Gastos operativos forman parte de la remuneración de los magistrados

Por Sandra Gutierrez Iquise

 Una importante resolución dictada por el magistrado Jaime David Abanto Torres, a cargo del Primer Juzgado Civil de Lima, ha establecido que los gastos operativos forma parte de la remuneración de los magistrados, a la luz del principio de la primacía de la realidad.

Los hechos 

El caso giró en torno a la demanda interpuesta por una magistrada del Poder Judicial que al padecer cáncer al colon, se le concedió licencia con goce de haberes por un año. Cuando se dispuso a cobrar su remuneración se dio con la ingrata sorpresa que solo se le había depositado la remuneración básica y la bonificación por función jurisdiccional, pero no el monto por gastos operativos, lo que significaba una reducción considerable del monto total. Cuando reclamó a la institución, la Unidad Administrativa y de Finanzas, mediante R.A. 637-2014-UAF-GAD-CSJLI/PJ, declaró improcedente su pedido.

El proceso

La accionante interpuso una demanda de amparo, a fin de que se le pague sus haberes completos, incluyendo la remuneración básica, bono por función jurisdiccional y gastos operativos. Teniendo en cuenta el delicado estado de salud de la recurrente, el juzgado decidió que no le era exigible el agotamiento de las vías previas, como sustentó la demandada, por lo que declaró procedente la demanda.

En su análisis de fondo, la judicatura, dejó de lado la interpretación literal del artículo 186 inciso 5 literales c y d de la LOPJ, y arribó a la conclusión de que las remuneraciones comprenden todos los conceptos que percibe el trabajador en concepto de su empleo, en consonancia con el artículo 1 del Convenio 100 de la OIT.

Por otro lado, a la luz del principio de primacía de la realidad, el despacho puso énfasis en la abismal desproporción entre la remuneración básica y los gastos operativos, lo que, esgrimió, evidencia la desnaturalización de tales “gastos operativos”, que en realidad encubre la contraprestación remunerativa que por derecho le corresponde al juez por el trabajo que presta. Más adelante indicó:

[…] resulta evidente que el legislador les atribuye la condición de no tener carácter remunerativo ni pensionable con el cuestionable propósito de impedir que sean considerados para el cálculo de los beneficios sociales y de las pensiones de los jueces. Pero lo real, es que los gastos operativos han formado y forman parte de las remuneraciones de los jueces, por lo que esta Judicatura frente al texto de la norma prefiere lo que sucede en el terreno de los hechos, y en el terreno de los hechos según el principio de primacía de la realidad los gastos operativos forman parte de la remuneración de los jueces.

También estableció que se vulneró el derecho a la igualdad ante la ley de la demandante, así como su derecho a la salud, declarando nula la Resolución Administrativa 637-2014-UAF-GSDCSJLI/PJ, y ordenando que se le pague sus haberes completos.

Apelación

Una vez recurrida la sentencia, la Segunda Sala Civil, con el voto ponente del magistrado Tapia Gonzales, confirmaron la apelada en todos sus extremos, y, en vista de que la demandante falleció en el trámite del proceso, se le ordenó al Poder Judicial que no vuelva a agraviar derechos constitucionales tutelados en el proceso.

La resolución dispuso hacer control difuso, dando prelación a la aplicación del artículo 7 de la Constitución, que tutela el derecho a la salud, y el artículo 2.1, que tutela el derecho a la vida y a la integridad física, por sobre el Decreto de Urgencia 114-2001, que señala que los gastos operativos están referidos a la entrega de suma dineraria para solventar los gastos que el magistrado realiza en el ejercicio de sus funciones, así como del artículo 186.5.d del TUO de la LOPJ, que establece que a los jueces les corresponde un gasto operativo por función judicial, negando a los gastos operativos el carácter remunerativo.

Descargue aquí en PDF la resolución completa

Resolución de Sala confirma que gastos operativos tienen carácter remunerativo y eleva en consulta control difuso

En http://legis.pe/gastos-operativos-forman-parte-remuneracion-magistrados/

Fiesta de la Candelaria: Perú es la tierra de las mil danzas

Escribe: Jaime David Abanto Torres (*)

“Todo arte y voz genial viene del pueblo y va hacia él”.
César Vallejo

Dicen que la vida humana comenzó en África. Y la música también, y sobre todo la música popular. Mi adolescencia y juventud transcurrieron entre libros de Derechoy mi afición por el rocanrol, los versos y las canciones de amor. Llegada la adultez, sentí un pequeño cargo de conciencia por haber vivido mi infancia en Lima, más precisamente en el distrito del Rímac, mi adolescencia en Chosica, y no tener el gusto por la música criolla como buen bajopontino, ni por la música andina. Recordemos que mucho antes del apogeo de la technocumbia y la cumbia en todas sus variedades, en la Carretera Central imperaban la chicha y la música vernacular.

