Ángel H. Romero Díaz (*)
Lo que faltaba: el primer ciudadano del país, el jefe de Estado, aquel que, por mandato de la Constitución, debe ser quien cumpla y haga cumplir las leyes y las sentencias en el país, es el primero en dar el mal ejemplo de desacatar las normas. Él, que juró respetar la Constitución, es quien desconoce sus principios, lo cual resulta gravemente peligroso y atentatorio para la legitimidad del sistema democrático y para la observancia de un Estado de derecho. Si no ¿qué significa no acatar la Ley Orgánica del Poder Judicial y las sentencias judiciales que ya se ejecutan con la calidad de cosa juzgada, como es el caso de la escala remunerativa que deben percibir los jueces superiores, jueces especializados y jueces de paz letrados en función porcentual a lo que con justicia reciben los jueces supremos? Esto es lo inaudito, que el primer mandatario de la Nación pretenda ignorar lo que la Constitución le ordena cumplir.
Las sentencias del Tribunal Constitucional, del PJ, ordenan el cumplimiento inmediato de la Ley Orgánica del PJ a favor de quienes tienen la alta misión de administrar justicia en el país. ¿Quién las niega?, el Presidente de la República ordenando entorpecer su ejecución, vía un insólito y sumiso comportamiento del Tribunal Constitucional que ha emitido una “atenta” medida cautelar, suspendiendo la ejecución de las sentencias.
Vidaurre contra Vidaurre, porque el TC ha incurrido en grave infracción constitucional, desacatando su propia jurisprudencia, (sentencia 004-2007-PCC/TC, que señala que la acción competencial no es la vía idónea para dejar sin efecto resoluciones judiciales). Vaya ejemplo de un Estado de derecho. Es destructivo para la formación de las nuevas generaciones, ¿un oportuno cambio de criterio para perpetuarse en el cargo? El ejemplo del Dr. Ricardo Beaumont es digno de resaltar. Suponíamos que la justicia tocaba ya las puertas del caso, no. Mala señal para la confianza en la justicia del Perú. Más ahora que el país viene ofreciendo seguridad jurídica para las ansiadas inversiones que promueven desarrollo.
Señor Presidente, ¿qué seguridad tendría cualquier inversionista, nacional o extranjero, si advierte que no honramos los compromisos ni se cumplen las propias sentencias judiciales? Inadecuado mensaje éste de intentar burlarse de la ley.
El país no puede pasar por la vergüenza de ser denunciado por sus jueces ante organismos internacionales, porque a ello se tendrá que llegar, si es necesario, en la eventualidad de que en el país, los magistrados, que cumplen una función de capital importancia para preservar la paz, no encuentren la justicia demandada.
(*) Juez Superior de Lima
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