China sends its top actors and directors back to socialism school

By Simon Denyer and Luna Lin

BEIJING — Culture is the soul of the nation, Chinese President Xi Jinping declared in a key speech last month. And like Chairman Mao Zedong before him, Xi believes that Chinese culture must serve socialism and the Communist Party.

This week, more than 100 of the nation’s top filmmakers, actors and pop stars were gathered for a day in the city of Hangzhou to be told exactly what that meant in practice, and to study the spirit of the 19th Party Congress, where Xi gave that speech and set out his “Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era.”

A socialist culture with Chinese characteristics, China’s president said last month, should promote socialist material well being, raise socialist cultural-ethical standards, and be guided by Marxism. Writers and artists should simultaneously reflect real life and “extol our Party, our country, our people and our heroes.”

This is not a new theme for Xi — he made a similar call at a speech back in October 2014 — nor is it a new idea for China. Indeed, Xi was consciously evoking the words of Communist China’s first leader Mao, who told a forum of artists in 1942 that art should reflect the lives of the working class and serve the advancement of socialism.

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Los detenidos en la operación contra la organización del referéndum

La Guardia Civil ha entrado en sedes de la Generalitat, organismos públicos y empresas en las que se prepara la consulta del 1 de octubre

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a al menos 14 personas por su supuesta participación en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre, la mayoría altos cargos del Ejecutivo catalán. Entre los detenidos en nueve sedes oficiales de la Generalitat se encuentra el número dos de Oriol Junqueras en la Conselleria d’Economia, Josep Maria Jové. Este es el cometido actual de los principales arrestados.

JOSEP MARIA JOVÉ, secretario general de Economía y Hacienda

Además de número dos de Oriol Junqueras en el Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, Jové es también un peso pesado dentro de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), donde preside el Consell Nacional. Tras ejercer como asesor en el sector público y privado, su carrera política despegó ya durante el Gobierno tripartito. Entre 2005 y 2010, desempeñó el cargo de Políticas Sectoriales en los departamentos de Presidencia y Vicepresidencia.

En la última crisis de Gobierno, en la que saltaron varios consejeros por su negativa a llegar hasta el final del proceso soberanista y se incorporaron otros inequívocamente independentistas, Jové se incorporó en un núcleo duro de coordinación política integrada por solo cuatro miembros: el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el secretario del Gobierno, Víctor Cullell. Como número dos de Junqueras, tiene también bajo su responsabilidad el área de procesos electorales, una vez esta fue traspasada del Departamento de Gobernación a Vicepresidencia.

LLUÍS SALVADÓ, secretario de Hacienda

Junqueras confió a otro miembro de peso de ERC el desarrollo de una de las áreas clave para el proceso independentista: la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). Secretario general adjunto de ERC desde 2011, Salvadó se deshizo del anterior cerebro de la llamada Hacienda catalana, Joan Iglesias, y decidió dar un empujón al organismo con el plan de que asuma la gestión de todos los tributos que se generan en Cataluña.

Su tarea no era fácil: Salvadó debía hacerse cargo de una agencia en estado precario que había desarrollado menos competencias que otros organismos autonómicos e irla dotando de contenido con la plena asunción de la gestión de los impuestos propios y cedidos y la recaudación de multas. Para ello implantó un programa informático capaz de procesar masivamente impuestos para superar la obsoleta plataforma E-spriu y amplió la plantilla de la ATC, de 350 a más de 700 personas.

También tuvo que lidiar con el escándalo que protagonizó el exsenador Santi Vidal, que afirmó que la ATC tenía todos los datos de la ciudadanía de forma ilegal, lo que motivó una auditoría de la Agencia Catalana de Protección de Datos. Su último proyecto, la gestión de las retenciones y cotizaciones sociales de las administraciones catalanas (incluidos los Ayuntamientos) provocó un choque con el Gobierno central, que entendía que esa intermediación era ilegal.