Tiempo después me sorprendió gratamente que mi hija mayor heredara mi afición por la música, y que gustara de las creaciones de los Beatles. Por ella supe que los grandes de Liverpool tocaban covers de los grandes músicos afroamericanos como Little Richard (Long Tall Sally (Sally la larguirucha) y Tutti Frutti) y Chuck Berrie(Rock and Roll Music y Johnny B Good).

Recordemos que los Beatles eran jóvenes de la clase obrera, y es muy probable que sus padres trabajaran en los grandes astilleros de Liverpool, muchachos contestatarios que tocaban música afroamericana, y entonces comprendí que el rocanrol tenía sus raíces en el rithm and blues afroamericano.

Registro histórico: Miki Gonzales y los hermanos Ballumbrosio pusieron al día el rock peruano con influencias afroperuanas. (Foto: Andina)

Aquí en el Perú de los ochentas y noventas comenzó a sonar con fuerza el rock fusionado de Miki González, que combinaba el rocanrol con fuerte influencia del punk de The Cure con los ritmos afroperuanos de la familia Ballumbrosio. En estos días me atrevo a decir que en realidad la fusión no es tal, pues simplemente se combinó música afro de origen norteamericana o inglesa con música afroperuana. Y que, sin saberlo, las letras y música que algún día compuse y canté por los ochentas con un grupo de grandes amigos chosicanos era en realidad música afro.

Ahora, soy un gran aficionado a la música peruana en todos sus ritmos. Una canción que escuchaba en las fiestas de mi adolescencia era La tierra de las mil danzas (Land Of a Thousand Dances), que era un cover de J. Geils Band que en su versión original era interpretada por el gran Wilson Pickett. Y la tierra de las mil danzas existe, y se encuentra en el Perú, en Puno. En los carnavales puneños, en la fiesta de la Mamacha Candelaria, desfilan los danzantes de las mil danzas. Testimonio de la inmensa riqueza de nuestra música popular en la que brillan con luz propia el carnaval cajamarquino y la marinera trujillana.

La Fiesta de la Candelaria reúne la más grande variedad de danzas de todo el Perú. (Foto: Internet)

Hace algún tiempo el Ministerio de Educación de Argentina convocó a los rockeros argentinos a grabar Encuentro en el Estudio, programa dirigido por Lalo Mir, feliz iniciativa gubernamental en la que quedó un testimonio de su cultura musical para la posteridad. Aquí en el Perú, nuestros grandes autores, compositores e intérpretes están pasando a mejor vida. Espero que nuestro Ministerio de Cultura imite la experiencia argentina y comience a grabar las grandes creaciones de nuestra rica y variada música popular. Espero que muy pronto el canal y radio estatales contribuyan a su difusión masiva. Estoy seguro que ello contribuirá a forjar nuestra identidad nacional.

(*) Abogado por la Universidad de Lima. Maestrando en Derecho Constitucional por la PUCP. Juez Titular del 1° Juzgado Civil de Lima. Autor de libros y varios artículos en materia jurídica y de MARC’s.

En https://www.tiemporeal.com.pe/fiesta-de-la-candelaria-peru-es-la-tierra-de-las-mil-danzas/

¡Mucho cuidado! Jueces multan a quienes no asistan a la audiencia de conciliación extrajudicial

Jueves, 1 de marzo de 2018 | Leída 1015 veces
CRITERIO FUE RATIFICADO POR LA CORTE SUPERIOR DE LIMA

¡Mucho cuidado! Jueces multan a quienes no asistan a la audiencia de conciliación extrajudicial

El juez Abanto Torres multó con 2 URP al demandado en un proceso de desalojo por ocupante precario. ¿La razón? No cumplió con asistir a la audiencia de conciliación extrajudicial. Este criterio ha sido ratificado a nivel de corte superior. Conoce más detalles aquí.

