DISCURSO DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II AL TRIBUNAL DE LA ROTA ROMANA CON OCASIÓN DE LA APERTURA DEL AÑO JUDICIAL

Sábado 29 de enero de 2005

1. Esta cita anual con vosotros, queridos prelados auditores del Tribunal apostólico de la Rota romana, pone de relieve el vínculo esencial de vuestro valioso trabajo con el aspecto judicial del ministerio petrino. Las palabras del decano de vuestro Colegio han expresado el compromiso común de plena fidelidad en vuestro servicio eclesial.
En este horizonte quisiera situar hoy algunas consideraciones acerca de la dimensión moral de la actividad de los agentes jurídicos en los tribunales eclesiásticos, sobre todo por lo que atañe al deber de adecuarse a la verdad sobre el matrimonio, tal como la enseña la Iglesia.

2. Desde siempre la cuestión ética se ha planteado con especial intensidad en cualquier clase de proceso judicial. En efecto, los intereses individuales y colectivos pueden impulsar a las partes a recurrir a varios tipos de falsedades e incluso de corrupción con el fin de lograr una sentencia favorable.
De este peligro no están inmunes ni siquiera los procesos canónicos, en los que se busca conocer la verdad sobre la existencia o inexistencia de un matrimonio. La indudable importancia que esto tiene para la conciencia moral de las partes hace menos probable la aquiescencia a intereses ajenos a la búsqueda de la verdad. A pesar de ello, pueden darse casos en los que se manifieste esa aquiescencia, que pone en peligro la regularidad del proceso. Es conocida la firme reacción de la norma canónica ante esos comportamientos (cf. Código de derecho canónico, cc. 1389, 1391, 1457, 1488 y 1489).

3. Con todo, en las circunstancias actuales existe también otro peligro. En nombre de supuestas exigencias pastorales, hay quien ha propuesto que se declaren nulas las uniones que han fracasado completamente. Para lograr ese resultado se sugiere que se recurra al expediente de mantener las apariencias de procedimiento y sustanciales, disimulando la inexistencia de un verdadero juicio procesal. Así se tiene la tentación de proveer a un planteamiento de los motivos de nulidad, y a su prueba, en contraposición con los principios elementales de las normas y del magisterio de la Iglesia.
Es evidente la gravedad objetiva jurídica y moral de esos comportamientos, que ciertamente no constituyen la solución pastoralmente válida a los problemas planteados por las crisis matrimoniales. Gracias a Dios, no faltan fieles cuya conciencia no se deja engañar, y entre ellos se encuentran también no pocos que, aun estando implicados personalmente en una crisis conyugal, están dispuestos a resolverla sólo siguiendo la senda de la verdad.

4. En los discursos anuales a la Rota romana, he recordado muchas veces la relación esencial que el proceso guarda con la búsqueda de la verdad objetiva. Eso deben tenerlo presente ante todo los obispos, que por derecho divino son los jueces de sus comunidades. En su nombre administran la justicia los tribunales. Por tanto, los obispos están llamados a comprometerse personalmente para garantizar la idoneidad de los miembros de los tribunales, tanto diocesanos como interdiocesanos, de los cuales son moderadores, y para verificar la conformidad de las sentencias con la doctrina recta.
Los pastores sagrados no pueden pensar que el proceder de sus tribunales es una cuestión meramente “técnica”, de la que pueden desinteresarse, encomendándola enteramente a sus jueces vicarios (cf. ib., cc. 391, 1419, 1423, 1).

5. La deontología del juez tiene su criterio inspirador en el amor a la verdad. Así pues, ante todo debe estar convencido de que la verdad existe. Por eso, es preciso buscarla con auténtico deseo de conocerla, a pesar de todos los inconvenientes que puedan derivar de ese conocimiento. Hay que resistir al miedo a la verdad, que a veces puede brotar del temor a herir a las personas. La verdad, que es Cristo mismo (cf. Jn 8, 32 y 36), nos libera de cualquier forma de componenda con las mentiras interesadas.
El juez que actúa verdaderamente como juez, es decir, con justicia, no se deja condicionar ni por sentimientos de falsa compasión hacia las personas, ni por falsos modelos de pensamiento, aunque estén difundidos en el ambiente. Sabe que las sentencias injustas jamás constituyen una verdadera solución pastoral, y que el juicio de Dios sobre su proceder es lo que cuenta para la eternidad.

6. Además, el juez debe atenerse a las leyes canónicas, rectamente interpretadas. Por eso, nunca debe perder de vista la conexión intrínseca de las normas jurídicas con la doctrina de la Iglesia. En efecto, a veces se pretende separar las leyes de la Iglesia de las enseñanzas del Magisterio, como si pertenecieran a dos esferas distintas, de las cuales sólo la primera tendría fuerza jurídicamente vinculante, mientras que la segunda tendría meramente un valor de orientación y exhortación.
Ese planteamiento revela, en el fondo, una mentalidad positivista, que está en contraposición con la mejor tradición jurídica clásica y cristiana sobre el derecho. En realidad, la interpretación auténtica de la palabra de Dios que realiza el Magisterio de la Iglesia (cf. Dei Verbum, 10) tiene valor jurídico en la medida en que atañe al ámbito del derecho, sin que necesite de un ulterior paso formal para convertirse en vinculante jurídica y moralmente.
Asimismo, para una sana hermenéutica jurídica es indispensable tener en cuenta el conjunto de las enseñanzas de la Iglesia, situando orgánicamente cada afirmación en el cauce de la tradición. De este modo se podrán evitar tanto las interpretaciones selectivas y distorsionadas como las críticas estériles a algunos pasajes.

