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POR UNA CULTURA DEL CIUDADANO LEGAL

Por: Ricardo Corrales Melgarejo
Presidente JEE Tayacaja

Para nadie es un secreto, que en nuestro País, se ha arraigado una tradición nefasta que se ha instituido en lo que solemos llamar “la viveza criolla”, y que tiene sus propios cánones antijurídicos, a saber: “La ley se acata pero no se cumple”, “El vivo vive del sonso y éste de su trabajo”, “Hecha la ley hecha la trampa”, “Para mis enemigos la ley, para mis amigos todo”, el que “no tiene padrino no se bautiza” y ahora último “roba pero hace obra”, entre otros adagios que nos revelan la grave insuficiencia ética que padece nuestra sociedad.

Ahora dividida en dos clases sociales, los “vivos” y los “sonsos”, incluso para que estos últimos accedan a la clase “superior”, se les da una regla de oro: “En este mar de vivos, levanta tu bandera de sonso”, esto es, primero aprende las corruptelas y malas artes de los duchos, y luego atrévete a hacerte sitio entre ellos. Inclusive, en esta escala de valores invertida del “sálvese quien pueda” o “después de mí, el diluvio”, la eficiencia de los “vivos” radica en cuidarse en no ser víctima de otro de su clase que lo degrade al nivel inferior de “sonso”.

Con lo anterior, queremos destacar que, en nuestra sociedad el incumplimiento de las normas es habitual, asentada en una ideología inmoral-individualista, con la cual perdemos todos, ya que nos encadena al subdesarrollo, y que llega al absurdo de incrementar en forma exponencial los costos en los negocios privados y obras públicas.

En efecto, la probabilidad de ser defraudados por el otro, es tan alta que todos adoptamos conductas defensivas tan costosas como vulnerables. Más aún, si algunas autoridades llamadas a combatir estas conductas antisociales, cometen el pecado social de omisión, ya que su inacción incentiva su desarrollo impune. Peor aún, sin con su accionar contribuyen a generalizar la corrupción.

Augurando que el futuro seguirá siendo de “pepe el vivo” y la cultura “combi” (hacer dinero atropellando al prójimo), y no del fomento de la moral y la legalidad. Entonces, los peruanos de hoy, tenemos el reto de recuperar los valores de nuestros ancestros (ama sua-no seas ladrón, ama llulla-no seas mentiroso, ama kella-no seas ocioso), no sólo dando el ejemplo en nuestras propias instituciones, centros de trabajo y en el mercado, sino también denunciando a las malas autoridades que incumplen con su deber de combatir la ilegalidad. De lo contrario, nuestra inacción en este terreno, nos hará cómplice de la realidad que criticamos.

Evitemos, pues, que la cultura de la barbarie se apodere de nuestra juventud, mediante el consabido proceso de “achoramiento”. A los mayores, nos corresponde la obligación moral y cívica de formarlos en valores éticos, por el camino del respeto a la legalidad y del cumplimiento de las obligaciones con la comunidad, a partir de un profundo convencimiento personal.

Amigo lector: nuestro País saldrá de la pobreza, suciedad ecológica, insuficiencia moral en la política y deshonestidad en los negocios, entre otros males, cuando el CIUDADANO LEGAL haya derrotado a “pepe el vivo”, y para ello, vale más nuestro ejemplo y control democrático de nuestras autoridades, pensando bien a quien elegimos, que mil bibliotecas de ética y educación cívica, por el bien del Perú.

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Roban pero hacen obra

Editorial: Roban pero hacen obra

Pocos incentivos hay en nuestra política para las personas rectas si su rectitud no va a suponer punto alguno frente a nadie.

La última encuesta urbana de Ipsos, que publicamos el pasado domingo, trajo consigo una confirmación, de la boca del caballo por así decirlo, de uno de nuestros más graves problemas como sociedad y como democracia. Resulta que el famoso “roba pero hace obra” es una mentalidad estadísticamente comprobable – y a niveles apabullantes– entre nosotros. Un 22% dijo tomar en cuenta, al momento de decidir votar por un candidato, si tiene o no antecedentes de corrupción. Lo que importa es que la autoridad dé resultados; las otras cosas que haga en el camino, no. Es decir, buscamos algo así como un padrino, al estilo Corleone, que mantenga seguro y bien a su barrio, mientras al mismo tiempo va haciendo lo suyo.

