Donald Trump pierde en la corte de Florida y su caso sera visto en California


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El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no fue capaz de argumentar contra su suspensión de la red social Twitter ante un tribunal federal de Florida. Tras el fallo del juez, ahora deberá cumplir con los términos de servicio de la empresa y demandar en California.

El juez Robert N. Scola Jr., del Distrito Sur de Florida, decidió en favor de Twitter, que había solicitado el traslado del proceso al aludir que todos los usuarios de Twitter aceptan que el Tribunal de Distrito del Norte de California es el lugar para resolver disputas legales relacionadas con la plataforma.

La empresa decidió clausurar permanentemente la cuenta de Donald Trump ante el riesgo de generar mas violencia tras el asalto de sus seguidores al Capitolio instigados por el exmandatario a través de redes sociales como Twitter.

Varias redes sociales cerraron la cuenta de Donald Trump tras confirmar que el había incitado a la violencia y promovido “fake news” sobre un fraude en las elecciones presidenciales de noviembre del año pasado, en las que perdió ante el demócrata Joe Biden.

Fuente: TampaBayNews

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES “PROTOCOLO DE SAN SALVADOR”  

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES “PROTOCOLO DE SAN SALVADOR”  

  Preámbulo

Los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de
Costa Rica”,

Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones
democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los
derechos humanos esenciales del hombre;

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de
determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón
por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o
complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos;

Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros;

Reconociendo los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación entre los
Estados y de las relaciones internacionales;

Recordando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano
libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar
de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos;

Teniendo presente que si bien los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales han
sido reconocidos en anteriores instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como
regional, resulta de gran importancia que éstos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y
protegidos en función de consolidar en América, sobre la base del respeto integral a los derechos de la persona, el régimen democrático representativo de gobierno, así como el derecho de sus pueblos al desarrollo, a la libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, y considerando que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que pueden someterse a la consideración de los Estados partes reunidos con ocasión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos proyectos de protocolos adicionales a esa
Convención con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma
otros derechos y libertades,

Han convenido en el siguiente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos “Protocolo de San Salvador”:

Artículo 1

Obligación de Adoptar Medidas

Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo.

Artículo 2

Obligación de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos.

Artículo 3

Obligación de no Discriminación

Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los
derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 4

No Admisión de Restricciones

No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un
Estado en virtud de su legislación interna o de convenciones internacionales, a pretexto de que el
presente Protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado.

Artículo 5

Alcance de las Restricciones y Limitaciones

Los Estados partes sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los
derechos establecidos en el presente Protocolo mediante leyes promulgadas con el objeto de
preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan el propósito y razón de los mismos.

Artículo 6

Derecho al Trabajo

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.

2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al
derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y
al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.

Artículo 7

Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo

Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y
satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera
particular:

a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones
de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual
por trabajo igual, sin ninguna distinción;

b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que
mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la
reglamentación nacional respectiva;

c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo para lo
cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de
servicio;

d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características
de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de
despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la
readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación
nacional;

e. la seguridad e higiene en el trabajo;

f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores
de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud,
seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo
deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso
podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para
beneficiarse de la instrucción recibida;

g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las
jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o
nocturnos;

h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la
remuneración de los días feriados nacionales.

Artículo 8

Derechos Sindicales

1. Los Estados partes garantizarán:

a. el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección,
para la protección y promoción de sus intereses. Como proyección de este derecho,
los Estados partes permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones
nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales
internacionales y asociarse a la de su elección. Los Estados partes también permitirán
que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente;

b. el derecho a la huelga.

2. El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo puede estar sujeto a las
limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que éstos sean propios a una sociedad
democrática, necesarios para salvaguardar el orden público, para proteger la salud o la moral
públicas, así como los derechos y las libertades de los demás. Los miembros de las fuerzas armadas y de policía, al igual que los de otros servicios públicos esenciales, estarán sujetos a las limitaciones y restricciones que imponga la ley.

3. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato.

Artículo 9

Derecho a la Seguridad Social

1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la
vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.

2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social
cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o
de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto.

Artículo 10

Derecho a la Salud

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:

a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial
puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;

b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos
a la jurisdicción del Estado;

c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;

d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de
otra índole;

e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de
salud, y

f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que
por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.

Artículo 11

Derecho a un Medio Ambiente Sano

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos
básicos.

2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.

Artículo 12

Derecho a la Alimentación

1. Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del
más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual.

2. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición, los Estados partes se
comprometen a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de
alimentos, para lo cual se comprometen a promover una mayor cooperación internacional en apoyo de las políticas nacionales sobre la materia.

Artículo 13

Derecho a la Educación

1. Toda persona tiene derecho a la educación.

2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz.

3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno
ejercicio del derecho a la educación:

a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;

b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria
técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

d. se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria;

e. se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales.

4. Conforme con la legislación interna de los Estados partes, los padres tendrán derecho a escoger
el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella se adecue a los principios
enunciados precedentemente.

5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados partes.

Artículo 14

Derecho a los Beneficios de la Cultura

1. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda persona a:

a. participar en la vida cultural y artística de la comunidad;

b. gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico;

c. beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

2. Entre las medidas que los Estados partes en el presente Protocolo deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte.

3. Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.

4. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia.

Artículo 15

Derecho a la Constitución y Protección de la Familia

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su situación moral y material.

2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de acuerdo con las disposiciones de la correspondiente legislación interna.

3. Los Estados partes mediante el presente Protocolo se comprometen a brindar adecuada protección al grupo familiar y en especial a:

a. conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un lapso razonable después del parto;

b. garantizar a los niños una adecuada alimentación, tanto en la época de lactancia como durante la edad escolar;

c. adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral;

d. ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la creación de un ambiente estable y positivo en el cual los niños perciban y desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto y responsabilidad.

Artículo 16

Derecho de la Niñez

Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.

Artículo 17

Protección de los Ancianos

Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a:

a. proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas;

b. ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos;

c. estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.

Artículo 18

Protección de los Minusválidos

Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito y en especial a:

a. ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a los minusválidos los recursos y el ambiente necesario para alcanzar ese objetivo, incluidos programas laborales adecuados a sus posibilidades y que deberán ser libremente aceptados por ellos o por sus representantes legales, en su caso;

b. proporcionar formación especial a los familiares de los minusválidos a fin de ayudarlos a resolver los problemas de convivencia y convertirlos en agentes activos del desarrollo físico, mental y emocional de éstos;

c. incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la consideración de soluciones a los requerimientos específicos generados por las necesidades de este grupo;

d. estimular la formación de organizaciones sociales en las que los minusválidos puedan desarrollar una vida plena.

Artículo 19

Medios de Protección

1. Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a presentar, de conformidad con lo dispuesto por este artículo y por las correspondientes normas que al efecto deberá elaborar la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, informes periódicos respecto de las medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el mismo Protocolo.

2. Todos los informes serán presentados al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

3. El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos transmitirá también a los organismos especializados del sistema interamericano, de los cuales sean miembros los Estados partes en el presente Protocolo, copias de los informes enviados o de las partes pertinentes de éstos, en la medida en que tengan relación con materias que sean de la competencia de dichos organismos, conforme a sus instrumentos constitutivos.

4. Los organismos especializados del sistema interamericano podrán presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la
Cultura informes relativos al cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus actividades.

5. Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los Estados partes en el presente Protocolo y
de los organismos especializados acerca de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el
respeto de los derechos reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al respecto se estimen pertinentes.

6. En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y en el artículo 13 fuesen violados por una acción imputable directamente a un Estado parte del presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o en algunos de los Estados partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado.