Por último, un momento importante de la búsqueda de la verdad es el de la instrucción de la causa. Está amenazada en su misma razón de ser, y degenera en puro formalismo, cuando el resultado del proceso se da por descontado. Es verdad que también el deber de una justicia tempestiva forma parte del servicio concreto de la verdad, y constituye un derecho de las personas. Con todo, una falsa celeridad, que vaya en detrimento de la verdad, es aún más gravemente injusta.

7. Quisiera concluir este encuentro dándoos las gracias de corazón a vosotros, prelados auditores, a los oficiales, a los abogados y a todos los que trabajan en este Tribunal apostólico, así como a los miembros del Estudio rotal.
Ya sabéis que podéis contar con la oración del Papa y de muchísimas personas de buena voluntad que reconocen el valor de vuestra actividad al servicio de la verdad. El Señor os recompensará por vuestros esfuerzos diarios, no sólo en la vida futura, sino también ya en esta con la paz y la alegría de la conciencia, y con la estima y el apoyo de los que aman la justicia.
A la vez que expreso el deseo de que la verdad de la justicia resplandezca cada vez más en la Iglesia y en vuestra vida, de corazón imparto a todos mi bendición.

Tomado de la página web de la Santa Sede http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2005/january/documents/hf_jp-ii_spe_20050129_roman-rota_sp.html
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No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, buen abono y riego constante. También es obvio que quien cultiva la tierra no se para impaciente frente a la semilla sembrada y grita con todas sus fuerzas: “¡Crece, maldita seas!”… Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes: Siembra la semilla, la abonas, y te ocupas de regarla constantemente.
Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad no pasa nada con la semilla durante los primeros siete años, a tal punto, que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el sétimo año, en un periodo de solo seis semanas la planta de bambú crece ¡más de 30 metros! ¿Tardó solo seis semanas en crecer? No. La verdad es que se tomó siete años y seis semanas en desarrollarse.
Durante los primeros siete años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitiría sostener el crecimiento que iba a tener después de siete años. Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas personas tratan de encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados sin entender que el éxito es simplemente resultado del crecimiento interno y que éste requiere tiempo.
Quizás por la misma impaciencia, muchos de aquellos que aspiran a resultados en corto plazo, abandonan súbitamente justo cuando ya estaban a punto de conquistar la meta. Es tarea difícil convencer al impaciente que solo llegan al éxito aquellos que luchan en forma perseverante y saben esperar el momento adecuado.
De igual manera es necesario entender que en muchas ocasiones estaremos frente a situaciones en las que creeremos que nada está sucediendo. Y esto puede ser extremadamente frustrante. En esos momentos (que todos tenemos), recordar el ciclo de maduración del bambú japonés, y aceptar que –en tanto no bajemos los brazos-, ni abandonemos por no “ver” el resultado que esperamos-, sí está sucediendo algo dentro nuestro: estamos creciendo, madurando.
Quienes no se dan por vencidos, van gradual e imperceptiblemente creando los hábitos y el temple que les permitirá sostener el éxito cuando este al fin se materialice. El triunfo no es más que un proceso que lleva tiempo y dedicación. Un proceso que exige aprender nuevos hábitos y nos obliga a descartar otros. Un proceso que exige cambios, acción y formidables dotes de paciencia.

Tomado de http://www.judoencostarica.com/humor/bambujap.html (más…)

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A propósito de una Resolución del Tribunal del Indecopi

Allá por 1996, me encomendaron que preparara un recurso de apelación a interponerse contra una resolución expedida por la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi. Dicha Comisión había resuelto sancionar a nuestra comitente con una multa equivalente al 50% de la UIT, tras declarar fundada una denuncia presentada en su contra por violación al Decreto Legislativo Nº 716º denominado Ley de Protección al Consumidor 1.

El denunciante había señalado que había adquirido de nuestra clienta un par de zapatos de cuero que se encontraban defectuosos. En el acto de la audiencia de Conciliación y Pruebas, el denunciante solicitó la devolución del valor de los zapatos y la restitución del costo del procedimiento administrativo y de los honorarios de su abogado. Por su parte, la representante de nuestra patrocinada había expresado su ofrecimiento de hacer efectiva la devolución del valor de los zapatos.

El denunciante consideró este ofrecimiento como un reconocimiento de responsabilidad. En buen romance, pretendía y logró que la Comisión tuviera en cuenta la propuesta de mi comitente como una confesión o declaración asimilada, al más puro estilo del artículo 221º del Código Procesal Civil 2.

Nuestro recurso de apelación, entre otros argumentos, resaltó el hecho de que nuestra patrocinada había manifestado su intención de llegar a un acuerdo con el denunciante en la Audiencia de Conciliación y Pruebas, llegando al extremo de ofrecer la devolución del importe del dinero, de acuerdo a lo solicitado por aquel; lo que no implicaba que recociera responsabilidad alguna respecto de la calidad del producto, sino que nuestra patrocinada, en armonía con su política de lograr la satisfacción del cliente estuvo dispuesta inclusive a reembolsar al denunciante el valor de la mercadería, en aras de llegar a una solución armoniosa, aún en desmedro de su economía. Así mismo, se resalto el hecho de que en la Audiencia Conciliatoria el denunciante incrementó sus pretensiones, solicitando además que se le pague las costas y costos del procedimiento, poniendo de manifiesto su ánimo intransigente y su intención de perjudicar a nuestra clienta. Una clara muestra del curialesco juego, de “arreglamos, pero primero te gano, o arreglamos después, en ejecución de sentencia”.

