Ambrogio Lorenzetti, Palazzo Pubblico Frescos: Allegory and Effect of Good and Bad Government

Image: Pintura mural “Alegoría del buen Gobierno” de Ambrogio Lorenzetti, ejecutada en la Sala de la Paz del Palacio Comunal de Siena.

Image: Pintura mural “Alegoría del buen Gobierno” de Ambrogio Lorenzetti, ejecutada en la Sala de la Paz del Palacio Comunal de Siena.

Image: El Mal Gobierno representado por la Tiranía en el centro. de Ambrogio Lorenzetti, ejecutada en la Sala de la Paz del Palacio Comunal de Siena.

Image: Los Efectos Positivos del Buen Gobierno en el Ambiente Rural. De Ambrogio Lorenzetti, ejecutada en la Sala de la Paz del Palacio Comunal de Siena.

Los efectos negativos del Mal Gobierno en el Ambiente Rural. De Ambrogio Lorenzetti, ejecutada en la Sala de la Paz del Palacio Comunal de Siena.

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Los detenidos en la operación contra la organización del referéndum

La Guardia Civil ha entrado en sedes de la Generalitat, organismos públicos y empresas en las que se prepara la consulta del 1 de octubre

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a al menos 14 personas por su supuesta participación en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre, la mayoría altos cargos del Ejecutivo catalán. Entre los detenidos en nueve sedes oficiales de la Generalitat se encuentra el número dos de Oriol Junqueras en la Conselleria d’Economia, Josep Maria Jové. Este es el cometido actual de los principales arrestados.

JOSEP MARIA JOVÉ, secretario general de Economía y Hacienda

Además de número dos de Oriol Junqueras en el Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Jové es también un peso pesado dentro de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), donde preside el Consell Nacional. Tras ejercer como asesor en el sector público y privado, su carrera política despegó ya durante el Gobierno tripartito. Entre 2005 y 2010, desempeñó el cargo de Políticas Sectoriales en los departamentos de Presidencia y Vicepresidencia.

En la última crisis de Gobierno, en la que saltaron varios consejeros por su negativa a llegar hasta el final del proceso soberanista y se incorporaron otros inequívocamente independentistas, Jové se incorporó en un núcleo duro de coordinación política integrada por solo cuatro miembros: el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el secretario del Gobierno, Víctor Cullell. Como número dos de Junqueras, tiene también bajo su responsabilidad el área de procesos electorales, una vez esta fue traspasada del Departamento de Gobernación a Vicepresidencia.

LLUÍS SALVADÓ, secretario de Hacienda

Junqueras confió a otro miembro de peso de ERC el desarrollo de una de las áreas clave para el proceso independentista: la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). Secretario general adjunto de ERC desde 2011, Salvadó se deshizo del anterior cerebro de la llamada Hacienda catalana, Joan Iglesias, y decidió dar un empujón al organismo con el plan de que asuma la gestión de todos los tributos que se generan en Cataluña.

Su tarea no era fácil: Salvadó debía hacerse cargo de una agencia en estado precario que había desarrollado menos competencias que otros organismos autonómicos e irla dotando de contenido con la plena asunción de la gestión de los impuestos propios y cedidos y la recaudación de multas. Para ello implantó un programa informático capaz de procesar masivamente impuestos para superar la obsoleta plataforma E-spriu y amplió la plantilla de la ATC, de 350 a más de 700 personas.

También tuvo que lidiar con el escándalo que protagonizó el exsenador Santi Vidal, que afirmó que la ATC tenía todos los datos de la ciudadanía de forma ilegal, lo que motivó una auditoría de la Agencia Catalana de Protección de Datos. Su último proyecto, la gestión de las retenciones y cotizaciones sociales de las administraciones catalanas (incluidos los Ayuntamientos) provocó un choque con el Gobierno central, que entendía que esa intermediación era ilegal.

XAVIER PUIG FARRÉ, responsable de la Oficina de Asuntos Exteriores

Puig entró en la Administración catalana en 2012 a través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, donde estuvo en las áreas de Innovación y posteriormente ocupó cargos de dirección. En mayo de 2016 pasó al Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, donde se hizo cargo del departamento informático.

