Categoría: Economía
Contra el ecumenismo del odio
El Vaticano critica a los fundamentalistas xenófobos e islamófobos en un artículo de la revista de los jesuitas visado por el propio Papa y por el secretario de Estado
El papa Francisco, entre Ivanka (izquierda) y Melania Trump (derecha), en una audiencia en el Vaticano el 24 de mayo pasado. ALESSANDRA TARANTINO (REUTERS)
¿Quién se acuerda de Charles Maurras? Murió hace más de 60 años mientras cumplía cadena perpetua por complicidad con el enemigo alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Fue extraordinaria su influencia intelectual sobre las derechas más extremas europeas, incluidas las españolas, a través de su partido antisemita, ultra y monárquico, Action Française, sobre todo entre las dos guerras mundiales. Igual de extraordinaria fue su tormentosa relación con la Santa Sede, que terminó con su excomunión y las de su seguidores y con la inclusión de un puñado de sus escritos y de la propia revista que dirigía en el Índice de Libros Prohibidos.
El tiempo de las excomuniones y del Índice de los Libros Prohibidos queda lejos, olvidado ya. Roma ya no hace cosas así, al menos desde el Concilio Vaticano II. Pero si las hiciera, no hay duda de que ahora tendríamos algo parecido a un caso Maurras a propósito de las turbulentas ideas y propuestas políticas del presidente Trump y más concretamente de su consejero estratégico Steve Bannon,un príncipe de las tinieblas que inspira las políticas más extremistas de la actual Casa Blanca, como el muro con México y el muslim ban o prohibición de entrada en EE UU a ciudadanos de seis países musulmanes.
Steve Bannon es católico, mientras que Donald Trump nació en una familia presbiteriana. La religiosidad personal de ambos es más que dudosa, como le sucedía a Maurras, hasta el punto de que fue el agnosticismo del escritor francés el que le condujo a la condena eclesial. Bannon se ha divorciado dos veces a pesar de la indisolubilidad del matrimonio católico, y de Trump se desconoce si practica o si tiene siquiera alguna idea religiosa. Pero en ambos cuenta la religión como visión política del mundo, y ahí es donde el Vaticano tiene algo que decir y lo ha dicho, uniendo además en una misma crítica al catolicismo integrista y al fundamentalismo evangelista que tan buen servicio les ha rendido al Partido Republicano para ganar en las elecciones presidenciales.
Aunque el mensaje es bien claro, en cuanto a quien lo emite y a lo que dice, la vía escogida por el Vaticano es sutil e indirecta. Ha sido la revista de los jesuitas Civiltà Cattolica la que lo ha transmitido, a través de un artículo, titulado ‘Fundamentalismo evangélico e integrismo católico en Estados Unidos, un ecumenismo sorprendente’, firmado por su director, el italiano Antonio Spadaro, y por el protestante argentino Marcelo Figueroa. Un católico y un protestante denuncian precisamente la colusión de católicos y protestantes extremistas estadounidenses en un mismo pensamiento al que califican de “ecumenismo del odio”. Según el diario italiano La Repubblica, el papa Francisco en persona, el secretario de Estado Pietro Parolin y el secretario para las Relaciones con Estados Unidos, Paul Richard Gallagher, han corregido y visado el artículo.
El papa Francisco rechaza la narrativa del miedo y de la inseguridad, sobre la que Trump y su derecha alternativa construyen muros ideológicos
La primera característica de esta desviación teológica es el maniqueísmo, un “lenguaje que divide la realidad entre el Bien absoluto y el Mal absoluto”, cuestión en la que los autores citan al propio presidente Trump y que sitúa a los inmigrantes y a los musulmanes entre las amenazas al sistema de vida de Estados Unidos.Una segunda característica que denuncian Spadaro y Figueroa es el carácter de Teología de la Prosperidad que comparten los dos extremismos católico y evangelista. Su evangelio para ricos, difundido por organizaciones y pastores multimillonarios, predica una idea autojustificativa de que “Dios desea que sus seguidores tengan salud física, sean prósperos y personalmente felices”. La tercera característica es una defensa muy peculiar de la libertad religiosa, en la que extremistas católicos y protestantes se unen en cuestiones como la oposición al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo o la educación religiosa en la escuela, y propugnan un sometimiento de las instituciones del Estado a las ideas religiosas e incluso a la Biblia muy similar al que inspira al fundamentalismo islámico.
Esta visión del mundo proporciona una justificación teológica a la guerra y alienta la esperanza religiosa con la expectativa de un enfrentamiento apocalíptico y definitivo entre el Bien y el Mal. Las afinidades con la idea islamista radical de la yihad son bien claras. El artículo denuncia la web de extrema derecha Church Militant, que atribuye la victoria de Trump a las oraciones de los estadounidenses, propugna la guerra de religiones y profesa el llamado dominionismo, que es una lectura literalista del Genésis en la que el hombre es el centro de un universo a su entero servicio. Los dominionistas consideran anticristianos a los ecologistas y observan los desastres naturales y el cambio climático como irremediables signos escatológicos de un final de los tiempos apocalíptico, que no hay que obstaculizar, sino todo lo contrario.