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima  impuso a la demandada en un proceso por ocupación precaria una multa de dos unidades de referencia procesal. En su resolución, se fundamenta la sanción en el hecho que la demandada no concurrió, pese a estar debidamente notificada, a la audiencia de conciliación extrajudicial.

El juez Jaime David Abanto Torres impuso esta sanción aplicando el último párrafo del artículo 15 de la Ley de Conciliación Extrajudicial, Ley N° 26872, el cual establece que “La inasistencia de la parte invitada a la audiencia de conciliación, produce en el proceso judicial que se instaure, presunción legal relativa de verdad sobre los hechos expuestos en el acta de conciliación y reproducidos en la demanda (…). En tales casos, el Juez impondrá en el proceso una multa no menor de dos ni mayor de diez Unidades de Referencia Procesal a la parte que no haya asistido a la Audiencia”.

Pues bien, esta decisión fue posteriormente ratificada por la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, emitida el 7 de marzo de 2017, que refiere que “siendo que la parte demandada no asistió  a la audiencia de conciliación pese a haber sido válidamente notificada, corresponde aplicar la citada multa”.

Asimismo, mediante Casación N° 2395-2017-Lima, la Corte Suprema declaró improcedente el recurso de casación presentado por la demandada.

Ud. puede descargar las referidas resoluciones aquí y/o leerlas en nuestro archivo Scribd:

16508-2015 by La Ley on Scribd

En http://laley.pe/not/4946/-mucho-cuidado-jueces-multan-a-quienes-no-asistan-a-la-audiencia-de-conciliacion-extrajudicial

Pantaleón y las visitadoras

A propósito de los jueces y periodistas

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Jaime David Abanto Torres*

A quienes apuestan por un periodismo veraz y objetivo

y por un servicio de justicia incorruptible.

http://www.derechoycambiosocial.com/revista011/jueces%20y%20periodistas.htm

La papeleta de habilitación profesional del abogado: un requisito de admisibilidad que debe ser eliminado

El artículo 426 inciso 1 del Código Procesal Civil prescribe que: “El juez declara inadmisible la demanda cuando: 1. No tenga los requisitos legales (…)”.

El artículo 426 inciso 1 del Código Procesal Civil prescribe que: “El juez declara inadmisible la demanda cuando: 1. No tenga los requisitos legales (…)”.

 

La papeleta de habilitación profesional del abogado: un requisito de admisibilidad que debe ser eliminado

1. Los requisitos de la demanda

Entre los presupuestos procesales tenemos: la competencia, la capacidad procesal y los requisitos para la demanda[1].

“Siendo la demanda el ejercicio efectivo o la manifestación concreta del derecho de acción, su actuación implica el cumplimiento de cierto número de requisitos o actos formales de necesario cumplimiento.

Algunos de estos actos cumplen, en efecto, un rol únicamente formal en la expresión de la demanda. Siendo así, su incumplimiento impide que la demanda produzca efectos jurídicos, a pesar de lo cual, el juez –advertido de tal incumplimiento– puede conceder al demandante un plazo para que subsane la omisión o insuficiencia. Estos son los requisitos de admisibilidad de la demanda”[2].

El artículo 426 inciso 1 del Código Procesal Civil prescribe que: “El juez declara inadmisible la demanda cuando: 1. No tenga los requisitos legales (…)”.

Interpretando la expresión requisitos legales como requisitos normativos, entre los requisitos legales tenemos la acreditación de la habilitación del abogado por el Colegio de Abogados respectivo.

2. La habilitación del abogado

Al respecto el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (en adelante CEPJ), ha dictado tres resoluciones administrativas:

2.1. La Resolución Administrativa 299-2009-CE-PJ de fecha 9 de setiembre de 2009

Exhorta a los jueces del país, a requerir a los señores abogados que ejercen el patrocinio ante el Poder Judicial, la presentación de la constancia de habilitaciónexpedida por el Colegio de Abogados en el cual están registrados.

 

2.2. La Resolución Administrativa 256-2011-CE-PJ de fecha 19 de octubre de 2011

En su artículo primero, modifica lo previsto en la Resolución Administrativa N° 299-2009-CE-PJ, de fecha 9 de setiembre de 2009, estableciendo que, sin perjuicio de los requerimientos de identificación profesional que las normas procesales establecen como requisitos para presentar las demandas judiciales, y sin la necesidad de exigir la presentación de las constancias o papeletas de habilitación profesional a los abogados y abogadas que intervengan en cada proceso; los órganos jurisdiccionales deberán verificar la habilitación de los abogados patrocinantes a través de las páginas web de los respectivos colegios de abogados y, de ser ello necesario, cursar oficio con similares propósitos.

