Huelga y destajo judiciales
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Juan Monroy Gálvez
Abogado
El drama de los magistrados
Huelga y destajo judiciales
Un funcionario judicial es distinto a cualquier funcionario público. Es perverso tratarlo como cualquier empleado estatal
Lunes 10 de marzo, 8:40: el público aúlla en la puerta del juzgado. El juez, con cara de autoridad perdida entre la vergüenza y la frustración, balbucea una explicación a su demora: señala una mesa –dos paquetes de papel bond sin abrir y uno empezado– y les dice que esas hojas deben durar hasta el 31 de marzo. Por eso cada día elige qué es urgente entre sus tres mil expedientes. Esto no es Kafka, apenas nuestra realidad. El martes 25 empezó una huelga nacional indefinida. El gobierno lo sabe y no le importa. Solucionar el drama judicial no le resulta prioritario. Cuesta creer cómo una mezcla explosiva de ignorancia y cinismo ha producido un suceso crónico y patológico que retorna a la escena nacional cada año.
Un funcionario judicial –no solo el juez– es distinto a cualquier funcionario público. Así, no puede tener otro ingreso ni participar en empresas con fines de lucro, por ejemplo. Por eso es perverso tratarlo como cualquier empleado estatal. Debe tener un estatuto que le otorgue autonomía administrativa y funcional, incluso económica como ordena la Constitución y una sentencia del Tribunal Constitucional.
Hace tres meses se reunieron los ministros de Economía y Justicia y los presidentes del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, en apariencia preocupados por resolver un reclamo de los jueces. Pero su interés era llevarle al presidente un presente: ¡Tema judicial arreglado con mínima inversión! Lo consiguieron derogando una ley sobre el sueldo de los jueces que tenía décadas de vigencia aunque jamás fue cumplida. Acordaron también abonarles un sencillo. El acuerdo fue un engaño cicatero, lo prueban el hecho de que la ejecución de una sentencia contra el Ministerio de Economía sigue pendiente y que la huelga es inminente.
Ahora estamos como siempre pero peor. Con el problema real intacto, la huelga es el retorno a la ‘normalidad’ de un sistema político construido y sostenido con sus propias miserias. Como los reclamos solo son salariales, nadie exigirá la autonomía. Por eso, semanas después, la huelga acabará con tres “perras gordas” más en el cheque y el retorno a la otra cara de la ‘normalidad’, hasta la próxima huelga.
Que en el Ministerio de Economía consideren que la función judicial es un contrato por destajo (tantas sentencias, tanto pago) es comprensible. Que las autoridades judiciales acepten y regulen este insulto es increíble. Es como pagarles a los médicos por cantidad de inyecciones. No sigamos repitiendo que los conflictos se resuelven en sede judicial porque litigar así es una ópera bufa. Si el gobierno ‘debilitara’ en décimas la caja fiscal y asegurara la autonomía judicial, las decisiones no estarían condicionadas al poder político o económico, estatal o privado. Se trataría de una decisión revolucionaria. Una real alternativa a prolongar la vigencia de la república de las palabras y de las cifras, en prosa y en azul. Aquella donde decimos estar “muy bien”, mientras alimentamos la caldera de la injusticia con policías y profesores mal pagados, y médicos y jueces marginados porque –como sabe el ministro de Economía– sus funciones no inciden en el aumento del PBI.
El Comercio 28 de marzo de 2014
PJ reconoce pobre cumplimiento de las metas de descarga procesal
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27 DISTRITOS JUDICIALES PRESENTARON CIFRAS LAMENTABLES
Solo tres distritos judiciales (Ayacucho, Tacna y La Libertad) cumplieron a medias sus metas de descarga procesal. En estas tres cortes más de la mitad de sus órganos jurisdiccionales superaron las metas previstas para el 2013. En el resto del país los resultados son pobrísimos.
Recientes cifras difundidas por el Poder Judicial demuestran el pobre cumplimiento de las metas de descarga procesal previstas para el 2013.
Citemos los dos casos más preocupantes: solo 1 de los 12 órganos jurisdiccionales de Pasco pudo cumplir dicha meta (lo que representa un magro índice de cumplimiento del 8,3%). Y en la Corte Superior del Callao la situación es similar: solo cumplieron 5 de sus 40 órganos jurisdiccionales (12,5%).
En las demás cortes superiores del país la situación es igual de lamentable: en Cajamarca alcanzaron las metas únicamente 7 de sus 41 órganos jurisdiccionales (17,1%). En Arequipa, 10 de 58 (17.2%); Ancash 7 de 39 (17.9%), Cusco 12 de 65 (18,5%), Cañete 3 de 16 (18,8%) y Huaura 6 de 27 (22,2%).