No todas las normas del proceso civil pueden aplicarse a rajatabla al proceso administrativo, porque ambos son de naturaleza diferente. Algo en mi interior me decía que no era justo que quienes quisieron solucionar un problema accediendo a lo solicitado por el denunciante, sean sancionado por la intransigencia de éste. Como el acreedor que primero exige el pago, y en el día, hora y lugar convenidos, rehusa recibirlo, porque quiere embargar, en un claro ejemplo de mora del acreedor conforme al artículo 1336º del Código Civil3 y de ejercicio abusivo del derecho, proscrito por la Constitución y el Código sustantivo 4.

Descubrí que en la vida real, uno hace concesiones para evitar un problema o el consabido litigio. En las concesiones está la solución al conflicto. Poco importa saber quién es culpable o inocente, si no se logra satisfacer el interés de las partes. Muchas veces hemos pagado porque era lo más conveniente para evitar un problema mayor. Porque era muy costoso y hasta quijotesco, defender una posición sólida, y con indiscutible amparo legal, cuando era más práctico hacer una concesión para obtener una solución más rápida y económica. Sobretodo cuando el cliente desea ahorrar tiempo y dinero.

Advertí que el interés del denunciante era que mi comitente fuera sancionada, para luego negociar el pago de una indemnización por daños y perjuicios. No le interesaba para nada el producto defectuoso, ni su reposición, ni la devolución de su dinero. No soy el más indicado para arrojar la primera piedra, porque muchos abogados hacemos o pretendemos hacer lo mismo todos los días.

En las audiencias conciliatorias de los procesos civiles, los Jueces solían pedir a las partes alguna fórmula conciliatoria. Yo pensaba que nadie lo haría jamás, si supiera que el Juez lo tomaría como una confesión de responsabilidad del demandado, o de falta de fundamento legal de la demanda interpuesta por el actor. Pensé que si esto se trasladaba al proceso administrativo, la Conciliación no iba a funcionar. Confieso que entonces, para mí la conciliación no era más que una etapa del proceso civil injertada en el proceso administrativo. Los tiempos no estaban maduros para la conciliación extrajudicial y los MARC’S. Pero mi intuición jurídica me orientaba en el sentido correcto.

Felizmente la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad del INDECOPI puso las cosas en su sitio mediante Resolución Nº 085-96-TDC recaída en el Expediente Nº 005-96 C.P.C. Aunque finalmente perdimos el caso, de alguna manera colaboramos poniendo nuestro pequeño granito de arena para que se hiciera jurisprudencia administrativa.

Transcribimos a continuación las consideraciones de la Sala 5:

” …
III.3. Valor probatorio de los ofrecimientos conciliatorios.

Sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior, la Comisión concluye en su resolución que el ofrecimiento hecho por Kouros al señor Tori durante la audiencia de conciliación constituye una aceptación tácita de la calidad defectuosa de, por lo menos uno de los zapatos, sin tener en cuenta que puede responder a la voluntad de llegar a un arreglo o resolver el conflicto de intereses de la manera menos costosa, o a políticas empresariales de atención a los clientes. Atendiendo a que el criterio adoptado por la Comisión contiene una apreciación subjetiva sobre el origen o la motivación de los agentes del mercado para efectuar ofertas conciliatorias, esto podría desincentivar al uso de los mecanismos de conciliación como medio alternativo de solución de conflictos. La audiencia de conciliación o las ofertas de conciliación hechas fuera de ella, no tienen la naturaleza de pruebas ni implican una “confesión” de responsabilidad. Bajo tal supuesto las empresas que tienen políticas de total satisfacción al cliente y que aceptan cambios sin expresión de causa podrían ser hechas siempre responsables por aceptar los cambios. La conciliación es un mecanismo que ha permitido solucionar la inmensa mayoría de los casos que en el área de protección al consumidor ha recibido el INDECOPI. Se debe por tanto reforzar dicho mecanismo 6. El criterio de usar el ofrecimiento conciliatorio en si como prueba, por el contrario, debilita la institucionalización de la conciliación. Así, salvo que en el Acta de Conciliación exista un reconocimiento expreso e indubitable de responsabilidad por parte de quien los formula, los ofrecimientos que se hagan no pueden ser considerados como prueba de la existencia o aceptación de responsabilidad. Incluso, a fin de fomentar la vocación de conciliación de las partes, esta Sala considera que los ofrecimientos de conciliar hechos de buena fe si podría ser considerados como elementos que deben ser merituados al momento de graduar y atenuar la sanción aplicable a quienes resulten responsables de los hechos materia de denuncia en un procedimiento.
…

IV.- RESOLUCIÓN DE LA SALA
…

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 43º del Decreto Legislativo Nº 807 7, considerar que la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria en la aplicación de los siguientes principios:
…

c) La voluntad conciliadora de las partes, manifestada a través de los ofrecimientos que se hacen en las audiencias de conciliación o fuera de ellas, no puede ser utilizada como medio probatorio de su responsabilidad, a no ser que los mencionados ofrecimientos contengan un reconocimiento expreso e indubitable de responsabilidad por parte de quien los formula.

En un proceso administrativo, el Indecopi hizo jurisprudencia en materia de conciliación extrajudicial, adelantándose a las normas de la Ley Nº 26872. El Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, establece dos normas sobre Conciliación y MARCS8 en el Procedimiento Unico de la Comisión de Protección al Consumidor y de Represión de la Competencia Desleal.

El artículo 2º de la Ley de Conciliación Extrajudicial Nº 26872 9 establece que uno de los principios de la Conciliación Extrajudicial es el de la Confidencialidad. Desarrollando el principio, el artículo 8º de la Ley acotada10 señala que nada de lo que se diga o proponga en el proceso conciliatorio tendrá valor probatorio. En el mismo sentido, el artículo 8º del Reglamento11 prescribe que todo lo sostenido o propuesto en el proceso de conciliación carece de valor probatorio en cualquier proceso judicial o arbitraje que se promueva posteriormente, aún en aquellos que se originen en hechos distintos a los que dieron origen a la controversia materia de conciliación.