Teniendo en cuenta que las papeletas de habilitación profesional de los abogados eran y son una fuente de ingresos para los colegios de abogados (significativa o no), estos hicieron llegar su voz de protesta al CEPJ.

Lea también: Casación 2155-2015, Lima Norte: Es nula la resolución que rechaza escrito presentado por abogado no habilitado

2.3. La Resolución Administrativa N° 025-2012-CE-PJ de fecha 16 de febrero de 2012

En su artículo primero, deja sin efecto la Resolución Administrativa Nº 256-2011-CE-PJ, de fecha 19 de octubre de 2011.

En su artículo segundo restituye los efectos de Resolución Administrativa Nº 299-2009-CE-PJ, de fecha 9 de setiembre de 2009, por la que se exhorta a los jueces del país a requerir a los señores abogados que ejercen el patrocinio ante el Poder Judicial, la presentación de la constancia de habilitación emitida por el Colegio de Abogados en el que están registrados; siendo la omisión de la presentación una causal de inadmisibilidad de la demanda.

3. El Decreto Legislativo 1246

En virtud de dicha norma, se aprobaron diversas normas de simplificación administrativa. El artículo 5 prescribe:

“Artículo 5.- Prohibición de la exigencia de documentación

5.1 Las entidades de la Administración Pública están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios, en el marco de un procedimiento o trámite administrativo, los siguientes documentos:

(…)

f) Certificados o constancias de habilitación profesional o similares expedidos por los Colegios Profesionalescuando dicha calidad pueda ser verificadas a través del respectivo portal institucional.

(…)

5.2. Lo dispuesto en los literales e), f) y g) del numeral anterior no es aplicable a aquellas entidades de la Administración Pública ubicadas en zonas que no cuenten con cobertura de acceso a internet.

(…)”.

Si bien es cierto que conforme a la Ley 27444 y sus modificatorias, el Poder Judicial forma parte de la administración pública, debemos tener muy claro que las normas del Decreto Legislativo 1246 solo son aplicables a los procedimientos administrativos, mas no a los procesos judiciales.

En cuanto a las consultas de habilidad, solo las páginas web de los colegios de abogados de Lima y Lima Norte permiten consultar la habilidad de los abogados[3]. En cuanto al Colegio de Abogados de Lima Sur, este no tiene sistema de consultas[4].

En tal sentido, a mi modo de ver, los bienintencionados actos y resoluciones administrativas de inferior jerarquía a las resoluciones del CEPJ, dictadas en diversas cortes del interior del país; en los hechos han dejado sin efecto la exigencia a los abogados la presentación de la constancia de habilitación emitida por el Colegio de Abogados en el que están registrados. Por ello, estos son inconstitucionales, al contravenir el principio de jerarquía normativa previsto en el artículo 74 de la Constitución[5].

Lea también: Este Colegio de Abogados aprobó que su Junta Directiva esté compuesta por 50% de mujeres y 50% de varones

Soy consciente de que los colegios de abogados ofrecerán resistencia, pues las papeletas de habilitación profesional del abogado constituyen uno de sus  ingresos, cabe resaltar. Personalmente, considero que la exigencia de su presentación es un sobrecosto innecesario que entorpece el ejercicio del derecho de acceso a la justiciade los demandantes, por lo que consideramos conveniente que el CEPJ derogue expresamente las resoluciones Administrativas N° 299-2009-CE-PJ y 025-2012-CE-PJ. En ese sentido, también debe realizar coordinaciones con todos los Colegios de Abogados del Perú, para que cuenten con páginas web en la que se pueda consultar la habilidad de los señores abogados.

Estoy seguro de que los jueces y auxiliares jurisdiccionales, los litigantes y abogados de buena fe, se lo vamos a agradecer.


[1] Monroy Gálvez, Juan. Las excepciones en el proceso civil peruano. En la formación del proceso civil peruano. Escritos reunidos. Lima, Comunidad, 2003, pp. 348-352.

[2] Op. cit. pp. 351-352.