Entre sus funciones están las de garantizar que las actuaciones en materia tecnológica estén de acuerdo con los “objetivos estratégicos y operativos” de la consejería de dirige Raül Romeva. Puig ha compaginado esas responsabilidades con la actividad docente en escuelas de negocios.

JOSUÉ SALLENT I RIBES, Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI)

Su inicio en la Administración catalana se remonta a septiembre de 2010, cuando dirigió el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT). Allí estuvo apenas siete meses, cuando pasó a la empresa privada. Desde septiembre de 2016 es director de Estrategia e Innovación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat.

DAVID FRANCO MARTOS, Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI)

Empleado del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) desde 2005, está adscrito como gestor de proyectos del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. Uno de sus encargos, según fuentes del Gobierno catalán, era la preparación de la Agencia Catalana de la Protección Social, que debía ser el embrión de una eventual Seguridad Social Catalana.

JOAN MANEL GÓMEZ, Centro de Seguridad de la Información de Cataluña

Vinculado al Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT) desde 2010, donde estuvo en las áreas de riesgo y seguridad, Gómez tiene encomendadas labores de desarrollo del voto electrónico y el encargado de coordinar el plan de acción de la Generalitat para implementar el voto electrónico de los catalanes residentes en el extranjero.

DAVID PALANQUES SERRANO, Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales

Profesor de la Universidad de Barcelona, está adscrito actualmente al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

JOAN IGNASI SÁNCHEZ, departamento de Gobernación

Es asesor del gabinete del Departamento de Gobernación, dirigido por la consejera Meritxell Borràs (PDeCAT) que convocó un consurso para licitar la compra de urnas. Sánchez fue también concejal del grupo municipal de Convergència i Unio del Ayuntamiento de Sabadell.

FRANCESC SUTRIAS GRAU, director de Patrimonio de la Secretaría de Hacienda

En el Ejecutivo de Carles Puigdemont, Sutrias es director general de Patrimonio, dentro del Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda que lidera Oriol Junqueras. Anteriormente, había sido concejal de ERC en Rubí. Abogado de formación, se ha dedicado sobre todo al ámbito de la vivienda y el urbanismo.

NATALIA GARRIGA IBÁÑEZ, directora de Servicios de la Secretaría General de Vicepresidencia

Licenciada en Derecho, fue durante el tripartito jefa del gabinete técnico de la Secretaría de Coordinación Interdepartamental, responsable técnica en la Dirección General de Coordinación Interdepartamental. En 2016 fue gerente en el Instituto Catalán de las Empresas Culturales, hasta que pasó al cargo actual.

PAU FURRIOL FORNELLS, abogado y miembro de ERC

Abogado y militante de ERC desde 1962. Ha sido presidente de la sectorial de Justicia, de la Comisión de Garantías y ha formado parte de la sectorial de Politica Económica y Financiera del partido.

JOSEP MASOLIVER, Fundación PuntCat

Es responsable técnico y de proyectos tecnológicos de la Fundación PuntCat y especialista en seguridad informática.

MERCEDES MARTÍNEZ SANTOS, empresa Fox Box Publi Alternativa

Apoderada de la empresa Fox Box Publi Alternativa SL, que presuntamente estaría vinculada con material electoral del referéndum ilegal del 1 de octubre.

ROSA MARÍA RODRÍGUEZ CURTO, empresa T-Systems

Actualmente ejerce como directora General de Servicios de la empresa T-Systems

En: elpais

Ver: Tres los detenidos en libertad tras negarse a declarar ante la Guardia Civil

Cronología del 20-S, el día en que se ha acelerado la crisis catalana

Estos son los nuevos ministros de PPK, luego de la cuestión de confianza denegada a Zavala por parte del Congreso Fujimorista