Marianella Ledesma Narváez12 señala que:
“Este es tal vez uno de los principios de difícil convencimiento para las partes que se encuentran involucradas en el conflicto. Los conciliadores juegan un rol importantísimo para el logro de ello, pues, conforme lo señala Linda Singer es necesario obtener el conocimiento suficiente de las necesidades y prioridades de las partes, para poder ayudarlas a desarrollar soluciones satisfactorias; las partes deben sentirse libres para crear opciones de acuerdo sin tener miedo a que éstas puedan hacerse públicas. Este principio protege de quienes pretendan utilizar el procedimiento conciliatorio para hacer abuso de la información que pudieren conseguir de sus oponentes; en igual forma las partes deben estar seguras que lo que se manifieste en la audiencia conciliatoria no se pueda utilizar ello, en un futuro proceso”.
Comentando el valor probatorio que los órganos jurisdiccionales reconocen a las declaraciones de las partes en las audiencias conciliatorias la Dra. Ledesma anota la dualidad en el tratamiento de la conciliación, señalando que la Conciliación Judicial está influenciada por el principio de publicidad, y por ello todo lo dicho por las partes tiene valor probatorio. Por el contrario, la Conciliación Extrajudicial tiene como principio rector la confidencialidad, motivo por el cual lo actuado en el proceso conciliatorio carece de todo valor probatorio.
Como buena conciliadora, la Dra. Ledesma propone que las audiencias conciliatorias (en los procesos judiciales) (no) sean expresión del principio de publicidad en el proceso judicial, estando premunidas de la confidencialidad en su contenido, a fin de que a) no sean materia de argumentación su desarrollo en las decisiones jurisdiccionales y; b) sea elemento motivador para el éxito de la conciliación en sede judicial; culminando su estudio con las siguientes conclusiones:
“1. El principio de publicidad constituye garantía del individuo respecto de la obra de la jurisdicción.
2. La audiencia de conciliación en sede judicial debe realizarse –a manera excepcional- como un acto judicial en privado, porque no constituye acto jurisdiccional.
3. Las declaraciones vertidas en la audiencia conciliatoria no deben ser argumento para las decisiones finales de los magistrados, pues, están realizadas bajo el principio conciliatorio de la confidencialidad”.
Nos parece que el legislador reglamentario omitió considerar a los procedimientos administrativos en el ámbito de aplicación del artículo 8º de la Ley. Sería conveniente extender el ámbito de aplicación de la norma reglamentaria, a fin de evitar dudas de interpretación, en virtud del apotegma jurídico, a la misma razón, el mismo derecho. Una propuesta de modificatoria podría ser la siguiente:

“Artículo 8. – Con relación a la confidencialidad que dispone el Artículo 8 de la Ley, entiéndase que todo lo sostenido o propuesto en el proceso de conciliación carece de valor probatorio en cualquier proceso judicial, administrativo o arbitraje que se promueva posteriormente, aún en aquellos que se originen en hechos distintos a los que dieron origen a la controversia materia de conciliación.
Constituyen excepciones a la regla de la confidencialidad el conocimiento en el procedimiento de conciliación de la inminente realización de un delito, o ante uno ya consumado. En estos casos, el conciliador debe poner el hecho en conocimiento de las autoridades pertinentes.
El conciliador que viole el principio de confidencialidad será sancionado, según la gravedad de su falta, con multa, suspensión de seis meses a un año o inhabilitación permanente para desempeñarse como conciliador, sin perjuicio de la responsabilidad civil que exista. Las sanciones serán impuestas por el Ministerio de Justicia.
Si el conciliador viola el principio de confidencialidad la responsabilidad del Centro de Conciliación se rige sistemáticamente, por lo dispuesto en el Artículo 1325 del Código Civil. Todo pacto que exima de responsabilidad al Centro de Conciliación, en este sentido, es nulo”.

Obviamente con estas líneas no hemos pretendido agotar el tema de la Conciliación en los Procedimientos Administrativos ante el Indecopi, lo que será materia de un próximo trabajo. Simplemente hemos querido dedicar estas líneas como un pequeño tributo a los funcionarios de dicha Institución que toman en serio a la Conciliación como un Medio Alternativo de Resolución de Conflictos.