Detrás de esta actitud, desde luego, puede haber muchas causas, no necesariamente excluyentes entre sí. Por ejemplo, puede haber una explicación tipo pirámide de Maslow: algo así como que nuestro electorado considere que mientras no tenga resueltas a un nivel razonable sus necesidades más básicas –como la seguridad o el transporte– no puede darse el lujo de estar priorizando bienes que percibiría como menos esenciales: por ejemplo, la probidad de las autoridades (o la propia, en la medida en que uno pueda ser cómplice si, sabiendo de la deshonestidad de alguien, colabora a elevarlo a un puesto de poder).

Una explicación diferente es la de la ausencia de opciones. Es decir, que nuestros electores no tomen en cuenta la moralidad de los candidatos no tanto porque este no sea un valor importante para ellos frente a otros que consideren primordiales, sino porque piensan que el candidato honesto no existe. El alud de políticos probadamente corruptos que elección tras elección son elevados a cargos públicos ciertamente da buenas bases para pensar así. Como también la da el que de los tres ex presidentes vivos, uno esté en la cárcel y otros dos tengan fuertes indicios de corrupción en su pasado.

Este último argumento, por otra parte, se hace todavía más fuerte si se considera que es posible no ser un candidato realmente recto aún si uno no es el autor directo o indirecto de coimas o negociados con dineros públicos. Apañar con el silencio, mirando para otro lado, o con alianzas, a la corrupción es otra manera de quebrar la rectitud. ¿O acaso, por ejemplo, el político que se une a un líder con severos indicios de corrupción porque considera que le conviene para efectos de campaña no está poniendo, en su propia pirámide de Maslow, los votos por encima de la moral?

Aún una tercera explicación puede tener que ver con la informalidad. Una especie de “a mí no me importa lo que ese señor haga con mis impuestos porque yo no pago impuestos”. Igual, claro, se puede querer aprovechar lo que se haga con los impuestos de otro, pero ciertamente los incentivos para sentirlo como un representante son menos fuertes.

Naturalmente, caben varias explicaciones más. Pero una cosa es segura en todas las opciones: esta desvalorización de – o este cinismo frente a– la decencia significa, por un lado, un problema para nuestra democracia. Pocos incentivos hay en nuestra política para que las personas realmente rectas entren en ella si su rectitud, encima de todos los problemas que les va a ganar, no va a suponer punto alguno frente a nadie (o casi nadie).

Por otro lado, el dato también es síntoma de algo más profundo: al menos como sociedad, como proyecto de vida en común, no parecemos tener mucho autorrespeto. O porque creemos que no tenemos de dónde sacar personas a la vez eficientes y rectas, o porque pensamos que la rectitud no existe, o porque no nos importa demasiado el conjunto social, o por lo que fuese, el hecho es que no aspiramos a tener como líderes a personas que podamos realmente respetar. Algo que, por supuesto, hace cada vez más urgente y necesario que haya ciudadanos que, siendo a la vez decentes y preparados, se animen a luchar contra la corriente y a ingresar a la política sin dejar que esta los cambie. Con su presencia y permanencia ellos demostrarían a los peruanos que “democracia representativa” no tiene por qué ser una fórmula que sirva solo para acabar confirmando – o incluso generando– nuestras peores ideas de nosotros mismos.

El Comercio, 21 de setiembre de 2014

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Me roba, ¿y qué hace?

Juan José Garrido,

La opinión del director
director@peru21.com

Una pregunta, de las muchas realizadas por Datum durante la última semana, ha remecido nuestras estructuras sociales y culturales. La pregunta, de paso, no podía ser más directa: “¿Quién cree usted que, de llegar a ser alcalde de Lima, robará, pero hará más obras?”.

Antes de ir a los resultados, una primera reflexión podría hacerse respecto a la pregunta en sí. ¿Incita a una respuesta? Puede ser, pero, a fin de cuentas, si esa frase “roba, pero hace” no fuese parte de nuestra cultura, pues ni siquiera estaría en la mente del encuestador en primer lugar. Luego, hay que resaltar otro hecho: existe un candidato a quien se le ha asociado con dicha frase (más allá de si es o no verdad); esto, por cierto, crea una tendencia natural a la posterior identificación. Pero no estamos aquí para defender a alguien, sino para reflexionar sobre nuestra cultura.

El ex alcalde Castañeda salió primero con 49%, seguido de “No sabe, no contesta” con 25%, “Todos” con 9%, la alcaldesa Susana Villarán y “Ninguno” con 5%, y luego el resto de candidatos. En otras palabras, Ns/Nc, Todos o Ninguno pudo haber salido primero. Por la diferencia entre los resultados de Castañeda y Villarán, es claro que el principal atributo del ex alcalde no es la honestidad.