  • Mercedes Aráoz es la Jefa del Consejo de Ministros.
  • José Manuel Hernández es ratificado como ministro de Agricultura.
  • Fernando D’Alessio, juramenta como nuevo ministro de Salud. 
  • Idel Vexler, Nuevo ministro de Educación. (posibles modificaciones en la Nueva Ley Universitaria, vinculo con la USMP, y erradicación del enfoque de genero en la educación escolar peruana)
  • Enrique Mendoza, juramenta como nuevo ministro de Justicia. (posibilidad de indulto a Alberto Fujimori)
  • Carlos Basombrío juramenta y se mantiene en la cartera del Ministerio del Interior.
  • Claudia Cooper, nueva ministra de Economía y Finanzas reemplaza a Fernando Zavala.
  • Jorge Nieto Montesinos es ratificado en el Ministerio de Defensa.
  • Ricardo Luna juramenta y se mantiene como ministro de Relaciones Exteriores.
  • Alfonso Grados se mantiene en la cartera del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
  • Pedro Olaechea, congresista de Peruanos por el Kambio, es ratificado en el Ministerio de la Producción.
  • Eduardo Ferreyros se mantiene como ministro de Comercio Exterior y Turismo.
  • Cayetana Aljovin se mantiene en el Ministerio de Energía y Minas.
  • Carlos Bruce Montes de Oca, nuevo Ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento.
  • Bruno Giuffra, se mantiene a la cabeza del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
  • Ana María Choquehuanca se mantiene como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
  • Elsa Galarza juramenta como ministra de Ambiente.
  • Salvador del Solar se mantiene en el Ministerio de Cultura.

Leer: ¿Por qué causa polémica Idel Vexler en el ministerio de Educación?

Trump Moves to End DACA and Calls on Congress to Act

WASHINGTON — President Trump on Tuesday ordered an end to the Obama-era program that shields young undocumented immigrants from deportation, calling it an “amnesty-first approach” and urging Congress to pass a replacement before he begins phasing out its protections in six months.

As early as March, officials said, some of the 800,000 young adults brought to the United States illegally as children who qualify for the program, Deferred Action for Childhood Arrivals, will become eligible for deportation. The five-year-old policy allows them to remain without fear of immediate removal from the country and gives them the right to work legally.

Mr. Trump and Attorney General Jeff Sessions, who announced the change at the Justice Department, both used the aggrieved language of anti-immigrant activists, arguing that those in the country illegally are lawbreakers who hurt native-born Americans by usurping their jobs and pushing down wages.

Mr. Trump said in a statement that he was driven by a concern for “the millions of Americans victimized by this unfair system.” Mr. Sessions said the program had “denied jobs to hundreds of thousands of Americans by allowing those same illegal aliens to take those jobs.”

Protests broke out in front of the White House and the Justice Department and in cities across the country soon after Mr. Sessions’s announcement. Democrats and some Republicans, business executives, college presidents and immigration activists condemned the move as a coldhearted and shortsighted effort that was unfair to the young immigrants and could harm the economy.

“This is a sad day for our country,” Mark Zuckerberg, the Facebook founder, wrote on his personal page. “It is particularly cruel to offer young people the American dream, encourage them to come out of the shadows and trust our government, and then punish them for it.”

Former President Barack Obama, who had warned that any threat to the program would prompt him to speak out, called his successor’s decision “wrong,” “self-defeating” and “cruel.”

“Whatever concerns or complaints Americans may have about immigration in general, we shouldn’t threaten the future of this group of young people who are here through no fault of their own, who pose no threat, who are not taking away anything from the rest of us,” Mr. Obama wrote on Facebook.

Both he and Mr. Trump said the onus was now on lawmakers to protect the young immigrants as part of a broader overhaul of the immigration system that would also toughen enforcement.

But despite broad and longstanding bipartisan support for measures to legalize unauthorized immigrants brought to the United States as children, the odds of a sweeping immigration deal in a deeply divided Congress appeared long. Legislation to protect the “dreamers” has also repeatedly died in Congress.

Just hours after the angry reaction to Mr. Trump’s decision, the president appeared to have second thoughts. In a late-evening tweet, Mr. Trump specifically called on Congress to “legalize DACA,” something his administration’s officials had declined to do earlier in the day.

Mr. Trump also warned lawmakers that if they do not legislate a program similar to the one Mr. Obama created through executive authority, he will “revisit this issue!” — a statement sure to inject more uncertainty into the ultimate fate of the young, undocumented immigrants who have been benefiting from the program since 2012.