XAVIER PUIG FARRÉ, responsable de la Oficina de Asuntos Exteriores

Puig entró en la Administración catalana en 2012 a través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, donde estuvo en las áreas de Innovación y posteriormente ocupó cargos de dirección. En mayo de 2016 pasó al Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, donde se hizo cargo del departamento informático.

Entre sus funciones están las de garantizar que las actuaciones en materia tecnológica estén de acuerdo con los “objetivos estratégicos y operativos” de la consejería de dirige Raül Romeva. Puig ha compaginado esas responsabilidades con la actividad docente en escuelas de negocios.

JOSUÉ SALLENT I RIBES, Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI)

Su inicio en la Administración catalana se remonta a septiembre de 2010, cuando dirigió el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT). Allí estuvo apenas siete meses, cuando pasó a la empresa privada. Desde septiembre de 2016 es director de Estrategia e Innovación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat.

DAVID FRANCO MARTOS, Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI)

Empleado del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) desde 2005, está adscrito como gestor de proyectos del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. Uno de sus encargos, según fuentes del Gobierno catalán, era la preparación de la Agencia Catalana de la Protección Social, que debía ser el embrión de una eventual Seguridad Social Catalana.

JOAN MANEL GÓMEZ, Centro de Seguridad de la Información de Cataluña

Vinculado al Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT) desde 2010, donde estuvo en las áreas de riesgo y seguridad, Gómez tiene encomendadas labores de desarrollo del voto electrónico y el encargado de coordinar el plan de acción de la Generalitat para implementar el voto electrónico de los catalanes residentes en el extranjero.

DAVID PALANQUES SERRANO, Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales

Profesor de la Universidad de Barcelona, está adscrito actualmente al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

JOAN IGNASI SÁNCHEZ, departamento de Gobernación

Es asesor del gabinete del Departamento de Gobernación, dirigido por la consejera Meritxell Borràs (PDeCAT) que convocó un consurso para licitar la compra de urnas. Sánchez fue también concejal del grupo municipal de Convergència i Unio del Ayuntamiento de Sabadell.

FRANCESC SUTRIAS GRAU, director de Patrimonio de la Secretaría de Hacienda

En el Ejecutivo de Carles Puigdemont, Sutrias es director general de Patrimonio, dentro del Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda que lidera Oriol Junqueras. Anteriormente, había sido concejal de ERC en Rubí. Abogado de formación, se ha dedicado sobre todo al ámbito de la vivienda y el urbanismo.

NATALIA GARRIGA IBÁÑEZ, directora de Servicios de la Secretaría General de Vicepresidencia

Licenciada en Derecho, fue durante el tripartito jefa del gabinete técnico de la Secretaría de Coordinación Interdepartamental, responsable técnica en la Dirección General de Coordinación Interdepartamental. En 2016 fue gerente en el Instituto Catalán de las Empresas Culturales, hasta que pasó al cargo actual.

PAU FURRIOL FORNELLS, abogado y miembro de ERC

Abogado y militante de ERC desde 1962. Ha sido presidente de la sectorial de Justicia, de la Comisión de Garantías y ha formado parte de la sectorial de Politica Económica y Financiera del partido.

JOSEP MASOLIVER, Fundación PuntCat

Es responsable técnico y de proyectos tecnológicos de la Fundación PuntCat y especialista en seguridad informática.

MERCEDES MARTÍNEZ SANTOS, empresa Fox Box Publi Alternativa

Apoderada de la empresa Fox Box Publi Alternativa SL, que presuntamente estaría vinculada con material electoral del referéndum ilegal del 1 de octubre.

ROSA MARÍA RODRÍGUEZ CURTO, empresa T-Systems

Actualmente ejerce como directora General de Servicios de la empresa T-Systems

En: elpais

Ver: Tres los detenidos en libertad tras negarse a declarar ante la Guardia Civil

Cronología del 20-S, el día en que se ha acelerado la crisis catalana

Trump Moves to End DACA and Calls on Congress to Act

WASHINGTON — President Trump on Tuesday ordered an end to the Obama-era program that shields young undocumented immigrants from deportation, calling it an “amnesty-first approach” and urging Congress to pass a replacement before he begins phasing out its protections in six months.

