Comisión de trabajo aprobó propuesta de pasar trabajadores a planilla

Pleno definirá futuro de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Medida costaría 0.4% del PBI. (USI)

Imagen: https://elcomercio.pe/economia/peru/regimen-contratacion-cas-balanza-cumple-objetivos-441060

Una votación a favor por unanimidad en la Comisión de Trabajo del Congreso de la República generó que se aprobara la propuesta legislativa que plantea eliminar la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS ) y, con ello, pasar a planilla a más de 500 mil trabajadores públicos que carecen de beneficios laborales.

“Con cargo a redacción, se ha votado (a favor) por unanimidad”, dijo el presidente del grupo de trabajo, Justiniano Apaza. De esta manera, el proyecto de ley quedará a la espera de ser debatido en el Pleno del Congreso.

AUSENTE

Cabe destacar que la sesión no contó con la presencia de la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Claudia Cooper , quien se esperaba que asistiera para dar a conocer la postura de su sector debido a que la aprobación de la iniciativa costaría al Estado cerca de S/2,178 millones y supondría el fin de la Ley del Servicio Civil (Servir).

En: peru21

Leer: El régimen de contratación CAS en la balanza ¿Cumple sus objetivos?

Keiko investigada y Paolo sancionado por un año…prepárense para este fin de semana.

Imagen: https://idl-reporteros.pe/wp-content/uploads/2017/06/portada-keiko.jpg

Lima ha despertado esta mañana con dos noticias importantes en los medios de comunicación peruanos: El allanamiento de los locales de Fuerza Popular por parte de la Fiscalía, y la sanción de la FIFA al excepcional futbolista Paolo Guerrero en la modalidad de suspensión de cualquier actividad deportiva.

En el primer caso, se conoce el doble rasero del fujimorismo al celebrar la investigación contra sus oponentes políticos, pero también su fastidio cuando les toca a ellos ser investigados. El día de ayer ha sido uno de portátiles (gritos, graznidos y rebuznos), quejas, acusaciones y teorías conspirativas contra el actual gobierno y la prensa. Lo cierto es que todos son iguales ante la Ley y si no existe imparcialidad en las investigaciones, por ejemplo, cuando la Comisión de Investigación del Congreso “Lava Jato” es “juez” y parte (ver: Rosa Bartra, presidenta de la comisión investigadora del caso Lava Jato, estuvo presente en el allanamiento de local de Fuerza Popular), pues tiene mucho sentido activar los mecanismos de control y fiscalización con los que cuenta el Estado. Y coloco entre comillas el termino Juez porque ella se ha defendido señalando lo siguiente: “Se dice que se debería ser imparcial, que no se puede ser juez y parte, ¿juez y parte? ¿Es acaso el Congreso de la República el Poder Judicial?, ¿acaso no estamos hablando del primer foro político de la Nación? Es un foro político por excelencia” (RPP). 

Señora Bartra, la imparcialidad es un principio que se aplica a todo procedimiento en el que se investiga a una persona, sea en el ámbito administrativo (Poder Ejecutivo), judicial y, créalo, hasta en el parlamentario. En todo caso, de hallarse un conflicto de intereses en el que, por ejemplo, el investigador este ligado al investigado en una situación de sujeción (Keiko fujimori es la lider del mismo partido del que  Bartra es miembro), el/la presidente de dicha comisión debería abstenerse de participar en el caso y otorgar la presidencia a un parlamentario de otro partido temporal o permanentemente. Bajo las circunstancias actuales, el procedimiento de investigación en la Comisión Lava Jato del Congreso contra Keiko Fujimori resulta un chiste de mal gusto, un sinsentido y una gran burla a los principios básicos del debido procedimiento en general.

Rosa Bartra, Juez y Parte. Imagen: https://www.facebook.com/sigridbazan/photos/a.284007311786203.1073741828.283647955155472/767967353390194/?type=3&theater

Para nadie es un secreto que los tentáculos de Odebrecht han tocado a todos los candidatos a la presidencia del Perú durante las campañas políticas a la presidencia de la república. Evidencias como la nota en la agenda del teléfono celular de Marcelo Odebrecht “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita” denotan que el empresario se refiere a Keiko Fujimori. La extraña recaudación de 710 mil 419 soles en un cocktail la noche del 21 de diciembre de 2015 eleva las sospechas de un presunto caso de lavado de dinero (indicios de doble contabilidad negadas por la lidereza del partido). Las reacciones de la población están divididas en Peru, la mitad apoya a la hija del hoy preso ex-presidente Alberto Fujimori, indicando que esta es una venganza por la acusación contra el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez, mientras que la otra mitad apoya este tipo de acciones como parte de la lucha contra la corrupción en la política local.

Rosa Bartra Juez y parte. Todo procedimiento de investigación debe cumplir el principio basico de imparcialidad. Imagen: https://i.imgur.com/8voek1w.jpg?2

Por otro lado, el caso de la sanción de la FIFA (suspensión de toda actividad deportiva por el periodo de un año) contra el capitán de la selección peruana de fútbol, Paolo Guerrero, resulta tan extraña, tan estupida, tan de mal gusto, que comparado con el de otros jugadores (léase Diego Maradona) nos deja una sensación de injusticia y hasta sabotaje contra el jugador. Lo que se esperaba era una suspensión de 6 meses, sin embargo, se determino una sanción mas rigurosa que podría afectar el desempeño profesional del jugador en cuestión. La decision de la FIFA es apelable, sin embargo, es muy dificil que se modifique esta decision.