Conservatives praised Mr. Trump’s move, though some expressed frustration that he had taken so long to rescind the program and that the gradual phaseout could mean that some immigrants retained protection from deportation until October 2019.

The White House portrayed the decision as a matter of legal necessity, given that nine Republican state attorneys general had threatened to sue to halt the program immediately if Mr. Trump did not act.

Months of internal White House debate preceded the move, as did the president’s public display of his own conflicted feelings. He once referred to DACA recipients as “incredible kids.”

The president’s wavering was reflected in a day of conflicting messages from him and his team. Hours after his statement was released, Mr. Trump told reporters that he had “great love” for the beneficiaries of the program he had just ended.

“I have a love for these people, and hopefully now Congress will be able to help them and do it properly,” he said. But he notably did not endorse bipartisan legislation to codify the program’s protections, leaving it unclear whether he would back such a solution.

Mr. Trump’s aides were negotiating late into Monday evening with one another about precisely how the plan to wind down the program would be executed. Until Tuesday morning, some aides believed the president had settled on a plan that would be more generous, giving more of the program’s recipients the option to renew their protections.

But even taking into account Mr. Trump’s contradictory language, the rollout of his decision was smoother than his early moves to crack down on immigration, particularly the botched execution in January of his ban on travelers from seven predominantly Muslim countries.

In addition to the public statement from Mr. Sessions and a White House question-and-answer session, the president was ready on Tuesday with the lengthy written statement, and officials at the Justice and Homeland Security Departments provided detailed briefings and distributed information to reporters in advance.

Mr. Trump sought to portray his move as a compassionate effort to head off the expected legal challenge that White House officials said would have forced an immediate and highly disruptive end to the program. But he also denounced the policy, saying it helped spark a “massive surge” of immigrants from Central America, some of whom went on to become members of violent gangs like MS-13. Some immigration critics contend that programs like DACA, started under Mr. Obama, encouraged Central Americans to enter the United States, hoping to stay permanently. Tens of thousands of migrants surged across America’s southern border in the summer of 2014, many of them children fleeing dangerous gangs.

Sarah Huckabee Sanders, the White House press secretary, indicated that Mr. Trump would support legislation to “fix” the DACA program, as long as Congress passed it as part of a broader immigration overhaul to strengthen the border, protect American jobs and enhance enforcement.

“The president wants to see responsible immigration reform, and he wants that to be part of it,” Ms. Sanders said, referring to a permanent solution for the young immigrants. “Something needs to be done. It’s Congress’s job to do that. And we want to be part of that process.”

Later on Tuesday, Marc Short, Mr. Trump’s top legislative official, told reporters on Capitol Hill that the White House would release principles for such a plan in the coming days, input that at least one key member of Congress indicated would be crucial.

“It is important that the White House clearly outline what kind of legislation the president is willing to sign,” Senator Marco Rubio, Republican of Florida, said in a statement. “We have no time to waste on ideas that do not have the votes to pass or that the president won’t sign.”

The announcement was an effort by Mr. Trump to honor the law-and-order message of his campaign, which included a repeated pledge to end Mr. Obama’s immigration policy, while seeking to avoid the emotionally charged and politically perilous consequences of targeting a sympathetic group of immigrants.

Mr. Trump’s decision came less than two weeks after he pardoned Joe Arpaio, the former Arizona sheriff who drew intense criticism for his aggressive pursuit of unauthorized immigrants, which earned him a criminal contempt conviction.

The blame-averse president told a confidante over the past few days that he realized that he had gotten himself into a politically untenable position. As late as one hour before the decision was to be announced, administration officials privately expressed concern that Mr. Trump might not fully grasp the details of the steps he was about to take, and when he discovered their full impact, would change his mind, according to a person familiar with their thinking who was not authorized to comment on it and spoke on condition of anonymity.

But ultimately, the president followed through on his campaign pledge at the urging of Mr. Sessions and other hard-line members inside his White House, including Stephen Miller, his top domestic policy adviser.

The announcement started the clock on revoking legal status from those protected under the program.

Officials said DACA recipients whose legal status expires on or before March 5 would be able to renew their two-year period of legal status as long as they apply by Oct. 5. But the announcement means that if Congress fails to act, immigrants who were brought to the United States illegally as children could face deportation as early as March 6 to countries where many left at such young ages that they have no memory of them.