No es posible comprender esta fuerte arremetida del Vaticano contra la extrema derecha estadounidense sin recordar la intervención de Steve Bannon en una conferencia celebrada en el Vaticano en 2014, en la que denunció la secularización excesiva de Occidente y anunció “la proximidad de un conflicto brutal y sangriento, (…) una guerra global contra el fascismo islámico”, en la que “esta nueva barbarie que ahora empieza erradicará todo lo que nos ha sido legado en los últimos dos mil o dos mil quinientos años”. También hay que situarlo en el marco de tensiones entre la Casa Blanca y el Vaticano a propósito de Oriente Próximo, especialmente tras el primer viaje de Trump en el que pretendió conectar con las tres religiones, islam, judaísmo y catolicismo, pero terminó convirtiéndose en un reforzamiento de la alianza con Arabia Saudí y un estímulo al enfrentamiento con Teherán, con consecuencias inmediatas en el bloqueo a Qatar.
El pontífice no solo discrepa de sus propuestas sobre ecología, inmigración o impuestos, sino que rechaza su estrategia en favor de Riad
Curiosamente, Spadaro y Figueroa defienden las raíces cristianas de Europa, pero con una argumentación inversa a la que se escuchaba en tiempos de Ratzinger, de la que ha desaparecido el supremacismo cristiano y blanco. “El triunfalismo, la arrogancia y el etnicismo vengativo son exactamente lo contrario del cristianismo”, aseguran. El artículo termina recordando que el papa Francisco combate la narrativa del miedo y la manipulación de la inseguridad y de la ansiedad de la gente, evita la reducción del Islam al terrorismo islamista y rechaza la idea de una guerra santa contra el islam o la construcción de muros físicos e ideológicos. Con la denuncia del ecumenismo del odio, el Vaticano sitúa a Steve Bannon y Donald Trump en un infierno ideológico análogo al que abrió las puertas a Maurras en 1927, ahora hace justo 90 años, en el que se encuentran condenados los políticos que utilizan la religión para dividir en vez de unir a los seres humanos.
En: elpais
SERVIR: El crecimiento del CAS hace imperativo profundizar reforma del servicio civil
- Con el 40% del total de contratados, el CAS se convirtió en el principal régimen laboral en el Estado, sin considerar las carreras especiales, con 275 mil servidores en los tres niveles de gobierno.
- Si las entidades se acogen a la reforma del servicio civil, se reducirá progresivamente el uso del CAS en el Estado y se incentivará la meritocracia, señala SERVIR.
Imagen: http://www.servir.gob.pe/wp-content/uploads/2017/07/informe-cas-servir-2017-100717.png
La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) alertó que el crecimiento de 8% promedio anual en las contrataciones de personal vía el régimen CAS es uno de los principales escollos para profundizar la reforma del servicio civil y la meritocracia en el Estado peruano, según el informe denominado “Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS” publicado hoy.
El referido informe, señala que, sin considerar a los regímenes de carreras especiales, el CAS se ha convertido en el principal régimen de contratación laboral en el Estado, desplazando a los contratados bajo los regímenes de los Decretos Legislativos Nº 276 y 728.
“Si excluimos a las carreras especiales, el grupo del régimen CAS pasa a concentrar a la mayor parte de servidores públicos con el 40% del total. Luego le siguen los servidores del D. Leg. 276 con el 38% y del D.Leg. 728 con el 22%”, señala el informe. Agrega que, a diciembre de 2016, existían en el Estado aproximadamente 275 mil servidores públicos bajo el régimen CAS en los tres niveles de gobierno, según la Planilla Electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
El informe indica que el número de servidores bajo el régimen CAS ha crecido de manera sostenida entre los años 2009 y 2016, considerando que pasaron de 157 mil a 275 mil, lo cual implica un incremento de 8% al año en promedio y un 76% acumulado en ese periodo. Casi la mitad de servidores sujetos al régimen CAS son de las entidades del gobierno nacional.
El referido informe también resalta que aun cuando la contratación bajo el régimen CAS pueda contar con marco presupuestal, tenga concordancia con las funciones de la entidad y siga un procedimiento determinado, muchas veces dicho régimen permite a las entidades contratar personal sin considerar instrumentos de planificación y/o presupuesto ni el uso de criterios objetivos para seleccionar personal. “Esto facilita la contratación y la hace más permeable a un uso inapropiado. Esta podría ser una de las razones por las que la cantidad de servidores contratados bajo el régimen CAS se ha incrementado en las entidades públicas”, puntualiza el informe.
Otro aspecto analizado en el informe es el costo anual de la planilla CAS, que asciende a cerca de S/ 7 750 millones incluyendo a los tres niveles de gobierno. “Dicho costo laboral anual ha crecido sostenidamente desde el año 2009: 20% en promedio al año y más del triple en términos acumulados. Ello se explica tanto por el incremento en el número de servidores CAS como de sus remuneraciones promedio”, según se precisa en el informe de SERVIR.
Señala también que si se mide la incidencia del costo de la planilla CAS en el PBI nominal, en el periodo 2009-2016 se duplicó dicho costo. “El costo de la planilla CAS representa el 1,2% del producto bruto interno (PBI) nominal, valor que se ha duplicado en relación al registrado en el año 2009 (0,6%), reflejando que el costo de los servidores CAS creció a un mayor ritmo que el PBI nominal”, puntualiza.