Lima, diciembre de 2000

1 El 11 de diciembre del 2000 se publicó el D.S. Nº 039-2000-ITINCI que aprobó los Textos Unicos Ordenados de las Leyes de Protección al Consumidor, de Represión de la Competencia Desleal y de Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor.
2 Artículo 221º. – Declaración asimilada.- Las afirmaciones contenidas en actuaciones judiciales o escritos de las partes, se tienen como declaración asimilada de éstas, aunque el proceso sea declarado nulo, siempre que la razón del vicio no las afecte directamente.
3 Artículo 1338.- El acreedor incurre en mora cuando sin motivo legítimo se niega a aceptar la prestación ofrecida o no cumple con practicar los actos necesarios para que se pueda ejecutar la obligación.
4 Artículo 103.- …
La Constitución no ampara el abuso del derecho.
Artículo II.- La ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho.
5 El texto completo de las Resoluciones de la Comisión y del Tribunal pueden encontrarse en la página web del Indecopi: http//.www.indecopi.gob.pe.
6 Comentando las bondades del nuevo Procedimiento Unico de la Comisión de Protección al Consumidor y de la Comisión de la Represión de la Competencia Desleal, la Exposición de Motivos Oficial del D. Leg. Nº 807, publicada el 18 de abril de 1996 señala que “el segundo objetivo de la norma es fomentar los mecanismos alternativos de resolución de disputas, pues constituyen formas menos onerosas y más rápidas de solucionar las controversias, en las que las propias partes, a través de un proceso de negociación, ponen fin al conflicto. Esto ha quedado demostrado por el hecho que en la Comisión de Protección al Consumidor el 57% y en la Comisión de Supervisión de la Publicidad y Represión de la Competencia Desleal el 64% de los casos se han resuelto por esta vía (…). En tal sentido, se ha establecido la facultad de citar a las partes a audiencias de conciliación en cualquier estado del procedimiento e incluso antes de admitir a trámite la denuncia. Asimismo, se prevé la posibilidad de que las partes decidan voluntariamente someter sus conflictos a arbitraje, mediación, conciliación o mecanismos mixtos de resolución de disputas a cargo de terceros”.
7 TÍTULO VII
PUBLICACIÓN DE JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA
Jurisprudencia administrativa
Artículo 43º.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. El Directorio del Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación obligatoria de las resoluciones que emita la institución en el diario oficial “El Peruano” cuando lo considere necesario por tener dichas resoluciones, las características mencionadas en el párrafo anterior, o por considerar que son de importancia para proteger los derechos de los consumidores.
8 Conciliación
Artículo 29º.- En cualquier estado del procedimiento, e incluso antes de admitirse a trámite la denuncia, el Secretario Técnico podrá citar a las partes a audiencia de conciliación. La audiencia se desarrollará ante el Secretario Técnico o ante la persona que éste designe. Si ambas partes arriban a un acuerdo respecto de la denuncia se levantará un acta donde conste el acuerdo respectivo, el mismo que tendrá efectos de transacción extrajudicial. En cualquier caso, la Comisión podrá continuare de oficio el procedimiento, si del análisis de los hechos denunciados considera que podría estarse afectando intereses de terceros.

Medios alternativos de solución de conflictos
Artículo 30º.- En cualquier estado del procedimiento, e incluso antes de admitirse a trámite la denuncia, las partes podrán someterse a arbitraje, mediación, conciliación o mecanismos mixtos de resolución de disputas a cargo de terceros. Si las partes decidieran someterse a arbitraje, podrán suscribir inmediatamente el convenio arbitral correspondiente, de conformidad con el reglamento que para dicho efecto aprobará el Directorio de Indecopi a propuesta de las Comisiones correspondientes, En cualquier caso, la Comisión podrá continuar de oficio con el procedimiento, si del análisis de los hechos denunciados considera que podría estarse afectando intereses de terceros.
9 Artículo 2. – Principios.- La Conciliación propicia una cultura de paz y se realiza siguiendo los principios éticos de equidad, veracidad, buena fe, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, legalidad, celeridad y economía.

10 Artículo 8. – Confidencialidad.- Los que participan en la Conciliación deben mantener reserva de lo actuado. Nada de lo que se diga o proponga tendrá valor probatorio.

11 Artículo 8. – Con relación a la confidencialidad que dispone el Artículo 8 de la Ley, entiéndase que todo lo sostenido o propuesto en el proceso de conciliación carece de valor probatorio en cualquier proceso judicial o arbitraje que se promueva posteriormente, aún en aquellos que se originen en hechos distintos a los que dieron origen a la controversia materia de conciliación.
Constituyen excepciones a la regla de la confidencialidad el conocimiento en el procedimiento de conciliación de la inminente realización de un delito, o ante uno ya consumado. En estos casos, el conciliador debe poner el hecho en conocimiento de las autoridades pertinentes.
El conciliador que viole el principio de confidencialidad será sancionado, según la gravedad de su falta, con multa, suspensión de seis meses a un año o inhabilitación permanente para desempeñarse como conciliador, sin perjuicio de la responsabilidad civil que exista. Las sanciones serán impuestas por el Ministerio de Justicia.
Si el conciliador viola el principio de confidencialidad la responsabilidad del Centro de Conciliación se rige sistemáticamente, por lo dispuesto en el Artículo 1325 del Código Civil. Todo pacto que exima de responsabilidad al Centro de Conciliación, en este sentido, es nulo (*).
(*) Texto según el artículo 1° del Decreto Supremo N° (003-98-JUS, publicado el 17.04.98.
12 Recomendamos revisar el comentario denominado “El principio de publicidad en la Audiencia Conciliatoria”, en su Obra El procedimiento Conciliatorio, p. 339-346.
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Susana y el juicio de Daniel

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Historia de los dos mercaderes de Bagdad y del tarro de aceitunas
El niño que supo fallar mejor que el cadi

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El juicio de Salomón

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“CAPÍTULO XLV

De cómo el gran Sancho Panza tomó la posesión de su ínsula, y del modo que comenzó a gobernar

“… Ante el cual se presentaron dos hombres ancianos; el uno traía una cañaheja por báculo, y el sin báculo dijo:

–   Señor a este buen hombre le presté días ha diez escudos de oro en oro, por hacerle placer y buena obra, con condición que me los devolviese cuando los pidiese; pasáronse muchos días sin pedírselos, por no ponerle en mayor necesidad, de volvérmelos, que la que el tenía cuando yo se los presté; pero por parecerme que se descuidaba en la paga, se los he pedido una y muchas veces, y no solamente no me los vuelve, pero me los niega y dice que nunca tales diez escudos le presté, y que si se los presté, que ya me los ha vuelto. Yo no tengo testigos ni del prestado ni de la vuelta, porque no me los ha vuelto; querría que vuestra merced le tomase juramento, y si jurare que me los ha vuelto, yo se los perdono para aquí y para delante de Dios.

–   ¿Qué decís vos a esto, buen viejo del báculo? – dijo Sancho.

