Dos aviones de combate paquistaníes derribaron a dos aeronaves de la Fuerza Aérea de la India este Miércoles, según lo informado por el vocero militar de las fuerzas pakistaníes Asif Ghafoor.
El hecho se produjo el día después de un ataque aéreo lanzado por la India contra un objetivo insurgente (Jaish-e-Mohammed – JeM) dentro de territorio de Pakistán. El martes por la mañana, India envió aviones de combate a través de la Línea de Control, la frontera no oficial que divide a Cachemira entre India y Pakistán, por primera vez desde 1971. Los aviones lanzaron bombas en las afueras de la ciudad de Balakot, cerca de 40 millas dentro de territorio paquistaní.
Según el vocero, uno de los aviones cayó dentro de Cachemira, zona controlada por Pakistán, y el otro se estrelló en el lado de la Línea de Control de la India. El piloto indio que se eyectó en territorio paquistaní fue arrestado por las fuerzas militares pakistaníes, dijo.
Como consecuencia de esta serie de eventos, la Autoridad de la Aviación Civil de Pakistán anunció el cierre de su espacio aéreo “hasta nueva orden”.
De acuerdo con la posición India, el dia del ataque fueron eliminados una gran numero de terroristas del Jaish-e-Mohammed – JeM, entre reclutadores, instructores, lideres con altos rangos y grupos de yihadistas que eran entrenados para cometer ataques contra el país en el futuro. Asimismo, el gobierno Indio confirmó que derribaron un avión de combate de la Fuerza Aérea de Pakistán. “Pakistán ha utilizado su Fuerza Aérea para atacar instalaciones militares en la India en respuesta a las operaciones de lucha contra el terrorismo, pero sus intentos han sido frustrados con éxito”, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Pakistán, por su parte, niega la existencia de dichos grupos colocando todo el énfasis en el ataque de la India dentro de su territorio.
La escalada de las tensiones bélicas entre ambos países preocupa a la región y a la comunidad mundial tomando en cuenta la gran capacidad nuclear de ambos países y su historia de conflicto a lo largo de la existencia independiente de ambos países a mediados del siglo pasado.
Este es uno de los lugares mas fuertemente resguardados en el mundo, y en el vehículo se encuentra un soldado Nor-Coreano a punto de realizar la mas atrevida y peligrosa decisión de su vida: Desertar al Sur.
En las imágenes, el soldado continua su rumbo y pasa de largo el ultimo puesto de vigilancia Nor-Coreano, y sigue manejando. Sin vuelta atrás, el soldado esta a muy poca distancia de la libertad.
Los soldados del régimen Nor-Coreano toman una ultima decisión para atraparlo, y a solo unos metros de la linea demarcatoria sucede el desastre cuando el desertor choca su Jeep.
El soldado tiene que cruzar a pie con sus perseguidores disparando 40 balas a sus espaldas. Un soldado Nor-Coreano inclusive cruzó la frontera antes de que todos sus compañeros retrocedan, una clara violación al acuerdo de armisticio.
Media hora después, el soldado malherido es captado por las cámaras sobre una capa de hojas. Las imágenes de la cámara infrarroja muestran como los soldados Sur-Coreanos gatean para rescatarlo. Los doctores señalaron que el soldado se encuentra en recuperación.
La Guardia Civil ha entrado en sedes de la Generalitat, organismos públicos y empresas en las que se prepara la consulta del 1 de octubre
La Guardia Civil ha detenido este miércoles a al menos 14 personas por su supuesta participación en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre, la mayoría altos cargos del Ejecutivo catalán. Entre los detenidos en nueve sedes oficiales de la Generalitat se encuentra el número dos de Oriol Junqueras en la Conselleria d’Economia, Josep Maria Jové. Este es el cometido actual de los principales arrestados.
JOSEP MARIA JOVÉ, secretario general de Economía y Hacienda
Además de número dos de Oriol Junqueras en el Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Jové es también un peso pesado dentro de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), donde preside el Consell Nacional. Tras ejercer como asesor en el sector público y privado, su carrera política despegó ya durante el Gobierno tripartito. Entre 2005 y 2010, desempeñó el cargo de Políticas Sectoriales en los departamentos de Presidencia y Vicepresidencia.
En la última crisis de Gobierno, en la que saltaron varios consejeros por su negativa a llegar hasta el final del proceso soberanista y se incorporaron otros inequívocamente independentistas, Jové se incorporó en un núcleo duro de coordinación política integrada por solo cuatro miembros: el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el secretario del Gobierno, Víctor Cullell. Como número dos de Junqueras, tiene también bajo su responsabilidad el área de procesos electorales, una vez esta fue traspasada del Departamento de Gobernación a Vicepresidencia.
