INFORME PRELIMINAR – HINOSTROZA PARIACHI: LA VERDAD DE UN MAGISTRADO
Bien dice el dicho que todo en la vida da vueltas, y que no es recomendable escupir al aire porque nos puede caer encima. Hoy, tanto la revista Caretas como el Instituto de Defensa Legal (conocido como IDL), ambas de mucho prestigio sin duda alguna, deben estar mirando al cielo todo el tiempo, porque saben que en algún momento todas las denuncias que vertieron los últimos meses contra el juez superior del Callao, CESAR HINOSTROZA PARIACHI, van a caerles encima, al revisar la respuestas del Tribunal Constitucional (TC) y la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).
El presente informe busca dar cuenta de este caso, el que muestra, en forma casi emblemática, como una campaña mediática puede echarse abajo sin mayores problemas la carrera profesional de un juez, pero muestra también las debilidades que tiene aún una institución como el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para separar la paja del trigo; esto es, para distinguir una denuncia debidamente sustentada de simples afirmaciones sin mayor sustento, solo por ser publicadas en un medio de comunicación o por una ONG que terminan deslegitimando los procesos de selección y nombramiento de magistrados que viene llevando a cabo. Hay que mantenerse atentos no cabe duda pero hay que buscar mayor objetividad en nuestro trabajo. No se trata aquí de apoyar a un candidato y rechazar a otro, en éste caso al valiente ex fiscal Mateo Castañeda sino de ayudar a que la decisión se tome con la mayor objetividad posible.
1. Un postulante bajo ataque
El 3 de setiembre del 2010, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) inició un concurso público (002-2010) destinado a nombrar 2 plazas de jueces supremos y 3 plazas de fiscales supremos, siendo uno de los primeros concursos convocados bajo la nueva Ley de Carrera Judicial (Ley No. 29277).
Un aspecto particular de este concurso será el contar con un grupo de consejeros recién elegido y con un nuevo reglamento de selección, cambios necesarios luego del escándalo generado al descubrirse reuniones irregulares entre uno de los postulantes (el fiscal superior Tomás Aladino Gálvez) y el ex consejero Efraín Anaya, lo que llevó a la nulidad del concurso anterior. Posteriormente, el consejero Aníbal Torres Vásquez renunció también a la Comisión de Selección y Nombramiento denunciando presiones políticas y falta de criterio entre los consejeros no abogados. Por tanto, se esperaba que esta nueva convocatoria fuera lo más transparente y objetiva posible, exigiéndose sobre todo el respeto al mérito profesional de los postulantes para efectuar los nombramientos.
Sin embargo, conforme fue avanzando el proceso de selección, se pudo percibir que ciertos candidatos no gozaban del favor de algunos actores que participaban del mismo. Uno de ellos fue el ex fiscal superior Mateo Castañeda Segovia, contra el cual el IDL presentó una tacha alegando que no cumplía con el número de años exigido por ley en la carrera judicial, tacha que finalmente no fue aceptada por el pleno del CNM.
Aprovechando que el nuevo reglamento de selección abría las puertas a una mayor participación ciudadana, y asumiendo sin pedir a nadie la representación de la sociedad civil, el IDL buscó así influenciar de manera directa en la selección de magistrados supremos. Otro de sus blancos fue, precisamente, el juez CESAR HINOSTROZA PARIACHI, quien para entonces había cumplido un papel descollante como Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao.
Desde un inicio, Hinostroza destacó del resto de postulantes, logrando en el examen escrito un puntaje de 96 sobre 100 (el mayor de todos los concursantes) y de 90 puntos sobre 100 en la calificación curricular. Igualmente, su examen psicológico –como nueva etapa incorporada en los concursos de selección- le fue también favorable, siendo calificado de sobresaliente en idoneidad jurídica y destacado en cuanto a su idoneidad moral, ética y psicológica, concluyendo que no existía “presunción de problemas psicológicos que impidan su labor de magistrado”.