Las cortes superiores ubicadas en Lima no presentaron mejores cifras: de los 70 órganos jurisdiccionales de Lima Norte solo 13 alcanzaron las metas (18,6%). En la Corte Superior de Lima la situación fue un poco mejor sin dejar de ser preocupante: 84 de 294 (28,6%); mientras que en Lima Sur el índice fue 9 de 25 (36%).
Para ver el cuadro completo de cumplimiento de metas por distrito judicial, elaborado por la Gerencia Operacional de la Comisión Nacional de Descarga Procesal, dar clic aquí.
Las cortes que se salvan
Pese a estas cifras en rojo, el Poder Judicial decidió destacar la labor de tres distritos judiciales en donde más del 50% de sus órganos jurisdiccionales superaron el estándar o meta anual.
Esto ocurrió en las Cortes Superiores de Justicia de Ayacucho, La Libertad y Tacna. Dichas cortes de justicia alcanzaron los siguientes porcentajes de cumplimiento: 60, 60 y 52%, respectivamente.
Esto quiere decir que en las dos primeras un 40% de órganos jurisdiccionales no cumplieron las metas trazadas, mientras que en Tacna el incumplimiento alcanzó el 48%. Cifras que también deberían preocupar a los presidentes de cada una de estas cortes.
Esta información ha sido publicada mediante la Resolución Administrativa N° 099-2014-CE-PJ, publicada el 17 de junio último en el diario oficial El Peruano.
En http://laley.pe/not/1514/pj-reconoce-pobre-cumplimiento-de-las-metas-de-descarga-procesal-/
MÁS DE 50% DE JUZGADOS Y SALAS DE AYACUCHO, TACNA Y LA LIBERTAD SUPERARON META ANUAL EN EL 2013
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- Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) destaca significativos resultados obtenidos
Más del 50 por ciento de los órganos jurisdiccionales permanentes de las Cortes Superiores de Ayacucho, Tacna y La Libertad superaron el estándar o meta anual durante el Año Judicial 2013, de acuerdo con la evaluación efectuada por la Gerencia Operacional de la Comisión Nacional de Descarga Procesal del Poder Judicial.
El cuadro resumen por distrito judicial, indica que de 50 órganos jurisdiccionales permanentes de Ayacucho, 30 de ellos (60%) superaron el estándar: en Tacna, de 15 órganos jurisdiccionales permanentes, 9 (60%) la sobrepasaron; mientras que en La Libertad de 50 órganos jurisdiccionales permanentes, 26 (52%) rebasaron la meta fijada.
En otras Cortes Superiores como Huánuco, el 48.5% de los órganos jurisdiccionales superaron el estándar fijado; en Moquegua el 43.8%, en Huancavelica el 42.1%, y otras en menor proporción.
Ante estos resultados, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), que preside el doctor Enrique Mendoza Ramírez, expresó su reconocimiento a la labor desempeñada por las referidas Cortes Superiores, así como a aquellas Cortes que alcanzaron las metas fijadas correspondientes a su especialidad y por instancias en dicho periodo.
A través de la Resolución Administrativa N.° 099-2014-CE-PJ, el CEPJ considera que estos resultados son una demostración que los estándares establecidos por instancia y especialidad, sí pueden ser cumplidos al conjugar las condiciones de carga procesal con el esfuerzo de los jueces y su personal auxiliar.
Añade que los “significativos resultados obtenidos”, son la expresión no sólo de la metodología implementada, sino del “loable compromiso asumido por jueces y personal de los mencionados órganos jurisdiccionales”.
Agrega que estos logros merecen resaltarse por el esfuerzo desplegado para brindar un servicio de justicia óptimo y célere.
Lima, 17 de junio de 2014
OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PLENO DEL CONGRESO APROBÓ PROYECTO DE LEY DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y REMATES ELECTRÓNICOS JUDICIALES
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PLENO DEL CONGRESO APROBÓ PROYECTO DE LEY DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y REMATES ELECTRÓNICOS JUDICIALES
- Norma revoluciona el servicio de impartición de justicia porque dará mayor celeridad y transparencia a los procesos
El pleno del Congreso de la República aprobó la autógrafa de “Ley que adecúa el uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en el Sistema de Remates Judiciales y en el Servicio de Notificaciones de las Resoluciones Judiciales”, norma que permitirá dar mayor celeridad y transparencia a los procesos judiciales.
