Lo prioritario para su administración era poner fin al litigio con Colombia. Esto quedó “resuelto” en mayo de 1934 cuando se suscribió en Río de Janeiro un Protocolo confirmatorio. No obstante, en la opinión pública siempre quedó en polémica la cuestión colombiana, criticándose muchas veces la cesión del “Trapecio Amazónico”.

En relación a los asuntos internos, el ambiente político se aclaró un poco gracias a una ley de amnistía que permitió un relativo acercamiento entre el APRA y el gobierno. Muchos presos políticos fueron liberados y se autorizó la circulación de los diarios clausurados. Las universidades, incluida San Marcos, reanudaron sus actividades. Todo parecía ir por buen camino hasta que llegó el 1936, año en que debía culminar el mandato de Benavides según el período para el que fue elegido Sánchez Cerro. Diversas candidatos se lanzaron, sin embargo, la Constitución prohibía la participación de los “partidos internacionales” -por su origen marxista- como el APRA y el Partido Comunista. Es por ello que el Jurado Nacional de Elecciones rechazó la candidatura de Haya de la Torre. Ante este escenario, Luis Antonio Eguiguren, quien había sido presidente de la Asamblea que promulgó la Constitución de 1933, salió vencedor en las elecciones. Pero su triunfo no fue reconocido al decidir el Congreso que se debió al endoso de votos apristas. El mandato de Benavides, ya abiertamente inconstitucional, se prolongó hasta 1939. Ahora la persecución al APRA y a los comunistas fue implacable. Otra vez desde el mismo gobierno, y con la complicidad del Congreso, se alentaba el militarismo.

Los inesperados seis años del segundo gobierno de Benavides tuvieron como lema Orden, Paz y Trabajo. A pesar de mantener una dictadura, el régimen hizo ampliar la asistencia social, la educación y, en la medida de lo posible, las obras públicas. En este sentido se construyeron diversos barrios obreros y restaurantes populares, y se crearon el Seguro Social Obrero y la Dirección de Trabajo y Previsión Social para resolver los problemas laborales. Se estableció la Dirección de Asuntos Indígenas en el Ministerio de Salud Pública; en setiembre de 1935 se promulgó la ley que establecía el Ministerio de Educación Pública y se dio incentivos para la carrera magisterial mediante el sistema de concurso para cubrir las plazas vacantes, la estabilidad laboral y el incremento de beneficios del mutualismo magisterial (préstamos, pensiones, seguro y hospitalización). También se estudiaron importantes proyectos para la construcción de hospitales como el Obrero, el central Policlínico y postas médicas tanto en Lima como en provincias.

Compró moderno armamento, edificó cuarteles y reglamentó el Servicio de Movilizables ante cualquier peligro en la seguridad nacional. También se implementaron el Terminal Marítimo y Dique Seco del Callao; se construyó la Caretera Panamericana y la Carretera Central hasta Tingo María, declarándose el libre tránsito por el territorio nacional; y se terminaron de edificar los palacios de Gobierno y Justicia, ambos en Lima. El nuevo Código Civil quedó listo en 1936 que reconoció, por vez primera, el divorcio. Asimismo, se inició una política de fomento al turismo para lo cual se construyó el Hotel de Turistas de Tingo María y se avanzaron los de Piura, Huánuco, Chala, Cusco, Camaná, Puno, Huancayo, Huaraz, Arequipa y Abancay. Finalmente se preparó el Censo General que fue realizado recién en 1940 por el siguiente gobierno.

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El general Óscar R. Benavides saltó a la fama cuando siendo coronel, en 1911, en un breve conflicto con Colombia, venció en la batalla de La Pedrera y capturó Puerto Córdova. Fue una victoria muy significativa pues el país vivía aún con la “resaca” de la derrota frente a Chile en la Guerra del Pacífico. Con ese prestigio fue llamado por los civilistas en 1914 para dar un golpe de estado contra el presidente Guillermo Billinghurst, cuyo régimen había entrado en un callejón sin salida por su disputa con el Congreso. Gobernó solo por unos meses hasta convocar elecciones en 1915; durante su primer breve mandato, estalló la Primera Guerra Mundial. Lugo viajó a Europa como “observador” en la guerra y defendió los derechos del Perú sobre Tacna u arica en la Conferencia de Versalles (1919).