Immigration officials said they did not intend to actively target the young immigrants as priorities for deportation, though without the program’s protection, they would be considered subject to removal from the United States and would no longer be able to work legally.

Officials said some of the young immigrants could be prevented from returning to the United States if they traveled abroad.

Immigration advocates took little comfort from the administration’s assurances, describing the president’s decision as deeply disturbing and vowing to shift their demands for protections to Capitol Hill.

Marielena Hincapié, the executive director of the National Immigration Law Center, called Mr. Trump’s decision “nothing short of hypocrisy, cruelty and cowardice.” Maria Praeli, a recipient of protection under the program, criticized Mr. Sessions and Mr. Trump for talking “about us as if we don’t matter and as if this isn’t our home.”

The Mexican foreign ministry issued a statement saying the “Mexican government deeply regrets” Mr. Trump’s decision.

As recently as July, Mr. Trump expressed skepticism about the prospect of a broad legislative deal.

“What I’d like to do is a comprehensive immigration plan,” he told reporters. “But our country and political forces are not ready yet.”

As for DACA, he said: “There are two sides of a story. It’s always tough.”

In: nytimes

El fracaso de Trump en la reforma sanitaria destapa sus problemas de liderazgo

El republicano sigue siendo un presidente de excepción, apoyado por un núcleo duro, pero rechazado por el resto.

Donald Trump en su reunión con senadores republicanos tras el fracaso de la reforma sanitaria. REUTERS

Donald Trump sigue solo. Tras seis meses en el poder y una agenda en agitación permanente, el multimillonario neoyorquino no ha sido capaz de romper con la maldición de su mandato. Continúa siendo un presidente de excepción, apoyado por un núcleo duro de votantes, pero rechazado por el resto. Una fractura, cristalizada en su bajísima valoración en las encuestas, que el fracaso en la aprobación reforma sanitaria ha dejado en evidencia. Ni siquiera en el proyecto más emblemático y anhelado de la derecha ha logrado unir a su propio partido.

La división republicana ha dejado el liderazgo de Trump por los suelos. El legado de Barack Obama ha mostrado mucha más resistencia de la que se suponía y ha permitido que las carencias del multimillonario afloren. Las encuestas lo han señalado desde el primer día. Su valoración es la más débil de un presidente a esta altura del mandato, y su vertiginosa gestión solo polariza más. Pero esta limitación no implica que haya perdido el apoyo de sus bases. Los sondeos, como indica a este periódico el profesor Larry Sabato, director del Centro para la Política de la Universidad de Virginia, se elaboran sobre población general pero a efectos electorales solo importan los votantes registrados, y ahí Trump permanece incólume. Sin otros aliados, pero fuerte.

Con este bagaje, Trump ha entrado en el laberinto. Fracasado su plan de liquidar el Obamacare y aprobar al mismo tiempo un proyecto propio, está tratando de hallar una nueva salida: votar la eliminación del actual sistema y dejar para una discusión posterior su alternativa. El plan es de alto riesgo. Tres republicanos moderados ya han alertado de que no piensan dar ese paso y que sumaran sus votos a los demócratas. Dada la exigua mayoría republicana en el Senado (52 escaños frente a 48), es casi imposible que la iniciativa prospere.

Pero Trump no ha tirado la toalla. Ha pedido al líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, que someta a votación el fin del Obamacare la semana que viene, y paralelamente él mismo ha convocado una serie de reuniones con los senadores, la primera este miércoles, con el objetivo de recuperar terreno perdido y taponar una fuga irreversible en su presidencia. “La inacción no es solución. Tengo una pluma en la mano lista para firmar. No deberíamos dejar la ciudad hasta tener un plan y sacarlo adelante”, les dijo.

La Casa Blanca es consciente de que sin una mayoría estable en el Senado no sólo la reforma sanitaria, sino su plan fiscal y los presupuestos del año próximo corren peligro. Ante este espectro, Trump, el antisistema que venía a drenar el pantano, ha empezado a buscar su apoyo. No será tarea fácil.