Rolando Arellano, conversando sobre esto, me dio una interesante reflexión: “Cuando los peruanos digan me roba, pero hace obra, recién ahí entenderán lo que implica”. Es cierto: el “roba, pero hace obra” no identifica al perjudicado. El Estado no produce riqueza, con lo cual a quien roban –sea quien sea– es a nosotros.

Luego, está la reflexión del economista Ricardo Lago vía Twitter: “Cuando el objetivo es robar, se hacen obras inútiles”. Muy cierto. Los incentivos, cuando se busca robar, están dirigidos a enmascarar el hurto, a inflar las cifras, a crear cortinas de humo. ¿Y la obra? ¡A quién le importa!

Al final, el planteamiento no es “roba, pero hace”, sino “me roba, ¿y qué hace?”.

Per{u 21, 22 de setiembre de 2014

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Robó pero hizo

por Francisco Miró Quesada Rada

Existe una jerarquía en la cual valores como la vida, el honor, la libertad y la igualdad son superiores al poder o al dinero

Alguien tenía que protestar por esta frase que es la máxima expresión de la inmoralidad y del cinismo en política. Fue la Conferencia Episcopal que, a través de su presidente, monseñor Miguel Piñeiro, dijo: “Hay entre nosotros una expresión que es inaceptable: no importa que robe, con tal que haga obras”. Según el comunicado, “ese dicho solo perpetúa la corrupción en el país y la injusta distribución de los bienes”.

Los seres humanos tenemos creencias y valores, y actuamos según ellos. Como sostiene el filósofo Augusto Salazar Bondy, “los valores implican la idea de algo que es más alto, superior, con respecto a lo que es más bajo, inferior. Implica la idea de una jerarquía, una graduación que hay en el mundo en la que ya no hay dioses, los valores toman el lugar de los dioses que han muerto porque a través de las palabras valorativas se mantiene la idea de lo alto y lo bajo, de lo que es superior y de lo que es inferior de lo que es supremo”. Estos valores –como el respeto por la vida, el honor, la dignidad y la libertad, entre otros– se pretenden fundamentar racionalmente en la convivencia humana, lo que significa que deben tener validez universal, sobre todo cuando en una sociedad –se supone– están internalizados, es decir, aceptados por sus miembros.

El concepto ‘valor’ tiene significados muy amplios, porque así como valoramos una serie de prácticas y actitudes que consideramos morales, también podemos darle valor a otros conceptos que no tienen nada que ver con la moral, como pueden ser el poder y el dinero. Si entendemos la moral como la capacidad que tenemos para distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo para el ser humano, entonces debemos actuar según esta convicción, que en el fondo es una creencia. En consecuencia, existe una jerarquía en la cual valores como la vida, el honor, la dignidad, la libertad y la igualdad son superiores al poder o al dinero.

Tanto el poder como el dinero no son malos en sí mismos. Ambos son una dimensión de la vida humana, pero dependen del sitial que les demos en nuestra escala de valores. Si consideramos que son valores superiores a los antes mencionados, los ponemos en una escala más alta. En este caso, el poder y el dinero –que en el fondo son unos medios– los podemos utilizar para hacer el bien y beneficiar a los demás. Sin embargo, esta situación puede trastocarse cuando asumimos que el poder y el dinero son los valores supremos, y por mantenerlos causamos daño a los demás. No reparamos en la diferencia que existe entre los fines y los medios. El poder y el dinero son medios para alcanzar fines nobles, pero pueden convertirse –y de hecho se han convertido en muchos casos– en instrumentos para dominar y explotar al prójimo.

Si decimos “robó pero hizo”, estamos justificando una conducta inmoral amparándonos en una necesidad material. La autoridad que roba adquiere dinero del Estado –es decir, de todo un pueblo–, dinero destinado a la obra pública para beneficiar a toda una comunidad. Pero ¿cuál es la razón que pretende justificar esta inmoral conducta que muchas veces se expresa cínicamente? Una respuesta es que le damos un excesivo valor a las obras sin importarnos cuál es la conducta moral de quien las ejecuta. También podría darse el caso de personas que, por obtener un negocio, no les importa que la autoridad robe con tal de que este se realice. Lo mismo sucede con la mentira: no importa que una persona mienta en su hoja de vida con tal de que haga obras.