8. Los Consejos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ejercicio de las funciones
que se les confieren en el presente artículo tendrán en cuenta la naturaleza progresiva de la vigencia
de los derechos objeto de protección por este Protocolo.

Artículo 20

Reservas

Los Estados partes podrán formular reservas sobre una o más disposiciones específicas del presente Protocolo al momento de aprobarlo, firmarlo, ratificarlo o adherir a él, siempre que no
sean incompatibles con el objeto y el fin del Protocolo.

Artículo 21

Firma, Ratificación o Adhesión.

Entrada en Vigor

1. El presente Protocolo queda abierto a la firma y a la ratificación o adhesión de todo Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2. La ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se efectuará mediante el depósito de un
instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

3. El Protocolo entrará en vigor tan pronto como once Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión.

4. El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de la entrada en vigor del Protocolo.

Artículo 22

Incorporación de otros Derechos y Ampliación de los Reconocidos

1. Cualquier Estado parte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrán someter a la consideración de los Estados partes, reunidos con ocasión de la Asamblea General, propuestas de enmienda con el fin de incluir el reconocimiento de otros derechos y libertades, o bien otras destinadas a extender o ampliar los derechos y libertades reconocidos en este Protocolo.

2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de los dos
tercios de los Estados partes en este Protocolo. En cuanto al resto de los Estados partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.   

En: Organización de los Estados Americanos – OAS

10 de Octubre 2017: Declaran jornada no laborable para los trabajadores del sector público a nivel nacional

 

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Declaran jornada no laborable para los
trabajadores del sector público a nivel
nacional

DECRETO SUPREMO Nº 018-2017-TR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 163 de la Constitución Política del Perú es obligación del Estado garantizar la seguridad ciudadana y el orden interno;

Que, el día 10 de octubre de 2017 se desarrollará un partido de futbol por la última fecha de las Eliminatorias al Campeonato Mundial de Fútbol Rusia 2018;

Que, dicho evento deportivo ha acaparado la total atención de la sociedad peruana en conjunto por lo que la Policía Nacional del Perú, en coordinación con las autoridades regionales, se encuentra adoptando medidas de seguridad a efectos de mantener el orden y la seguridad ciudadana, a nivel nacional;

Que, en ese sentido, resulta necesario declarar jornada no laborable sujeta a compensación, a nivel nacional, las horas próximas a la realización del referido partido de fútbol a fin de facilitar la implementación de las medidas de seguridad antes señaladas;
En uso de las facultades conferidas por el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1.- Jornada no laborable
Declárase jornada no laborable a nivel nacional, para los trabajadores del sector público, desde las 16:00 horas hasta las 23:59 horas del día 10 de octubre de 2017.

Para los fines tributarios, dichas horas serán consideradas hábiles.

Artículo 2.- Compensación de horas
Las horas dejadas de laborar por los trabajadores del sector público, según su jornada laboral, serán compensadas en la semana posterior o en la oportunidad que establezca el Titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades.

La recuperación de horas se sujeta a parámetros de razonabilidad y no afecta el descanso semanal obligatorio del trabajador. En ningún caso, el tiempo de trabajo que comprende la recuperación de horas podrá ser mayor al periodo dejado de laborar.

Artículo 3.- Servicios indispensables y atención al público
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, los titulares de las entidades del sector público adoptan las medidas necesarias para garantizar a la comunidad, durante las horas no laborables establecidas en el presente decreto supremo, la provisión de aquellos servicios que resultan indispensables.

Artículo 4.- Jornada no laborable en el sector privado
Los centros de trabajo del sector privado podrán acogerse a lo dispuesto en el presente decreto supremo previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma cómo se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar; a falta de acuerdo decidirá el empleador.