Fue opositor al gobierno de Augusto B. Leguía. Por ello, renunció al cargo de embajador en Roma (1921) y se apartó de toda actividad pública, incluso a su llegada a Lima. Pero fue acusado de conspirar contra la Patria Nueva y, con otros opositores, fue desterrado a Australia. Cuando se dirigían al exilio en una nave peruana, con la ayuda de los demás exiliados, lideró una sublevación abordo y obligó al piloto a enrumbar la nave hacia Costa Rica. Luego pasó a Guayaquil, pero ante la imposibilidad de volver al Perú, viajó a Europa donde residió con su familia hasta 1930, año de la caída de Leguía.

Culminado el Oncenio, fue nombrado Embajador en Madrid (1930-31) y en Londres (1932). Pero cuando en 1933 asomó un posible conflicto con Colombia, fue llamado de emergencia y fue nombrado Director del Consejo de Defensa Nacional. Ese cargo desempeñaba el día que Sánchez Cerro cayó asesinado en el antiguo hipódromo de Santa Beatriz, justamente cuando el malogrado presidente pasaba revista a las tropas que se dirigían a la frontera con Colombia.

Como vemos, Benavides se fue perfilando como el hombre idóneo para “salvar al país” en momentos críticos. Sucedió en 1911, en la frontera con Colombia; en 1914, ante la crisis del gobierno de Billinghurst; en 1919, para defender los derechos del Perú sobre las provincias cautivas ante la opinión internacional; y ahora en 1933, ante el asesinato de Sánchez Cerro y la grave crisis política; para muchos, el Perú estaba en una virtual “guerra civil”.

El general Óscar R. Benavides

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Fueron las tensiones internacionales las que provocaron, sin ser ése el verdadero móvil, la trágica muerte del Sánchez Cerro. La firma del Tratado Salomón-Lozano con Colombia indignó a la opinión nacional, de manera especial a los loretanos, un grupo de los cuales, en setembre de 1932, se apoderó del pueblo de Leticia y expulsó a las autoridades del país vecino. Sorprendido ante el hecho Sánchez Cerro lo consideró obra de la oposición.

Tiempo antes, el líder de la Unión Revolucionaria había declarado a la agencia “Associated Press”, lo siguiente: Nosotros no reabrimos la cuestión internacional arreglada por el ex-Presidente señor Augusto B. Leguía. Nosotros miramos tales cuestiones como hechos cumplidos, pues los arreglos hechos por el anterior Gobierno lo fueron a nombre del Perú y no a nombre personal de Leguía; nuestro único interés es la reorganización interna del país y el aseo de la casa. Pero ahora el panorama había cambiado. En su entusiasmo, los captores de Leticia no midieron las consecuencias provocando la protesta colombiana. El Perú se negó a presentar excusas y hubo algunos enfrentamientos fronterizos.

Como vemos, el desarrollo de los acontecimientos ocasionó el desapego de Sánchez Cerro al Tratado. La guerra era inminente y su gobierno decide movilizar 20 mil efectivos a la frontera. El momento trágico no tardaría en llegar. El 30 de abril de 1933 cuando Sánchez Cerro pasaba revista a las tropas en el hipódromo de Santa Beatriz un joven de filiación aprista le disparó a quemarropa con más de una decena de balas. El temor a que Sánchez Cerro pudiera organizar un partido que lograra tener más éxito con las masas empujó al asesino, o a quienes lo instigaron al crimen, eliminar físicamente a su principal adversario político. Asesinado el presidente, esa misma tarde el Congreso decidió nombrar al general Oscar R. Benavides para completar el período del difunto gobernante. El nombramiento era una clara violación constitucional pero se invocó la situación de emergencia. El militarismo continuaba.