Las acusaciones contra la FIFA no se han hecho esperar, desde aquellas que califican a dicha federación internacional como una mafia, hasta teorías que indican que el jugador iba a opacar a las habituales estrellas de las potencias mundiales. Ni uno ni lo otro, son solo extremos hechos mas con el hígado que con la cabeza. Sin embargo, la visita del presidente de la FIFA Gianni Infantino a Argentina el mismo día del partido entre Argentina y Perú despierta demasiadas suspicacias.

Personalmente considero que los peruanos tendrán dos formas para pasar este fin de semana: Una con perspectiva de futuro, de corte mediato, de análisis concienzudo, con afán de pensar por el bienestar del país y de sus futuras generaciones, me refiero al interés publico por las investigaciones del caso Lava Jato y los aportes de Odebrecht a la podrida clase política del Perú; y la otra, obviamente, de corte inmediatista, de corto plazo y sin visión de futuro por el país, es decir, el caso de Paolo Guerrero (un caso particular, que en mi opinión, no debería tener tanta cobertura). Yo considero que el fútbol, así como los deportes masivos en general, es hoy la versión moderna del “pan y circo” de la antigüedad con los “beneficios” y daños que implica para una sociedad. Para mi el fútbol es como el opio para el pueblo.

Imagen: https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/24232087_1618825968181575_5984826838716904859_n.jpg?oh=62ebdcfeaf40d81d83752ed2ffbb1cc0&oe=5AC59375

Sin embargo, es triste y penoso ver como prácticamente le cortan las piernas a un deportista que se rajó por la selección nacional y que por esto no pueda gozar de los frutos de su esfuerzo. Si el equipo peruano esta hoy en el mundial FIFA 2018 es gracias a Paolo Guerrero. El ha demostrado ser un jugador excepcional, alguien que demuestra su esfuerzo y su pasion por el futbol, alguien que le devolvió la esperanza al peruano. Su esfuerzo, entonces, se traduce en el enorme cariño y respeto que los peruanos tenemos hacia el. 

Imagen: cnn español. En: https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2016/05/gettyimages-518051242.jpg?quality=100&strip=info&w=940&h=530&crop=1

‘‘Promoting Real Opportunity, Success, and Prosperity through Education Reform Act’’ (‘‘PROSPER Act’’) Structure

IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
Ms. FOXX (for herself and Mr. GUTHRIE) introduced the following bill; which
was referred to the Committee on

A BILL

To support students in completing an affordable postsecondary education that will prepare them to enter the workforce with the skills they need for lifelong success.

1 Be it enacted by the Senate and House of Representa-

2 tives of the United States of America in Congress assembled,

3 SECTION 1. SHORT TITLE; TABLE OF CONTENTS.

4 (a) SHORT TITLE.—This Act may be cited as the

5 ‘‘Promoting Real Opportunity, Success, and Prosperity

6 through Education Reform Act’’ or the ‘‘PROSPER Act’’.

7 (b) TABLE OF CONTENTS.—The table of contents for

8 this Act is as follows:

 

Sec. 1. Short title; table of contents.

Sec. 2. References.

Sec. 3. General effective date.

TITLE I—GENERAL PROVISIONS

PART A—DEFINITIONS

Sec. 101. Definition of institution of higher education.

Sec. 102. Institutions outside the United States.

Sec. 103. Additional definitions.

Sec. 104. Regulatory relief.

PART B—ADDITIONAL GENERAL PROVISIONS

Sec. 111. Free speech protections.

Sec. 112. National Advisory Committee on Institutional Quality and Integrity.

Sec. 113. Repeal of certain reporting requirements.

Sec. 114. Programs on drug and alcohol abuse prevention.

Sec. 115. Campus access for religious groups.

Sec. 116. Secretarial prohibitions.

Sec. 117. Ensuring equal treatment by governmental entities.

PART C—COST OF HIGHER EDUCATION

Sec. 121. College Dashboard website.

Sec. 122. Net price calculators.

Sec. 123. Text book information.

PART D—ADMINISTRATIVE PROVISIONS FOR DELIVERY OF STUDENT FINANCIAL ASSISTANCE

Sec. 131. Performance-based organization for the delivery of Federal student financial assistance.

Sec. 132. Administrative data transparency.

PART E—LENDER AND INSTITUTION REQUIREMENTS RELATING TO EDUCATION LOANS

Sec. 141. Modification of preferred lender arrangements.

PART F—ADDRESSING SEXUAL ASSAULT

Sec. 151. Addressing sexual assault.

TITLE II—EXPANDING ACCESS TO IN-DEMAND APPRENTICESHIPS

Sec. 201. Repeal.

Sec. 202. Grants for access to high-demand careers.

TITLE III—INSTITUTIONAL AID

Sec. 301. Strengthening institutions.