En cuanto a los ingresos, en el período 2013–2016, las remuneraciones mensuales promedio de los servidores sujetos al régimen CAS se incrementaron sostenidamente tanto para los hombres como para las mujeres. “En el caso de los primeros en 9% al año en promedio y en el de las segundas en 11%”, se apunta en el referido informe.
Finalmente, en el informe se señala que dada la mayor dinámica de crecimiento de las remuneraciones mensuales promedio de las mujeres en relación a las de los varones bajo el régimen CAS, la brecha salarial general de género en favor de los hombres se ha reducido de 10% a 4% entre los años 2013 y 2016, lo que está “en línea con la reducción de la brecha salarial general de género en todo el sector público registrada en los últimos años”, concluye.
Recomendaciones
Para SERVIR, acelerar y profundizar el pase de las entidades públicas a la Ley del Servicio Civil, reducirá progresivamente el uso del régimen CAS, permitiendo el desarrollo de una carrera basada en la meritocracia en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.
Para ver y descargar el Informe “Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS” hacer click aquí
Lima, 10 de julio de 2017
Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional
En: servir
SERVIR: Unas 150 Mil personas laborarían en el estado en situación de informalidad
- Informalidad laboral en el Estado ascendería a 11%. Personas que laboran en condición de informalidad suelen ser contratadas indebidamente bajo la modalidad de locación de servicios.
- SERVIR recuerda a entidades públicas que sólo pueden contratar locadores de servicios para labores no subordinadas, bajo responsabilidad del titular.
Imagen: http://www.servir.gob.pe/wp-content/uploads/2017/07/Captura-de-pantalla-2017-07-25-a-las-10.51.47.png
La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) señaló que el nivel de 11% de informalidad laboral aún existente en el sector público, es una de las principales razones para profundizar la reforma del servicio civil y la meritocracia en el Estado peruano, según el informe denominado “El reto de la formalidad en el sector público peruano” publicado hoy.
En el referido informe se señala que existirían unas 150 mil personas, el 11% del total que están al servicio del Estado, que laborarían en condición de informalidad laboral en el sector público, en vista que, según la Encuesta Nacional de Hogares del INEI, siendo subordinadas serían contratadas vía locación de servicios en el mejor de los casos, figura que sólo puede ser usada para labores no subordinadas.
“A pesar que realizarían labores subordinadas en una entidad, no estarían registradas en las planillas, por tanto, no accederían a beneficios laborales tales como vacaciones, aguinaldos, compensación por tiempo de servicios, seguridad social en salud y pensiones, entre otros”, señala el informe.
La mayor tasa de informalidad laboral en el sector público se registraría en los gobiernos locales (26%), seguida del gobierno nacional (13%) y los gobiernos regionales (6%). SERVIR señala que, no obstante, la tasa de informalidad laboral del sector público que ascendería a 11%, resultaría significativamente inferior a la del sector privado, que asciende a 55%.
“La significativa presencia de personas contratadas indebidamente como locadores en el Estado se explicaría por la intención de evitar las restricciones impuestas a las entidades –previstas en las leyes anuales de presupuesto- para contratar personal en planilla. También por la prohibición de contratar personal CAS en los proyectos de inversión pública y por la mayor flexibilidad para contratar locadores en comparación con los trámites requeridos para contratar personal subordinado, entre otros”, apunta SERVIR.
Recomendaciones
Para SERVIR, el tránsito de las entidades públicas a la Ley del Servicio Civil, minimizará el uso indebido de la locación de servicios en el Estado, considerando que -salvo los puestos de confianza- el acceso al servicio civil se realiza por concurso público de méritos.
Adicionalmente, señala que, en su momento, se podrá utilizar la modalidad de contratación a plazo fijo regulada en la Ley del Servicio Civil, en los proyectos de inversión pública, con el fin de evitar el uso inapropiado de la contratación por locación de servicios.
Otra recomendación a las entidades es aplicar con mayor rigurosidad el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, que indica que las entidades públicas “solo pueden contratar a personas naturales bajo la figura de locación de servicios para realizar labores no subordinadas, bajo responsabilidad del titular de la entidad”.
Para ver y descargar el Informe “El reto de la formalidad en el sector público peruano” hacer click aquí
Lima, 25 de julio de 2017
Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional
En: servir
A reporter pressed the White House for data. That’s when things got tense.
Wednesday’s White House news briefing began not with press secretary Sarah Huckabee Sanders but with senior adviser Stephen Miller, whose nationalist immigration positions have been highly influential in the administration. Miller was at the lectern to discuss the Raise Act, legislation crafted by Sens. Tom Cotton (R-Ark.) and David Perdue (R-Ga.) and introduced by President Trump earlier in the day.
During his brief stint addressing the White House press corps, Miller got into two serious arguments with reporters, an impressive if not surprising accomplishment. One, with CNN’s Jim Acosta, included accusations of Acosta having a “cosmopolitan bias” in his thinking about immigration. (Worth noting: Acosta is the son of immigrants.) But the other, a dust-up with the New York Times’ Glenn Thrush, was more significant.
Before getting into that, though, it’s worth isolating part of Miller’s introduction to the topic, the sentence that formed the crux of his rhetoric in defense of a bill that will slice legal immigration in half if it is enacted into law.
“You’ve seen over time as a result of this historic flow of unskilled immigration,” Miller said, “a shift in wealth from the working class to wealthier corporations and businesses, and it’s been very unfair for American workers, but especially for immigrant workers, African American workers and Hispanic workers, and blue-collar workers in general across the country.”