Los republicanos tienen la mayoría en las dos Cámaras, pero forman un universo fractal que hizo de la obstrucción un arma mortal contra Obama y cuyo aguijón sigue vivo. Irredentos, centrados en sus intereses de circunscripción y ultrasensibles a las elecciones de 2018 (renovación total en la Cámara de Representantes y un tercio en el Senado), usan su poder hasta la extenuación y no perdonan los deslices. Trump lo ha sentido en carne propia.

El líder que se presentaba como el gran hacedor de pactos ha cometido en la tramitación de la reforma sanitaria graves errores de estrategia. El primero se vio en marzo cuando intentó forzar la votación de una primera versión en la Cámara de Representantes sin tener mayoría asegurada. In extremis tuvo que retirarla y volver a negociar a puerta cerrada.

El bochorno se ha repetido ahora. En esta segunda fase, obligó al líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConell a imponer un doble juego:eliminar el Obamacare y aprobar un proyecto alternativo al mismo tiempo. McConnell y otros senadores le advirtieron de la complejidad de la jugada. Demasiado ambiciosa para lograrla de una sola tacada. Trump insistió. Y la fractura volvió a emerger.

Para los moderados, el plan presentado era excesivamente duro en sus recortes a los más desfavorecidos y hacía prever un colapso en la cifra de asegurados de clase trabajadora (unos 15 millones menos en dos años). Y para los radicales, la ley dejaba escapar con vida el Obamacare. El descontento era evidente. Y Trump no supo manejarlo.

El mismo lunes el presidente cenó con un nutrido grupo de senadores y dedicó la mayor parte de la reunión a recordar sus viajes. “No habló más que de Francia y del Día de la Bastilla”, señaló con sorna un senador republicano. Poco después, la rebelión tomó cuerpo y con la oposición de solo cuatro legisladores la ley se hundió.

JUGANDO CONTRA LAS ENCUESTAS

Donald Trump ha jugado contra las encuestas en la reforma sanitaria. La última elaborada por The Washington Post-ABC y publicada este domingo pasado ya revelaba la falta de confianza en su proyecto. Aunque es cierto que el Obamacare no gusta del todo (sólo el 37% lo apoya con fuerza), aún gusta menos el proyecto alternativo auspiciado por la Casa Blanca (sólo 17% lo apoya con fuerza). Un resultado que se repite incluso entre los trabajadores blancos sin estudios superiores, el sector de voto duro de Trump.

A este factor se suma la propia polaridad del presidente. Excepto en el área económica, donde el 43% aprueba su gestión frente 41% que la rechaza, en el resto de baremos el mandatario suspende. Así el 58% es contrario a su gestión presidencial (36% a favor) y el 55% considera que no ha logrado avances significativos, frente al 38% que sí.

MÁS DE 30 MILLONES DE PERSONAS MÁS SIN SEGURO CON LA DEROGACIÓN DE OBAMACARE

En pleno debate interno, el Partido Republicano sufrió un nuevo jarro de agua fría. La Oficina Presupuestaria del Congreso, un organismo independiente, pronosticó este miércoles que derogar partes de la ley sanitaria actual sin sustituirlas por una alternativa dispararía el número de personas sin seguro médico en EE UU: 17 millones más en 2018 y 32 millones en 2026. Es una cifra muy superior a los 22 millones de personas más sin seguro en nueve años que había calculado el organismo ante la primera propuesta de reforma republicana.

Ante la incapacidad de sumar los votos republicanos necesarios para avanzar con su propia reforma, Donald Trump ha instado a los senadores a derogar primero Obamacare y luego votar por una propuesta que lo sustituya. Pero esa estrategia parece contar con aún menos apoyos entre los legisladores, lo que posiblemente se acentuará con el pronóstico de la Oficina Presupuestaria.