Dicha norma, que solo espera su promulgación por parte del Presidente de la República, recoge dos proyectos de ley presentados por el Poder Judicial en el marco de su política de modernización institucional y de acercamiento al ciudadano.
Remate electrónico
El Remate Electrónico Judicial (REM@JU) permitirá una subasta en línea, acorde con los avances tecnológicos que la modernidad reclama. Los postores que se presenten a la convocatoria de un remate judicial podrán participar desde cualquier lugar del país con la garantía de utilizar un sistema informático seguro.
El REM@JU, además, mejora la publicidad de la realización del remate, facilita una mayor participación de postores, garantiza la transparencia de la operación comercial y, por ende, permite obtener mejores precios en la venta de los bienes materia de ejecución.
El sistema, que será implementado de manera progresiva, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del Poder Judicial, busca eliminar además un espacio que era factible de ser aprovechado por grupos organizados que amedrentaban a los compradores ocasionales o que incurrían en actos de corrupción para obtener un provecho ilícito.
Notificaciones electrónicas
En cuanto a la notificación electrónica, la ley señala que esta es un medio alternativo a la notificación por cédula y se deriva a unacasilla electrónica de manera obligatoria en todos los procesos contenciosos y no contenciosos tramitados en el Poder Judicial.
Las ventajas que ofrece la notificación electrónica para los litigantes son múltiples: celeridad en los procesos, por cuanto las notificaciones (cédula, resolución y anexos) las recibirán en tiempo real, a diferencia de una notificación tradicional física que demora en promedio 9 días en Lima, y entre 20 y 30 días en las demás Cortes Superiores de Justicia.
Además podrán acceder a las notificaciones electrónicas las 24 horas del día, los siete días de la semana con total garantía, seguridad y confidencialidad.
La norma aprobada señala que la casilla electrónica asignada por el Poder Judicial es un requisito de admisibilidad que las partes procesales deben consignar en sus escritos. Este requisito se extiende al apersonamiento de cualquier tercero en el proceso.
Además indica que los abogados de las partes procesales, sean o no de oficio, los procuradores públicos y los fiscales deben consignar una casilla electrónica, la cual es asignada por el Poder Judicial sin excepción alguna.
También asigna al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la responsabilidad de emitir las disposiciones necesarias para implementar y habilitar la asignación de casillas electrónicas del Poder Judicial, así como las reglas del diligenciamiento de las notificaciones electrónicas.
Lima, 12 de junio de 2014
OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Texto Sustitutorio
Una Reforma Judicial Instantánea, Simple y Gratuita
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Roberto G. MacLean U.
Parte de las discusiones sobre las reformas en la justicia, ha sido, siempre, el tema del tiempo necesario para obtener resultados. Mi respuesta habitual es alrededor de tres años. Pero hay una excepción, que paso a exponer.
Aunque el éxito de los proyectos depende de los jueces, se dan situaciones en las que éstos no tienen posibilidad alguna de cambiar las características de los eventos, por ejemplo: el arrollador torrente de causas que inunda nuestro sistema. Alguien tuvo una vez la idea muy dulce que los jueces se nieguen a recibir demandas o denuncias cuando la sobrecarga es excesiva. Otro recomendó crear más juzgados. Y esto último podría ser una buena idea, si no tomásemos en cuenta que el porcentaje de jueces por habitante en el Perú es mayor que el de los Estados Unidos de América, que es una sociedad muy litigiosa. El aumento de jueces y tribunales, además, cuesta dinero, lo que no importaría si valiera la pena.
Pero, qué tal si contásemos, sin ningún costo para el contribuyente, ni para los usuarios del sistema de justicia (más bien sería un ahorro), con la colaboración gratuita de los abogados de Lima, Callao y Cono Norte, que sin aumento de nuestro trabajo habitual pudiéramos producir instantáneamente, un cambio importante en la carga procesal?
La solución está a la mano, y se aplica desde hace años con éxito en varias jurisdicciones de los Estados Unidos de América. Y las razones porque cometo la impertinencia de proponerla para el Perú, un país tan diferente, es porque además de rápida, es estadísticamente significativa, totalmente gratuita, y no requiere de tecnología, porque su aplicación es artesanal. En los EE.UU. se ha adoptado una brevísima norma procesal.
Si en el ejercicio de la profesión, aceptamos patrocinar, como demandante o demandado, a un cliente que es evidente que no tiene absolutamente ninguna posibilidad honesta y pacífica de ganar su caso, estamos originando los siguientes efectos:
Congestión que entorpece la función del Sistema de Justicia;
Dilación innecesaria de los procesos;
Costo inútil que afecta ente el 15% y el 18% de la tasa de crecimiento del Perú;
y es un despilfarro del dinero del contribuyente;
Postergación de otros casos que pueden ser más urgentes; y
Estímulo para la corrupción.