[3] Colegio de Abogados de Lima: http://200.48.20.156/consulta_habilidad/

Colegio de Abogados de Lima Norte: http://www.caln.org.pe/abogados-habilitados/

[4] Colegio de Abogados de Lima Sur: http://calsur.org.pe/

[5] Artículo 51º.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.

La declaración de incompetencia de oficio por razón de territorio cuando es prorrogable: una mala praxis judicial

El autor critica la mala praxis de declarar la incompetencia territorial de oficio en casos no previstos por la norma

El profesor Monroy Gálvez decía hace algún tiempo: «La competencia es una institución procesal cuyo objetivo es hacer más efectiva y funcional la Administración de Justicia»[1].

Y agregaba que:

De los cinco elementos que conforman la competencia, cuatro de ellos –la materia, la cuantía, el turno y el grado– son impuestos por la norma con carácter definitivo e inmodificable, ni siquiera por las partes, por lo que suele decirse que conforman la llamada competencia absoluta. Sin embargo, el quinto elemento, el territorio, conforma la llamada competencia relativa; esto es así porque ha sido prevista a favor de la economía de las partes o incluso admitida en contrario por una de ellas, con lo que después ya no se puede discutir su incumplimiento. Esto último se conoce con el nombre de Prórroga de la competencia…[2].

Nos queda claro que la competencia territorial es prorrogable, de manera convencional[3] o tácita[4].

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En el caso de los jueces de paz letrados y de paz, la competencia solo se cuestiona mediante excepción[5]. En el caso de los juzgados especializados, la competencia se cuestiona mediante excepción o como contienda[6].

El artículo 35 del Código Procesal Civil prescribe:

Artículo 35.- Incompetencia.- La incompetencia por razón de materia, cuantía, grado, turno y territorio, esta última cuando es improrrogable, se declarará de oficio al calificar la demanda o excepcionalmente en cualquier Estado y grado del proceso, sin perjuicio de que pueda ser invocada como excepción.

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Si bien es cierto que los jueces pueden declarar su incompetencia de oficio, también lo es que dicha facultad debe ser ejercida solo en los casos en que la incompetencia territorial es improrrogable.

Los únicos casos de competencia territorial imporrogable los encontramos en las materias de sucesiones[7] y cautelar[8].

No obstante ello, al calificar la demanda, muchos jueces de paz letrados y especializados de todas las cortes superiores se están declarando incompetentes de oficio por razón de territorio, en casos que la competencia no es improrrogable, en clara abierta infracción al artículo 35 del Código Procesal Civil, aduciendo que los demandados no tienen domicilio real en el ámbito de su competencia territorial.

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En otros casos, sostienen que existe una prórroga convencional de competencia, esto es, una cláusula en la que las partes se someten a la competencia de algunos jueces de un determinado lugar, sin tener en cuenta de que aun ese pacto es renunciable y que es posible realizar una prórroga tácita de la competencia, bajo la forma prevista en el artículo 26 del Código Procesal Civil. Bajo esa línea de pensamiento, dichos jueces tendrían que declarar fundada de oficio una excepción de convenio arbitral, absurda tesis que no resiste el menor análisis, pues aun el convenio arbitral es renunciable.

Así, por ignorancia o por malicia, jueces de todas las cortes superiores de justicia del Perú, se declaran incompetentes y remiten sus expedientes a los de otras cortes superiores, sobre todo a los de la Corte Superior de Justicia de Lima, que ven de esta manera incrementada exageradamente su carga procesal. Del mismo modo, jueces de paz letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima, de pronto, por bajar su carga procesal,  se declaran incompetentes y remiten los expedientes al juez de paz letrado que consideran competente.

Obviamente, los jueces que reciben los expedientes al ser incompetentes, al ser ilegal la declaración de incompetencia, elevan el expediente a la Sala Civil Superior o a la Sala Civil de la Corte Suprema para que diriman el conflicto negativo de competencia y determinen al juez competente que debe conocer el proceso[9].

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Como ustedes, pacientes lectores, advertirán con facilidad, todo este trámite toma mucho tiempo, antes que siquiera se pueda calificar la demanda; lo que provoca un grave perjuicio a los litigantes y a sus abogados, todo ello debido a la mala praxis de declarar la incompetencia territorial de oficio en casos no previstos por la norma.