Lo grave de esta situación es que esta creencia se convierta en una costumbre aceptada por muchos peruanos, lo que significa que entre nosotros no existe una escala de valores que nos permita distinguir entre lo bueno y lo malo. Es como si dijéramos: “Haz fortuna por cualquier medio, olvidándote de todos menos de ti mismo”. Quienes piensan así no sufren retortijones morales que les plantean un problema ético supremo: el de conocer y posibilitar la recta conducta, como indica el filósofo argentino Mario Bunge.

Un buen gobernante es aquel cuya gestión pública es a la vez ética y eficiente. Aquel que considera que el ser humano es un fin en sí mismo y no un medio que puede ser utilizado y manipulado para robar o acumular poder. Dadas así las cosas, en nuestra sociedad tiene que revertirse el origen de toda educación. Ella no debe consistir solo en impartir conocimientos, sino también en formar personas con valores. Por eso, la educación en valores tendrá que atravesar todas las etapas de la formación humana. Esta advertencia de la Conferencia Episcopal debe tomarse muy en serio si queremos un Perú donde los valores predominen sobre los intereses. Sin duda, un desafío a nuestra conciencia moral como nación.

El Comercio, 5 de setiembre de 2014

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Lo que es y lo que debe ser un juez

Es necesario educar y sensibilizar a la ciudadanía, crear conciencia en la lucha contra la corrupción.

Francisco Miró Quesada C.
Director General

El 4 de agosto se celebró el Día del Juez. El término ‘juez’ viene de la palabra latina ‘iudex’, ‘iudicem’, ‘quien juzga’ o ‘quien decide un derecho establecido como norma o ley’. Cuando juzga a una persona por un delito cometido, podrá eximirlo o condenarlo. La pena dependerá de los actos realizados. Si son leves como el hurto, la condena será menor. Si son actos delictivos graves como pertenecer a una banda de marcas, lavado de dinero, violación o asesinato, las condenas son más severas y hasta podría aplicarse cadena perpetua.

En Roma no existía el femenino de juez, pues la mujer no era considerada como una persona importante. Pero en nuestro país existe el femenino ‘jueza’, forjado después de una larga evolución.

El juez cuya misión es administrar justicia y velar por ella deberá aplicar las leyes mediante un razonamiento intelectual, lógico, equilibrado, responsable y basado en un estricto cumplimiento de la legislación. Es fundamental que los fallos que emitan se basen en las leyes de la lógica y en los razonamientos que aplican para fundamentar la sentencia.

En el Perú hay tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, independientes. Nadie puede decidir cuál debe ser la conducta del otro, salvo que estemos en un caso el prevaricato o la corrupción. Debemos salvaguardar la independencia del Poder Judicial que asegure a los ciudadanos un transparente ejercicio de los jueces y magistrados, garantizando el orden social y el Estado de derecho, cuando estos se ven afectados por actos contrarios a las leyes.

En el país hay muchos tipos de jueces como el juez de Paz, que interviene en los casos menores y no requiere ser abogado, pero contribuye como conciliador para resolver conflictos de modo directo, apoyado por magistrados del Poder Judicial. Luego hay jueces que se ocupan de asuntos más importantes. Estos jueces están en todas las regiones del Perú. Por último, los jueces de la Corte Suprema juzgan los acontecimientos más graves que se han producido en el país.

Un caso que angustia a nuestra patria es la corrupción de algunos jueces. Son muchas las denuncias que acusan a estos de haber recibido dinero para resolver algún caso. Mientras ello continúe, no podrá haber confianza en el Poder Judicial. La administración de justicia debe estar en manos de funcionarios responsables, con una conducta ética en el desarrollo de sus funciones.

El actual presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, reconoce la situación y está profundamente preocupado por la corrupción. Para luchar contra ella, se necesita la acción de la Policía Nacional, dirigida por el ministro del Interior. Según Daniel Urresti, hay que aplicar sanciones severas y actuar rápidamente.

Sin embargo, hemos visto con sorpresa la liberación por dictamen judicial de seis miembros del Movadef, movimiento que pretende la liberación de Abimael Guzmán, quien desató el terrorismo en todo el país, dictamen cuestionado por líderes políticos y el procurador anticorrupción.

Por ello, vemos la urgente necesidad de educar y sensibilizar a la ciudadanía, crear conciencia en la lucha contra la corrupción. Esperamos que el Estado y, en especial, el Poder Judicial adopten las medidas necesarias para combatirla y tenga éxito.