Sec. 302. Strengthening historically Black colleges and universities.

Sec. 303. Historically Black college and university capital financing.

Sec. 304. Minority Science and Engineering Improvement Program.

Sec. 305. Strengthening historically Black colleges and universities and other minority-serving institutions.

Sec. 306. General provisions.

TITLE IV—STUDENT ASSISTANCE

PART A—GRANTS TO STUDENTS IN ATTENDANCE AT INSTITUTIONS OF

HIGHER EDUCATION

Sec. 401. Federal Pell Grants.

Sec. 402. Federal TRIO programs.

Sec. 403. Gaining early awareness and readiness for undergraduate programs.

Sec. 404. Special programs for students whose families are engaged in migrant

and seasonal farmwork.

Sec. 405. Child care access means parents in school.

Sec. 406. Repeals.

Sec. 407. Sunset of TEACH grants.

PART B—FEDERAL FAMILY EDUCATION LOAN PROGRAM

Sec. 421. Federal Direct Consolidation Loans.

Sec. 422. Loan rehabilitation.

Sec. 423. Loan forgiveness for teachers.

Sec. 424. Loan forgiveness for service in areas of national need.

Sec. 425. Loan repayment for civil legal assistance attorneys.

Sec. 426. Sunset of cohort default rate and other conforming changes.

Sec. 427. Closed school and other discharges.

PART C—FEDERAL WORK-STUDY PROGRAMS

Sec. 441. Purpose; authorization of appropriations.

Sec. 442. Allocation formula.

Sec. 443. Grants for Federal work-study programs.

Sec. 444. Flexible use of funds.

Sec. 445. Job location and development programs.

Sec. 446. Community service.

Sec. 447. Work colleges.

PART D—FEDERAL DIRECT STUDENT LOAN PROGRAM

Sec. 451. Termination of Federal Direct Loan Program under part D and other conforming amendments.

Sec. 452. Borrower defenses.

Sec. 453. Administrative expenses.

Sec. 454. Loan cancellation for teachers.

PART E—FEDERAL ONE LOANS

Sec. 461. Wind-down of Federal Perkins Loan Program.

Sec. 462. Federal ONE Loan program.

PART F—NEED ANALYSIS

Sec. 471. Cost of attendance.

Sec. 472. Simplified needs test.

Sec. 473. Discretion of student financial aid administrators.

Sec. 474. Definitions of total income and assets.

PART G—GENERAL PROVISIONS RELATING TO STUDENT ASSISTANCE

Sec. 481. Definitions of academic year and eligible program.

Sec. 482. Programmatic loan repayment rates.

Sec. 483. Master calendar.

Sec. 484. FAFSA Simplification.

Sec. 485. Student eligibility.

Sec. 486. Statute of limitations.

Sec. 487. Institutional refunds.

Sec. 488. Information disseminated to prospective and enrolled students.

Sec. 489. Early awareness of financial aid eligibility.

Sec. 490. Distance education demonstration programs.

Sec. 491. Contents of program participation agreements.

Sec. 492. Regulatory relief and improvement.

Sec. 493. Transfer of allotments.

Sec. 494. Administrative expenses.

Sec. 494A. Repeal of advisory committee.

Sec. 494B. Regional meetings and negotiated rulemaking.

Sec. 494C. Deferral of loan repayment following active duty.

Sec. 494D. Contracts; matching program.

PART H—PROGRAM INTEGRITY

Sec. 495. Repeal of and prohibition on State authorization regulations.

Sec. 496. Recognition of accrediting agency or association.

Sec. 497. Eligibility and certification procedures.

TITLE V—DEVELOPING INSTITUTIONS

Sec. 501. Hispanic-serving institutions.

Sec. 502. Promoting postbaccalaureate opportunities for Hispanic Americans.

Sec. 503. General provisions.

TITLE VI—INTERNATIONAL EDUCATION PROGRAMS

Sec. 601. International and foreign language studies.

Sec. 602. Business and international education programs.

Sec. 603. Repeal of assistance program for Institute for International Public

Policy.

Sec. 604. General provisions.

TITLE VII—GRADUATE AND POSTSECONDARY IMPROVEMENT

PROGRAMS

Sec. 701. Graduate education programs.

Sec. 702. Repeal of Fund for the Improvement of Postsecondary Education.

Sec. 703. Programs for students with disabilities.

Sec. 704. Repeal of college access challenge grant program.

TITLE VIII—OTHER REPEALS

Sec. 801. Repeal of additional programs.

TITLE IX—AMENDMENTS TO OTHER LAWS

PART A—EDUCATION OF THE DEAF ACT OF 1986

Sec. 901. Education of the Deaf Act of 1986.

PART B—TRIBALLY CONTROLLED COLLEGES AND UNIVERSITIES ASSISTANCE

ACT OF 1978; DINE′ COLLEGE ACT

Sec. 911. Tribally Controlled Colleges and Universities Assistance Act of 1978.

Sec. 912. Dine′ College Act.