Será en esta etapa que se iniciarán las acusaciones públicas contra Hinostroza, siendo lanzadas inicialmente por la revista Caretas. En su edición No. 1624 del 20 de enero del 2011, en el artículo “Clientes Supremos”, el periodista Américo Zambrano cuestionó la presunta participación del magistrado en diferentes casos que implicaban a personas acusadas de narcotráfico y lavado de activos, denunciando expresamente cuatro hechos:
a) Haber defendido al narcotraficante chino JIANG WANG hasta el año 2005, cuando fue repuesto como vocal superior de la Corte Superior de Justicia del Callao;
b) Declaró nula la sentencia de 18 años impuesta a JIANG WANG cuando presidía la Segunda Sala Penal Superior del Callao, permitiendo su cambio de régimen a arresto domiciliario y con ello su fuga un año después;
c) Absolvió a uno de los principales implicados en el caso del “narcobuque”, WALTER PONCE FERNANDEZ, el año 2007, sentencia que luego fue declarada nula por la Corte Suprema;
d) Absolvió a los directivos de la empresa HAYDUK en el año 2008, procesados por narcotráfico y lavado de activos, sentencia que fue igualmente declarada nula por la Corte Suprema; y
e) Haber adquirido un inmueble en la ciudad de Miami a un precio de US$ 180,900 dólares americanos el año 2003, lo que no habría sido puesto en conocimiento del Consejo Nacional de la Magistratura.
Paradójicamente, el artículo de Caretas señala que ninguno de estos casos “afectó” la carrera de Hinostroza, siendo elegido inclusive vocal supremo provisional de la Corte Suprema el año 2011 por el propio Presidente César San Martín; sin embargo, sutilmente menciona que su nombramiento en la Suprema “habría tomado por sorpresa” a algunos jueces y “autoridades antidrogas” (sin mencionar cuáles), expresando finalmente su preocupación de que el CNM pueda nombrar a Hinostroza Pariachi como fiscal supremo “a pesar de sus antecedentes”.
Días después, en su edición No. 1625, la revista retoma el caso de Hinostroza Pariachi (“Vocal a Examen”) dando a entender que, gracias a sus denuncias, la OCMA había iniciado, por encargo del Presidente San Martín, una investigación de las irregularidades denunciadas contra dicho magistrado, agregando declaraciones del entonces Presidente del CNM, Edmundo Peláez Bardales, de que analizaría “a profundidad” las denuncias contra Hinostroza. Para entonces, el IDL ya había tomado las denuncias de Caretas como suyas, enviando sendos oficios a los miembros del CNM para darles a conocer los artículos de dicha revista, además de publicar diversos “idéele-mail” donde señalaban que el posible nombramiento de Hinostroza Pariachi y de Castañeda Segovia –paradójicamente, los dos candidatos con mayor puntaje- constituía un “peligro inminente” para el Ministerio Público y para el sistema de justicia.
Cabe señalar que, en esta campaña, el IDL nunca se encargó de confirmar si las denuncias de Caretas eran ciertas, ni los descargos hechos por Hinostroza Pariachi en la misma revista. Tampoco tomó en cuenta que la compra de su casa en Estados Unidos ya había sido investigado por la OCMA sin encontrar irregularidad alguna, y menos que Hinostroza pudo responder de manera sustentada las preguntas que le hiciera el Pleno del CNM sobre estas denuncias durante su entrevista personal, logrando incluso la segunda calificación más alta del total de postulantes, con un puntaje de 82.57 sobre 100. De esta manera, el IDL no respetó el derecho de defensa del magistrado ni mostró mayor objetividad en sus denuncias, mostrando así que sus intereses iban más allá de mejorar el proceso de selección de magistrados.
De igual manera, la ex Fiscal de la Nación, GLADYS ECHAIZ RAMOS, se sumó a la campaña contra Hinostroza no solo ordenando la apertura de una investigación de enriquecimiento ilícito en base a las declaraciones vertidas en Caretas, sino ordenando también entregar una copia de dicha resolución a todos y cada uno de los consejeros UN DIA ANTES DE SU ENTREVISTA PERSONAL, violando con ello el principio de reserva de la investigación.
2. La confrontación entre el CNM y el TC
Lamentablemente, la campaña orquestada por el IDL y Caretas tuvo el efecto deseado: gracias al “escándalo” causado por las “revelaciones” de la revista, el CNM dejó fuera de carrera a Hinostroza a pesar de ocupar el primer puesto en el Cuadro de Méritos para Fiscales Supremos, con un puntaje final de 90.9 sobre 100.
En efecto, en el Acta de la sesión plenaria del 27 y 28 de enero del 2011 consta el Acuerdo No. 176-2011, en el que se decide NO NOMBRAR a Hinostroza Pariachi como fiscal supremo, con una votación de 5 consejeros contra 2. En la fundamentación de su voto en contra, los consejeros Peláez Bardales, Guzmán Díaz, Mansilla Gardella, Maezono Yamashita y García Nuñez señalan expresamente que éste “se fundamenta en los cuestionamientos públicos que diversos medios de prensa han dado a conocer en los últimos días”, agregando que si bien estas razones “no desmerecen de modo alguno el derecho constitucional a la presunción de inocencia (…) no es menos cierto que al menos por el momento no satisface en su totalidad y de modo razonable las exigencias para acceder a tan alto cargo” (el subrayado es nuestro), dejando en claro así que su no nombramiento fue consecuencia directa de dichas denuncias.