El Comercio, 8 de agosto de 2014

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Explicando la corrupción judicial en las cortes intermedias e inferiores de Chile, Perú y Ecuador

Santiago Basabe-Serrano

Resumen

Este artículo identifica las principales variables que explican la corrupción judicial en jueces inferiores y cortes intermedias de Chile, Perú y Ecuador. Refinando la metodologíaexistente para la medición de la corrupción judicial e incorporando variables endógenas y exógenas al modelo, se propone que la formación profesional de los jueces, el respeto a la carrera judicial y el grado de fragmentación del poder en la arena política explican diferentes grados de corrupción judicial. A través de un modelo comparativo diacrónico y sincrónico de Chile, Perú y Ecuador, el artículo también constata que diseños institucionales en los que existen mayores instancias de impugnación o un mayor número de procedimientos, suelen ser más proclives a pagos ilegítimos u otras formas de corrupción judicial.

20131001-perfiles_latinoamericanos.pdf

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ENTREVISTA CON EL MINISTRO DE JUSTICIA

ENTREVISTA CON EL MINISTRO DE JUSTICIA

Estimados amigos: en esta oportunidad comparto con ustedes la entrevista que sostuviera con Juan Jiménez Mayor, titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En esta charla él nos comenta las principales medidas que implementará durante su gestión. Enfatiza el rol que desempeñarán las procuradurías y reafirma la intención del régimen de promover reformas constitucionales, especialmente en el sistema de justicia. Igualmente comenta su posición sobre la propuesta de retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre las decisiones judiciales que permitieron la salida temporal del país de Lori Berenson y Laura Mellado, sentenciados por delitos de terrorismo.

RAFAEL RODRÍGUEZ CAMPOS

1. ¿Cuáles son las tareas más urgentes que deberá enfrentar como ministro de Justicia?

Bueno, tres son los temas más urgentes a trabajar. El primero, es el de la lucha contra la corrupción. El segundo, el de la eficiencia en el servicio de administración de justicia. Y el tercero, es el de facilitar el acceso a la justicia a todos los ciudadanos del Perú. Estos tres tópicos son fundamentales para el fortalecimiento del sistema democrático y para la recuperación de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Para ello es fundamental delinear claramente cuáles son las líneas de trabajo a seguir, así como los objetivos y las metas a lograr en el corto, mediano y largo plazo.

2. ¿Qué medidas han adoptado desde su sector para enfrentar esta problemática?

Estamos trabajando un Plan Nacional de acceso a la justicia que será presentado en las próximas semanas. Ahora bien, con relación al tema de la lucha contra la corrupción estamos diseñando una estructura y estrategia de persecución del delito a nivel nacional.

En la actualidad contamos con un sistema de 30 procuradores por cada una de las regiones del país, situación que imposibilita la articulación del trabajo entre todas estas. En ese sentido, nosotros hemos agrupado a estas procuradurías en once macroregiones y vamos a delegar funciones a abogados en las diversas regiones y departamentos del país, a efectos de tener un mejor control y mejores estrategias zonales en función de tendencias delictivas.

Otro asunto importante en torno a este tema es el de la falta de coordinación entre las procuradurías públicas más importantes. Le explico, hoy en día las procuradurías de drogas, lavado de activos y anticorrupción, que se enfrentan al crimen organizado, trabajan de manera aislada. Esta situación debe de cambiar radicalmente. Nosotros estamos implementando una serie de medidas para trabajar en conjunto, compartiendo información, porque seguramente donde hay un tema de drogas hay un tema de corrupción, donde hay un tema de lavado de activos hay también un tema de corrupción. Esta labor coordinada todavía no se ha hecho en el Perú. Nosotros estamos decididos a poner en práctica esta estrategia pues consideramos que es la salida más inteligente para luchar contra el crimen organizado.

3. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de reforma constitucional para que sean imprescriptibles los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos?

Este tema, como bien Ud. señala, pasa por promover una reforma del artículo 41 de la Constitución. Este es un tema de opción y normativa constitucional que viene siendo contemplado por algunos países en la persecución de algunos delitos como por ejemplo los delitos de lesa humanidad.

Lo que pasa es que los delitos de corrupción son delitos muy sensibles para la comunidad, sobre todo después de lo vivido durante los años noventa. En ese sentido, una propuesta de este tipo busca encuadrar de mejor manera la política de lucha contra la corrupción. En mi opinión, esta propuesta tiene dos puntos importantes. Primero, es una medida que será muy bien vista por la población y que contará con el respaldo mayoritario de la misma. Esto es importante pues muchas veces las iniciativas carecen de ese apoyo. Y segundo, esta medida puede generar un efecto disuasivo y evitar así la reproducción de actos de corrupción a nivel nacional.