 

Taken from: edworkforce.house.gov

See: Republican-proposed bill could overhaul student loan process

Autoridad Nacional del Servicio Civil y el Instituto Nacional de Administración Pública del Reino de España suscriben Memorando de Entendimiento

Imagen: http://www.servir.gob.pe/wp-content/uploads/2017/11/servir-inap-suscriben-memorando-de-entendimiento-small2.jpg

Con la finalidad de fomentar el intercambio de información, experiencias y conocimiento en el ámbito de sus respectivas competencias, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR y el Instituto Nacional de Administración Pública – INAP del Reino de España firmaron un Memorando de Entendimiento el pasado 15 de noviembre en la ciudad de Madrid de España.

Autoridades de ambas entidades, Juan Carlos Cortés Carcelén, Presidente Ejecutivo de SERVIR, y Manuel Arenilla Sáez, Director del INAP, celebraron el Memorando de Entendimiento que tiene la finalidad de intensificar la cooperación en el área de formación de competencias del servicio civil, a través de la realización de programas académicos conjuntos y la formación de directivos para la función pública.

Asimismo, la cooperación entre ambas entidades facilitará la participación de los integrantes de las comunidades académicas en redes especializadas en gestión pública, que permita desarrollar proyectos de investigación e innovación, así como la realización de publicaciones conjuntas. Además, posibilitará el intercambio de material bibliográfico en soporte analógico y digital.

Lea mas en: Servir

Trump Moves to End DACA and Calls on Congress to Act

WASHINGTON — President Trump on Tuesday ordered an end to the Obama-era program that shields young undocumented immigrants from deportation, calling it an “amnesty-first approach” and urging Congress to pass a replacement before he begins phasing out its protections in six months.

As early as March, officials said, some of the 800,000 young adults brought to the United States illegally as children who qualify for the program, Deferred Action for Childhood Arrivals, will become eligible for deportation. The five-year-old policy allows them to remain without fear of immediate removal from the country and gives them the right to work legally.

Mr. Trump and Attorney General Jeff Sessions, who announced the change at the Justice Department, both used the aggrieved language of anti-immigrant activists, arguing that those in the country illegally are lawbreakers who hurt native-born Americans by usurping their jobs and pushing down wages.

Mr. Trump said in a statement that he was driven by a concern for “the millions of Americans victimized by this unfair system.” Mr. Sessions said the program had “denied jobs to hundreds of thousands of Americans by allowing those same illegal aliens to take those jobs.”

Protests broke out in front of the White House and the Justice Department and in cities across the country soon after Mr. Sessions’s announcement. Democrats and some Republicans, business executives, college presidents and immigration activists condemned the move as a coldhearted and shortsighted effort that was unfair to the young immigrants and could harm the economy.

“This is a sad day for our country,” Mark Zuckerberg, the Facebook founder, wrote on his personal page. “It is particularly cruel to offer young people the American dream, encourage them to come out of the shadows and trust our government, and then punish them for it.”

Former President Barack Obama, who had warned that any threat to the program would prompt him to speak out, called his successor’s decision “wrong,” “self-defeating” and “cruel.”

“Whatever concerns or complaints Americans may have about immigration in general, we shouldn’t threaten the future of this group of young people who are here through no fault of their own, who pose no threat, who are not taking away anything from the rest of us,” Mr. Obama wrote on Facebook.

Both he and Mr. Trump said the onus was now on lawmakers to protect the young immigrants as part of a broader overhaul of the immigration system that would also toughen enforcement.

But despite broad and longstanding bipartisan support for measures to legalize unauthorized immigrants brought to the United States as children, the odds of a sweeping immigration deal in a deeply divided Congress appeared long. Legislation to protect the “dreamers” has also repeatedly died in Congress.

Just hours after the angry reaction to Mr. Trump’s decision, the president appeared to have second thoughts. In a late-evening tweet, Mr. Trump specifically called on Congress to “legalize DACA,” something his administration’s officials had declined to do earlier in the day.

Mr. Trump also warned lawmakers that if they do not legislate a program similar to the one Mr. Obama created through executive authority, he will “revisit this issue!” — a statement sure to inject more uncertainty into the ultimate fate of the young, undocumented immigrants who have been benefiting from the program since 2012.

Conservatives praised Mr. Trump’s move, though some expressed frustration that he had taken so long to rescind the program and that the gradual phaseout could mean that some immigrants retained protection from deportation until October 2019.

The White House portrayed the decision as a matter of legal necessity, given that nine Republican state attorneys general had threatened to sue to halt the program immediately if Mr. Trump did not act.

Months of internal White House debate preceded the move, as did the president’s public display of his own conflicted feelings. He once referred to DACA recipients as “incredible kids.”

The president’s wavering was reflected in a day of conflicting messages from him and his team. Hours after his statement was released, Mr. Trump told reporters that he had “great love” for the beneficiaries of the program he had just ended.

“I have a love for these people, and hopefully now Congress will be able to help them and do it properly,” he said. But he notably did not endorse bipartisan legislation to codify the program’s protections, leaving it unclear whether he would back such a solution.

Mr. Trump’s aides were negotiating late into Monday evening with one another about precisely how the plan to wind down the program would be executed. Until Tuesday morning, some aides believed the president had settled on a plan that would be more generous, giving more of the program’s recipients the option to renew their protections.