That line does two things that are essential to Miller’s sales pitch. First, it blames income inequality — assuming that money headed to “wealthier corporations” means to those corporations’ owners — on increased immigration. Second, it highlights the effects on black, Hispanic and immigrant workers in particular.
There has been research that links increased income inequality to immigration. A 2015 paper by a trio of researchers found just such a link. But assuming that link, it’s clearly not the only — or even the primary — driver of income inequality. A graph created by those researchers makes clear that the inequality (as measured with the Gini coefficient) would be nearly as high without the effects of immigration.
Image: https://img.washingtonpost.com/wp-apps/imrs.php?src=https://img.washingtonpost.com/news/politics/wp-content/uploads/sites/11/2017/08/Screen-Shot-2017-08-02-at-4.30.41-PM.png&w=1484
The effect of immigrants, the researchers say, is “modest.” But Miller presents the “shift in wealth” as being a “result” of the flow of unskilled immigrants. In other analyses of that increased gap, immigration isn’t mentioned.
Miller’s suggestion that those most affected by this shift are other communities of color, meanwhile, is a classic tactic aimed at appealing to working-class Americans and nonwhite voters by blaming immigrants for their problems. (Hillary Clinton did something similarduring a debate in the 2008 primaries.)
When Miller began to take questions, Thrush asked him very specifically for data to back up his points.
THRUSH: First of all, let’s have some statistics. There have been a lot of studies out there that don’t show a correlation between low-skilled immigration and the loss of jobs for native workers. Cite for me, if you could, one or two studies with specific numbers that prove the correlation between those two things, because your entire policy is based on that. …
MILLER: I think the most recent study I would point to is the study from George Borjas that he just did about the Mariel Boatlift. And he went back and reexamined and opened up the old data and talked about how it actually did reduce wages for workers who were living there at the time.
And Borjas has, of course, done enormous amounts of research on this, as has the — Peter Kirsanow on the U.S. Civil Rights Commission, as has Steve Camarota at the Center for Immigration Studies, and so on and so on.
We’ll jump in here first to note that Miller offered no statistics but did point to one study.
That study from Borjas looked at the migration of more than 100,000 Cubans into Florida in 1980. Borjas found that wages among the least-educated workers in Miami dropped 10 to 30 percent as a result of the influx. Borjas’s study was a direct rebuttal to a 1990 study by David Card, which found “virtually no effect” on wages or unemployment rates, even among the Cuban immigrant community that was already in the area.
Borjas’s study was itself soon rebutted, as the National Review noted, with researchers pointing out that he didn’t account for other demographic shifts in the area that may have had a significant effect on wages.
Miller also notes two other individuals, one of whom works for the staunchly anti-immigration Center for Immigration Studies — and then implies a surfeit of other data with a casual “and so on, and so on.”
THRUSH: What about the National Academies of Sciences, Engineering and Medicine? …
MILLER: One recent study said that as much as $300 billion a year may be lost as a result of our current immigration system, in terms of folks drawing more public benefits than they’re paying in.
Thrush raises a recent study showing that immigrants don’t take the jobs of native-born Americans, with the exception of teenagers who didn’t finish high school, who saw a drop in hours of work.
Miller responds by noting that the study also found that new immigrants cost nearly $300 billion a year more in government spending than they pay in taxes — though that’s the far end of a spectrum of estimates that starts at $43 billion. By the second generation, immigrant families add a net of $30 billion a year.
Then things got tense.
MILLER: But let’s also use common sense here, folks. At the end of the day, why do special interests want to bring in more low-skill workers? And why, historically …
THRUSH: I’m not asking for common sense. I’m asking for specific statistical data. How many …
MILLER: Well, I think it’s very clear, Glenn, that you’re not asking for common sense. But if I could just answer — if I could just answer your question …
THRUSH: Common sense is fungible, statistics are not.
MILLER: … I named — I named — I named the studies, Glenn.
THRUSH: Let me just finish the question …
MILLER: Glenn. Glenn.
THRUSH: Tell me the …
MILLER: I named the studies. I named the studies.
Again: He named one study. At this point, it got personal.
THRUSH: I asked you for a statistic. Can you tell me how many — how many …
MILLER: Glenn. The — maybe we’ll make a carve-out in the bill that says the New York Times can hire all the low-skilled, less-paid workers they want from other countries and see how you feel then about low-wage substitution. …
You know, maybe it’s time we had compassion, Glenn, for American workers. President Trump has met with American workers who have been replaced by foreign workers.
THRUSH: Stephen, I’m not questioning any of that. I’m asking …
MILLER: And ask them — ask them how this has affected their lives.
The exchange went on in this vein for a while, with Miller ultimately pointing not to statistical data showing a need for the policy but to general statistics about unemployment.
Ultimately, Miller again asked Thrush to set aside his request for data and to consider common sense.
“The reality is that if you just use common sense — and, yes, I will use common sense,” Miller said, “the reason why some companies want to bring in more unskilled labor is because they know that it drives down wages and reduces labor costs. Our question as a government is, to whom is our duty? Our duty is to U.S. citizens and U.S. workers, to promote rising wages for them.”
That raised an obvious question, which other reporters subsequently jumped on: Why do Trump’s private businesses continue to seek visas allowing them to hire immigrants for low-wage jobs?