Tumba de Sánchez Cerro en el cementerio Presbítero Maestro

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El 8 de diciembre de 1931 se instalaba la Asamblea Constituyente y asumía la presidencia Sánchez Cerro. Su primer gabinete estuvo integrado por Germán Arenas, Presidente y Ministro de Fomento; Luis Miró Quesada, Relaciones Exteriores; José Manuel García Bedoya, Gobierno; Eufracio Alvarez, Justicia e Instrucción; José Cateriano, Hacienda; coronel Manuel E. Rodríguez, Guerra; y Alfredo Banavides Canseco, Marina. Pero a partir de ese instante, la aparente calma desapareció y los apristas iniciaron una feroz campaña de oposición y violencia que siempre encontró una reacción firme del gobierno en hacer respetar los resultados electorales. Este clima fue empeorando hasta desembocar, prácticamente, en una guerra civil.

El primer escenario de enfrentamiento fue el Congreso donde la “cédula parlamentaria aprista” (liderada por Manuel Seoane, Carlos Manuel Cox, Luis Heysen y Luis Alberto Sánchez) empezó sus debates con el oficialismo en medio de gritos, amenazas e insultos. Pronto circularon rumores de conspiraciones e intentos de asesinatos. El Congreso, entonces, aprobó una “ley de emergencia” destinada a reprimir cualquier desmán que a su juicio podía ocasionar el APRA. De este modo se cerraron sus locales, se clausuró su periódico La Tribuna y el 18 de febrero de 1932 fueron desaforados y luego deportados los parlamentarios apristas. Los principales líderes del “partido del pueblo” fueron perseguidos y varios de ellos pasaron a la clandestinidad. Haya de la Torre fue recluido en la isla de El Frontón.

De este modo surgía una relación, basada en el terror, entre el APRA y el Ejército. Su momento más sangriento fue la revolución aprista de Trujillo que se inició con la masacre de varios oficiales del ejército en el cuartel O’Donovan y culminó con la ejecución masiva de los cabecillas apristas en los muros de la ciudadela de Chan Chan. El gobierno culpó a la dirigencia aprista de instigar o participar directamente en esta frustrada revolución. Como si esto fuera poco, Sánchez Cerro sufrió un atentado contra su vida cuando salía luego de escuchar misa en la Iglesia Matriz de Miraflores. Un joven aprista le disparó con un revólver por la espalda y el presidente salvó milagrosamente. Pero estos hechos, todos ocurridos en 1932, el “año de la barbarie”, no serían sino el preludio de otro aún más dramático: el asesinato del propio Sánchez Cerro.

Manifestación aprista en los años 30

Obra de gobierno.- En abril de 1933 quedó sancionada la nueva Constitución. El texto tuvo antecedente en el anteproyecto que realizó una comisión ad honorem nombrada por la Junta de Gobierno en agosto de 1931. La integraron Manuel Vicente Villarán, como presidente, Víctor Andrés Belaúnde, Diómedes Arias Schereiber, Carlos García Gastañeta, Carlos Doig y Lora, Jorge Basadre, José León Barandiarán, Toribio Alayza y Paz Soldán, Ricardo Palma, Luis Eduardo Valcárcel, Emilio Romero y César Antonio Ugarte.

Luego de la experiencia leguiísta, la nueva carta magna no contempló la reelección inmediata y amplió el período presidencial a seis años. Gozaban de derecho a sufragio los ciudadanos que supieran leer y escribir y el voto era secreto. El Estado protegía a la Religión Católica, sin embargo, las demás gozaban de libertad para el ejercicio de sus respectivos cultos. Se aplicaba la pena de muerte por delitos de traición a la patria y homicidio calificado. Contemplaba el “habeas corpus” y, entre los derechos fundamentales, estaban la libertad de asociarse y contratar; la inviolabilidad de la propiedad; la libertad laboral; no había prisión por deudas; la libertad de conciencia; el derecho de petición; la inviolabilidad de domicilio; la libertad de reunión; la libertad de prensa; la inviolabilidad de correspondencia; la libertad de tránsito; y el derecho de no ser expatriado.