Los abogados, tenemos el control monopólico de la puerta de entrada de todas las causas, con el beneficio adicional de no asumir ninguna responsabilidad. Se supone -y con frecuencia nos ufanamos de ello- que somos “auxiliares de la justicia”. Formamos el primer filtro de selección que determina la calidad mínima de la carga procesal.
Una solución para el problema de controlar la calidad de las causas que congestionan el sistema es el aplicado en la Federación Rusa. Para detener la propagación de litigios frívolos, los jueces reciben, personalmente, las demandas de manos de los interesados; las discuten con ellos, y sólo después las admiten o devuelven. Pero, los litigantes no están contentos con la solución, pues, es morosa y en épocas de crisis resulta un caos.
Una segunda solución es la aplicada en la capital de los Estados Unidos de América, por mérito de la Regla Procesal 15, si no me falla la memoria. Todo abogado que autoriza una demanda, reconvención, contestación a una demanda o a una reconvención, debe incluir en el último párrafo del escrito una declaración jurada, bajo responsabilidad personal, que, a su juicio, los argumentos de su patrocinado cuentan con los fundamentos probatorios y legales que ameritan que la causa sea considerada por un juez; que el caso vale la pena el tiempo empleado, el trabajo del personal involucrado y el costo para el contribuyente al poner en movimiento la onerosa maquinaria de la justicia. Las sanciones, por incumplimiento, varían de la suspensión temporal a la definitiva para ejercer la abogacía.
El mayor número de sugerencias para la reforma, se refiere comúnmente, a lo que otras personas pueden hacer. Para variar, tratemos de ver qué podemos hacer cada uno de nosotros por pequeño que sea. Somos cerca de 40,000 abogados en Lima, Callao y Cono Norte. El impacto sumado, puede ser contundente, y el efecto instantáneo -como todos pretenden que sea la reforma- facilísimo de aplicar para un abogado honesto y, además, completamente gratuito. El segundo de los ejemplos de solución citados podría ser la respuesta.
“El Peruano”, 8 de Mayo de 2003, p.18
¿Es imposible reformar la justicia?
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Gino Costa
Presidente de Ciudad Nuestra
La incorporación de formas alternativas de resolución de conflictos, como el arbitraje y la justicia indígena, es positiva…
A la luz de la experiencia de los últimos 25 años, Luis Pásara afirma que ha sido imposible reformar la justicia y explica por qué. Con la lógica implacable que lo caracteriza y un espíritu crítico extraño en el medio, concluye que los resultados de las reformas emprendidas son cuando menos magros. Así lo sostiene en “Una reforma imposible. La justicia latinoamericana en el banquillo”, publicado por la PUCP.
Reconoce avances, sin duda, en justicia constitucional, por ejemplo. También en independencia judicial, gracias a que se sacó el nombramiento de jueces y fiscales de manos de los políticos, aunque su influencia en la judicatura no ha desaparecido, como bien lo constatamos cotidianamente.
La más ambiciosa iniciativa de reforma, la del proceso penal, ha aportado transparencia y rapidez, pero al costo del archivo sistemático de las dos terceras partes de las causas. La incorporación de formas alternativas de resolución de conflictos, como el arbitraje y la justicia indígena, es positiva, aunque esta última no exenta de dificultades.
Aun así, la justicia como mecanismo para resolver conflictos, frenar abusos y garantizar el imperio de la ley sigue siendo en América Latina más una aspiración que una realidad. La insatisfacción ciudadana con ella se mantiene alta y la percepción de corrupción e impunidad con que se la asocia no ha cambiado.
Según Pásara, múltiples son los responsables. Los principales, los propios jueces y fiscales, seguidos muy de cerca por los abogados y las facultades de derecho que los educan. Son ellos los más resistentes al cambio por los intereses que tienen en el statu quo. Pesan además sobre sus espaldas factores históricos, culturales y organizacionales que con frecuencia, y a un gran costo, los esfuerzos de reforma han ignorado.
¿Es posible superar estos obstáculos? Contra su propio escepticismo, Pásara deja abierta una ventana a la esperanza, a condición de que se aprendan las lecciones del último cuarto de siglo.