“I’ll just refer everyone here today back to the president’s comments during the primary, when this was raised in a debate,” Miller replied, “and he said: ‘My job as a businessman is to follow the laws of the United States. And my job as president is to create an immigration system that works for American workers.’ ”
It’s just common sense.
Emma Lazarus Poem at Statue of Liberty. Image: http://patriotretort.com/wp-content/uploads/2015/11/Only-a-poem.jpg
In: washingtonpost
Expansionismo Chino – Documental
Entendiendo el Sistema de Salud en los Estados Unidos
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¿Se ha preguntado sobre qué trata el debate sobre el Seguro de Salud en los Estados Unidos? o ¿por qué un seguro de accidentes o por enfermedad funciona de la manera en que lo hace? El sistema de salud de los Estados Unidos puede ser difícil de entender, y la palabra “sistema” en sí puede ser engañosa ya que diferentes áreas de ella están dirigidas por cientos de organizaciones individuales, incluyendo el gobierno y las organizaciones con y sin fines de lucro.
Historia del Servicio de Salud en los Estados Unidos
La atención médica era de difícil acceso en los primeros días de Las Colonias ya que pocos médicos británicos entrenados habían llegado a Norteamérica. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII, Nueva Orleans, Filadelfia y Nueva York fundaron los primeros grandes hospitales, en ese contexto las primeras escuelas de medicina también abrieron sus puertas. El primer hospital, el Royal Hospital de Nueva Orleans, era demasiado caro para una gran parte de los residentes del área, por lo que se decidió construir un segundo hospital, The Charity Hospital, que atendería a la población con fines caritativos. A lo largo de la historia de los Estados Unidos y aún hoy, muchos hospitales están dirigidos por organizaciones religiosas, las que tradicionalmente se han inclinado por atender las dolencias y enfermedades de los más pobres.
Durante la Guerra Civil en los Estados Unidos, el Gobierno Federal y los Estados individuales comenzaron a construir hospitales en cada Estado para la atención de los soldados enfermos o que caían heridos. El gobierno también inició las primeras disposiciones sobre salud pública relacionadas con el servicio de agua potable, saneamiento y control de la tuberculosis, las cuales comenzaron a tener efectos significativos a principios del siglo XX. Desde entonces, la atención de la salud en los Estados Unidos se convirtió en un gigantesco sistema dirigido por múltiples grupos.
En 1965, el Presidente Lyndon B. Johnson promulgó los sistemas Medicare y Medicaid, que aseguraban a los jubilados y a las personas cuyos ingresos se encontraban bajo la línea de pobreza. Esto significó la creación de un gran sistema de salud federal que cubre a millones de estadounidenses. Sin embargo, resultaba difícil expandir estos programas para cubrir a más personas, porque se trataba de un tema muy polémico y que la mayoría de los políticos no querían abordar.
El Debate sobre la Atención de Salud en los Estados Unidos
El debate sobre si el gobierno debía proporcionar financiamiento a los servicios de salud y cuánto debería proporcionarse, es de larga data. La primera legislación, propuesta por la activista Dorthea Dix, fue el Proyecto de Ley de 1854 para el beneficio de indigentes con problemas mentales. A pesar de haber sido aprobada en ambas cámaras del Congreso, el proyecto de ley fue vetado por el presidente Franklin Pierce, quien argumentó que el bienestar social no debía descansar en manos del gobierno federal.
En 1910, cuando muchos países europeos aprobaban legislación para estatizar la atención médica para sus ciudadanos, el presidente Theodore Roosevelt trató de promover el mismo tipo de legislación en los EE.UU. Sin embargo, fue derrotado en el intento por los políticos de ambos partidos políticos. Los principales argumentos del debate en la actualidad siguen basándose en ideas similares en ese tiempo.
Los que apoyan la idea de la atención universal de la salud en los Estados Unidos afirman que sólo el Gobierno Federal puede garantizar que todos los ciudadanos estén cubiertos. Asimismo, el dinero que el gobierno federal gasta ahora para cubrir la atención de emergencia para aquellos sin seguro es tan alto que sería más eficiente si ellos pudieran tener un sistema formal que cubra a todos. Un sistema unificado tendría una mayor capacidad de negociación para concertar con compañías farmacéuticas, hospitales y proveedores de equipos permitiéndoles reducir los costos de la atención.
Sin embargo, en los Estados Unidos existe una larga historia de recelo por parte del poder federal. Los EE.UU. fueron diseñados originalmente con un gobierno federal débil y gobiernos estatales fuertes como una garantía de protección contra la tiranía. Aunque ese equilibrio ha cambiado dramáticamente a través de los años, aún muchos estadounidenses prefieren limitar el poder del gobierno federal. Estos argumentan que si el gobierno administra el servicio de salud, este sería más burocrático y tendría que tomar decisiones sin participación de los pacientes. Sienten que su cuidado sería más regulado y menos individualizado. También temen que un sistema de salud grande implique un alto costo y contribuya a impuestos significativamente más altos.
Sistema Estadounidense de Aseguramiento en Salud
Aunque hay varios tipos de cobertura y los Estados a menudo tienen sus propias regulaciones sobre seguro de salud, hay algunos aspectos del sistema que son similares en todo EE.UU. Hospitales, clínicas, consultorios médicos y otras instalaciones de atención de salud son propiedad de una gran variedad de entidades públicas y privadas. Los proveedores de seguros de salud (health insurance providers) son generalmente empresas separadas de aquellas y tratan con una amplia gama proveedores de atención médica (healt care providers).