LLUÍS SALVADÓ, secretario de Hacienda
Junqueras confió a otro miembro de peso de ERC el desarrollo de una de las áreas clave para el proceso independentista: la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). Secretario general adjunto de ERC desde 2011, Salvadó se deshizo del anterior cerebro de la llamada Hacienda catalana, Joan Iglesias, y decidió dar un empujón al organismo con el plan de que asuma la gestión de todos los tributos que se generan en Cataluña.
Su tarea no era fácil: Salvadó debía hacerse cargo de una agencia en estado precario que había desarrollado menos competencias que otros organismos autonómicos e irla dotando de contenido con la plena asunción de la gestión de los impuestos propios y cedidos y la recaudación de multas. Para ello implantó un programa informático capaz de procesar masivamente impuestos para superar la obsoleta plataforma E-spriu y amplió la plantilla de la ATC, de 350 a más de 700 personas.
También tuvo que lidiar con el escándalo que protagonizó el exsenador Santi Vidal, que afirmó que la ATC tenía todos los datos de la ciudadanía de forma ilegal, lo que motivó una auditoría de la Agencia Catalana de Protección de Datos. Su último proyecto, la gestión de las retenciones y cotizaciones sociales de las administraciones catalanas (incluidos los Ayuntamientos) provocó un choque con el Gobierno central, que entendía que esa intermediación era ilegal.
XAVIER PUIG FARRÉ, responsable de la Oficina de Asuntos Exteriores
Puig entró en la Administración catalana en 2012 a través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, donde estuvo en las áreas de Innovación y posteriormente ocupó cargos de dirección. En mayo de 2016 pasó al Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, donde se hizo cargo del departamento informático.
Entre sus funciones están las de garantizar que las actuaciones en materia tecnológica estén de acuerdo con los “objetivos estratégicos y operativos” de la consejería de dirige Raül Romeva. Puig ha compaginado esas responsabilidades con la actividad docente en escuelas de negocios.
JOSUÉ SALLENT I RIBES, Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI)
Su inicio en la Administración catalana se remonta a septiembre de 2010, cuando dirigió el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT). Allí estuvo apenas siete meses, cuando pasó a la empresa privada. Desde septiembre de 2016 es director de Estrategia e Innovación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat.
DAVID FRANCO MARTOS, Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI)
Empleado del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) desde 2005, está adscrito como gestor de proyectos del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. Uno de sus encargos, según fuentes del Gobierno catalán, era la preparación de la Agencia Catalana de la Protección Social, que debía ser el embrión de una eventual Seguridad Social Catalana.
JOAN MANEL GÓMEZ, Centro de Seguridad de la Información de Cataluña
Vinculado al Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT) desde 2010, donde estuvo en las áreas de riesgo y seguridad, Gómez tiene encomendadas labores de desarrollo del voto electrónico y el encargado de coordinar el plan de acción de la Generalitat para implementar el voto electrónico de los catalanes residentes en el extranjero.
DAVID PALANQUES SERRANO, Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales
Profesor de la Universidad de Barcelona, está adscrito actualmente al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
JOAN IGNASI SÁNCHEZ, departamento de Gobernación
Es asesor del gabinete del Departamento de Gobernación, dirigido por la consejera Meritxell Borràs (PDeCAT) que convocó un consurso para licitar la compra de urnas. Sánchez fue también concejal del grupo municipal de Convergència i Unio del Ayuntamiento de Sabadell.
FRANCESC SUTRIAS GRAU, director de Patrimonio de la Secretaría de Hacienda
En el Ejecutivo de Carles Puigdemont, Sutrias es director general de Patrimonio, dentro del Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda que lidera Oriol Junqueras. Anteriormente, había sido concejal de ERC en Rubí. Abogado de formación, se ha dedicado sobre todo al ámbito de la vivienda y el urbanismo.
NATALIA GARRIGA IBÁÑEZ, directora de Servicios de la Secretaría General de Vicepresidencia
Licenciada en Derecho, fue durante el tripartito jefa del gabinete técnico de la Secretaría de Coordinación Interdepartamental, responsable técnica en la Dirección General de Coordinación Interdepartamental. En 2016 fue gerente en el Instituto Catalán de las Empresas Culturales, hasta que pasó al cargo actual.
PAU FURRIOL FORNELLS, abogado y miembro de ERC
Abogado y militante de ERC desde 1962. Ha sido presidente de la sectorial de Justicia, de la Comisión de Garantías y ha formado parte de la sectorial de Politica Económica y Financiera del partido.