4. ¿Qué nos puede decir Ud. sobre el estado de la Procuraduría Anticorrupción?

Estamos en un escenario muy complicado. En la actualidad tenemos más de 15 mil procesos de corrupción en todo el país. Casualmente son las regiones del país que cuentan con canon minero las que presentan numerosos casos de corrupción. Ahora bien, me gustaría comentarle que hace dos semanas recibimos la cooperación del Instituto alemán Max Planck para el Derecho Penal Internacional, con el objetivo de sentar las bases de un nuevo modelo de procuradurías públicas, y en especial, de la Procuraduría Anticorrupción.

Cuando llegamos al Gobierno nos dimos cuenta que la Procuraduría Anticorrupción era solamente una especie de unidad de litigio, es decir solamente estaba para presentar denuncias, asistir a las diligencias, interponer apelaciones, presentar informes orales, o ir a los juzgados a ver el estado de los expedientes en trámite. Esta procuraduría no tenía una labor proactiva que le permitiera enfocar mejor el tema, diseñando, por ejemplo, una mejor estrategia de recuperación de activos.

Le doy un dato, en los últimos dos años, el Estado solamente recuperó, en todo el sistema de procuradurías públicas, 29 millones de soles de los cuales el 50% correspondía a la procuraduría anticorrupción y la procuraduría de drogas. Esto denota que el sistema jurídico del Estado está muy debilitado.

Como verá, este es un sistema que no funciona, un sistema que hay que fortalecer, para lo cual vamos a unificar el sistema de defensa jurídica del Estado en un solo organismo lo cual convertiría al sistema de defensa jurídica del Estado en el estudio de abogados más importante del país, con cerca de 400 o 500 abogados prestos a desarrollar estrategias conjuntas para luchar de manera decidida y frontal contra la corrupción.

5. ¿Qué medidas concretas se han tomado?

Me gustaría mencionar tres medidas que fortalecerán el trabajo anticorrupción del Estado. La primera, el rediseño y fortalecimiento de la unidad de análisis financiero en donde estamos evaluando, identificando el patrimonio de las personas que están vinculadas a delitos de corrupción y el de sus familiares directos o personas relacionadas a estas. Segundo, la implementación del observatorio de los delitos de corrupción, a través del cual estamos fijando las tendencias que hay en esta materia en todo el país, situación que nos permitirá atacar a los grandes casos de crimen organizado.

Finalmente, hemos fusionado la Procuraduría Ad hoc para el caso Fujimori-Montesinos, que encontramos desmantelada, con la procuraduría anticorrupción, ello nos permitirá recoger todo el bagaje documental de la primera y, por supuesto, aprovechar la experiencia de algunos abogados que todavía encontramos en sus labores al asumir la gestión.

6. El ministerio que Ud. dirige ha pasado a denominarse de Justicia y Derechos Humanos. ¿Qué cambios sustantivos en el enfoque de las políticas públicas impulsadas desde su sector traerá este nuevo término?

Lo que tiene que cambiar es esa posición dura y dogmática que hay, impulsada por algunos sectores, de que los derechos humanos son solo de los terroristas. Lo que debemos buscar es que la ciudadanía entienda que la temática de los derechos humanos no es una materia ideológica, sino que forman parte de la esencia misma del ser humano. Si logramos cambiar ese chip tan difundido, y hacemos entender que la nutrición, el derecho a la vida, el derecho a la educación, al trabajo, y a la salud son también derechos humanos que el Estado debe proteger y que las personas debemos hacer valer, habremos dado un salto cualitativo importante.

7. ¿Qué medidas se deberán adoptar para lograr ese objetivo?

Esto va a requerir de una adecuada política de comunicación por parte del Ministerio hacia fuera. También exige mejoras en nuestro servicio de acceso a la justicia interno, fortalecer las líneas de acción planteadas por el ex Ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, tales como la defensa de víctimas, de personas que están en condiciones de vulnerabilidad, discapacitados, mujeres, niños, ancianos para que tengan la oportunidad de hacer valer sus derechos de manera oportuna, no es posible que un juicio en el Perú dure 10 años.Recordemos que somo el país más quejado en el sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos, tenemos más de 360 quejas ante la Comisión Americana de Derechos Humanos, lo que demuestra dos cosas, o que el acceso al sistema internacional es muy sencillo, o que, y eso es lo más preocupante, que nuestro sistema interno de tutela de los derechos humanos no funciona adecuadamente y que debido a ello las personas se ven obligadas a recurrir a las instancias internacionales.