Las pocas experiencias exitosas fueron las que se fundaron en conocimientos rigurosos de los problemas que se querían superar y contaron con estrategias políticas y técnicas de implementación, así como con el apoyo de amplias alianzas. También fueron decisivos los liderazgos políticos comprometidos y los equipos profesionales competentes.
Me parece obvio que hoy no contemos con esas herramientas en el Perú; hay pues que construirlas. Quizá cabría comenzar por hacer un balance de la implementación del Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia preparado por la Ceriajus en abril del 2004.
Una década es tiempo suficiente para evaluar su implementación, actualizar el diagnóstico y dotarnos de un nuevo plan –digamos Ceriajus II– para los próximos cinco años. Los partidos políticos podrían entonces discutirlo, perfeccionarlo y acordar su ejecución a partir de julio del 2016. Quizá demostramos así que, a pesar de todo, la reforma de la justicia es posible. Para lograrlo, habría que empezar por leer el notable libro de Pásara.
LA CERIAJUS I
Nueva carrera judicial: reforma importante
– Integrada por las instituciones de la justicia y personalidades independientes y dirigida por el presidente de la Suprema, la Ceriajus I recomendó 170 reformas. De ellas, las más importantes fueron la nueva carrera judicial (aprobada en el 2009) y la fiscal (pendiente).
LA CERIAJUS II
– La Ceriajus II debería concluir la implementación del nuevo proceso penal y constituir el subsistema contra el crimen organizado, que complemente los subsistemas abticorrupción y antiterrorista (encargado de violaciones de los derechos humanos).
El Comercio 2 de junio de 2014
Justicia 2.0
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Para reformar el Poder Judicial, debería volverse obligatorio el arbitraje para quienes puedan pagarlo
Una entrevista al presidente del Poder Judicial (PJ), Enrique Mendoza, que publicamos ayer muestra la complicada situación que padece su institución a raíz de la huelga que enfrentó hasta hace poco. Debido a ella, se suspendieron 163 mil procesos que hoy, a pesar de que el PJ amplió los horarios de servicio, forman una larguísima cola de casos retrasados.
Ese problema se suma, por supuesto, a la enorme carga de trabajo que tiene usualmente la institución y que, entre otros factores, la lleva a moverse a paso de tortuga: este año solo la Corte Superior de Justicia de Lima acumula 347 mil procesos, de los cuales estima poder resolver durante el 2014 únicamente 134 mil. Según declaraciones del doctor Mendoza, además, solo para notificar a los demandados (el primer paso dentro de un juicio) se pierden cuatro meses al año por caso. Y cada juez maneja –a menudo en condiciones precarias– varios miles de expedientes, algo que es materialmente imposible hacer de manera realmente célere y eficiente.
Como si todo ello fuese poco, el servicio de justicia enfrenta una conocida falta de legitimidad y de confianza. De acuerdo con el Índice Global de Competitividad, nuestro PJ ocupa el deshonroso puesto 126 de 148 países en lo que toca a su independencia. Y, según la última Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú, elaborada por Ipsos, esta institución es considerada la tercera más corrupta de la nación (solo superada por el Congreso y la Policía Nacional).
La situación es clara: una reforma del PJ no puede consistir tan solo en ciertos cambios cosméticos. Tenemos que pensar fuera de la caja y plantear soluciones radicales.
En este Diario creemos que un primer paso podría ser dejar que la justicia privada le dé una mano a la justicia estatal. Concretamente, nos referimos a que las personas que tengan controversias comerciales o civiles y que cuenten con recursos para solventar un arbitraje estén obligadas a recurrir a esta vía, en vez de la judicial, para resolver sus problemas. Sería cuestión de dar una ley que lo exija y que establezca una regla supletoria que señale cómo se designará a los árbitros en caso los involucrados en una controversia no lo hubiesen pactado anticipadamente en un contrato o no llegasen a un acuerdo posterior.
De este modo, implementar el arbitraje obligatorio sería abrir un camino paralelo para desatorar la carretera terriblemente congestionada que es el PJ. Así, este último serviría básicamente para atender dos tipos de casos. Primero, los penales. Segundo, las controversias civiles y comerciales de aquellas personas que no puedan solventar un proceso arbitral (siguiendo una lógica parecida a la que debería inspirar a la salud pública: que los hospitales públicos se enfoquen en las personas de escasos recursos que no pueden pagar una clínica privada).
Además de la mencionada descongestión, el sistema que proponemos permitiría liberar la mayor parte de los recursos del PJ para atender con mayor eficiencia a las causas que quedarían bajo su competencia.