En el orden interno, a pesar de la guerra civil, el régimen pudo realizar algunas obras. Una decisión inteligente fue la supresión de la “ley de conscripción vial” que tantos perjuicios ocasionó a los indios durante el Oncenio. En beneficio a los trabajadores se estableció el jornal extra por el 1º de mayo, el régimen de vacaciones, la construcción de restaurantes populares y el contrato individual de trabajo. Incluso se llegó a establecer un fondo especial para los desocupados. En el campo de la defensa nacional, y ante un posible conflicto con Colombia, se crearon la Jefatura Superior de Defensa Nacional y la Junta Económica de Defensa; se ordenó la construcción de cuarteles en La Perla, Juliaca e Iquitos; se dispuso la construcción del Hospital de Sanidad en Las Palmas; y se intentó renovar el material bélico. Finalmente, la educación se vio favorecida con la intención de construir escuelas modernas para mil alumnos cada una y la inauguración de 90 centros en todo el país, así como la creación de escuelas prácticas y especializadas.

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Entre los candidatos que se presentaron, dos fueron los más importantes y entre ellos se decidía al futuro Presidente de la República: Luis M. Sánchez Cerro, por su partido la Unión Revolucionaria, y Víctor Raúl Haya de la Torre, por el Partido Aprista Peruano (P.A.P.). Los otros fueron Arturo Osores, ardiente enemigo de la dictadura de Leguía al que apoyaba la Coalición Nacional, y José María de la Jara Ureta, del Partido Unión Nacional. Pocas veces en la historia republicana hubo tanto entusiasmo y expectativa ante un proceso electoral.

De estas elecciones, de otro lado, no sólo debía salir el nuevo Presidente de la República, sino también un Congreso Constituyente que elaborara una nueva constitución que debía reemplazar a la de Leguía promulgada en 1920. Finalmente, la organización y conducción de los sufragios corrió a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (J.N.E.), presidido por el fiscal más antiguo de la Corte Suprema.

El resultado electoral.- Según “El Comercio”, los comicios se llevaron a cabo con gran sentido de ecuanimidad. Ellas se caracterizaron por el respeto de unos ciudadanos con otros ciudadanos. Enormes masas de gente fueron a depositar sus sufragios y esperaron el turno correspondiente sin agresiones de ninguna clase. No hubo hechos de sangre ni abusos el día que fue ejercido el acto cívico. Alrededor de 300 mil electores depositaron sus votos a favor de los cuatro candidatos presidenciales y de una multitud de candidatos al Congreso.

De acuerdo a la información oficial, votó el 80% de los inscritos en el Registro Electoral. Los resultados fueron los siguientes: Sánchez Cerro 152 mil votos; Haya de la Torre 106 mil; José María de la Jara y Ureta 21,921; y Arturo Osores 19,653. Un examen de los votos apristas revela su marcado apoyo regional. Haya recibió casi el 44% de su votación total en los cinco departamentos del norte. Del 56% restante, el 30% lo obtuvo del populoso departamento de Lima (incluyendo el Callao) mientras que los otros 16 departamentos sólo contribuyeron con el 26% de sus votos.

La victoria del candidato “urrista” era contundente, había obtenido más votos que los otros juntos, sin embargo, mientras La Jara y Osores reconocían su derrota, los apristas denunciaron fraude electoral y llegaron a decir que Haya de la Torre era el “Presidente moral del Perú”. La victoria de Sánchez Cerro era un golpe amargo para las legiones apristas que daban por descontado el triunfo de Haya. Habían sido convencidos de que había llegado el momento de cambiar el país en beneficio de ellos mismos. Su frustración era inmensa. Lo importante es que a partir de allí el Partido del Pueblo inició una cerrada oposición desde el recién instalado Congreso Constituyente y desde las calles. Este fue el inicio del odio aprista hacia Sánchez Cerro y de la violencia que se desató en el país que tuvo sus puntos más álgidos durante la Revolución Aprista de Trujillo (1932) y el asesinato de Sánchez Cerro (1933).