8. Volviendo al tema de las reformas constitucionales, una de las principales propuestas de campaña de Ollanta Humala fue promover reformas a la Constitución vigente. Sin embargo, han pasado algunos meses y pareciera que esto ha perdido vigor…

No, en absoluto, las reformas ya vienen. Yo soy un ministro que va a empujar una serie de propuestas de proyectos de reforma de la Constitución, sobre todo en aquellas materias vinculadas a la reforma de la justicia, que anunciaremos oportunamente, pues es un tema que personalmente me preocupa, por ser de altísimo interés para nosotros. Creemos que la justicia necesita el esfuerzo no solamente del Poder Judicial sino también del gobierno para poder involucrarse. Es un tema que no corresponde estrictamente a los jueces, la reforma de la justicia nos corresponde a todos.

9. ¿Qué opinión tiene Ud. sobre la propuesta del retorno a la bicameralidad o la implantación del voto facultativo?

Yo no creo que el problema de la representación del país pase por la bicameralidad, yo no apostaría los recursos del país o centraría el debate político del país en una reingeniería constitucional sobre el tema de la bicameralidad, lo dicen todos los constitucionalistas pero yo creo que no es un tema central. El problema que tenemos es uno de representación en general, un Congreso muy pequeño para la población actual y además no contamos con un sistema de partidos fuerte e institucionalizado. En lo personal, no creo que el retorno a la fórmula bicameral sea el tema central a discutir en este campo.

Con respecto a la implantación del voto facultativo estoy totalmente de acuerdo. El voto es ante todo un derecho, una facultad que nos debe permitir participar libremente, no podemos obligar a la gente a votar. Es un auténtico derecho. Y los abogados deberíamos dar el primer paso con respecto a los comicios para la elección del Decano del Colegio de Abogados.

10. Hace algunas semanas personalidades vinculadas al fujimorismo y a las Fuerzas Armadas han propuesto el retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Mire Ud., ni siquiera durante el Gobierno de Fujimori, esos mismos sectores pudieron retirar al Perú de la competencia de la Corte. Entonces, si no lo hicieron ellos, menos lo vamos a hacer nosotros. Digámoslo claramente, no existen antecedentes en este campo, la propuesta es jurídicamente inviable, los países que han intentado hacer esto han fracasado y creemos que el Perú, como un país que es respetuoso del ordenamiento internacional, no se va a retirar de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana y, por el contrario, lo que sí hará es defender firmemente sus derechos, sobre todo en los casos en donde consideramos que tenemos la razón.

11. En todo caso, ¿las sentencias de la Corte IDH se acatarán sean favorables o no al Estado peruano?

Sí, sin duda, lo que pasa es que allí viene el tema de la ponderación de la asignación de las reparaciones. Tenemos reparaciones más urgentes que otras. Ahora bien, debo dejar muy en claro que nosotros como Gobierno no vamos a cumplir reparaciones vinculadas a terroristas que le deban dinero al Estado por concepto de reparación civil. Eso lo tenemos clarísimo, la ley civil lo permite. Además, ya hemos hecho las coordinaciones con la Corte sobre esta materia y el asunto está zanjado.

12. Recientemente el Poder Judicial ha permitido la salida temporal del país de los condenados por terrorismo Lori Berenson y Lautaro Mellado. ¿Qué opinión tiene Ud. al respecto?

Quiero aprovechar esta oportunidad para manifestar, en nombre del Gobierno, nuestro más absoluto rechazo a esta medida. Para nosotros, se trata de una orden judicial que desnaturaliza la figura de la liberación condicional pues se equipara la libertad de un condenado sujeta a restricciones a la de cualquier ciudadano. Pero esta medida además de ser equivocada es ilegal porque el Decreto Legislativo N° 927 establece claramente que no proceda este tipo de beneficios para estos casos.

Nosotros estamos sumamente preocupados, hemos hablado con el Presidente del Poder Judicial sobre la materia, le hemos dicho que no es prudente, que no es lo propio, que la decisión es ilegal; pero el Poder Judicial es independiente, y ellos deberán asumir su responsabilidad.

Nosotros tenemos todo el derecho de criticar las resoluciones judiciales como cualquier ciudadano, que es lo que estamos haciendo, no ofendemos a nadie al señalar que estas resoluciones son muy mal fundamentadas, además de haber sido emitidas sin tomar en consideración el principio de previsión de consecuencias tantas veces utilizado por el Tribunal Constitucional, pues una decisión judicial por más legal que esta sea, o ilegal como en este caso, debe evaluar el impacto de esta en la opinión pública, que en este caso, a partir de esta orden judicial, advierte que existe una especie de ablandamiento en la lucha contra el terrorismo.