Consideramos que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial debería dictar normas para combatir el malicioso uso de la declaración de incompetencia por algunos jueces especializados y de paz letrados. Del mismo modo, la OCMA debería abrir una investigación para determinar si existió alguna inconducta funcional o no, en tales casos, debe determinar la existencia, si la hubiere, de responsabilidad disciplinaria, de ser el caso, tras el debido proceso.


[1] Monroy Gálvez, Juan. Conceptos elementales de Proceso Civil. En La Formación del proceso civil peruano. Escritos reunidos. Lima, Comunidad, 2003, p. 181.

[2] Ídem.

[3] Artículo 25.- Prórroga convencional de la competencia territorial. Las partes pueden convenir por escrito someterse a la competencia territorial de un Juez distinto al que corresponde, salvo que la ley la declare improrrogable.

[4] Artículo 26.- Prórroga tácita de la competencia territorial.- Se produce la prórroga tácita de la competencia para el demandante por el hecho de interponer la demanda y para el demandado por comparecer al proceso sin hacer reserva o dejar transcurrir el plazo sin cuestionar la competencia

[5] Artículo 37.- Cuestionamiento exclusivo. La competencia de los Jueces de Paz Letrados y de Paz sólo se cuestiona mediante excepción.

[6] Artículo 38.- Contienda de competencia. La incompetencia territorial relativa puede ser invocada, excluyentemente, como excepción o como contienda. La contienda de competencia se interpone ante el Juez que el demandado considere competente, dentro de los cinco días de emplazado y ofreciendo los medios probatorios pertinentes. El Juez rechazará de plano la contienda propuesta extemporáneamente o cuando es manifiestamente improcedente o temeraria. Cuando la temeridad consista en la creación artificiosa de una competencia territorial, la parte responsable será condenada al pago del monto máximo de la multa prevista por el artículo 46, y el Juez, de oficio o a pedido de parte, oficiará al Ministerio Público, de ser el caso. Si el Juez admite la contienda oficiará al Juez de la demanda, pidiéndole que se inhiba de conocerla y solicitando, además, la remisión del expediente. Con el oficio le anexa copia certificada del escrito de contienda, de sus anexos, de la resolución admisoria y de cualquier otra actuación producida. Adicionalmente al oficio, el Juez de la contienda dará aviso inmediato por fax u otro medio idóneo.

[7] Artículo 19.- Sucesiones. En materia sucesoria, es competente el Juez del lugar en donde el causante tuvo su último domicilio en el país. Esta competencia es improrrogable.

[8] Artículo 608.- Juez competente, oportunidad y finalidad El juez competente para dictar medidas cautelares es aquel que se encuentra habilitado para conocer de las pretensiones de la demanda. El juez puede, a pedido de parte, dictar medida cautelar antes de iniciado el proceso o dentro de éste, salvo disposición distinta establecida en el presente Código. Todas las medidas cautelares fuera de proceso, destinadas a asegurar la eficacia de una misma pretensión, deben solicitarse ante el mismo juez, bajo sanción de nulidad de las resoluciones cautelares dictadas. El solicitante debe expresar claramente la pretensión a demandar. La medida cautelar tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de la decisión definitiva.

[9] Artículo 36.- Efectos de la incompetencia. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 35 el Juez al declarar su incompetencia lo hace en resolución debidamente motivada y dispone la inmediata remisión del expediente al órgano jurisdiccional que considere competente. Si en los casos indicados en el artículo 35 el Juez a quien se remite el proceso se declara incompetente, se observan las siguientes reglas:

  1. Tratándose de un conflicto por la materia, se remite el proceso al órgano jurisdiccional superior de la especialidad. Si los órganos jurisdiccionales en conflicto pertenecen a distintos distritos judiciales, se remite a la sala correspondiente de la Corte Suprema.
  2. Tratándose de la cuantía, se remitirá el proceso a la Sala Civil de la Corte Superior correspondiente.
  3. Tratándose del territorio, se remite el proceso a la Sala Civil correspondiente de la Corte Superior o de la Corte Suprema, según corresponda.

Los Plenos Jurisdiccionales en materia Civil: algunos problemas y alternativas de solución

Jaime Abanto Torres
Lunes, 5 de febrero de 2018
CONCLUSIONES DE PLENOS JURISDICCIONALES NO SON OBLIGATORIAS PARA LOS JUECES

Los Plenos Jurisdiccionales en materia Civil: algunos problemas y alternativas de solución

El autor expone ciertas alternativas de solución ante la problemática que ha advertido en la realización de los plenos jurisdiccionales. Así, entre otras, considera que debe modificarse el artículo 116 de la LOPJ, democratizando la participación de los plenos jurisdiccionales, permitiendo que los jueces supremos y de todas las instancias participen en los plenos, en un diálogo más horizontal y fructífero.

