Juan Monroy Gálvez
Abogado
El drama de los magistrados
Huelga y destajo judiciales
Un funcionario judicial es distinto a cualquier funcionario público. Es perverso tratarlo como cualquier empleado estatal
Lunes 10 de marzo, 8:40: el público aúlla en la puerta del juzgado. El juez, con cara de autoridad perdida entre la vergüenza y la frustración, balbucea una explicación a su demora: señala una mesa –dos paquetes de papel bond sin abrir y uno empezado– y les dice que esas hojas deben durar hasta el 31 de marzo. Por eso cada día elige qué es urgente entre sus tres mil expedientes. Esto no es Kafka, apenas nuestra realidad. El martes 25 empezó una huelga nacional indefinida. El gobierno lo sabe y no le importa. Solucionar el drama judicial no le resulta prioritario. Cuesta creer cómo una mezcla explosiva de ignorancia y cinismo ha producido un suceso crónico y patológico que retorna a la escena nacional cada año.
Un funcionario judicial –no solo el juez– es distinto a cualquier funcionario público. Así, no puede tener otro ingreso ni participar en empresas con fines de lucro, por ejemplo. Por eso es perverso tratarlo como cualquier empleado estatal. Debe tener un estatuto que le otorgue autonomía administrativa y funcional, incluso económica como ordena la Constitución y una sentencia del Tribunal Constitucional.
Hace tres meses se reunieron los ministros de Economía y Justicia y los presidentes del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, en apariencia preocupados por resolver un reclamo de los jueces. Pero su interés era llevarle al presidente un presente: ¡Tema judicial arreglado con mínima inversión! Lo consiguieron derogando una ley sobre el sueldo de los jueces que tenía décadas de vigencia aunque jamás fue cumplida. Acordaron también abonarles un sencillo. El acuerdo fue un engaño cicatero, lo prueban el hecho de que la ejecución de una sentencia contra el Ministerio de Economía sigue pendiente y que la huelga es inminente.
Ahora estamos como siempre pero peor. Con el problema real intacto, la huelga es el retorno a la ‘normalidad’ de un sistema político construido y sostenido con sus propias miserias. Como los reclamos solo son salariales, nadie exigirá la autonomía. Por eso, semanas después, la huelga acabará con tres “perras gordas” más en el cheque y el retorno a la otra cara de la ‘normalidad’, hasta la próxima huelga.
Que en el Ministerio de Economía consideren que la función judicial es un contrato por destajo (tantas sentencias, tanto pago) es comprensible. Que las autoridades judiciales acepten y regulen este insulto es increíble. Es como pagarles a los médicos por cantidad de inyecciones. No sigamos repitiendo que los conflictos se resuelven en sede judicial porque litigar así es una ópera bufa. Si el gobierno ‘debilitara’ en décimas la caja fiscal y asegurara la autonomía judicial, las decisiones no estarían condicionadas al poder político o económico, estatal o privado. Se trataría de una decisión revolucionaria. Una real alternativa a prolongar la vigencia de la república de las palabras y de las cifras, en prosa y en azul. Aquella donde decimos estar “muy bien”, mientras alimentamos la caldera de la injusticia con policías y profesores mal pagados, y médicos y jueces marginados porque –como sabe el ministro de Economía– sus funciones no inciden en el aumento del PBI.
El Comercio 28 de marzo de 2014