Por otro lado, un sistema privado de resolución de controversias tendría otra ventaja: es mucho más difícil que el poder político influya en él. Esto significaría que sería más independiente, menos corrupto y que brindaría mayor certidumbre a los ciudadanos.
Además, al colocar un nuevo sistema privado al lado del estatal los ciudadanos podríamos comparar con mayor facilidad la eficiencia del segundo. Y finalmente, como dice el dicho, un caballo corre más rápido cuando se le pone otro al lado.
La situación del PJ no es cosa de broma. De él depende que se hagan cumplir los derechos de todos los ciudadanos. Por eso, no nos podemos dar el lujo de que siga funcionando mal ni de esperar que sus funcionarios (que en varios casos son parte del problema) tomen un buen día la decisión de reformarse a sí mismos.
La Constitución reconoce este camino alternativo –el arbitraje– como un sistema institucional de justicia. Usémoslo difundidamente y empecemos a cambiarle el rostro a la justicia peruana.
El Comercio, 29 de mayo de 2014
Milicianos y mercenarios de la justicia
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Jaime David Abanto Torres (*)
Una milicia popular es un conjunto de voluntarios armados no pertenecientes al ejército regular. Un mercenario es el que, por dinero, sirve en la guerra a un poder extranjero. En sentido figurado, nosotros, los judiciales, estamos en un “estado de guerra” constante para prestar el servicio de justicia, pero los judiciales no somos un ejército regular integrado por soldados profesionales. Eso es una aspiración, porque en realidad los judiciales somos una “milicia”.
Recordemos que los milicianos eran gente del pueblo que se defendía con las armas. Don José de la Riva Agüero, Primer Presidente Constitucional del Perú, fue un coronel de milicias. Y es que no existe universidad, academia o instituto que enseñe a los aspirantes a jueces o auxiliares jurisdiccionales a prestar el servicio de justicia. Eso se aprende en la práctica cotidiana. Una especialización que no la dan los grados académicos ni los títulos profesionales.
Los milicianos de la justicia son personas de carne y hueso, trabajadores jurisdiccionales que llegan tarde a casa robando tiempo a sus familias, héroes anónimos e incomprendidos; que tienen sueños y esperanzas, principios y valores y luchan por ellos y los jueces somos sus oficiales. Los judiciales somos una milicia en guerra constante no solo contra los conflictos, sino contra la incomprensión e indiferencia del propio Estado Peruano.
Lamentablemente, junto a los milicianos están los mercenarios de la justicia. Sin mística alguna, éstos prestan sus servicios a cambio de una retribución, venga de quien venga. Es posible que usted haya sido víctima de alguno de estos mercenarios, encaminados por el sendero de la corrupción y el tráfico de influencias. Esperemos que más temprano que tarde los mercenarios de la justicia sean erradicados del Poder Judicial.
Hace más de un mes los milicianos estaban en huelga, exigiendo la exclusión de un régimen laboral que consideran lesivo; ¿bastará una ley para mejorar sus condiciones de trabajo? Consideramos que no, pero puede ser un buen comienzo. El Poder Ejecutivo, el Congreso y los Órganos de Gobierno del Poder Judicial deberían hacer sus mejores esfuerzos para iniciar un diálogo que logre mejorar las condiciones laborales de los milicianos de la justicia.
(*) Juez Civil, integrante del Programa Social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Expreso, 12 de junio de 2014
Algunos temas probatorios en los procesos de desalojo por ocupación precaria
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Jaime David ABANTO TORRES**
El autor analiza diferentes aspectos probatorios en el trámite de un proceso de desalojo por ocupación precaria. Destaca el momento y bajo qué criterios deben resolverse las tachas formuladas; así como también comenta el uso de la prueba de oficio para complementaro sustituir las pruebas ofrecidas por las partes, atribución que les alcanza a los jueces superiores. Finalmente, destaca que en los procesos sumarísimos procede el ofrecimiento de pruebas, pero sin importar –como limitación– que estas sean de actuación
inmediata.