Los pacientes pagan cuotas de seguro de salud mensuales para asegurarse de que estarán cubiertos cuando tengan que ir al médico, clínica u hospital. Los proveedores de seguros cubren a miles de pacientes, por lo que son capaces de negociar con los proveedores de atención médica por precios reducidos y el pago por los servicios. El seguro de Medicare o Medicaid funciona de la misma manera, pero a mayor escala. Dado que necesitan ser capaces de negociar, los proveedores de seguros generalmente tienen una red de médicos con los que tienen acuerdos y los pacientes están cubiertos por visitas a los médicos dentro de esa red, pero puede que no esten cubiertos o totalmente cubiertos, por visitas a doctores que están fuera de esa red. Los proveedores de seguros por lo general cubren los servicios que los médicos consideran necesarios, pero a menudo no cubren los servicios que se consideran “electivos”. Las compañías de seguros tienen como objetivo mantener sus costos bajos mientras siguen cubriendo los cuidados de salud necesarios.
La Ley de Cuidado de Salud Asequible (Afordable Care Act, A.C.A. u “Obamacare”)
La Ley de Protección al Paciente y Asistencia Asequible (PPACA), comúnmente conocida como “Obamacare”, fue una ley aprobada en el año 2010. Como las compañías de seguros son sociedades privadas con fines de lucro, muchos estadounidenses quedaron sin seguro porque no podían pagarlo, no querían el seguro, o porque fueron rechazados debido a condiciones preexistentes. El gobierno de Obama trató de abordar varios de estos temas con la Ley de Protección al Paciente y Asistencia Asequible (ACA). Estas son algunas de las principales disposiciones de la Ley:
- No se permite a los aseguradores rechazar la cobertura debido a condiciones preexistentes.
- Se establecieron patrones mínimos para las pólizas de seguro de salud.
- La elegibilidad para Medicaid se expandió.
- Medicare se sometió a reformas orientadas a una mayor eficiencia.
- Las personas sin seguro proporcionado por el empleador están obligadas a comprar un seguro de salud.
- Los Health Exchange (o Health Insurance Marketplace) se crearon para ofrecer a los consumidores una forma eficaz de encontrar un seguro de salud adecuado y proporcionar subsidios a quienes lo necesitan.
Bajo la Ley de Protección al Paciente y Asistencia Asequible (ACA), 11 millones más de estadounidenses están asegurados en comparación con periodos anteriores. Sin embargo, esta legislación fue criticada por los republicanos a pesar de que fue aprobada por ambas cámaras del Congreso. Los intentos repetidos por detener la legislación a través de los tribunales han fracasado en su mayoría, aunque ha habido algunas resoluciones parcialmente en su favor. Es muy probable que el debate sobre la atención sanitaria continúe como ha ocurrido durante los últimos cien años.
Texto traducido de Elizabeth Cummings en: Understanding the US Health Care System
Leer además:
12 Junio 2016 – Why is Healthcare so Expensive in the United States?
12 Marzo 2017 – Estados Unidos y el trabajo inacabado de dar cobertura sanitaria en el país más rico
18 Julio 2017 – Las deserciones republicanas hacen naufragar la reforma sanitaria de Trump
20 Julio 2017 – Reforma Sanitaria en los EE.UU.
Member-Managed LLCs Versus Manager-Managed LLCs
Learn the difference between the two different management structures for LLCs.
Image: https://tingenwilliams.com/wp-content/uploads/2017/06/AdobeStock_57614259-e1498234014331-1000×450.jpeg
When you form a limited liability company (“LLC”), you will need to decide how your LLC will be managed. With LLCs, there are two different possible management structures. You can choose to have a member-managed LLC where all the members (owners) participate in running the business. Or, you can have a manager-managed LLC where only designated members, or certain nonmembers/outsiders, or a combination of members and nonmembers are given the responsibility to run the business. The other members in a manager-managed LLC are passive investors who are not involved in business operations.
Member-Managed LLCs: The More Common Choice
Most people who set up an LLC choose member-management, meaning that all the members share responsibility for the day-to-day running of the business. This approach is more common in part because most LLCs are small businesses with limited resources and they don’t need a separate management level to operate. Unlike corporations, LLCs have a streamlined organizational structure, without officers or boards of directors. As a result, the LLC form is often chosen by people who want to be directly involved in managing and operating their business.
If you and the other members of your LLC want to run your own business—actually make and sell products, take orders, provide services—then you will want a member-management structure for your LLC. For example, if your LLC is a bakery and all your LLC members want to play an active role in the business — crafting recipes, baking goods, hiring employees, opening and closing the shop — then you will want to operate the LLC as member-managers.
In most states, LLCs are member-managed by default under state law. This means that if you don’t designate a management structure for your LLC either in your formation documents or operating agreement, then it will be considered a member-managed organization.
Manager-Management: Better in Certain Circumstances
In some situations, a manager-management structure may be preferable. The most common example is when some members only want to be passive investors in the business. These owners often feel more comfortable if the LLC delegates management responsibilities to one or more other members (or nonmembers).