En: elpais

¿Cómo se interpretan los artículos 333 Y 350 de la Constitución?; por José Ignacio Hernández

Artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en cuestión:

Artículo 333: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Artículo 350: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

Imagen: http://www.2001.com.ve/image_articulos/62e7fdb5809ba89a53fb64d3a153c96b.jpg

Por José Ignacio Hernández G. | 21 de junio, 2017

El 20 de junio de 2017 la Mesa de la Unidad Democrática anunció, a través del Presidente de la Asamblea Nacional, la aplicación de los artículos 333 y 350 de la Constitución, en el marco de las protestas iniciadas desde marzo de 2017, con ocasión al golpe de Estado permanente perpetrado en contra de la Constitución, y que luego avanzó a través de la fraudulenta e ilegítima convocatoria de la asamblea nacional constituyente.

Muchos se preguntan cuáles son las consecuencias prácticas de este anuncio. O en otras palabras: ¿cómo se aplican estos artículos de la Constitución?

1.- Entendiendo el artículo 333 de la Constitución

 El artículo 333 indica que la Constitución, como es la “norma jurídica suprema”, no puede ser desconocida o derogada de manera indebida. Si ello sucediere, ese artículo ordena a ciudadanos y funcionarios a“colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

Por lo tanto, para que esa norma pueda ser aplicada, es necesario que la Constitución haya sido desconocida, lo que sucede en casos de golpe de Estado, o lo que es igual, ruptura del orden constitucional o del hilo constitucional.

Precisamente, desde el 2016 la Asamblea Nacional ha declarado que en Venezuela hay un golpe de Estado, con ocasión a las decisiones de la Sala Constitucional que invalidaron sus competencias, y luego, con ocasión a la suspensión del referendo revocatorio. En 2017 esa conclusión se reiteró frente a las sentencias 155 y 156, y posteriormente ante la ilegítima convocatoria de la asamblea nacional constituyente. La Fiscal General de la República también ha afirmado conclusiones similares.

2.- Entendiendo el artículo 350 de la Constitución

El artículo 350 de la Constitución reconoce un derecho propio de nuestra tradición republicana, muy estudiado por Juan Germán Roscio: el derecho a desobedecer todo Gobierno que vulnere la Constitución.

Mientras que la monarquía absoluta se basó en la obediencia ciega, la República iniciada en 1810 se basó en la obediencia racional: el ciudadano debe obediencia al Gobierno solo si éste actúa dentro de la Constitución. Pero si el Gobierno actúa fuera de sus facultades, invadiendo la libertad, entonces, el deber de obediencia cesa.

En 2003, la Sala Constitucional interpretó que el artículo 350 permitía invocar la desobediencia cumpliendo con tres esas condiciones: (i) debe existir un Gobierno, Ley o sentencia que usurpa la voluntad popular y actúa al margen de la Constitución; (ii) deben haberse intentado todas las acciones judiciales previstas en la Constitución, pese a lo cual (iii) se mantiene el desconocimiento a la Constitución. La sentencia, sin embargo, trató de limitar el alcance de ese derecho, lo que es una tarea inútil: el derecho a la desobediencia existe, incluso, frente a sentencias que arbitrariamente pretendan limitarlo.

3.- ¿Cómo se aplican en la práctica los artículos 333 y 350?

 Los artículos 333 y 350 son dos caras de una misma moneda. Tal y como Roscio lo explicó hace doscientos años, frente a Gobiernos despóticos, el ciudadano tiene dos derechos: (i) un derecho pasivo que consiste en no obedecer o colaborar con ese Gobierno (artículo 350) y (ii)un derecho activo que consiste en realizar todas las acciones para restablecer la vigencia de la Constitución (artículo 333). Ambas facetas parten del desconocimiento jurídico del Gobierno que actúa al margen de la Constitución, y que por ende, no debe ser obedecido.

El derecho a la desobediencia, como derecho pasivo, tiene un contenido específico: no obedecer órdenes o mandatos derivados de Gobiernos que actúan al margen de la Constitución. Ese derecho debe ser ejercido por los ciudadanos por medio de mecanismos de no-cooperación, mucho de los cuales ya se han venido cumpliendo en el marco de las recientes protestas. Por ejemplo, cuando la UCAB y otras universidades decidieron no colaborar con el CNE en el fraudulento proceso constituyente, estaban actuando al amparo de este artículo, aun cuando no haya sido formalmente invocado.