[Para mejor entendimiento transcribo la ejecutoria comentada]
CAS. Nº 4490-2012 HUÁNUCO. Desalojo por Ocupación Precaria. Sumilla: El Juez, como director del proceso, tiene la potestad de incorporar de oficio los medios probatorios necesarios para formar convicción sobre los hechos alegados por las partes, en decisión motivada e inimpugnable, respetando el derecho de defensa, tal como lo autoriza el artículo 194 del Código Procesal Civil, en concordancia con el artículo 51 inciso 2 del mismo cuerpo normativo; por lo tanto, si bien se exige a las partes que por la vía del proceso sumarísimo solo ofrezcan pruebas de actuación inmediata (para evitar que éstas dilaten innecesariamente el proceso), la ley procesal no impide al Juez actuar las pruebas necesarias para establecer la concurrencia de los elementos copulativos regulados en el artículo 911 del Código Civil. Lima, once de noviembre de dos mil trece.-
FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN: El recurso de casación fue declarado procedente por resolución de fecha veintiuno de marzo de dos mil trece, por la causal de infracción normativa prevista en el artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por
CONSIDERANDO: Primero.- Conforme aparece de la revisión de autos, Alicia Carbajal Gómez interpone demanda para efectos de que Liz Lola Bacilio Matos cumpla con desocupar y restituir el inmueble ubicado en Avenida Alameda Perú número 1176 (antes Sub Lote número cinco de
Segundo.- Al absolver el traslado de la demanda, Liz Lola Bacilio Matos sostiene que ingresó al inmueble sub litis en virtud del denominado Contrato Privado de Ampliación de Anticresis suscrito con el propietario del inmueble Samuel Villafl or Yábar, con firmas legalizadas el día once de abril de dos mil nueve, aclarado por contrato privado el día trece de abril del mismo año, garantía que le fuera entregada en virtud al préstamo que otorgó a Samuel Villafl or Yabar por la suma de catorce mil dólares americanos (US$14,000.00,) y si bien se trata de un acto jurídico que no ha sido elevado a Escritura Pública, tal circunstancia no la convierte en precaria sino en poseedora ilegítima. Agrega que contra la demandante se siguen dos procesos penales, el primero signado como Expediente numero 085-2008 por el delito de usurpación en agravio de la suscrita, que se tramita ante el Juzgado Penal de Tingo María, y el segundo signado como Expediente número 447-2009 por el delito contra
Tercero.- Asimismo, la demandada Liz Lola Bacilio Matos formuló denuncia civil para efectos de que Samuel Villaflor Yábar sea incorporado al proceso, pedido que fue declarado fundado por resolución obrante a fojas ciento cinco. Al absolver el traslado de la demanda, el citado denunciado civil acepta que suscribió el Contrato Privado de Ampliación de Anticresis con la demandada y sostiene –al igual que ésta– que la demandante se ha convertido en propietaria al amparo de documentos adulterados, conforme se vendría dilucidando en el proceso penal signado como Expediente número 447-2009, habiéndose acreditado mediante dictamen pericial que la minuta de compraventa fue adulterada burdamente con la finalidad de borrar el nombre del suscrito en el mismo, pues es el único y verdadero propietario. También ofrece como prueba que cuestiona la titularidad de la demandante, el proceso de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta que sigue contra Alicia Carbajal Gómez, Expediente número 126-2010, que se tramita ante el Juzgado Civil de Leoncio Prado. Cuarto.- Cabe resaltar, asimismo, que la demandante Alicia Carbajal Gómez formuló tacha contra el Contrato Privado de Ampliación de Anticresis ofrecido por la demandada, por no cumplir la formalidad prevista en el artículo 1092 del Código Civil, careciendo de eficacia probatoria conforme a los alcances del artículo 243 del Código Procesal Civil. Así también, formuló tacha contra los expedientes penales ofrecidos (Expedientes 085-2008 y 447-2009), por ser improcedente el ofrecimiento de expedientes judiciales en trámite.-
Quinto.- Al expedir sentencia, el A quo declaró fundada en parte la tacha de documentos formulada por la demandante, y fundada la demanda interpuesta, ordenando que la parte demandada restituya el bien sub litis, por cuanto: i) La tacha de documentos debe estar referida a los defectos formales del documento presentado, razón por la cual debe atenderse la tacha propuesta contra el Contrato Privado de Ampliación de Anticresis, ya que el mismo no cumple con la formalidad prevista en el artículo 1092 del Código Civil, al no haber sido otorgado por Escritura Pública; y con respecto a la tacha de expedientes, la misma no resulta procedente pues aquellas pruebas no fueron admitidas en
Sexto.- Apelada que fuera dicha decisión por los emplazados,