Ante ello, el 13 de mayo de dicho año, Hinostroza presentó ante el Quinto Juzgado Constitucional de Lima una demanda de amparo contra el CNM a fin de que se declare la nulidad del Acuerdo No. 0176-2011, y en consecuencia, se le ordene reabrir el Concurso Público para Fiscales Supremos a partir de la etapa de votación del cuadro de méritos y se emita un nuevo acuerdo previa votación, respetando estrictamente el orden de méritos. En su demanda, Hinostroza aduce que el CNM violó sus derechos a la presunción de inocencia –como ya lo había indicado también el consejero Paz de la Barra-, a un debido proceso, a la debida motivación de resoluciones administrativas y al acceso a la función pública en condiciones de igualdad, alegando que el Acuerdo No. 0176-2011 contenía una grave incongruencia, pues de un lado se le otorgaban las máximas calificaciones éticas y técnicas, mientras de otro se le negaba una trayectoria “éticamente irreprochable” sobre la sola base de las denuncias hechas por un medio de prensa.
Mediante resolución del 19 de mayo, el Quinto Juzgado Constitucional declaró improcedente la demanda, decisión que fue confirmada por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima en agosto del 2011, aduciendo que por jurisprudencia del Tribunal Constitucional no cabía interferir en las decisiones del CNM ni reabrir un concurso ya concluido. Sin embargo, será el propio Tribunal Constitucional, mediante el proceso No. 03891-2011-PA/TC, el que se encargará de precisar su posición ante este tema, generando una nueva corriente de interpretación que, como veremos, apunta a que los procesos de selección tengan una mayor objetividad, proscribiendo la arbitrariedad de los nombramientos y el respeto a los méritos de los candidatos.
Increíblemente, el IDL intentó en esta etapa influenciar en la decisión del TC –como lo había hecho en el CNM- presentando un recurso denominado “amicus curiae” (que no tenía nada de amigable) contra Hinostroza Pariachi, manifestando que su intención solo era ayudar a “aclarar las funciones” que cumplía el CNM. En dicho documento, el IDL apoyaba sin desparpajo una tesis cuestionada por ellos mismos en años anteriores y por todos los organismos de derechos humanos, como es la discrecionalidad y la falta de motivación en los nombramientos y ratificaciones judiciales, señalando que en el caso de Hinostroza se trataba de una “sana” discrecionalidad (?) y que para motivar una decisión el CNM solo requería hacer referencia al “perfil de juez” recogido en la Ley de Carrera Judicial.
Por suerte, el TC rechazó el “amicus curiae” del IDL, haciendo respetar sus atribuciones ante una entidad que no tenía derecho alguno a interferir en las decisiones de las instituciones del Estado. El IDL buscó entonces enfrentar a ambas instituciones (TC y CNM), señalando que cualquier decisión del Tribunal Constitucional iba a significar una intromisión en las atribuciones constitucionales del CNM, campaña que si bien tuvo eco en ciertos sectores, tampoco prosperó.
En su sentencia del 16 de enero del 2012, el TC sienta una nueva jurisprudencia sobre el tema, declarando FUNDADA la demanda de amparo y por tanto NULO el Acuerdo No. 0176-2011 del CNM, ordenando a éste emitir un acuerdo debidamente motivado mediante una nueva votación. La resolución contiene varios hechos que merecen ser conocidos: por ejemplo, que el CNM ya sabía desde el año 2005 –cuando ratificó a Hinostroza en el cargo de juez superior- de la existencia de la casa comprada en Miami, por lo que no podía fundamentar su decisión tomando este hecho como algo desconocido; asimismo, que Hinostroza actuó dentro de su derecho al libre ejercicio profesional al defender a una persona acusada de narcotráfico, y no como funcionario público.
Por otro lado, la resolución señala que la investigación abierta contra Hinostroza por el Ministerio Público por la denuncias de Caretas fue archivada el 31 de mayo del 2011, algo que nunca fue mencionado por esta revista o el IDL, señalando de manera categórica, que “a juicio del Tribunal Constitucional resulta fuera de toda duda que se violó el derecho a una decisión debidamente motivada por cuanto la motivación es sólo aparente. Y es que si bien es cierto la mayoría de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión (…) sin embargo solo intentan dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico” (Fundamento 45, el subrayado es nuestro).