“Aunque la verdad esté en minoría, sigue siendo la verdad”

Mahatma Gandhi

 

En estas líneas, compartiremos nuestras críticas constructivas a los Plenos Jurisdiccionales[1] regulados en el artículo 116 del TUO de la LOPJ[2], luego haber participado en varios de ellos. Entre los objetivos del Centro de Investigaciones Judiciales (CIJ) tenemos el de realizar plenos jurisdiccionales nacionales, regionales o distritales para lograr la predictibilidad de las resoluciones judiciales[3].

 

Los plenos jurisdiccionales son:

 

“… foros que propician la discusión y debate de los principales problemas relacionados al ejercicio de la función jurisdiccional. Promueven la reflexión de los magistrados acerca de los temas que son materia de debate, en los cuales los participantes para su deliberación y fundamentación de criterios, han escuchado la exposición de los expertos en el tema. Esta actividad conduce al perfeccionamiento del ejercicio de la función jurisdiccional, al fortalecimiento del sistema jurídico y de la organización judicial[4]”.

Sin ánimos de realizar generalizaciones, y con la experiencia de haber participado como invitado a varios de ellos a continuación exponemos sus problemas más saltantes,  proponiendo a la vez algunas alternativas de solución:

 

Problemas Alternativas de Solución
1 Selección de temas irrelevantes que no ameritan mayor discusión.

 

Selección de temas recurrentes, en los que existan   criterios dispares entre los jueces de las diversas instancias y especialidades.
2 El tratamiento de temas en los que existe  reserva de ley, como la competencia de los juzgados. Lo acordado en un pleno jurisdiccional no podría modificar la competencia establecida por la ley[5]. Si se acuerda lo prescrito por la ley de manera expresa, el pleno jurisdiccional es inoficioso. No debe discutirse dichos temas por ser competencia del legislador.
3 Los voluminosos materiales de lectura son entregados el mismo día que se realiza el Pleno Jurisdiccional, impidiendo que los participantes lleguen debidamente informados y puedan debatir con  solvencia Debe entregarse dicho material impreso con la debida anticipación  o por correo electrónico, para que los participantes tengan tiempo para documentarse y preparar sus intervenciones en los debates.
4 Ponencias mal redactadas, que  generanconfusión en el debate. Aunque es posible reformular las ponencias en el curso del debate, debe formularse mejor las ponencias a discutir, pues lo ideal es fomentar la aparición de terceras posiciones que enriquezcan el debate.
5 Los plenos jurisdiccionales no están debidamente articulados con los plenos casatorios. A veces los Plenos Jurisdiccionales Superiores adoptan una posición y las Salas de la Corte Suprema resuelven los recursos de casación adoptando una tesis distinta, desconcertando a los abogados y litigantes.

Se excluye, o solo se da derecho de voz a los jueces especializados y a los jueces de paz letrados, pese a ser los jueces de primera instancia y de ejecución.

Debe modificarse el artículo 116 de la LOPJ, democratizando la participación de los plenos jurisdiccionales, permitiendo que los jueces supremos y de todas las instancias participen en los plenos, en un diálogo más horizontal y fructífero.
6 La jurisprudencia de la Corte Suprema no se encuentra sistematizada. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) debe disponer que en el más breve plazo, el CIJ sistematice todas las ejecutorias supremas.
7 A veces los expertos sólo tienen conocimientos teóricos sobre el tema. Debe convocarse también expertos en el litigio y con dominio de la jurisprudencia.
8 El voto de los participantes no debe basarse en su posición personal, ni en los argumentos de autoridad del expositor. Los participantes deben votar por la ponencia que les ofrezca mejores argumentos de convicción, volcando su experiencia en los casos similares a los de la ponencia, y luego del fruto de su propio estudio de las ponencias.
9 La ciudadanía desconoce lo que sucede al interior de los plenos jurisdiccionales. Para fomentar la transparencia, los debates deben ser difundidos en vivo por el canal del Poder Judicial Justicia TV y por las redes sociales.
10 La organización de los plenos jurisdiccionales demanda gran inversión de recursos. Para ahorrar recursos en viáticos y alojamiento, los plenos jurisdiccionales también pueden realizarse vía teleconferencia.
11 Muchas veces los participantes no intervienen en el debate en sus grupos de trabajo. En cada grupo de trabajo debe existir un monitor que fomente el debate, y se comparta los conocimientos y experiencia de cada participante. Lo mismo en la discusión plenaria.