Sétimo.- Cabe señalar que el artículo 911 del Código Civil, establece que la posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido. La norma acotada exige que se prueben, entonces, dos condiciones copulativas: que la parte demandante sea la titular del bien cuya desocupación pretende, y que la parte emplazada ocupe el mismo sin título o cuando el que tenía ha fenecido. En ambos casos, la prueba destinada a acreditar tales condiciones debe ser idónea y crear suficiente convicción en el Magistrado para salvaguardar la justicia de su fallo.-
Octavo.- En autos se advierte que la titularidad que detenta la demandante sobre el bien sub litis viene siendo cuestionada en la vía penal en el proceso signado como el Expediente número 447-2009 seguido en su contra por el delito contra
Noveno.- Cabe anotar que en el caso concreto, respecto a la titularidad del bien sub materia, el Colegiado Superior se ha limitado a analizar el tracto sucesivo registral, sin considerar los cuestionamientos de la demandada y el denunciado civil en torno al derecho de propiedad de la demandante, centrando el debate en torno a la existencia o no del título que autoriza a la demandada a ejercer la posesión.-
Décimo.- El Juez como director del proceso tiene la potestad de incorporar de ofi cio los medios probatorios necesarios para formar convicción sobre los hechos alegados por las partes, en decisión motivada e inimpugnable, respetando el derecho de defensa, tal como lo faculta el artículo 194 del Código Procesal Civil, en concordancia con el artículo 51 inciso 2 del mismo cuerpo normativo; por lo tanto, si bien se exige a las partes que por la vía del proceso sumarísimo solo ofrezcan pruebas de actuación inmediata (para evitar que éstas dilaten innecesariamente el proceso), la ley procesal no impide al Juez actuar las pruebas necesarias para efectos de establecer si se cumple o no con el primer requerimiento copulativo a que se refi ere el artículo 911 del Código Civil.-
Décimo Primero.- Por ello, es necesario declarar la nulidad de la recurrida para efectos de que el Ad quem pueda apreciar los mayores elementos probatorios señalados en los considerandos que anteceden, como son el expediente penal seguido contra Alicia Gómez Carbajal por el Delito contra
En consecuencia, esta ejecutoria implica un pronunciamiento con reenvío a
Aquí viene el comentario
Ingreso básico forma parte de patrimonio del trabajador
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CORTE SUPREMA SE PRONUNCIA EN CASACIÓN
No puede ser disminuido libremente por el empleador, salvo acuerdo entre las partes
La remuneración básica forma parte del patrimonio subjetivo del trabajador y, por tanto, no puede ser reducida de forma unilateral.
Así lo estableció la Corte Suprema como criterio jurisprudencial mediante la sentencia recaída en la Casación N° 5913-2013 La Libertad, por la cual se declara improcedente dicho recurso.
Fundamento
En opinión del colegiado, si bien el ingreso básico podría no existir en la estructura remunerativa del trabajador, cuando con el empleador acuerdan incorporarlo en la remuneración mensual, aquel se convierte en parte del patrimonio subjetivo del trabajador.
Por ende, el supremo tribunal descarta la posibilidad de que la remuneración básica pueda ser disminuida libremente por el empleador, a menos que exista de por medio un acuerdo con el trabajador.
El colegiado considera que una reducción unilateral del ingreso básico del trabajador por parte del empleador lesionaría la intangibilidad e idemnidad de la remuneración.
En el caso materia del referido recurso, desde 2005 la remuneración de un trabajador sufría descuentos que afectaban su patrimonio.
En aquel año el ingreso básico que estaba percibiendo y que formaba parte de su patrimonio subjetivo se redujo injustificadamente de 2,300 a 1,800 nuevos soles.
A criterio del supremo tribunal, esta situación implica dejar sin efecto un derecho adquirido, escenario frente al cual el trabajador puede oponer en forma válida el principio de la condición más favorable para conservar el beneficio ya obtenido.
Reacción
A juicio del laboralista Jorge Toyama, del Estudio Miranda & Amado Abogados, la Corte Suprema con la referida sentencia ratifica la intangibilidad del sueldo y que los descuentos en la remuneración solo proceden por ley, sentencia judicial o aceptación del trabajador.
Además, el especialista considera que el fallo del supremo tribunal esclarece que las remuneraciones de los trabajadores no son objeto de compensaciones unilaterales o arbitrarias, tomando en cuenta que tienen carácter alimentario.
Recomendaciones
A raíz de la sentencia de la Corte Suprema, Toyama sugiere a los empleadores tener claras las reglas aplicables para los casos de remuneraciones variables como, por ejemplo, comisiones o ingresos por tasas de desempeño.
Sostuvo que a veces las normas internas de trabajo o políticas sobre remuneraciones no son claras y deben serlo para evitar contratiempos.
Recomendó a las empresas difundirlas con transparencia.
En su opinión, el manejo reservado de estas genera situaciones de abuso e injusticia en lugar de empoderar más al empleador.
EL PERUANO 15/06/2014
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