As early as March, officials said, some of the 800,000 young adults brought to the United States illegally as children who qualify for the program, Deferred Action for Childhood Arrivals, will become eligible for deportation. The five-year-old policy allows them to remain without fear of immediate removal from the country and gives them the right to work legally.

Mr. Trump and Attorney General Jeff Sessions, who announced the change at the Justice Department, both used the aggrieved language of anti-immigrant activists, arguing that those in the country illegally are lawbreakers who hurt native-born Americans by usurping their jobs and pushing down wages.

Mr. Trump said in a statement that he was driven by a concern for “the millions of Americans victimized by this unfair system.” Mr. Sessions said the program had “denied jobs to hundreds of thousands of Americans by allowing those same illegal aliens to take those jobs.”

Protests broke out in front of the White House and the Justice Department and in cities across the country soon after Mr. Sessions’s announcement. Democrats and some Republicans, business executives, college presidents and immigration activists condemned the move as a coldhearted and shortsighted effort that was unfair to the young immigrants and could harm the economy.

“This is a sad day for our country,” Mark Zuckerberg, the Facebook founder, wrote on his personal page. “It is particularly cruel to offer young people the American dream, encourage them to come out of the shadows and trust our government, and then punish them for it.”

Former President Barack Obama, who had warned that any threat to the program would prompt him to speak out, called his successor’s decision “wrong,” “self-defeating” and “cruel.”

“Whatever concerns or complaints Americans may have about immigration in general, we shouldn’t threaten the future of this group of young people who are here through no fault of their own, who pose no threat, who are not taking away anything from the rest of us,” Mr. Obama wrote on Facebook.

Both he and Mr. Trump said the onus was now on lawmakers to protect the young immigrants as part of a broader overhaul of the immigration system that would also toughen enforcement.

But despite broad and longstanding bipartisan support for measures to legalize unauthorized immigrants brought to the United States as children, the odds of a sweeping immigration deal in a deeply divided Congress appeared long. Legislation to protect the “dreamers” has also repeatedly died in Congress.

Just hours after the angry reaction to Mr. Trump’s decision, the president appeared to have second thoughts. In a late-evening tweet, Mr. Trump specifically called on Congress to “legalize DACA,” something his administration’s officials had declined to do earlier in the day.

Mr. Trump also warned lawmakers that if they do not legislate a program similar to the one Mr. Obama created through executive authority, he will “revisit this issue!” — a statement sure to inject more uncertainty into the ultimate fate of the young, undocumented immigrants who have been benefiting from the program since 2012.

Conservatives praised Mr. Trump’s move, though some expressed frustration that he had taken so long to rescind the program and that the gradual phaseout could mean that some immigrants retained protection from deportation until October 2019.

The White House portrayed the decision as a matter of legal necessity, given that nine Republican state attorneys general had threatened to sue to halt the program immediately if Mr. Trump did not act.

Months of internal White House debate preceded the move, as did the president’s public display of his own conflicted feelings. He once referred to DACA recipients as “incredible kids.”

The president’s wavering was reflected in a day of conflicting messages from him and his team. Hours after his statement was released, Mr. Trump told reporters that he had “great love” for the beneficiaries of the program he had just ended.

“I have a love for these people, and hopefully now Congress will be able to help them and do it properly,” he said. But he notably did not endorse bipartisan legislation to codify the program’s protections, leaving it unclear whether he would back such a solution.

Mr. Trump’s aides were negotiating late into Monday evening with one another about precisely how the plan to wind down the program would be executed. Until Tuesday morning, some aides believed the president had settled on a plan that would be more generous, giving more of the program’s recipients the option to renew their protections.