13. Días atrás, el presidente Humala deslizó la posibilidad de eliminar el voto a policías y militares o restaurar el servicio militar obligatorio. ¿Usted comparte esas propuestas?

Bueno, son iniciativas que ha propuesto el presidente para la discusión nacional. No lo hemos discutido en el gabinete y no se todavía cuál va a hacer la posición finalmente del Gobierno. Es un planteamiento del presidente que como cualquier otro planteamiento que realiza el jefe de Estado será evaluado. Entiendo que hay un gran debate en el país sobre esto, en su momento si es que esto se da, si se confirma la propuesta lo veremos, pero por el momento me parece que es una iniciativa que hay que evaluar simplemente.

14. Finalmente, ¿Qué opina Ud. de la propuesta de despenalizar los delitos de prensa?

Yo estoy en desacuerdo con esa propuesta. Lo he dicho públicamente, creo que la solución de los excesos en el ejercicio de la libertad de expresión no pasa por la despenalización de los delitos de prensa, porque si los despenalizamos tendríamos que ir a la vía civil para resolver la controversia. La medida en la vía civil sería la indemnización por daño moral, lo que puede ocasionar que en el Perú se generen altísimos costos a las empresas editoriales y periodísticas, las que tendrían que pagar altísimas indemnizaciones, lo que puede hacer quebrar a cualquier medio periodístico en el Perú, pues muchos de ellos son muy pequeños y de muy poco capital. Lo que debemos tener presente es que los bienes jurídicos como la libertad de expresión o información, así como la intimidad, el honor o la buena reputación, merecen el mismo grado de protección.

Esta entrevista fue publicada en el Nº 49 de LA LEY, periódico mensual del grupo editorial GACETA JURÍDICA (DICIEMBRE 2011)

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Etnografías de la corrupción

La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción no debe prosperar o, si lo hace, debe quedar limitada a los delitos extremadamente graves, y, naturalmente, debidamente probados, porque de lo contrario esa medida puede usarse como un instrumento de persecución política. No es de extrañar que los únicos tres países de Sudamérica que la han incorporado son Venezuela, Bolivia y Ecuador, que ya no son democracias liberales y donde la persecución política y la represión del adversario están institucionalizadas.

Sí, es cierto que este es el momento para organizar una amplia cruzada contra la corrupción. La población ya la ubica como el principal problema del país en las encuestas, porque está en marcha un proceso de modernización nacional que exige un Estado más eficiente, meritocrático y profesional, y que empieza a ver como corruptas conductas que antes –cuando las relaciones básicas seguían dominadas por el parentesco y la reciprocidad– eran vistas como normales. La gran reforma del Estado consiste en pasar de una institucionalidad patrimonialista –donde la autoridad dispone de los bienes como si fueran propios y beneficia a sus allegados, dentro de redes de reciprocidad– a una racional y tecnocrática. Pero ese es un verdadero cambio social, cultural. Subir las penas apenas sirve para lograrlo.

En “Micropolíticas de la corrupción”, el antropólogo Jaris Mujica presenta una etnografía de las redes de poder y de corrupción en el Palacio de Justicia. Allí descubre que los actos de corrupción no son hechos individuales, aislados, producto de la codicia o la inmoralidad del ejecutante, sino parte de un sistema de redes de padrinazgo y reciprocidad y su función consiste precisamente en lubricar y mantener articuladas esas redes, que conectan a los tramitadores, abogados y falsificadores que pululan fuera del Palacio de Justicia con las mesas de partes y luego a los secretarios y relatores con los jueces, hasta las altas esferas de la Corte Suprema. Son distintas redes y tipos de actos. La corrupción articula e integra el sistema. Es un hecho social, no individual. Y no es que un juez sea siempre corrupto, sino en determinadas ocasiones, en función de la reciprocidad de favores de la red a la que pertenece.

Sería interesante que César San Martín disponga talleres internos de discusión de este libro –de una versión simplificada, de más fácil lectura, tal vez– para ver qué cambios produce en el Poder Judicial verse en ese espejo tan claro.

Lo mismo habría que hacer con otras instituciones del Estado: contratar etnografías y discutirlas internamente. Sería el primer paso para luego introducir instrumentos de gestión modernos, profesionales y transparentes, que aseguren un servicio eficiente a todos sin importar la conexión o la vara o la capacidad de pago de un soborno. Y luego las sanciones, por supuesto.

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