Artículo 5.- Refrendo
El presente decreto supremo será refrendado por la Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro del Interior y el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve
días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

Ver dispositivo legal en: Normas Legales Edición Extraordinaria 09-10-17

NAACP Issues Warning to People of Color and Women Traveling to Missouri

The NAACP has responded to Missouri‘s recent legislation on discrimination by issuing a travel warning for the state. The advisory calls for travelers to utilize “extreme caution” in the state due to the likelihood of “discrimination and harassment,” CBS News reportedTuesday. Rod Chapel Jr., president of the state’s NAACP chapter, has described Republican Governor Eric Greitens’ recent legislation as “the Jim Crow bill,” a reference to the segregation tactics of the South.

The state’s legislation will make lawsuits alleging discrimination much more difficult to win, as victims will now have to present proof that discrimination was the main reason for a defendant’s actions. Previously, suits required proof that bias was a contributing factor. The bill also bars employees from suing any individual for discrimination, meaning only the company itself can be named in a suit.

“The advisory means each individual should pay special attention while in the state of Missouri and certainly if contemplating spending time in Missouri,” the NAACP said in a statement. The NAACP added that the advisory was put into place to make Missourians and visitors aware of “looming danger” in the state, which has a “long history of race, gender, and color-based crimes.” The travel advisory will be sent to the national NAACP board for ratification in October after being voted into adoption last week.

According to a report from the Kansas City Star, the advisory is the first of its kind from the civil rights group. “People need to be ready, whether it’s bringing bail money with them, or letting relatives know they are traveling through the state,” Chapel said. In 2015 alone, 100 hate crimes were reported in Missouri.

The NAACP highlighted a number of recent and troubling incidents in their statement, including the death of Tory Sanders in May. Sanders, a Tennessee resident, ran out of fuel in Charleston, Missouri after taking a drive to “clear his head.” The 28-year-old father of eight called his mother and asked if police could help him, the Riverfront Times reported in May.

Ultimately, Sanders’ interaction with cops included what they characterized as a “mental break.” Sanders’ aunt, Natasha Nance, said he told his mother on a phone call from jail that officers were “trying to kill” him. Sanders reportedly collapsed while officers attempted to restrain him and was later pronounced dead at a nearby hospital.

Read the NAACP’s (National Association for the Advancement of Colored People) full statement on the Missouri travel advisory here.

In: complex.com

Read: Available Bill Text SB-43

Here’s how much the healthcare industry paid John McCain to take away your healthcare

Senator John McCain returned to the Senate Chamber on Tuesday to cast a deciding vote allowing the legislative body to begin debating a bill put together behind closed doors by Republicans that would repeal and replace the Affordable Care Act.

And while many doctors and provider associations are opposed to a repeal — alongside at least half of Americans — major health industry players, especially on the insurance side, have been vocal in their opposition to the Affordable Care Act. In fact, the health industry donated millions more to Republicans than Democrats in every election cycle since 2010, as the Republican alternatives are expected to substantially enrich the industry.

So why would Senator McCain — who is treating his recently diagnosed brain cancer with taxpayer funded healthcare — vote to discuss a bill that could take healthcare away from around 32 million Americans

Health industry professionals have overwhelmingly supported Republicans seeking federal office, and one could imagine McCain and others who benefit from that support might push policy that would be more financially beneficial to their benefactors.

Healthcare providers are among the top 5 contributors by industry to McCain’s campaign coffers, having given $7,184,854 since 1989, according to OpenSecrets.org.

When the insurance industry is factored in, total contributions from the health-related sectors amount to $25,272,446.

full list of donors in the health and insurance industries provided by FollowTheMoney.org reveals that USAA, Humana, Liberty Mutual, American Association of Orthopaedic Surgeons, Cigna Corp, American Society of Anesthesiologists, American Society of Plastic Surgeons, National Association of Insurance & Financial Advisors and others have been top donors to McCain throughout his career, providing as much as $20,000 (USAA’s contribution) each to his campaigns.