But even taking into account Mr. Trump’s contradictory language, the rollout of his decision was smoother than his early moves to crack down on immigration, particularly the botched execution in January of his ban on travelers from seven predominantly Muslim countries.

In addition to the public statement from Mr. Sessions and a White House question-and-answer session, the president was ready on Tuesday with the lengthy written statement, and officials at the Justice and Homeland Security Departments provided detailed briefings and distributed information to reporters in advance.

Mr. Trump sought to portray his move as a compassionate effort to head off the expected legal challenge that White House officials said would have forced an immediate and highly disruptive end to the program. But he also denounced the policy, saying it helped spark a “massive surge” of immigrants from Central America, some of whom went on to become members of violent gangs like MS-13. Some immigration critics contend that programs like DACA, started under Mr. Obama, encouraged Central Americans to enter the United States, hoping to stay permanently. Tens of thousands of migrants surged across America’s southern border in the summer of 2014, many of them children fleeing dangerous gangs.

Sarah Huckabee Sanders, the White House press secretary, indicated that Mr. Trump would support legislation to “fix” the DACA program, as long as Congress passed it as part of a broader immigration overhaul to strengthen the border, protect American jobs and enhance enforcement.

“The president wants to see responsible immigration reform, and he wants that to be part of it,” Ms. Sanders said, referring to a permanent solution for the young immigrants. “Something needs to be done. It’s Congress’s job to do that. And we want to be part of that process.”

Later on Tuesday, Marc Short, Mr. Trump’s top legislative official, told reporters on Capitol Hill that the White House would release principles for such a plan in the coming days, input that at least one key member of Congress indicated would be crucial.

“It is important that the White House clearly outline what kind of legislation the president is willing to sign,” Senator Marco Rubio, Republican of Florida, said in a statement. “We have no time to waste on ideas that do not have the votes to pass or that the president won’t sign.”

The announcement was an effort by Mr. Trump to honor the law-and-order message of his campaign, which included a repeated pledge to end Mr. Obama’s immigration policy, while seeking to avoid the emotionally charged and politically perilous consequences of targeting a sympathetic group of immigrants.

Mr. Trump’s decision came less than two weeks after he pardoned Joe Arpaio, the former Arizona sheriff who drew intense criticism for his aggressive pursuit of unauthorized immigrants, which earned him a criminal contempt conviction.

The blame-averse president told a confidante over the past few days that he realized that he had gotten himself into a politically untenable position. As late as one hour before the decision was to be announced, administration officials privately expressed concern that Mr. Trump might not fully grasp the details of the steps he was about to take, and when he discovered their full impact, would change his mind, according to a person familiar with their thinking who was not authorized to comment on it and spoke on condition of anonymity.

But ultimately, the president followed through on his campaign pledge at the urging of Mr. Sessions and other hard-line members inside his White House, including Stephen Miller, his top domestic policy adviser.

The announcement started the clock on revoking legal status from those protected under the program.

Officials said DACA recipients whose legal status expires on or before March 5 would be able to renew their two-year period of legal status as long as they apply by Oct. 5. But the announcement means that if Congress fails to act, immigrants who were brought to the United States illegally as children could face deportation as early as March 6 to countries where many left at such young ages that they have no memory of them.

Immigration officials said they did not intend to actively target the young immigrants as priorities for deportation, though without the program’s protection, they would be considered subject to removal from the United States and would no longer be able to work legally.

Officials said some of the young immigrants could be prevented from returning to the United States if they traveled abroad.

Immigration advocates took little comfort from the administration’s assurances, describing the president’s decision as deeply disturbing and vowing to shift their demands for protections to Capitol Hill.

Marielena Hincapié, the executive director of the National Immigration Law Center, called Mr. Trump’s decision “nothing short of hypocrisy, cruelty and cowardice.” Maria Praeli, a recipient of protection under the program, criticized Mr. Sessions and Mr. Trump for talking “about us as if we don’t matter and as if this isn’t our home.”

The Mexican foreign ministry issued a statement saying the “Mexican government deeply regrets” Mr. Trump’s decision.

As recently as July, Mr. Trump expressed skepticism about the prospect of a broad legislative deal.

“What I’d like to do is a comprehensive immigration plan,” he told reporters. “But our country and political forces are not ready yet.”

As for DACA, he said: “There are two sides of a story. It’s always tough.”

In: nytimes

Contra el ecumenismo del odio

El Vaticano critica a los fundamentalistas xenófobos e islamófobos en un artículo de la revista de los jesuitas visado por el propio Papa y por el secretario de Estado

El papa Francisco, entre Ivanka (izquierda) y Melania Trump (derecha), en una audiencia en el Vaticano el 24 de mayo pasado. ALESSANDRA TARANTINO (REUTERS)

¿Quién se acuerda de Charles Maurras? Murió hace más de 60 años mientras cumplía cadena perpetua por complicidad con el enemigo alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Fue extraordinaria su influencia intelectual sobre las derechas más extremas europeas, incluidas las españolas, a través de su partido antisemita, ultra y monárquico, Action Française, sobre todo entre las dos guerras mundiales. Igual de extraordinaria fue su tormentosa relación con la Santa Sede, que terminó con su excomunión y las de su seguidores y con la inclusión de un puñado de sus escritos y de la propia revista que dirigía en el Índice de Libros Prohibidos.