Sánchez Cerro, triunfador del proceso electoral

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La noticia de la caída de Leguía fue acogida jubilosamente por Haya de la Torre en su exilio europeo e inmediatamente puso en acción sus planes para organizar en el Perú el partido aprista. Mientras llegaba, sus colaboradores registraron oficialmente al Partido Aprista Peruano y se formó un nuevo comité ejecutivo, al mando de Carlos Manuel Cox. Luego se fundaron varios periódicos apristas en todo el país, entre ellos La Tribuna, en Lima. Finalmente, este comité anunció la convocatoria al Primer Congreso Aprista Regional en Trujillo a fin de elaborar el programa del partido ante la justa electoral.

Haya regresó de su forzado exilio e inició su campaña recorriendo la costa norte pueblo por pueblo hasta cerrar su aventura electoral el 23 de agosto de 1931 en la Plaza de Acho de Lima, ante una inmensa multitud de trabajadores y limeños de clase media. El joven político trujillano, de apenas 36 años, antes de concluir su discurso, y para júbilo de sus seguidores, exclamó sólo el aprismo salvará al Perú. A partir de entonces, el APRA y Haya de la Torre iniciaron una tempestuosa, y a veces sangrienta, carrera que a lo largo de más de 50 años alcanzaría importante gravitación en el panorama político peruano.

Campaña de 1931

A diferencia de Sánchez Cerro, Haya basó su discurso en un análisis detallado de los principales problemas del país. Utilizando sus ideas desarrolladas en El Antiimperialismo y el APRA, moderó sus anteriores llamados a la revolución y a la construcción del socialismo. Anunció la creación del “estado aprista”, llamado a veces “estado antiimperialista”, para aceptar correctamente las innovaciones traídas por el capitalismo extranjero. No somos -declaró- enemigos del capital extranjero; sin embargo, consideramos absolutamente necesario que el Estado lo controle para que su función en la economía nacional sea de cooperación y no de absorción.

La fascinación que ejercía Haya era su llamado a hombres o mujeres, jóvenes o adultos, obreros, empleados o desocupados, a la tarea de formar una empresa colectiva (“el estado antiimperialista”) y ser protagonistas de la vida política. La idea era sacarlos del anonimato o del menosprecio. Al menos esa fue la idea de quienes votaron por Haya en 1931.

Pese a todo, el discurso de Haya, maquillado en muchos aspectos para estas elecciones, resultaba demasiado radical para la mentalidad política del país. Si bien sus repetidos ataques a las clases altas eran sólo retóricos, asustaron tremendamente a los grupos conservadores y por qué no a muchos artesanos y gente de clase media temerosa de perder sus pequeñas propiedades. De este modo la Iglesia, el Ejército y la oligarquía costeña no escatimaron esfuerzos para denunciar al APRA como un movimiento subversivo internacional que pretendía destruir la integridad nacional. Los apristas, sobre todo los más jóvenes, respondieron esos ataques con agresividad:

Haya de la Torre en mítin con el saludo aprista

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Un día como hoy, el 14 de noviembre de 1940, en Piedras Gordas, Ancón, durante las maniobras militares de la Segunda División Ligera del Ejército, en coordinación con la Aviación y la Marina de Guerra del Perú, el sargento segundo paracaidista, Lázaro Orrego Morales, cayó en tierra al no abrírsele el paracaídas en una maniobra con un grupo de paracaidista de nuestra aviación. Su muerte, la primera de un paracaidista peruano en cumplimiento del deber, marcó una fecha memorable en el calendario de nuestra aviación: “El Día del Paracaidista Peruano”, todos los 14 de noviembre.

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Fue el partido fundado por Sánchez Cerro poco antes de las elecciones de octubre de 1931. Fue un partido de enorme arraigo popular. El origen mestizo y provinciano de su líder, que fue capaz de pulverizar el edificio leguiísta, ejercía enorme fascinación entre los obreros y los grupos medios urbanos.