Selecting just for health industry contributions, here are some of the top donors to McCain ranked by contribution amount, from the Institute for Money in State Politics:

Image: http://reverepress.com/wp-content/uploads/2017/07/top-donors-e1501033453524.jpg

Here’s the top of the donor list when sorted by Finance, Insurance and Real Estate (FIRE):

Image: http://reverepress.com/wp-content/uploads/2017/07/insurance-e1501033932436.jpg

In: reverepress.com

Member-Managed LLCs Versus Manager-Managed LLCs

Learn the difference between the two different management structures for LLCs.

Image: https://tingenwilliams.com/wp-content/uploads/2017/06/AdobeStock_57614259-e1498234014331-1000×450.jpeg

When you form a limited liability company (“LLC”), you will need to decide how your LLC will be managed. With LLCs, there are two different possible management structures. You can choose to have a member-managed LLC where all the members (owners) participate in running the business. Or, you can have a manager-managed LLC where only designated members, or certain nonmembers/outsiders, or a combination of members and nonmembers are given the responsibility to run the business. The other members in a manager-managed LLC are passive investors who are not involved in business operations.

Member-Managed LLCs: The More Common Choice

Most people who set up an LLC choose member-management, meaning that all the members share responsibility for the day-to-day running of the business. This approach is more common in part because most LLCs are small businesses with limited resources and they don’t need a separate management level to operate. Unlike corporations, LLCs have a streamlined organizational structure, without officers or boards of directors. As a result, the LLC form is often chosen by people who want to be directly involved in managing and operating their business.

If you and the other members of your LLC want to run your own business—actually make and sell products, take orders, provide services—then you will want a member-management structure for your LLC. For example, if your LLC is a bakery and all your LLC members want to play an active role in the business — crafting recipes, baking goods, hiring employees, opening and closing the shop — then you will want to operate the LLC as member-managers.

In most states, LLCs are member-managed by default under state law. This means that if you don’t designate a management structure for your LLC either in your formation documents or operating agreement, then it will be considered a member-managed organization.

Manager-Management: Better in Certain Circumstances

In some situations, a manager-management structure may be preferable. The most common example is when some members only want to be passive investors in the business. These owners often feel more comfortable if the LLC delegates management responsibilities to one or more other members (or nonmembers).

Two other situations where LLC owners may prefer a manager-management structure are: (1) when your business or ownership is too large, diverse, or complex to efficiently allow for sharing management among all members; or (2) when some of your members are not particularly skilled at management. (Sometimes, of course, these two situations go together.) Delegating management to a smaller group of people or just one person can be an effective way of balancing the varied skills and interests of multiple LLC members. It can also ensure more competent management of the business.

While LLCs that appoint managers often rely on one or more of their own members to fill the role, you can hire a nonmember as manager.

Document Your Choice

If you choose member-management, you may not be required to formally document this choice anywhere (although many states ask you to state whether your LLC will be member-managed or manager-managed in the articles of organization that you file to form your LLC). Nevertheless, all LLCs should have a written operating agreement that defines the basic rights and responsibilities of the members (and managers, if you have them). In a member-managed LLC, this would include things like member voting rights, additional capital contributions, buy-out provisions, and other important management and operational issues for the owners. Without an operating agreement, you run the risk of finding yourselves in a full-blown crisis when something unexpected arises because basic issues weren’t clearly addressed and agreed to early on.

If you choose manager-management for your LLC, there very likely will be a legal requirement that you clearly spell out this choice somewhere in your LLC’s organizational documents. Typically this is either in the articles of organization that you file with the state or your operating agreement. In addition to the items mentioned above for members that you want to include in an operating agreement, you also will want your agreement to address what authority and responsibilities the manager, or managers, will have. For example, will the managers have sole authority for all hiring decisions? What about equipment purchases? Just like with the member provisions, documenting the extent of the manager’s—or managers’— authority can help avoid problems down the road.

If you fail to create your own operating agreement, then your state’s LLC rules will apply. These are not necessarily the rules that you want for your business so make sure you have your own written agreement for your LLC.

For more details about setting up a manager-managed LLC, see Nolo’s article on manager-management for LLCs.

In: nolo