Para los funcionarios, este derecho es ampliado en el artículo 29 constitucional, el cual reconoce el derecho a no obedecer órdenes violatorias de derechos humanos. Aquí, la desobediencia tiene un grado de eficacia mayor, pues en definitiva, las ordenes contrarias a la Constitución (desde la represión a manifestantes hasta las elecciones de la “constituyente”) requieren de actuaciones de funcionarios, quienes legítimamente pueden negarse a colaborar con esos procesos, impidiendo de esa manera la vulneración de los derechos humanos.

Por su parte, el contenido del artículo 333 es más amplio. En realidad, esa norma solamente establece una obligación de resultado: si la Constitución es desconocida, su eficacia debe ser restablecida. Pero la Constitución no explica cómo puede lograrse ese restablecimiento, lo que es lógico, pues esa norma rige frente a situaciones de hecho excepcionales en las cuales las normas constitucionales han perdido eficacia.

Por ello, para restablecer la vigencia de la Constitución, los ciudadanos y los funcionarios pueden adoptar cualquier acción, bajo dos límites: (i) la acción debe ser necesaria y pertinente para restablecer, en la práctica, la vigencia de la Constitución, y (ii)  no pueden vulnerarse principios superiores como la libertad, el pluralismo y la democracia, así como los derechos humanos. Por ello, el artículo 333 no es un cheque en blanco.

4.- ¿Y qué puede hacer la Asamblea Nacional?

La Asamblea Nacional cumple un rol importante en la aplicación del artículo 333 constitucional, pues en su condición de representante del pueblo, tiene legitimidad democrática suficiente para emprender cualquier acción necesaria para restablecer la vigencia de la Constitución, dentro de los límites ya señalados.

Ese rol debe ser cumplido tomando en cuenta dos particularidades.

Lo primero que debe considerarse es que el artículo 333 se aplica para incidir en las condiciones materiales que impiden que la Constitución tenga vigencia plena. No basta, por ello, con decisiones jurídicas dictadas por la Asamblea: es necesario que en la práctica esas decisiones sean cumplidas.

Lo segundo que debe tomarse en cuenta es que la derogatoria de hecho de la Constitución de 1999 no responde a una única causa, sino a causas complejas. Por lo tanto, para restablecer la vigencia de la Constitución deben adoptarse decisiones complejas, planificadas y articuladas para lograr el objetivo querido por el artículo 333.

Como se  observa, la aplicación del artículo 333 por la Asamblea no requiere simplemente de un acto que se cumpla de manera instantánea, sino más bien de un proceso a través del cual la actual situación de hecho actual pase a ser una situación de Derecho regida efectivamente por la Constitución.

Ese proceso, en suma, es un proceso de transición hacia la democracia, o lo que es igual, un proceso de transición democrática, al cual recientemente se refirió Luis Ugalde. Fue en este sentido que la Asamblea, en mayo pasado, decidió crear la Comisión de Garantías para la Transición.

De esa manera, la Asamblea Nacional, como legítimo representante del pueblo, es a quien le corresponde planificar y coordinar el proceso de restablecimiento efectivo de la Constitución. Para ello, ciertamente, es necesario continuar con los procedimientos de designación de los magistrados del Tribunal y de los rectores del CNE, entre otras accionesorientadasa la transición hacia una democracia constitucional estable.

Pero nuevamente debo advertir que esas decisiones de la Asamblea, en sí mismas, serían insuficientes, pues se requiere que ademássean cumplidas en la práctica. Para garantizar esa aplicación práctica no solo se precisa del apoyo de la sociedad civil (a través de métodos de protesta y no-cooperación), sino también de los funcionarios, quienes de acuerdo con los artículos 29 y 333 de la Constitución, deben colaborar en el restablecimiento efectivo de la Constitución, como ya ha hecho la Fiscal.

Precisamente, como anunció la Asamblea al crear la citada Comisión de Garantías para la Transición, es necesario establecer incentivos para que los funcionarios desconozcan los actos que configuran el golpe de Estado y colaboren en el restablecimiento de la Constitución.

Sobre estas ideas estaré profundizando en nuevos artículos.

José Ignacio Hernández G.  José Ignacio Hernández es abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y UCAB. Puedes seguirlo en Twitter en @ignandez

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