadanía muchas veces no entiende.

Una demanda no va a cualquier juez o al que prefiera el demandante, va al juez establecido legalmente; lo contrario, significaría que la persona escoja al juez de su conveniencia; cuando son varios los jueces de la misma especialidad, como ocurre en Lima, se distribuye aleatoriamente cada demanda ante cualquier juez. Es preciso anotar que muchos abogados maliciosamente ingresan idénticas demandas en varios juzgados y solo atienden aquella demanda que conoce el Juez de su preferencia, ignorando las otras demandas, esto constituye una mala práctica de corrupción que debe controlarse.

Toda decisión explica razones sustentadantorias, expresando las pruebas y leyes aplicables al caso; todo ciudadano en un caso judicial puede: expresar su posición, ser escuchado por el Juez, probar lo alegado, asesorarse en su defensa y tener el tiempo necesario para ejercitarlo, estos derechos sustentan el debido proceso tanto sustancial como procesal.

La independencia del juez garantiza su imparcialidad para sentenciar; implica ecuanimidad y conocimiento trascendental de la realidad humana, condiciones esenciales para impartir justicia. Requiere del juez profundo conocimiento de derechos fundamentales, cuya vigencia es su finalidad, atendiendo que constitucionalmente la persona humana es el fin supremo del Estado.

El juez resuelve contra actos administrativos abusivos al ciudadano. Es recurrente que ciudadanos acuden al juez por inobservancia del debido procedimiento administrativo. Si son probados, el juez declara la nulidad del acto administrativo, restablece el derecho vulnerado y dispone la realización de otro proceso con las garantías constitucionales. Se exige al juez actuación debida, cuando resulta más indebida la actuación administrativa. La función esencial del juez es restablecer los derechos constitucionales de todo ciudadano.

(*) Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

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Edgar Allan Poe

Fue hace muchos y muchos años,
en un reino junto al mar,
habitó una señorita a quien puedes conocer
por el nombre de Annabel Lee;
y esta señorita no vivía con otro pensamiento
que amar y ser amada por mí.

Yo era un niño y ella era una niña
en este reino junto al mar
pero nos amábamos con un amor que era más que amor
—yo y mi Annabel Lee—
con un amor que los ángeles sublimes del Paraíso
nos envidiaban a ella y a mí.

Y esa fue la razón que, hace muchos años,
en este reino junto al mar,
un viento partió de una oscura nube aquella noche
helando a mi Annabel Lee;
así que su noble parentela vino
y me la arrebataron,
para silenciarla en una tumba
en este reino junto al mar.

Lo ángeles, que no eran siquiera medio felices en el Paraíso,
nos cogieron envidia a ella y a mí:—
Sí!, esa fue la razón (como todos los hombres saben)
en este reino junto al mar)
que el viento salió de una nube, helando
y matando mi Annabel Lee.

Pero nuestro amor era más fuerte que el amor
de aquellos que eran mayores que nosotros—
de muchos más sabios que nosotros—
y ni los ángeles en el Paraíso encima
ni los demonios debajo del mar
separarán jamás mi alma del alma
de la hermosa Annabel Lee.

Porque la luna no luce sin traerme sueños
de la hermosa Annabel Lee;
ni brilla una estrella sin que vea los ojos brillantes
de la hermosa Annabel Lee;
y así paso la noche acostado al lado
de mi querida, mi querida, mi vida, mi novia,
en su sepulcro junto al mar—
en su tumba a orillas del mar.

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• En audiencia pública realizada en Arequipa, en la que se evaluó contienda de competencia planteada por el Ejecutivo 

El Poder Judicial solicitó al pleno del Tribunal Constitucional (TC) ordene al Poder Ejecutivo, que cumpla con las sentencias judiciales y la ley que homologa las remuneraciones de los jueces superiores titulares, jueces especializados y mixtos titulares, y de paz letrado titulares.

Esta solicitud la hizo el abogado constitucionalista, doctor Aníbal Quiroga León, en su condición de defensor del Poder Judicial ante el pleno del órgano de control constitucional que evaluó, en la ciudad de Arequipa, la contienda de competencia planteada por el Poder Ejecutivo para evitar la nivelación de los sueldos de los magistrados.

Quiroga León manifestó que dicha contienda de competencia es “manifiestamente improcedente”.

Añadió que el TC tiene que fallar a favor de los magistrados porque hay sentencias judiciales previas que tienen la calidad de cosa juzgada, y porque así lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial desde el año1993.

Veinte años de espera

“Ya van 20 años y esta ley no se cumple; al Ejecutivo le corresponde cumplir la ley, los fallos judiciales y los tratados internacionales como el Pacto de San José, y hasta hora no lo hace”, exclamó.  

Indicó que esta demanda desnuda la relación del Ejecutivo con la justicia, la postergación histórica de los jueces y refleja la rebeldía en atender las remuneraciones de los magistrados.

“Esta es la oportunidad que tiene el TC para poner fin a esta discriminación histórica de los jueces, y de perfilar y definir el nuevo Poder Judicial a partir de ahora; en el Perú el Poder Judicial es un poder del Estado postergado”, subrayó.

Refirió que actualmente existe un servicio de impartición de justicia deficitario porque los jueces están postergados y, agregó, que con la homologación de sus remuneraciones, la ciudadanía también saldrá ganando “porque el servicio de justicia va a mejorar definitivamente”.

Añadió que en los países donde los jueces están bien pagados como México y Chile, la sociedad se beneficia con un servicio de justicia más seguro, honesto y rápido.

Expresó su confianza de que TC reivindicará la posición histórica de los magistrados, “será un punto de quiebre donde a partir de ahora la justicia tendrá un tratamiento igualitario y sustentado en el Estado”.