Sus bases doctrinarias tuvieron influencia italiana, tanto en la organización de las masas, la formación de sus fuerzas de choque, como en su sistema de represión. Su lema era el Perú sobre todo, lo que demostraba su clara vocación nacionalista propia de un militar que toma el poder, y como respuesta a las influencias “foráneas” representadas por el aprismo y el comunismo. Otro de los objetivos de la U.R. era mantener el orden público, aspecto muy importante en 1931, cuando el caos político y social arreciaba. Se proponía devolver la paz al país, para lo cual el papel del Estado debía seguir creciendo. Defendía la exaltación de ciertos valores (patria, honradez, religión, valor y superación espiritual), que sin duda tendían a la creación de una mística, propia de los fascismos europeos de entonces. Por ello, el Estado debía asumir el control de la educación y de la prensa como medios para orientar a las masas y formarlas dentro de los valores que debía difundir. También se comprometía a respetar y promover la propiedad individual para la producción, cuando los otros partidos de orientación marxista la cuestionaban o hablaban de la desaparición de la propiedad privada.

Sánchez Cerro llegando a Lima

Aparte de esta nueva versión del autoritarismo, la Unión Revolucionaria no ofrecía nada novedoso para combatir la crisis. En ese sentido el discurso de Haya de la Torre fue más imaginativo. El programa de Sánchez Cerro era una readaptación de viejas propuestas políticas: impulso a la descentralización, presupuestos balanceados, una política de estabilidad monetaria, promoción a la inversión extranjera y proyectos de colonización de la selva. Tampoco le faltó al programa una cuota de populismo y demagogia: promesa en distribuir tierras y reivindicar a las “oprimidas” masas indígenas. Pero esto último, subrayaban, eran metas a largo plazo.

Su cúpula directriz estuvo conformada por una mezcla de antiguos políticos y jóvenes profesionales. Entre los primeros destacaban José M. García Bedoya, Clemente J. Revilla, Pedro A. del Solar y Eduardo Lanatta; entre los segundos Carlos Sayán Alvarez, Alfredo Herrera, Abelardo Solís, Luis A. Flores, Ernesto Byrne Valcárcel, Ernesto Delgado Gutiérrez, Elías Lozada Benavente, Manuel Mujica Gallo, Pedro Ugarteche y Guillermo Hoyos Osores. El diario El Comercio apoyó resueltamente la candidatura sanchecerrista así como José de la Riva-Agüero y Osma, antiguo fundador del Partido Nacional Democrático. Luego de la muerte de Sánchez Cerro, la Unión Revolucionaria perdió fuerza aunque siguió figurando hasta fines de la década de 1950 pero sin ningún tipo de representatividad.

Luis A. Flores, secretario de la Unión Revolucionaria

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Derrocado Leguía, subió al poder Sánchez Cerro al mando de una Junta Militar y se produjeron disturbios de obreros y universitarios, así como alzamientos militares en Arequipa y el Callao. La situación se puso tan crítica que Sánchez Cerro tuvo que dimitir. Una Junta de Notables acordó confiar el poder a Leoncio Elías, presidente de la Corte Suprema. Dos días después, Elías se vio obligado a entregar el mando al comandante Gustavo Jiménez. Los desórdenes continuaron hasta terminar la banda presidencial en manos de David Samanez Ocampo. Su principal objetivo fue realizar elecciones libres y restaurar el orden constitucional. De este modo, invocando la unión de toda la ciudadanía, Samanez Ocampo convocó a las elecciones generales de 1931, una de las más polémicas de nuestra historia republicana.

La figura de Sánchez Cerro.- El mayor mérito del coronel Luis M. Sánchez Cerro (Piura, 1889) era el de haber acabado con el “tirano” que gobernó al país durante once años. Hijo de un modesto escribano, había culminado sus estudios secundarios en el Colegio San Miguel de su ciudad natal; uno de sus amigos por aquella época fue Luis Antonio Eguiguren. Luego se trasladó a Lima y se graduó, en 1910, en la Escuela Militar de Chorrillos. Fue destacado a Sullana durante la tensión con Ecuador (1911), que culminó con el arbitraje del Rey de España.

Siendo teniente, participó activamente en el golpe que derribó a Guillermo Billinghurst en 1914. Fue en esta operación que, por herida de bala, perdió dos dedos de la mano derecha, lo que le valió el apodo de “el mocho”. Promovido a capitán por el presidente Pardo fue enviado como agregado militar a la embajada del Perú en Washington. Retornó en 1918 y publicó en La Prensa un artículo titulado “Ejército y Armada” firmado con el seudónimo “Desaix”, que fue considerado ofensivo por los alumnos de la Sección Superior de la Escuela Militar.