Two other situations where LLC owners may prefer a manager-management structure are: (1) when your business or ownership is too large, diverse, or complex to efficiently allow for sharing management among all members; or (2) when some of your members are not particularly skilled at management. (Sometimes, of course, these two situations go together.) Delegating management to a smaller group of people or just one person can be an effective way of balancing the varied skills and interests of multiple LLC members. It can also ensure more competent management of the business.
While LLCs that appoint managers often rely on one or more of their own members to fill the role, you can hire a nonmember as manager.
Document Your Choice
If you choose member-management, you may not be required to formally document this choice anywhere (although many states ask you to state whether your LLC will be member-managed or manager-managed in the articles of organization that you file to form your LLC). Nevertheless, all LLCs should have a written operating agreement that defines the basic rights and responsibilities of the members (and managers, if you have them). In a member-managed LLC, this would include things like member voting rights, additional capital contributions, buy-out provisions, and other important management and operational issues for the owners. Without an operating agreement, you run the risk of finding yourselves in a full-blown crisis when something unexpected arises because basic issues weren’t clearly addressed and agreed to early on.
If you choose manager-management for your LLC, there very likely will be a legal requirement that you clearly spell out this choice somewhere in your LLC’s organizational documents. Typically this is either in the articles of organization that you file with the state or your operating agreement. In addition to the items mentioned above for members that you want to include in an operating agreement, you also will want your agreement to address what authority and responsibilities the manager, or managers, will have. For example, will the managers have sole authority for all hiring decisions? What about equipment purchases? Just like with the member provisions, documenting the extent of the manager’s—or managers’— authority can help avoid problems down the road.
If you fail to create your own operating agreement, then your state’s LLC rules will apply. These are not necessarily the rules that you want for your business so make sure you have your own written agreement for your LLC.
For more details about setting up a manager-managed LLC, see Nolo’s article on manager-management for LLCs.
In: nolo
La Unión Europea y Japón llegan a un acuerdo de libre comercio
El acuerdo se sellará mañana en Bruselas y podría tener que ser ratificado en las cámaras de cada miembro
Today's most important link. Chapters, factsheets, etc to be published here once
there's an #EUJapan summit deal:https://t.co/SbdAqPe0f2 pic.twitter.com/EmacFH5T13— Cecilia Malmström (@MalmstromEU) July 6, 2017
La Unión Europea (UE) y Japón han llegado a un acuerdo político para aprobar el tratado de libre comercio que negocian desde 2013 y que liberalizará el 99% de los intercambios, según ha anunciado la Comisión Europea(CE). La firma servirá para contrarrestar la posición proteccionista de Estados Unidos en el panorama comercial global tras la llegada de Donald Trump al poder.
El acuerdo se sellaría mañana en Bruselas en una cumbre bipartita. Desde Bruselas se ha pedido el respaldo de ambas partes al nuevo tratado. “Hemos despejado las diferencias que quedaban”, afirmó Cecilia Malmstrom, comisaria europea de Comercio, que se reunió este miércoles en Bruselas con el ministro japonés de Asuntos Exteriores, Fumio Kishida, para cerrar los últimos detalles del acuerdo antes de la cumbre.
Flecos pendientes
En la cita de mañana la UE estará representada por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, mientras que por la parte nipona participará el primer ministro, Shinzo Abe.
Este acuerdo, en principio no supone el fin de las negociaciones, que deberán continuar para cerrar asuntos en los que las partes no han sido capaces de ponerse aún de acuerdo, como los mecanismos de que dispondrán los inversores para protegerse frente a la actuación de los Estados, entre otros.
Se debe definir si las cámaras nacionales deben ratificarlo
Según fuentes europeas, este es el único punto dónde persisten diferencias “sustanciales” entre ambas partes, aunque quedan también detalles por cerrar en otras áreas, como decidir si el acuerdo será mixto, es decir, si tendrá que ser validado además de por los países (el Consejo) y el Parlamento Europeo por las cámaras nacionales.
La UE y Japón esperan concluir la negociación y tener el acuerdo definitivo firmado antes de que termine este año.
El acuerdo definitivo llegaría antes de fin de año
En: lavanguardia
The Great Transportation Conspiracy – National City Lines and related corporate conspiracies to destroy America’s electrified mass-transit systems from the 1930’s into the present
The BHRA is a non-profit organization, where most of the work is done primarily by volunteers. Although we are a non-profit, we are a real railroad, not just a museum! BHRA is a turn-key engineering organization, certified in electric railroad construction.
Streetcar. Image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Streetcar_in_New_Orleans%2C_USA1.jpg/1200px-Streetcar_in_New_Orleans%2C_USA1.jpg
National City Lines Conspiracy and Conviction in Federal Court:
“Mass transit didn’t just die, it was murdered” Kwitny, 1981
“When GM and a few other big companies created a transportation oligopoly for the internal-combustion engine . . . they did not rely just on the obvious sales pitch. They conspired. They broke the law. . . in 1949 a jury convicted the corporations and several executives of criminal antitrust violations for their part in the demise of mass transit. The convictions were upheld on appeal.” Kwitny, 1981
The above quotes refer to the infamous anti-mass transit “National City Lines Conspiracy” led by General Motors, Standard Oil and Firestone Tires. The above quotes by Jonathan Kwitny are taken from page 14 of the Feb 1981 edition of Harper’s Magazine (PDF). It is a truly exceptional article.