Amén de las deficiencias advertidas, consideramos que las conclusiones de los Plenos Jurisdiccionales no son obligatorias para los jueces, pues no constituyen ni doctrina jurisprudencial conforme al artículo 22 del TUO de la LOPJ[6], ni  precedente judicial conforme al artículo 400 del CPC[7]. No está de más recordar que los jueces tienen independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional conforme a los artículos 139 inciso 2 de la Constitución[8] y 16 del TUO de la LOPJ[9].

 

Convencidos de que la verdad no se decide por mayoría de votos inmotivados, que se traduzcan en una tiranía de la mayoría, deseamos que en los plenos jurisdiccionales en materia civil se llegue a los acuerdos más acertados. Esperamos que estas líneas sean tomadas en cuenta para mejorar su  diseño, para beneficio de los abogados y ciudadanos litigantes, a quienes los jueces nos debemos.

 

 

(*) Jaime David Abanto Torres es abogado por la Universidad de Lima. Maestrando en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Juez Titular del 1° Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima.


[1]ABANTO TORRES, Jaime David. En El vencimiento del contratode arrendamiento y la figuradel ocupante precario. En Los plenos vinculantes civiles de las Cortes Superiores. Análisis y comentarios críticos de sus reglas, t. I.  Lima, Gaceta Jurídica, 2016, pp. 4290-450.ABANTO TORRES, Jaime David. La nulidad de oficio declarada por el juez en el Código Civil de 1984 Estado de la cuestión a 76 años de su vigencia. En ACTUALIDADJURÍDICA FEBRERO Nº 219 pp.29.

[2]Artículo 116.- Los integrantes de las Salas Especializadas, pueden reunirse en plenos jurisdiccionales nacionales, regionales o distritales a fin de concordar jurisprudencia de su especialidad, a instancia de los órganos de apoyo del Poder Judicial.

[5] Código Procesal Civil. Artículo 6.- Principio de legalidad e irrenunciabilidad de la competencia.- La competencia sólo puede ser establecida por la ley. La competencia civil no puede renunciarse ni modificarse, salvo en aquellos casos expresamente previstos en la ley o en los convenios internacionales respectivos”.

[6] “Artículo 22.- Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial “El Peruano” de las Ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales.

Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar adecuadamente su resolución dejando constancia del precedente obligatorio que desestiman y de los fundamentos que invocan.

Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República pueden excepcionalmente apartarse en sus resoluciones jurisdiccionales, de su propio criterio jurisprudencial, motivando debidamente su resolución, lo que debe hacer conocer mediante nuevas publicaciones, también en el Diario Oficial “El Peruano”, en cuyo caso debe hacer mención expresa del precedente que deja de ser obligatorio por el nuevo y de los fundamentos que invocan”.

[7] “Artículo 400.- Precedente judicial

La Sala Suprema Civil puede convocar al pleno de los magistrados supremos civiles a efectos de emitir sentencia que constituya o varíe un precedente judicial.

La decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al pleno casatorio constituye precedente judicial y vincula a los órganos jurisdiccionales de la República, hasta que sea modificada por otro precedente.

Los abogados podrán informar oralmente en la vista de la causa, ante el pleno casatorio.

El texto íntegro de todas las sentencias casatorias y las resoluciones que declaran improcedente el recurso se publican obligatoriamente en el Diario Oficial, aunque no establezcan precedente. La publicación se hace dentro de los sesenta días de expedidas, bajo responsabilidad.”

[8] “Artículo 139.- Son principios y derechos  de la función jurisdiccional:

(…)

2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante  el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones.  Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno”.

[9] “Artículo 16.- Los Magistrados son independientes en su actuación jurisdiccional dentro de su competencia. Ninguna autoridad, ni siquiera los Magistrados de instancia superior, pueden interferir en su actuación. Están obligados a preservar esta garantía, bajo responsabilidad, pudiendo dirigirse al Ministerio Público, con conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, sin perjuicio de ejercer directamente los derechos que les faculta la ley”.