El tiempo de las excomuniones y del Índice de los Libros Prohibidos queda lejos, olvidado ya. Roma ya no hace cosas así, al menos desde el Concilio Vaticano II. Pero si las hiciera, no hay duda de que ahora tendríamos algo parecido a un caso Maurras a propósito de las turbulentas ideas y propuestas políticas del presidente Trump y más concretamente de su consejero estratégico Steve Bannon,un príncipe de las tinieblas que inspira las políticas más extremistas de la actual Casa Blanca, como el muro con México y el muslim ban o prohibición de entrada en EE UU a ciudadanos de seis países musulmanes.

Steve Bannon es católico, mientras que Donald Trump nació en una familia presbiteriana. La religiosidad personal de ambos es más que dudosa, como le sucedía a Maurras, hasta el punto de que fue el agnosticismo del escritor francés el que le condujo a la condena eclesial. Bannon se ha divorciado dos veces a pesar de la indisolubilidad del matrimonio católico, y de Trump se desconoce si practica o si tiene siquiera alguna idea religiosa. Pero en ambos cuenta la religión como visión política del mundo, y ahí es donde el Vaticano tiene algo que decir y lo ha dicho, uniendo además en una misma crítica al catolicismo integrista y al fundamentalismo evangelista que tan buen servicio les ha rendido al Partido Republicano para ganar en las elecciones presidenciales.

Aunque el mensaje es bien claro, en cuanto a quien lo emite y a lo que dice, la vía escogida por el Vaticano es sutil e indirecta. Ha sido la revista de los jesuitas Civiltà Cattolica la que lo ha transmitido, a través de un artículo, titulado ‘Fundamentalismo evangélico e integrismo católico en Estados Unidos, un ecumenismo sorprendente’, firmado por su director, el italiano Antonio Spadaro, y por el protestante argentino Marcelo Figueroa. Un católico y un protestante denuncian precisamente la colusión de católicos y protestantes extremistas estadounidenses en un mismo pensamiento al que califican de “ecumenismo del odio”. Según el diario italiano La Repubblica, el papa Francisco en persona, el secretario de Estado Pietro Parolin y el secretario para las Relaciones con Estados Unidos, Paul Richard Gallagher, han corregido y visado el artículo.

El papa Francisco rechaza la narrativa del miedo y de la inseguridad, sobre la que Trump y su derecha alternativa construyen muros ideológicos

La primera característica de esta desviación teológica es el maniqueísmo, un “lenguaje que divide la realidad entre el Bien absoluto y el Mal absoluto”, cuestión en la que los autores citan al propio presidente Trump y que sitúa a los inmigrantes y a los musulmanes entre las amenazas al sistema de vida de Estados Unidos.Una segunda característica que denuncian Spadaro y Figueroa es el carácter de Teología de la Prosperidad que comparten los dos extremismos católico y evangelista. Su evangelio para ricos, difundido por organizaciones y pastores multimillonarios, predica una idea autojustificativa de que “Dios desea que sus seguidores tengan salud física, sean prósperos y personalmente felices”. La tercera característica es una defensa muy peculiar de la libertad religiosa, en la que extremistas católicos y protestantes se unen en cuestiones como la oposición al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo o la educación religiosa en la escuela, y propugnan un sometimiento de las instituciones del Estado a las ideas religiosas e incluso a la Biblia muy similar al que inspira al fundamentalismo islámico.

Esta visión del mundo proporciona una justificación teológica a la guerra y alienta la esperanza religiosa con la expectativa de un enfrentamiento apocalíptico y definitivo entre el Bien y el Mal. Las afinidades con la idea islamista radical de la yihad son bien claras. El artículo denuncia la web de extrema derecha Church Militant, que atribuye la victoria de Trump a las oraciones de los estadounidenses, propugna la guerra de religiones y profesa el llamado dominionismo, que es una lectura literalista del Genésis en la que el hombre es el centro de un universo a su entero servicio. Los dominionistas consideran anticristianos a los ecologistas y observan los desastres naturales y el cambio climático como irremediables signos escatológicos de un final de los tiempos apocalíptico, que no hay que obstaculizar, sino todo lo contrario.

No es posible comprender esta fuerte arremetida del Vaticano contra la extrema derecha estadounidense sin recordar la intervención de Steve Bannon en una conferencia celebrada en el Vaticano en 2014, en la que denunció la secularización excesiva de Occidente y anunció “la proximidad de un conflicto brutal y sangriento, (…) una guerra global contra el fascismo islámico”, en la que “esta nueva barbarie que ahora empieza erradicará todo lo que nos ha sido legado en los últimos dos mil o dos mil quinientos años”. También hay que situarlo en el marco de tensiones entre la Casa Blanca y el Vaticano a propósito de Oriente Próximo, especialmente tras el primer viaje de Trump en el que pretendió conectar con las tres religiones, islam, judaísmo y catolicismo, pero terminó convirtiéndose en un reforzamiento de la alianza con Arabia Saudí y un estímulo al enfrentamiento con Teherán, con consecuencias inmediatas en el bloqueo a Qatar.