Finalmente, el supremo intérprete de la Constitución subraya que se violó el derecho de presunción de inocencia al haberse tomado como ciertas las denuncias de la revista Caretas y la investigación abierta por la Fiscal de la Nación, antes que basarse en hechos indubitables y debidamente comprobados, además de vulnerar el derecho al acceso a la función pública al no respetar el principio de mérito en el concurso de nombramiento a pesar de haberse cumplido cabalmente con todas y cada una de las etapas del proceso, lo que lleva, en la práctica, a que un concurso público se convierta en algo sin significado ni objetivo alguno.
3. OCMA: la verdad de las mentiras
El Tribunal Constitucional no ha sido, sin embargo, el único que le ha dado la razón a Hinostroza por sobre las denuncias de Caretas y del IDL. En su resolución del 31 de enero del 2012, la OCMA dio a conocer también los resultados finales de su investigación sobre las denuncias de ambas organizaciones contra Hinostroza Pariachi (Exp. 717-A-2011-CALLAO), con resultados similares a los presentados por el TC.
Así, respecto de la denuncia de haber defendido al narcotraficante Jiang Wang hasta el año 2005, la OCMA encontró que Hinostroza Pariachi no ejerció el cargo de juez entre junio del 2001 y abril del 2003, debido a su no ratificación inicial por parte del CNM. En este período, Hinostroza solo participó en 7 diligencias del proceso entre el 10 de setiembre del 2001 y el 30 de octubre del 2001, sin encontrar otras participaciones de este magistrado en etapas posteriores del juicio, precisando además que el caso se ventilaba en un juzgado del Cono Norte y no del Callao. Por tanto, la OCMA concluyó que dicha denuncia no tenía sustento alguno.
En segundo lugar, con respecto a la denuncia de haber declarado nula la sentencia contra Ke Jiang Wang y Hu Wang, la investigación de la OCMA ratificó lo encontrado en una investigación anterior, señalando de un lado, que la actuación de Hinostroza Pariachi se limitó a dar cumplimiento a la sentencia del juez del Décimo Sexto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, ARMANDO PECHO PECHE, quien en marzo del 2006 declaró fundado el hábeas corpus presentado por Jiang Wang, mientras que el cambio de régimen de este inculpado al de arresto domiciliario fue ordenado por la Segunda Sala Penal del Callao el 18 de agosto del 2006, cuando Hinostroza ya no integraba dicha Sala. Cabe señalar, además, que el propio Hinostroza Pariachi se abstuvo formalmente de participar en el proceso el 24 de septiembre del 2007, al remitirse del Cono Norte los actuados del proceso de manera formal, mostrando también en este punto que la denuncia hecha por Caretas no era cierta.
En tercer lugar, con relación a la supuesta adquisición “oculta” de un inmueble en Miami, la OCMA concluye –al igual que el TC- que el magistrado sí cumplió con declarar la compra de dicha casa al reasumir sus funciones el año 2004, verificando además que la misma fue comprada cuando ejercía funciones como abogado mediante una hipoteca expedida por un banco norteamericano, sin encontrar irregularidad alguna en dicha adquisición. Más aún, la OCMA llevó a cabo una revisión de todas las declaraciones juradas hechas por Hinostroza Pariachi, quien aclaró debidamente todos los puntos de duda que surgieron de dicha evaluación, concluyendo que no había indicios de enriquecimiento ilícito o de ocultamiento de información, desechando también la denuncia respectiva.
En cuarto lugar, con respecto a la presunta absolución de WALTER PONCE FERNANDEZ del caso del “narcobuque”, la OCMA señala expresamente que HINOSTROZA PARIACHI no participó en la absolución de dicho inculpado al no integrar la Sala que dictó dicho fallo, siendo éste responsabilidad de los jueces superiores MIGUEL FERNANDEZ TORRES, ROCIO MENDOZA CABALLERO e ISMAEL SANCHEZ EGOCHEAGA, tal como el propio Hinostroza lo denunció ante la propia revista Caretas. Sin embargo, en dicho momento la revista no le dio importancia a este hecho, como tampoco lo hizo el IDL.
Finalmente, con respecto a su participación en la absolución de los directivos de la empresa HAYDUK, la OCMA señala que si bien Hinostroza Pariachi sí integró la Tercera Sala Penal de la Corte Superior del Callao, la sentencia expedida por esta Sala no fue cuestionada por el Fiscal Supremo PABLO SANCHEZ VELARDE, mientras que la Corte Suprema no hizo alusión a ninguna irregularidad funcional cometido por Hinostroza, por lo que se trató solamente de una diferencia de criterios jurisdiccionales.