A lo que dijo el  viejo:

–   Yo, señor, confieso que me los prestó, y baje vuestra merced esa vara; y pues él lo deja en mi juramento, yo juraré como se los he vuelto y pagado real y verdaderamente.

Bajó el gobernador la vara, y en tanto, el viejo del báculo dio el báculo al otro viejo, que se le tuviese en tanto que juraba, como si le embarazara mucho, y luego puso la mano en la cruz de la vara, diciendo que era verdad que se le habían prestado aquellos escudos que se le pedían; pero él se los había vuelto de su mano a la suya, y que por no caer en ello se los volvía a pedir por momentos. Viendo lo cual el gran gobernador, preguntó al acreedor qué respondía a lo que decía su contrario, y dijo que sin duda alguna su deudor debía de decir verdad, porque le tenía por hombre de bien y buen cristiano, y que a él se le debía de haber olvidado el cómo y cuando se los había vuelto, y que desde allí en adelante jamás le pediría nada. Tornó a tomar su báculo el deudor y bajando la cabeza, se salió del juzgado. Visto lo cual Sancho, y que sin más ni más se iba, y viendo también la paciencia del demandante, inclinó la cabeza sobre el pecho, y poniéndose el índice de la mano derecha sobre las cejas y las narices, estuvo como pensativo un pequeño espacio, y luego alzó la cabeza y mandó que le llamasen al viejo del báculo, que ya se había ido. Trujéronsele, y en viéndole Sancho le dijo:

–   Dadme, buen hombre, ese báculo; que le he menester.

–   De muy buena gana, – respondió el viejo -: héle aquí señor-

Y púsosele en la mano. Tomóle Sancho y dándosele al otro viejo le dijo:

–   Andad con Dios, que ya váis pagado.

–   ¿Yo señor? – respondióle el viejo -. Pues ¿vale esta cañaheja diez escudos de oro?

–   Sí – dijo el gobernador-; o si no, yo soy el mayor porro del mundo. Y ahora se verá si tengo yo caletre para gobernar todo un reino.

Y mandó allí, delante de todos, se rompiese y abriese la caña. Hízose así, y en el corazón della hallaron diez escudos en oro; quedaron todos admirados, y tuvieron  a su gobernador por un nuevo Salomón.

Preguntáronle de dónde había colegido que en aquella cañaheja estaban aquellos diez escudos, y respondió que de haberle visto dar el viejo que juraba, a su contrario, aquel báculo, en tanto que hacía el juramento, y jurar que se los había dado real y verdaderamente, y que en acabando de jurar le tornó a pedir el báculo, le vino a la imaginación que dentro dél estaba la paga de lo que pedían. De donde se podía colegir que los que gobiernan, aunque sean unos tontos, tal vez los encamina Dios en sus juicios; y más que él había oído contar otro caso como aquel al cura de su lugar, y que él tenía tan gran memoria, que a no olvidársele todo aquello de que quería acordarse, no hubiera tal memoria en toda la ínsula. Finalmente el un viejo corrido y el otro pagado, se fueron, y los presentes quedaron admirados, y el que escribía las palabras, hechos y movimientos de Sancho no acababa de determinarse si le tendría por tonto, o por discretoLuego, acabado este pleito, entró en el juzgado una mujer asida fuertemente de un hombre vestido de ganadero rico, la cual venía dando grandes voces, diciendo:

El hombre le dio las gracias lo peor que supo, y fuese, y los circunstantes quedaron admirados de nuevo de los juicios y sentencias de su nuevo gobernador…”

–   Así es – respondió el mayordomo-, y tengo para mí que el mismo Licurgo, que dio leyes a los lacedemonios, no pudiera dar mejor sentencia que la que el gran Panza ha dado. Y acábese con esto la audiencia desta mañana, y yo daré orden como el señor gobernador coma muy bien a su gusto“El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha” es una joya de la literatura española y universal. En ella intervienen dos personajes principales: el idealista don Quijote, que en su locura es capaz de pelearse con los molinos de viento, creyendo que son unos gigantes. Aunque los escépticos de nuestros días emplean calificativos peyorativos como quijotesco para referirse a lo que es inútil por ser difícil de realizar.

En los pasajes comentados, el comportamiento de Sancho dista mucho de la mediocridad. Miguel Torres Méndez, señala que, “como se sabe, algunos pasajes de la obra literaria en la que interviene el fiel escudero de Don Quijote tienen bastante contenido jurídico, sobre todo los pasajes que sacan a relucir lo que se conoce como al “prueba pancista”, el cual es un criterio de probanza judicial. Dichos pasajes son de un contenido jurídico tan rico e interesante que han dado lugar a que se califique para la posteridad el criterio susodicho, “prueba pancista”, calificativo que se le da en símil o comparación con otro criterio de probanza judicial conocido literariamente, el cual es el de la “prueba salomónica””Como parte de una broma, Sancho es nombrado gobernador de un lugar llamado ínsula Barataria. Como tal, le corresponde administrar justicia. Entonces no existía el Poder Judicial como el órgano estatal encargado de impartir justicia. Lejos estaba la montesquiana teoría de la separación de poderes. Era el gobernante quien realizaba las funciones jurisdiccionales.

En el pasaje del viejo del báculo nos encontramos con un medio probatorio de nuestros ordenamientos procesales derogados: el Código de Procedimientos Civiles de 1912El anciano del báculo manifiesta en un primer momento que no ha recibido el dinero y que si lo recibió ya lo devolvió. El paciente acreedor señala que no recuerda haber recibido el pago, pero difiere al juramento de su contrario a quien considera un buen cristiano. PERLA VELAOCHAGA anota que “sólo debe emplearse esta probanza en el caso de tener completa confianza en la calidad moral de la persona a quien se le  solicita, cuando no hay otras pruebas que la eventual confesión del contrario, o cuando se esté dispuesto a cualquier riesgo antes de hacer públicos, mediante los otros medios de probanzas, hechos bochornosos o denigrantes. En tales supuestos debe emplearse esta prueba”.