In 1949, National City Lines were convicted in Federal court (and in 1951 the conviction was upheld) for destroying the electrified rail and electric bus transit systems in 44 American cities. Beginning in 1937, National City Lines embarked on a nationwide campaign to induce cities (by aggressively pushing “an offer you can’t refuse” of G.M. /National City Lines financing – at the height of a 12 year long, world-wide economic depression) to scrap electrically powered streetcars and trolley-buses, which G.M. did not make, and to substitute gasoline powered buses manufactured by G.M., burning Standard Oil gasoline, and rolling on Firestone rubber tires. When National City Lines would aquire a transit system, the trolley rails would be ripped up, the overhead wires would be cut down, and the system would be converted to buses within 90 days. It’s noteworthy that New York City’s electrified surface transportation system was National City Lines first victim (see the video “Taken For A Ride”).
Strangely, although the Federal Government won the case against G.M., it never imposed any penalty on the company other than extremely small symbolic fines. Perhaps at the time, the Truman administration felt it needed the undivided assistance of G.M. in fighting the Korean War, and pursuing the “Cold War” against the former Soviet Union, more than it needed a national, privately financed and operated all electric mass transit system.
The National City Lines controversy didn’t just go away:
GM’s role in Monopolizing the Sale of Buses for municipal use:
In 1971, the City Of New York led a class action anti-trust lawsuit of 300 localities against G.M. in federal court (PDF) for price fixing and price gouging in the sale of G.M. buses to municipalities. See NY times article (PDF).
GM’s role in the destruction of intercity rail, suppression of alternative energies and more:
In 1972, then U.S. Senator Ted Kennedy called for a Federal investigation into G.M.’s alleged conspiratorial destruction of the U.S. rail industry and public mass transit industry, in order to facilitate the sale of automobiles. (see NY Times article (PDF))
At the time, this subject was brought to the attention of Senator Kennedy by NYC based labor attorney and transportation expert Theodore W. Kheel and Ralph Nader associate Bradford C. Snell (see PDF streetcar conspiracy article by Snell and the video “Taken For A Ride”). Snell was then a San Francisco based attorney, who worked on NYC’s anti-trust bus lawsuit against G.M.
This led to Senate Bill 1167 of 1974 “The Industrial Reorganization Act” and the now little known Ground Transportation Hearings of April 1974 – which were sidetracked by the resignation of then U.S. President Richard Nixon on August 8, 1974 (Watergate). G.M. was literally “saved by the bell”…
In 1974, during the height of the first “Energy Crisis”, the U.S. Senate re-investigated General Motors for its involvement in not only the intentional destruction of the U.S. Streetcar industry, but also G.M.’s direct involvement in the intentional destruction of the U.S. rail freight and passenger rail industry, the systematic suppression of U.S. alternative energy sources, and energy efficient automobile engines, as well as providing direct material aide to Nazi Germany during WWII in the critical areas of military truck manufacture, and military airplane and jet engine manufacture.
Part 4a through appendix of 1974 Senate Investigation document can be read here (78mb PDF)
Part 4 of 1974 Senate Investigation document can be read here (40mb PDF)
So is the “Unholy Trinity” of the National City Lines Conspiracy still in effect today?
If so in a current corporate context this Unholy Trinity may include:
G.M. = NovaBus (builds CNG buses at the G.M. bus manufacturing plant in Quebec, Canada)
Standard Oil = Trillium USA (provides CNG bus fuel to nearly every U.S. municipal bus fleet)
Firestone Tire = Cato Institute / Wendell Cox / National Highway Users Alliance
Urban transportation planning and system design, pre-National City Lines conspiracy and decimation:
Before the criminal conspiracy that destroyed America’s mass transit systems, Heavy Rail (subways), electrified streetcars and electric bus lines formed an integrated system. Such a system can still be found in San Francisco (America’s second densest populated city). Although such an integrated system no longer exists in New York City, we once had such a system. The Brooklyn-Manhattan Transit Company (BMT) and it’s subsidiary Brooklyn and Queens Transit Company (B&QT) actually pioneered this type of integrated transit system. A new type of vehicle was even created for this system, the PCC. During the 1920’s NYC transportation engineers and planners developed the following hierarchy of all urban electric transportation modes, as a function of corridor ridership density:
1. Heaviest density corridors to be serviced by subway/elevated
2. Electric Streetcar lines to feed subway/elevated lines
3. Electric Bus lines to feed the Streetcar lines
BHRA feels the best way to improve quality of life in urban communities, and truly get a handle on CO2 emissions in densely populated urban settings, is to return to a truly integrated and sensible mode of transportation planning. This includes switching mass transit vehicles (along densely populated corridors) back from hydrocarbon combustion (in any form), to electric energy derived from low carbon footprint, renewable electrical generating sources.
A fascinating side note: National City Lines was complicit in maintaining Apartheid (“Jim Crow Laws”) in the American south:
“Rosa Parks was arrested for refusing to move to the back of the bus operated by Montgomery Bus Lines, a subsidiary of a National City Lines on 1 December 1955 which led to the Montgomery Bus Boycott. . . The boycott lasted for just over a year and ended only after a successful ruling by the Supreme Court that allowed black bus passengers to sit anywhere they wanted.” (from: National City Lines and the Montgomery Bus Boycott)
In: brooklynrail.net