JOSEP MASOLIVER, Fundación PuntCat
Es responsable técnico y de proyectos tecnológicos de la Fundación PuntCat y especialista en seguridad informática.
MERCEDES MARTÍNEZ SANTOS, empresa Fox Box Publi Alternativa
Apoderada de la empresa Fox Box Publi Alternativa SL, que presuntamente estaría vinculada con material electoral del referéndum ilegal del 1 de octubre.
ROSA MARÍA RODRÍGUEZ CURTO, empresa T-Systems
Actualmente ejerce como directora General de Servicios de la empresa T-Systems
The Human Rights Writers Association of Nigeria, HURIWA, has condemned what it termed “overwhelming use of extreme brute and unmoderated military force by Nigerian Army “in the ongoing Operation Python Dance II exercise in the South East.
HURIWA said there was no legal reason for the deployment of the Military in the first instance given that “there was no extenuating circumstances such as any imminent threats to the national security nor was there any threat to the territorial integrity of Nigeria as prescribed by sections 5(4); 217 and 218 of the Constitution of Nigeria.”
The Rights group faulted the deployment of the Army without “recourse to the National Assembly given that the Indigenous of Biafra (IPOB) apart from being non-violent is canvassing self determination recognised by the International Covenant on civil and political Rights and several other global human rights laws.”
HURIWA in a statement by Emmanuel Onwubiko, said it made no sense that at the time that the President had inaugurated a human rights violations’ panel on allegations of military’s involvements in gross human rights violations, the operatives and officers of the Army embarked on another rounds of grave human rights breaches including committing extrajudicial killings of many civilians.
The Rights group said from eye witnesses who gave well corroborated information, the military engaged in broad day vicious attack of the premises of the traditional ruler of AfaraUkwu Umuahia the father of Nnamdi Kanu leading to the killing of dozens of suspected members of the Indigenous peoples of Biafra (IPOB) who were not armed.
The statement reads, “There is no legal, moral or ethical justification for the reported widespread extra judicial executions by armed soldiers of unarmed suspected members of the Indigenous peoples of Biafra (IPOB) in the home of the leader of the pro-self determination lobby group in Umuahia and Aba since last Friday.
“It is unfortunate that Ethnic and religious leaders outside of the South East of Nigeria who condemned the agitation for self determination by IPOB have suddenly become complicit and are maintaining disturbing conspiratorial silence over the deliberate killings by soldiers of unarmed civilians. The larger implications of these killings and the failure of leaders of divergent platforms to condemn these atrocious and cowardly acts of criminality will undermine national harmony and mutual trust for generations to come.
“The photographic and video evidences of these massacres show that most of those killed were definitely fleeing from the invading soldiers which proves clear cases of gross crime against humanity which must be transparently and independently investigated and the soldiers who undertook that operation and used lethal weapons on the civilian population are tried and punished”.
HURIWA which accused the Military of carrying out the operation as if the nation was under a martial law, wondered why the armed security forces went after Nnamdi Kanu and his supporters with so much force, fury and overwhelming firepower even when there was no armed confrontation from the unarmed and totally peaceful members of the Indigenous peoples of Biafra (IPOB).
The Rights group blamed the military’s occupation of South East of Nigeria for the tensions building up all across the civil populace because the impression created is that of military domination, conquer and occupation of the South East of Nigeria that has poor representation in the command and control structures of the Nigerian Military under President Muhammadu Buhari’s administration.
The group said the current administration must demonstrate equity and equality of representation of all segments of the population in the command and control structures of the Armed forces just as the Rights group faulted the exclusive alienation of a major Ethnic group like the Igbo in the distribution of strategic military positions in line with the Fexeral Character principle of the Constitution.
HURIWA also accused the Buhari’s government of abuse of power and for double standards and discrimination against the South East by going after IPOB and systematically implementing the demands of both the Arewa elders and youth who had issued a quit notice on Igbos in the North.
“Prior to the controversial military deployment the South East of Nigeria was very peaceful even as persons from all parts of Nigeria were going about their businesses without harassment but the Nigeria Army came with the python dance and created animosity amongst the different ethnic nationalities and this military deployment that has occasioned the killings of many young Igbo youth is interpreted in so many quarters as coordinated Ethnic pogrom.
“We hereby call on the International community not to wait until the entire youth population are wiped off in the name of waging military manhunt against IPOB members before any action can be taken. The South East governors are also guilty of complicity in these killings and their illegal proscription of IPOB has created the avenue for further attacks against the unarmed and totally peaceful members of the Indigenous peoples of Biafra (IPOB)”, the statement added.