El viejo del báculo jura haber pagado la deuda. Y dice la verdad porque el báculo contenía el dinero que debía a su acreedor. Al entregar el báculo a su adversario para que se lo sostuviera, era cierto que le había dado el dinero. Sin embargo, Sancho va más allá del artificio y ordena que se entregue la cañaheja en propiedad al acreedor. Al romper el báculo, Sancho se convenció de que el dinero prestado no había sido devuelto. No olvidemos que la prueba del pago incumbe a quien pretende haberlo efectuadoLa experiencia de vida de Sancho le fue muy útil, al recordar el relato del cura respecto a un caso similar. La experiencia es un fruto que se cosecha con el paso de los años. No hemos de menospreciarla, antes bien, hemos de sembrarla y regarla cada día. La sentencia de Sancho al decir “Andad con Dios que ya vais pagado”, no sólo obligó al deudor malicioso a pagar contra su voluntad, como sucede al dictarse toda sentencia de condena. Fue una ejecución de sentencia instantánea. El ideal de todo demandante. La negación de la maldición gitana: “Pleitos tengas, y los ganes”.

A fin de resolver la querella, Sancho ordena al ganadero que entregue su bolsa de dinero a la mujer. De esta manera actúa una singular reconstrucciónAl no dejarse quitar la bolsa pese a los constantes forcejeos, es evidente que la mujer no hubiese permitido que el ganadero abusara de ella.  Asimismo Sancho toma en cuenta la declaración asimilada de la mujerLa sentencia de Sancho tiene una estupenda valoración de la prueba: “Hermana mía, si el mismo aliento y valor que habéis mostrado para defender esta bolsa le mostrárades, y aun la mitad menos, para defender vuestro cuerpo, las fuerzas de Hércules no os hicieran fuerza”. Como consecuencia de la reconstrucción, Sancho llega a la convicción de que ni siquiera el mitológico hijo de Júpiter hubiese sido capaz de violar a la mujer. Ergo, esta consintió la relación sexual a cambio de una paga, pretendiendo luego una paga mejor de la recibida, no dudando en calumniar a su ocasional amante. Abuso del derecho es pretender el pago de una retribución mayor a la convenida.

Mención aparte merecen los consejos que le diera don Quijote antes que fuese a gobernar la ínsula. En un pequeño folleto denominado “Administración de la JusticiaEl buen Sancho, sin saberlo, aplicó el principio del in dubio pro reo. Aquel principio que es el eje fundamental del proceso, no solo penalEl reconocimiento del mayordomo al considerar a  Sancho con Licurgo, el gran legislador de los lacedemonios, es el reconocimiento de la trascendencia de la función jurisdiccional frente a la legislativa. Los roles son distintos. El legislador crea la norma. El juez la interpreta aplicándola a un caso concreto.

“Y en la luz desnuda ví

Diez mil personas, quizás más.

Gente hablando sin conversar,

Gente oyendo sin escuchar.

Gente escribiendo canciones que las voces jamás compartirán

Y nadie osó molestar a los sonidos del silencio 

Ello permitió que Rosendo Maqui sopesara las pruebas y contrapruebas. Hubiese podido resolver en el acto, si los medios probatorios le hubiesen causado convicción. Pero no fue así. Aun confrontadas, muchas veces las partes se ratifican en sus dichos, y uno termina sin saber a quién creerle. Sobretodo cuando las dos mienten.
Rosendo Maqui, sin saberlo, ordenó la actuación de un medio probatorio de oficioMuchos dicen que ello es problema del abogado y del justiciable que lo contrató. Que el magistrado que actúa el medio probatorio de oficio se complica la vida o en realidad lo hace porque no quiere resolver. Sin embargo, teniendo en cuenta  que nuestro Código Procesal Civil contiene el Principio de Socialización del ProcesoRosendo Maqui actuó un medio probatorio de oficio. Colocar las yeguas en puntos equidistantes de la puerta del corralón, y abrir la puerta para que saliera el potrillo a fin de que éste reconociera a su madre, constituye la actuación una  inspección judicialPara quienes consideren que no se trata de una inspección judicial,  el mérito de Rosendo sería mayor, porque habría actuado un medio probatorio atípicoSea inspección judicial o medio probatorio atípico, lo cierto es que Rosendo Maqui logró exitosamente la finalidad de los medios probatorios prevista en el  Artículo 188 del Código Procesal CivilFinalmente, Rosendo Maqui dicta sentencia, fundamentándose en la conclusión a la que lo llevan las reglas de la experiencia: “El potrillo conoce desde la hora de nacer el relincho de su madre y lo ha obedecido”. Es la sencilla y contundente motivación del fallo. Una decisión acertada, porque el perdedor era precisamente el que había empleado malas artes nocturnas, al igual que en el caso de las dos prostitutas que acudieron ante el rey Salomón.

Felizmente, la decisión fue confirmada por el superior. Una sentencia salomónica, dice gratamente sorprendido el Juez de la Provincia, de pronto un Juez de Primera Instancia, que confirma la decisión de Rosendo Maqui.
En este caso concreto se hizo justicia. Ojalá suceda ello en todas las causas, de tal suerte que la magistratura peruana se prestigie. Esto es un verdadero reto en el momento actual.
Tampoco perdamos de vista que la aplicación de la ley formal no es el único medio para solucionar los conflictos. En muchas partes del Perú existe el derecho consuetudinario
Ni qué decir de los llamados MARC’s como la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje de conciencia o de equidad.