En conclusión, la investigación de la OCMA muestra –como ya lo había sustentado el propio Tribunal Constitucional- que las denuncias hechas por Caretas y utilizadas por el IDL en sus campañas contra Hinostroza eran BSOLUTAMENTE FALSAS, declarando NO HABER MERITO para abrir procedimiento disciplinario contra este magistrado.
4. Epílogo: sigue mintiendo, que algo queda…
A pesar de que tanto la OCMA como el Tribunal Constitucional reivindican y desagravian a Hinostroza Pariachi con sus respectivas resoluciones, los ataques en su contra no parecen haber terminado, lo cual parece mostrar que existe una suerte de “mano negra” bastante interesada en que este magistrado no alcance el pináculo de su carrera profesional, a pesar de contar con todas las condiciones y méritos para ello.
Así, el 17 de marzo de este año, el diario El Comercio publicó un artículo (“Una fortuna bajo sospecha”) firmado por Miguel Castilla, de su Unidad de Investigación, en el que da cuenta de la existencia de una segunda propiedad a nombre de la esposa del magistrado en los Estados Unidos, la misma que habría sido “ocultada” todo este tiempo ante los organismos de control judicial. El artículo resalta que esta casa fue adquirida en diciembre del 2005 a un costo de 323,000 dólares, a pesar de que la cónyuge del magistrado no tenía un ingreso o patrimonio propio. Finalmente, señala que, ante la posibilidad de que la propiedad sea descubierta y ponga en aprietos al magistrado, ésta fue rematada en abril del 2011 a menos de cien mil dólares.
Por su parte, el IDL asumió nuevamente esta denuncia para reiniciar su campaña contra Hinostroza Pariachi, justo cuando el CNM debe cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional y realizar una nueva votación sobre este magistrado, algo que aún no ha hecho a pesar del tiempo transcurrido. Así, en su nota “Una casa más, sí importa”, afirma categóricamente que el “grave cuestionamiento” hecho por El Comercio cierra las puertas “definitivamente” de la Fiscalía Suprema a Hinostroza, inquiriendo al CNM para que valore “debidamente” esta denuncia; en otras palabras, que la asuma como cierta sin mayores dudas, como hizo en su primera votación.
Es evidente, sin embargo, que hoy las condiciones en las que debe darse la decisión final del CNM no son las mismas a las de enero del 2011, cuando este organismo dejó de lado a Hinostroza Pariachi sin mayor fundamento. En el marco de lo resuelto por el TC, el CNM debe respetar el principio de presunción de inocencia, además de brindar todas las garantías necesarias para que este magistrado presente su defensa y haga los descargos correspondientes. Ello implica considerar, por ejemplo, que la propiedad señalada fue adquirida cuando ambos cónyuges se encontraban separados de hecho, sin mayor conocimiento del magistrado; que la esposa sí registra actividad empresarial desde el año 2003, y que la casa fue rematada en el 2009 precisamente por falta de pago, en el marco de la crisis inmobiliaria norteamericana. Quizás aquí puede haber algún cuestionamiento administrativo sobre si debía declararse o no la casa o si la actividad económica de la esposa justificaba la adquisición, pero es obvio que nadie pierde algo que compra al contado y esta casa se compró como la hacen todos los peruanos de la clase trabajadora en los Estados Unidos, y la perdió justo por eso , como la mayoría de peruanos han perdido sus casas allà.
De esta manera, el caso Hinostroza Pariachi se convierte en un precedente importante para impedir que sean los medios de comunicación y algunas ONGs las verdaderas encargadas de nombrar a los magistrados, como lamentablemente ha ocurrido en muchas ocasiones. Reiteramos nuestro respeto al Doctor Mateo Castañeda quien seguro suscribirá este informe y sabemos que él es el primero en reclamar un proceso transparente.
Así, en vez de mellar sus atribuciones, lo que ha hecho el TC es devolverle al CNM la responsabilidad –única, exclusiva e independiente- de nombrar como jueces o fiscales a quienes cumplen con todos los requisitos y superan de manera impecable sus concursos públicos, los que no deben servir solo para eliminar a los peores sino para definir quiénes son los mejores candidatos a un cargo de tamaña importancia. Este es un paso fundamental para tener una justicia verdaderamente independiente, tal como anhelamos todos los ciudadanos.
05 de Mayo del 2012
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