El pontífice no solo discrepa de sus propuestas sobre ecología, inmigración o impuestos, sino que rechaza su estrategia en favor de Riad

Curiosamente, Spadaro y Figueroa defienden las raíces cristianas de Europa, pero con una argumentación inversa a la que se escuchaba en tiempos de Ratzinger, de la que ha desaparecido el supremacismo cristiano y blanco. “El triunfalismo, la arrogancia y el etnicismo vengativo son exactamente lo contrario del cristianismo”, aseguran. El artículo termina recordando que el papa Francisco combate la narrativa del miedo y la manipulación de la inseguridad y de la ansiedad de la gente, evita la reducción del Islam al terrorismo islamista y rechaza la idea de una guerra santa contra el islam o la construcción de muros físicos e ideológicos. Con la denuncia del ecumenismo del odio, el Vaticano sitúa a Steve Bannon y Donald Trump en un infierno ideológico análogo al que abrió las puertas a Maurras en 1927, ahora hace justo 90 años, en el que se encuentran condenados los políticos que utilizan la religión para dividir en vez de unir a los seres humanos.

En: elpais

 

SERVIR: El crecimiento del CAS hace imperativo profundizar reforma del servicio civil

  • Con el 40% del total de contratados, el CAS se convirtió en el principal régimen laboral en el Estado, sin considerar las carreras especiales, con 275 mil servidores en los tres niveles de gobierno.
  • Si las entidades se acogen a la reforma del servicio civil, se reducirá progresivamente el uso del CAS en el Estado y se incentivará la meritocracia, señala SERVIR.

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La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) alertó que el crecimiento de 8% promedio anual en las contrataciones de personal vía el régimen CAS es uno de los principales escollos para profundizar la reforma del servicio civil y la meritocracia en el Estado peruano, según el informe denominado “Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS” publicado hoy.

El referido informe, señala que, sin considerar a los regímenes de carreras especiales, el CAS se ha convertido en el principal régimen de contratación laboral en el Estado, desplazando a los contratados bajo los regímenes de los Decretos Legislativos Nº 276 y 728.

“Si excluimos a las carreras especiales, el grupo del régimen CAS pasa a concentrar a la mayor parte de servidores públicos con el 40% del total. Luego le siguen los servidores del D. Leg. 276 con el 38% y del D.Leg. 728 con el 22%”, señala el informe. Agrega que, a diciembre de 2016, existían en el Estado aproximadamente 275 mil servidores públicos bajo el régimen CAS en los tres niveles de gobierno, según la Planilla Electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

El informe indica que el número de servidores bajo el régimen CAS ha crecido de manera sostenida entre los años 2009 y 2016, considerando que pasaron de 157 mil a 275 mil, lo cual implica un incremento de 8% al año en promedio y un 76% acumulado en ese periodo. Casi la mitad de servidores sujetos al régimen CAS son de las entidades del gobierno nacional.

El referido informe también resalta que aun cuando la contratación bajo el régimen CAS pueda contar con marco presupuestal, tenga concordancia con las funciones de la entidad y siga un procedimiento determinado, muchas veces dicho régimen permite a las entidades contratar personal sin considerar instrumentos de planificación y/o presupuesto ni el uso de criterios objetivos para seleccionar personal. “Esto facilita la contratación y la hace más permeable a un uso inapropiado. Esta podría ser una de las razones por las que la cantidad de servidores contratados bajo el régimen CAS se ha incrementado en las entidades públicas”, puntualiza el informe.

Otro aspecto analizado en el informe es el costo anual de la planilla CAS, que asciende a cerca de S/ 7 750 millones incluyendo a los tres niveles de gobierno. “Dicho costo laboral anual ha crecido sostenidamente desde el año 2009: 20% en promedio al año y más del triple en términos acumulados. Ello se explica tanto por el incremento en el número de servidores CAS como de sus remuneraciones promedio”, según se precisa en el informe de SERVIR.

Señala también que si se mide la incidencia del costo de la planilla CAS en el PBI nominal, en el periodo 2009-2016 se duplicó dicho costo. “El costo de la planilla CAS representa el 1,2% del producto bruto interno (PBI) nominal, valor que se ha duplicado en relación al registrado en el año 2009 (0,6%), reflejando que el costo de los servidores CAS creció a un mayor ritmo que el PBI nominal”, puntualiza.

En cuanto a los ingresos, en el período 2013–2016, las remuneraciones mensuales promedio de los servidores sujetos al régimen CAS se incrementaron sostenidamente tanto para los hombres como para las mujeres. “En el caso de los primeros en 9% al año en promedio y en el de las segundas en 11%”, se apunta en el referido informe.

Finalmente, en el informe se señala que dada la mayor dinámica de crecimiento de las remuneraciones mensuales promedio de las mujeres en relación a las de los varones bajo el régimen CAS, la brecha salarial general de género en favor de los hombres se ha reducido de 10% a 4% entre los años 2013 y 2016, lo que está “en línea con la reducción de la brecha salarial general de género en todo el sector público registrada en los últimos años”, concluye.