Como sargento mayor, sirvió en Loreto, Arequipa y Sicuani, y como juez militar en Cuzco. Desde la ciudad imperial encabezó un fallido pronunciamiento contra el régimen de Leguía y, gravemente herido, sufrió prisión en Taquile (1922). Separado del ejército, volvió como ayudante en el Ministerio de Guerra en 1925. Viajó a Europa en misión de estudios, se alistó en el ejército español y concurrió a la guerra sostenida en Marruecos. También estuvo en Italia y Francia. Al volver fue ascendido a teniente coronel y comandante del Batallón de Zarpadores de la guarnición de Arequipa.

Fue en ese puesto que encabezó la célebre revolución de Arequipa. Derrocado Leguía supo ganarse el apoyo del pueblo pero pronto se introdujo en los círculos sociales de la élite. Fue invitado a formar parte del exclusivo Club Nacional y la oligarquía pronto vio que podía contar con un candidato que tuviera el apoyo de las masas y el respaldo del ejército. El objetivo era frenar a las masas “comunistas” que seguían al APRA, especialmente ahora que el electorado había sido ampliado por la ley de reforma promulgada en 1931 que incluía a todos los varones adultos que supieran leer y escribir. La oligarquía se daba cuenta que si bien la nueva ley era bastante restrictiva en la zona andina, ahora no tenía el poder absoluto sobre el sistema electoral del que gozó durante el Segundo Civilismo.

Luis M. Sánchez Cerro

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En octubre de 1930 la Junta de Gobierno Presidida por Sánchez Cerro nombró una Comisión de reforma monetaria. El trabajo de la Comisión estuvo asesorado por el profesor norteamericano Edwin W. Kemmerer quien antes había reorganizado las finanzas de Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile. Kenmmerer llegó a Lima acompañado de varios técnicos de la más alta calidad. La tarea básica de la Misión fue evaluar la situación de la moneda y las funciones del Banco de Reserva respecto a ella. Varias fueron las recomendaciones finales de la Misión, lamentablemente la Junta de Sánchez Cerro sólo aceptó algunas, especialmente la reforma del Banco de Reserva.

El profesor Edwin W. Kemmerer

Por ello, en abril de 1931 se creó el Banco Central de Reserva tomando a su cargo el activo y el pasivo del Banco de Reserva creado por Leguía. Su principal objetivo era mantener la estabilidad monetaria y regular el circulante, función que no tenía el anterior. Se había creado el mecanismo para que el gobierno pudiera manejar la política bancaria y el control o devaluación del tipo de cambio. Entre 1930 y 1933 se produjo una devaluación, para luego, hasta 1937, revalorizarse la moneda; entre 1938 y 1940 hubo otro proceso devaluatorio, pero durante los años cuarenta el signo monetario se mantuvo estable. La sistemática intervención del nuevo Banco tuvo mucho que ver en esto.

De otro lado, se amplió la Banca de Fomento con la creación del Banco Agrícola (1931), El Banco Industrial del Perú (1936) y el Banco Minero del Perú (1942). Pero como todos ellos dependían del Banco Central, terminaron privilegiando las actividades sólidamente establecidas o aquellas que garantizaban una alta rentabilidad. En la práctica no democratizaron el crédito por lo que no actuaron como una verdadera banca de fomento. El Banco Agrario, por ejemplo, dirigió sus préstamos a los valles de la costa norte y de Lima e Ica (el 98% de sus créditos). El Banco Industrial privilegió las actividades industriales con miras al mercado interno (así lo hicieron también el Banco Popular y el Banco Italiano, convertido ahora en el Banco de Crédito).

Los créditos a provincias no se distribuyeron en forma homogénea. La sierra sur y la Amazonía estuvieron sistemáticamente desatendidas. Después de Lima (entre el 70 y 75%), las zonas privilegiadas fueron la costa norte (10%) y Arequipa (7%). Como vemos, la concentración del crédito en Lima fue demasiado alta, favoreciendo el desarrollo de la industria capitalina y el centralismo.

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