Cabe indicar que el TC dejó al voto la vista de la causa, y emitirá su fallo en un plazo de 30 días.

Arequipa, 11 de octubre de 2013

OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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Iván Sequeiros Vargas (*)

(*) Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

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Iván Sequeiros Vargas (*)

El Juez se rige por principios, caso contrario, es un juez arbitrario. Ninguna autoridad actúa sin control. La ley prevalece a la voluntad personal, así es el Estado Constitucional de Derecho donde gobiernan las normas y no las personas.

El Juez tutela derechos fundamentales y resuelve conflictos que los ciudadanos comuniquen. Si una persona es deudora, el Juez la obliga a pagar; si otra infringe la ley, el Juez sanciona; igualmente, si un empleador abusa del trabajador, el Juez resarce el daño. También el Juez resuelve abusos en la administración pública. El Juez contribuye al desarrollo del Estado con equilibrio, estabilidad y paz social.

La justicia es independiente, resuelve basada en la Constitución, los Tratados Internacionales de Derechos Fundamentales, la Ley y la equidad, sin interferencia. El servicio judicial es delicado y arduo. El Juez interpreta la ley, revisa antecedentes similares, teniendo en cuenta el contexto social, medita los efectos de su decisión, valora objetivamente las pruebas ofrecidas. Los jueces no deciden sobre imaginaciones, informes periodísticos, opinión pública, presiones mediáticas u otros factores no objetivos.

La independencia jurisdiccional sustenta su actividad; la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial destacan este atributo que garantiza imparcialidad y equidistancia a los justiciables. Frecuentemente escuchamos que solo hay “justicia para los ricos”, o que “la justicia tiene privilegiados”, es falso; la justicia es para todos, se logra garantizando su independencia.

Esta independencia no es arbitraria, se actúa sin influencias ni presiones, pero bajo la ley, empero, hay situaciones en que la aplicación estricta de la ley origina injusticias, entonces el Juez resuelve según su sentido común privilegiando la justicia. Hay una vieja discusión filosófica: i) aplicar estrictamente la ley aun injusta; ii) alcanzar la justicia, pero contraviniendo la ley. Es un dilema nada pacifico con ventajas y desventajas: en el primer caso hay seguridad, que es bueno, pero no hay justicia que es malo; y en el segundo supuesto hay justicia en la pretensión, que es bueno, pero hay inseguridad por subjetividad del criterio, que es malo.

La misión del Juez requiere mucha inteligencia y ponderación, para alcanzar una justicia razonable, sin subjetivismos extremos ni colisionando flagrantemente con las normas legales.

(*) Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

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Santiago Basabe-Serrano

Resumen

Este artículo identifica las principales variables que explican la corrupción judicial en jueces inferiores y cortes intermedias de Chile, Perú y Ecuador. Refinando la metodologíaexistente para la medición de la corrupción judicial e incorporando variables endógenas y exógenas al modelo, se propone que la formación profesional de los jueces, el respeto a la carrera judicial y el grado de fragmentación del poder en la arena política explican diferentes grados de corrupción judicial. A través de un modelo comparativo diacrónico y sincrónico de Chile, Perú y Ecuador, el artículo también constata que diseños institucionales en los que existen mayores instancias de impugnación o un mayor número de procedimientos, suelen ser más proclives a pagos ilegítimos u otras formas de corrupción judicial.

20131001-perfiles_latinoamericanos.pdf

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RERUM NATURA

Solteros y el Derecho

Carlos Ramos Núñez.

Academia peruana del Derecho

Soy soltera y hago lo que quiero, reza la exigua letra (supongo que copiada) de la pegajosa canción que interpreta un grupo de guapas muchachas de ritmo frenético.

Me preguntaba sobre los alcances jurídicos de ese eslogan, como suelo hacerlo, con cuanta manifestación de cultura o de contracultura (como parece ser el caso) aparezca.

¿Puede una soltera o un soltero hacer lo que quiere? Por supuesto que existen en el sistema legal numerosas interdicciones, bajo el imperio del principio: “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”. Sin embargo, en un mundo dominado (más allá del machismo y el patriarcalismo que parecen en franca retirada) por una compleja y abrumadora administración y un derecho penal, convertido ahora en prima fascie, tras haber sido, por lo menos en teoría, última ratio, esa declaración parece un grito de libertad proferido por unas guerreras walkirias. Se dirá, y como razón, que la insinuación de las bailarinas con pretensiones de cantantes, se refiere principalmente a la libertad sexual. ¿Pueden acostarse con quién quieran y cuándo lo apetezcan? No entraré aquí a consideraciones de carácter moral. Sin embargo, en el estricto campo jurídico, ¿podrían hacerlo si han suscrito esponsales con algún novio despistado?

Por otro lado, ¿los ronderos extraños fanáticos de la fidelidad conyugal –que ya no es delito desde cuando rige el Código Penal de 1991, pero que igualmente lo persiguen como tal– se harán algún problema si los solteros y solteras “hacen lo que quieren”? ¿A partir de qué edad pueden los solteros y las solteras hacer lo que quieren? ¿Desde los 14 años cuando comienza su libertad sexual relativa, a los 16 que empieza su aptitud nupcial o a los 18 con su mayoría de edad? ¿Pueden hacer lo que quieren si están enfermos, por ejemplo con sida u otras enfermedades de transmisión sexual? Entiendo que no, o por lo menos con protección.

¿Y qué de los solteros de la tercera edad? ¿Entran también en esa calificación los divorciados y los viudos de diverso género? No pensé que esta canción nos condujera a una sesuda meditación dogmática.

EL PERUANO

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