But even taking into account Mr. Trump’s contradictory language, the rollout of his decision was smoother than his early moves to crack down on immigration, particularly the botched execution in January of his ban on travelers from seven predominantly Muslim countries.

In addition to the public statement from Mr. Sessions and a White House question-and-answer session, the president was ready on Tuesday with the lengthy written statement, and officials at the Justice and Homeland Security Departments provided detailed briefings and distributed information to reporters in advance.

Mr. Trump sought to portray his move as a compassionate effort to head off the expected legal challenge that White House officials said would have forced an immediate and highly disruptive end to the program. But he also denounced the policy, saying it helped spark a “massive surge” of immigrants from Central America, some of whom went on to become members of violent gangs like MS-13. Some immigration critics contend that programs like DACA, started under Mr. Obama, encouraged Central Americans to enter the United States, hoping to stay permanently. Tens of thousands of migrants surged across America’s southern border in the summer of 2014, many of them children fleeing dangerous gangs.

Sarah Huckabee Sanders, the White House press secretary, indicated that Mr. Trump would support legislation to “fix” the DACA program, as long as Congress passed it as part of a broader immigration overhaul to strengthen the border, protect American jobs and enhance enforcement.

“The president wants to see responsible immigration reform, and he wants that to be part of it,” Ms. Sanders said, referring to a permanent solution for the young immigrants. “Something needs to be done. It’s Congress’s job to do that. And we want to be part of that process.”

Later on Tuesday, Marc Short, Mr. Trump’s top legislative official, told reporters on Capitol Hill that the White House would release principles for such a plan in the coming days, input that at least one key member of Congress indicated would be crucial.

“It is important that the White House clearly outline what kind of legislation the president is willing to sign,” Senator Marco Rubio, Republican of Florida, said in a statement. “We have no time to waste on ideas that do not have the votes to pass or that the president won’t sign.”

The announcement was an effort by Mr. Trump to honor the law-and-order message of his campaign, which included a repeated pledge to end Mr. Obama’s immigration policy, while seeking to avoid the emotionally charged and politically perilous consequences of targeting a sympathetic group of immigrants.

Mr. Trump’s decision came less than two weeks after he pardoned Joe Arpaio, the former Arizona sheriff who drew intense criticism for his aggressive pursuit of unauthorized immigrants, which earned him a criminal contempt conviction.

The blame-averse president told a confidante over the past few days that he realized that he had gotten himself into a politically untenable position. As late as one hour before the decision was to be announced, administration officials privately expressed concern that Mr. Trump might not fully grasp the details of the steps he was about to take, and when he discovered their full impact, would change his mind, according to a person familiar with their thinking who was not authorized to comment on it and spoke on condition of anonymity.

But ultimately, the president followed through on his campaign pledge at the urging of Mr. Sessions and other hard-line members inside his White House, including Stephen Miller, his top domestic policy adviser.

The announcement started the clock on revoking legal status from those protected under the program.

Officials said DACA recipients whose legal status expires on or before March 5 would be able to renew their two-year period of legal status as long as they apply by Oct. 5. But the announcement means that if Congress fails to act, immigrants who were brought to the United States illegally as children could face deportation as early as March 6 to countries where many left at such young ages that they have no memory of them.

Immigration officials said they did not intend to actively target the young immigrants as priorities for deportation, though without the program’s protection, they would be considered subject to removal from the United States and would no longer be able to work legally.

Officials said some of the young immigrants could be prevented from returning to the United States if they traveled abroad.

Immigration advocates took little comfort from the administration’s assurances, describing the president’s decision as deeply disturbing and vowing to shift their demands for protections to Capitol Hill.

Marielena Hincapié, the executive director of the National Immigration Law Center, called Mr. Trump’s decision “nothing short of hypocrisy, cruelty and cowardice.” Maria Praeli, a recipient of protection under the program, criticized Mr. Sessions and Mr. Trump for talking “about us as if we don’t matter and as if this isn’t our home.”