Y tampoco perdamos de vista que en el Perú la mayor parte de los jueces son los jueces de paz (no letrados) Sin ir muy lejos, en la Corte Superior de Justicia de Lima, cuya competencia llega hasta Matucana en la Provincia de Huarochirí, tenemos 64 Jueces de Paz. Y precisamente esos jueces de paz son jueces de conciliación, que resuelven las causas a su leal saber y entender y eventualmente aplican el derecho consuetudinario
Ellos son la fuente del conciliador en equidad colombiano, y pasaron tan desapercibidos que un derogado Decreto Supremo 001-98-JUS que reglamentaba la Ley Nº 26872
ORMACHEA CHOQUENosotros no compartimos dicha opinión. Si el Conciliador en Equidad no es más que el fruto de la experiencia de nuestros Jueces de Paz, lo lógico era que fortaleciéramos a éstos en lugar de importar una institución inspirada en nuestra propia realidad, que en la práctica duplicaría las funciones que aquellos vienen realizando desde tiempos inmemoriales.


Como bien anota LEDESMA NARVÁEZ, nosotros hemos copiado el nomen juris “conciliación en equidad” y le hemos aportado a ellos nuestra rica experiencia que se resume así: conciliación practicada al interior de la comunidad, cuyo conciliador es propuesto por la comunidad para que trabaje únicamente al interior de dicho grupo solucionado conflictos con fórmulas no legales sino consuetudinariasSin embargo, la conciliación en equidad de los Jueces de Paz tiene sus bemoles. Hubo un caso en el que dos partes  suscribieron un acta de conciliación, ante un Juzgado de Paz en cuya cláusula segunda se previó el pago de una suma indemnizatoria si es que se producía agresiones verbales y/o físicas entre ellas.

Una de las partes manifestó haber sido objeto de  agresión, por lo que con fecha veintitrés de agosto de dos mil, el Juzgado expidió una resolución por virtud del cual le confiere al beneficiario tres días para “aportar” la indemnización, y  sin apercibimiento decretado, mediante un simple oficio dirigido a la Policía Nacional del Perú, dispuso la  detención corporal del presunto agresor, quien interpuso un hábeas corpus ante una amenaza de violación a  su derecho constitucional a la libertad física, y particularmente, la libertad de circulación.
El Tribunal Constitucional amparó la demanda por considerar que no se ha observado en el caso, y concretamente en la suscripción, con anuencia de la accionada, y posterior ejecución por ella misma de la cláusula segunda del Acta de Conciliación, obrante a fojas veintiuno, que faculta a sancionar al beneficiario en caso de reincidir en agredir física o verbalmente a doña Dina Patricia Paz García, entre otras cosas, con su detención corporal por espacio de veinticuatro horas, ya que las limitaciones o restricciones del ejercicio de la libertad personal no pueden ser objeto de pactos o convenios entre particulares, conforme se establece en el literal “b” del inciso 24) del artículo 2º de la Constitución Política del Estado.
El Tribunal resalta que la orden de detención se ha dictado al amparo de un pacto nulo, con lo que  se ha acreditado la amenaza cierta e inminente de violación del derecho a la libertad y seguridad personal del beneficiario, dejando a salvo el derecho de la contraparte para que pueda ejercer las acciones legales que en resguardo de sus derechos e integridad personal existan en nuestro ordenamiento jurídicoPodemos apreciar que muchas veces nuestros Jueces de Paz  formalizan acuerdos conciliatorios nulos e inejecutables, lo que debe evitarse con una adecuada capacitación de los mismos.


El tema de la Justicia de Paz no es un tema olvidado para los jueces y fiscales



http://blog.pucp.edu.pe/item/14267.


http://blog.pucp.edu.pe/item/27717.





http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/06167-2005-HC.html.



http://www.derechoycambiosocial.com/revista014/la%20muerte%20de%20la%20conciliacion.htm.


http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2005/january/documents/hf_jp-ii_spe_20050129_roman-rota_sp.html.
















http://www.justiciayderecho.org/revista4/articulos/La%20Justicia%20Comunal%20una%20perspectiva%20comparativa%20de%20su%20tratamiento%20constitucional%20en%20los%20paises%20de%20la%20Region%20Andina%20Cesar%20A.pdf.






http://enj.org/portal/biblioteca/penal/rac/109.pdf.


http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2001/01292-2000-HC.html.


GUERRA CERRÓN, María Elena. Hacia una Justicia de Paz. Un asunto de interés nacional. Lima, Grijley E.I.R.L., 2005. Esta es una obra muy completa que abarca los temas de la Justicia y Cultura de Paz, el Estado de Derecho y acceso a la Justicia, la administración de justicia nacional, loa antecedentes de la justicia de paz, la relación del Poder Judicial y justicia de paz, la justicia de paz: una instancia singular, los principios, preceptos y valores en justicia de paz, la justicia de paz en la reforma de justicia y la justicia de paz en los Andes.

GUERRA CERRÓN, Maria Elena, Justicia de Pequeñas causas. En http://www.cejamericas.org/doc/documentos/Guerra_JUSTICIADEPEQUENASCAUSAS1.pdf. Trabajo que resalta la importancia de los jueces de paz en el sistema de justicia
LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. La Justicia de Paz en Lima, con la colaboración de Teresa Quezada Martínez. Lima, Universidad Inca Garcilazo de la Vega. Fondo Editorial Derecho, 2002. Obra que describe los avatares de los jueces de paz en Lima.
PALOMINO ENRÍQUEZ, Hugo. El Libro Blanco del Juez de Paz. Tarapoto, San Martín, Benita Editores E.I.R.L. 2006. Es un manual de capacitación de los jueces de paz.