Recomendaciones

Para SERVIR, acelerar y profundizar el pase de las entidades públicas a la Ley del Servicio Civil, reducirá progresivamente el uso del régimen CAS, permitiendo el desarrollo de una carrera basada en la meritocracia en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

Para ver y descargar el Informe “Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS” hacer click aquí

Lima, 10 de julio de 2017
Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional

En: servir

SERVIR: Unas 150 Mil personas laborarían en el estado en situación de informalidad

  • Informalidad laboral en el Estado ascendería a 11%. Personas que laboran en condición de informalidad suelen ser contratadas indebidamente bajo la modalidad de locación de servicios.
  • SERVIR recuerda a entidades públicas que sólo pueden contratar locadores de servicios para labores no subordinadas, bajo responsabilidad del titular.

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La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) señaló que el nivel de 11% de informalidad laboral aún existente en el sector público, es una de las principales razones para profundizar la reforma del servicio civil y la meritocracia en el Estado peruano, según el informe denominado “El reto de la formalidad en el sector público peruano” publicado hoy.

En el referido informe se señala que existirían unas 150 mil personas, el 11% del total que están al servicio del Estado, que laborarían en condición de informalidad laboral en el sector público, en vista que, según la Encuesta Nacional de Hogares del INEI, siendo subordinadas serían contratadas vía locación de servicios en el mejor de los casos, figura que sólo puede ser usada para labores no subordinadas.

“A pesar que realizarían labores subordinadas en una entidad, no estarían registradas en las planillas, por tanto, no accederían a beneficios laborales tales como vacaciones, aguinaldos, compensación por tiempo de servicios, seguridad social en salud y pensiones, entre otros”, señala el informe.

La mayor tasa de informalidad laboral en el sector público se registraría en los gobiernos locales (26%), seguida del gobierno nacional (13%) y los gobiernos regionales (6%). SERVIR señala que, no obstante, la tasa de informalidad laboral del sector público que ascendería a 11%, resultaría significativamente inferior a la del sector privado, que asciende a 55%.

“La significativa presencia de personas contratadas indebidamente como locadores en el Estado se explicaría por la intención de evitar las restricciones impuestas a las entidades –previstas en las leyes anuales de presupuesto- para contratar personal en planilla. También por la prohibición de contratar personal CAS en los proyectos de inversión pública y por la mayor flexibilidad para contratar locadores en comparación con los trámites requeridos para contratar personal subordinado, entre otros”, apunta SERVIR.

Recomendaciones

Para SERVIR, el tránsito de las entidades públicas a la Ley del Servicio Civil, minimizará el uso indebido de la locación de servicios en el Estado, considerando que -salvo los puestos de confianza- el acceso al servicio civil se realiza por concurso público de méritos.

Adicionalmente, señala que, en su momento, se podrá utilizar la modalidad de contratación a plazo fijo regulada en la Ley del Servicio Civil, en los proyectos de inversión pública, con el fin de evitar el uso inapropiado de la contratación por locación de servicios.

Otra recomendación a las entidades es aplicar con mayor rigurosidad el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, que indica que las entidades públicas “solo pueden contratar a personas naturales bajo la figura de locación de servicios para realizar labores no subordinadas, bajo responsabilidad del titular de la entidad”.

Para ver y descargar el Informe “El reto de la formalidad en el sector público peruano” hacer click aquí

Lima, 25 de julio de 2017
Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional

En: servir

Donald Trump to push for new limits on immigration, system based on skills, merit

WASHINGTON – President Donald Trump plans to join with two Republican senators to unveil legislation that would place new limits on legal immigration. It would seek an immigration system based on merit and jobs skills instead of family connections.

Trump was appearing with Republican Sens. David Perdue of Georgia and Tom Cotton of Arkansas at the White House on Wednesday to discuss the bill. The president said at an Ohio rally last month that he was working with the conservative senators to “create a new immigration system for America.”

Trump has made cracking down on illegal immigration a hallmark of his administration and has tried to slash federal grants for cities that refuse to comply with federal efforts to detain and deport those living in the country illegally.

His involvement will put him at the centre of efforts to make changes to the legal immigration system. Previewing the event, White House officials said the bill would aim to create a skills-based immigration system to make the U.S. more competitive, raise wages and create jobs.

The White House said that only 1 in 15 immigrants comes to the U.S. because of their skills, and the current system fails to place a priority on highly skilled immigrants.

Perdue and Cotton introduced the legislation in February that would change the 1965 law to reduce the number of legal immigrants, limiting the number of people able to obtain green cards to join families already in the United States.

The bill would also aim to slash the number of refugees in half and eliminate a program that provides visas to countries with low rates of immigration.

Trump’s appearance was aimed at bringing attention to the bill, which has been largely ignored in the Senate, with no other lawmaker signing on as a co-sponsor. GOP leaders have showed no inclination to vote on immigration this year.

Some immigrant advocates have criticized the proposal, saying that slashing legal immigration would hurt industries like agriculture and harm the economy.

“Our system is broken, but the response should be to modernize it, not take a sledgehammer to it,” said Jeremy Robbins, executive director of New American Economy, a group of business leaders, mayors and others backed by former New York City Mayor Michael Bloomberg that advocates for comprehensive immigration reform.

In: globalnews.ca

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