The Mexican foreign ministry issued a statement saying the “Mexican government deeply regrets” Mr. Trump’s decision.

As recently as July, Mr. Trump expressed skepticism about the prospect of a broad legislative deal.

“What I’d like to do is a comprehensive immigration plan,” he told reporters. “But our country and political forces are not ready yet.”

As for DACA, he said: “There are two sides of a story. It’s always tough.”

In: nytimes

Trump insiste en equiparar a nazis y manifestantes como responsables de los incidentes de Charlottesville

“Hubo un grupo de un lado que fue malo y hubo un grupo del otro lado que también fue muy violento”, ha dicho el presidente de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha responsabilizado este martes de la violencia de este fin de semana en Charlottesville (Virginia) tanto a grupos neonazis y supremacistas como a los manifestantes de izquierda que les hicieron frente.

Hubo un grupo de un lado que fue malo y hubo un grupo del otro lado que también fue muy violento“, dijo Trump durante una conferencia de prensa en Nueva York.

El presidente calificó de “horrible” lo sucedido en Charlottesville, pero insistió en que no todos los que acudieron a la protesta eran neonazis o supremacistas blancos.

“He condenado a los neonazis, he condenado a muchos grupos. Pero no toda esa gente eran neonazis, créame. No todas esas personas eran supremacistas blancos, ni mucho menos”, subrayó Trump.

“Mucha gente también estaba allí para protestar por la retirada de una estatua de Robert E. Lee. Esta semana es Robert E. Lee. (…) Me pregunto, ¿es George Washington la semana que viene? ¿Es Thomas Jefferson la siguiente?”, añadió el presidente.

La marcha “Unir a la derecha”, que derivó en los choques de este fin de semana en Charlottesville, se convocó en protesta por la decisión de eliminar una estatua de Lee, un general confederado considerado un símbolo de la defensa de la esclavitud y el racismo.

Aunque dio a entender que está en desacuerdo con la retirada de ese tipo de monumentos, Trump aseguró hoy que en su opinión lo mejor es dejar esas decisiones a las autoridades competentes en cada caso.

El presidente estadounidense defendió además con vehemencia su respuesta a lo sucedido en Charlottesville, tras las críticas que recibió por haber esperado dos días para condenar explícitamente al Ku Klux Klan (KKK), los neonazis y los supremacistas blancos que se dieron cita allí.

“Antes de hacer una declaración, necesito los hechos”, subrayó Trump, explicando que, cuando hizo sus primeros comentarios, no sabía por ejemplo que el histórico líder del KKK David Duke estaba allí.

Originalmente, el presidente había responsabilizado a “muchas partes” del “odio y fanatismo” vistos en Charlottesville.

Hoy, tras censurar directamente a los grupos racistas un día antes, recuperó su línea inicial e insistió en repartir culpas por los disturbios.

“¿Qué pasa con la alt-left (izquierda alternativa) que atacó a lo que usted llama alt-right? ¿Tienen alguna culpa?”, respondió a una periodista que le pidió que comentase sobre la supuesta responsabilidad de la nueva derecha estadounidense en los choques

MÁS INFORMACIÓN

En: publico.es

Los perros podrían quedar fuera del menú del festival de Yulin en China

Perros a la venta en un mercado de Yulin, China, en 2015, durante el festival anual del solsticio de verano. Credit Adam Dean para The New York Times. Imagen: https://static01.nyt.com/images/2017/05/19/world/19chinadogs-1/19chinadogs-1-master1050.jpg

BEIJING — Defensores de los derechos animales anunciaron una victoria en la lucha contra el festival anual de la carne de perro en China, pues aseguran que las autoridades de la ciudad sureña de Yulin aceptaron prohibir la venta de carne de perro durante la semana previa a este evento.

Sin embargo, ninguna de las autoridades contactadas confirmaron tal prohibición, y los restaurantes de perro que fueron contactados por la BBC declararon que no han escuchado nada al respecto.

“No creo que lo reconozcan públicamente”, expresó Andrea Gung, fundadora de Proyecto Duo Duo, en relación con las respuestas de las autoridades gubernamentales. “Sin embargo, mi fuente habló con cada uno de los vendedores de carne de perro en Dongkou (el principal mercado de carne en Yulin) y todos dijeron lo mismo: hay una prohibición de siete días a partir del 15 de junio sobre las ventas de carne de perro”.

La Humane Society International y el Proyecto Duo Duo, un grupo con sede en California que defiende los derechos animales, citaron algunos informes de defensores chinos de derechos animales, así como de comerciantes de carne de perro en Yulin. De acuerdo con estos informes, aquél que sea sorprendido vendiendo carne de perro durante la semana previa al Festival de Lichi y Carne de Perro de Yulin, el cual inicia el 21 de junio, recibirá multas de hasta 100.000 renminbi, lo que equivale a unos 14.500 dólares, e incluso podría pasar algún tiempo en prisión.

Aunque antes ha habido otros intentos por impedir la venta de carne de perro, se cree que esta es la primera vez que el gobierno ha amenazado con sanciones concretas.

“Me siento optimista”, afirmó en entrevista telefónica Peter J. Li, consultor político en China de la Humane Society International. “Naturalmente, estamos conscientes de que ninguna ley puede evitar por completo la venta de carne de perro en Yulin. Sin embargo, esta prohibición sugiere que el gobierno está siendo más serio respecto a tomar acciones en una dirección determinada”.

En el pasado, las autoridades en general eludían el tema e insistían en que el festival es una tradición local para celebrar el inicio del solsticio de verano y que el gobierno no lo organiza ni lo patrocina.

Falta ver en qué medida se hará cumplir la restricción, que dura únicamente una semana. Aunque abarca los días previos al festival y su inauguración, cuando usualmente se sacrifica y consume la mayoría de los perros, los activistas suponen que muchos –si no todos– de los comerciantes de carne de perro retomarán la venta cuando se levante la prohibición. Además, no queda claro si esta incluye a los gatos, los cuales también se consumen durante el festival, aunque su carne es menos popular.

Pese a todo, este veto se sigue celebrando como un avance en favor del bienestar animal en China.

“Aun cuando estos comerciantes de carne de perro probablemente vuelvan a sus actividades habituales, la restricción sigue enviando un mensaje claro: de ahora en adelante, su negocio y la manera en que se ganan la vida serán cada vez más difíciles”, aseguró Li.

Esta prohibición es el último acontecimiento de lo que se ha convertido en una lucha muy pública entre los defensores del bienestar animal y los habitantes y los vendedores de carne de perro en Yulin. Los llamados para cancelarlo han sido cada vez mayores.

El festival, según activistas, empezó apenas en 2009 por iniciativa de los vendedores de carne de perro, quienes buscaban aumentar sus ventas. Se estima que en las celebraciones de cada año se consumen más de 10.000 perros, muchos de los cuales se cree que son mascotas robadas.

Ante el creciente escrutinio internacional, los habitantes y los vendedores de carne de perro se encuentran cada vez más a la defensiva. Los activistas aseguran que apenas cerca del 30 por ciento de las personas en Yulin comen carne de perro de manera regular, y muchos residentes afirman que se sienten atacados injustamente. Argumentan que comer carne de perro y lichi durante el solsticio de verano es una antigua costumbre local y que no es distinto de comer vacas o cerdos.

Actualmente, los llamados a poner fin a este festival se han difundido tanto que este se ha convertido en el punto central de una campaña de mayor envergadura para erradicar por completo el consumo de carne de perro en China, así como las prácticas a menudo brutales asociadas con este comercio que, en gran medida, no está regulado.

“Los activistas chinos merecen mucho crédito”, declaró Gung. “La mayoría de los activistas extranjeros usualmente se van de la ciudad cuando el festival termina, pero los activistas locales se quedan y siguen hablando al respecto; se preocupan por este tema”.