El 8 de diciembre de 1931 se instalaba la Asamblea Constituyente y asumía la presidencia Sánchez Cerro. Su primer gabinete estuvo integrado por Germán Arenas, Presidente y Ministro de Fomento; Luis Miró Quesada, Relaciones Exteriores; José Manuel García Bedoya, Gobierno; Eufracio Alvarez, Justicia e Instrucción; José Cateriano, Hacienda; coronel Manuel E. Rodríguez, Guerra; y Alfredo Banavides Canseco, Marina. Pero a partir de ese instante, la aparente calma desapareció y los apristas iniciaron una feroz campaña de oposición y violencia que siempre encontró una reacción firme del gobierno en hacer respetar los resultados electorales. Este clima fue empeorando hasta desembocar, prácticamente, en una guerra civil.
El primer escenario de enfrentamiento fue el Congreso donde la “cédula parlamentaria aprista” (liderada por Manuel Seoane, Carlos Manuel Cox, Luis Heysen y Luis Alberto Sánchez) empezó sus debates con el oficialismo en medio de gritos, amenazas e insultos. Pronto circularon rumores de conspiraciones e intentos de asesinatos. El Congreso, entonces, aprobó una “ley de emergencia” destinada a reprimir cualquier desmán que a su juicio podía ocasionar el APRA. De este modo se cerraron sus locales, se clausuró su periódico La Tribuna y el 18 de febrero de 1932 fueron desaforados y luego deportados los parlamentarios apristas. Los principales líderes del “partido del pueblo” fueron perseguidos y varios de ellos pasaron a la clandestinidad. Haya de la Torre fue recluido en la isla de El Frontón.
De este modo surgía una relación, basada en el terror, entre el APRA y el Ejército. Su momento más sangriento fue la revolución aprista de Trujillo que se inició con la masacre de varios oficiales del ejército en el cuartel O’Donovan y culminó con la ejecución masiva de los cabecillas apristas en los muros de la ciudadela de Chan Chan. El gobierno culpó a la dirigencia aprista de instigar o participar directamente en esta frustrada revolución. Como si esto fuera poco, Sánchez Cerro sufrió un atentado contra su vida cuando salía luego de escuchar misa en la Iglesia Matriz de Miraflores. Un joven aprista le disparó con un revólver por la espalda y el presidente salvó milagrosamente. Pero estos hechos, todos ocurridos en 1932, el “año de la barbarie”, no serían sino el preludio de otro aún más dramático: el asesinato del propio Sánchez Cerro.
Manifestación aprista en los años 30
Obra de gobierno.- En abril de 1933 quedó sancionada la nueva Constitución. El texto tuvo antecedente en el anteproyecto que realizó una comisión ad honorem nombrada por la Junta de Gobierno en agosto de 1931. La integraron Manuel Vicente Villarán, como presidente, Víctor Andrés Belaúnde, Diómedes Arias Schereiber, Carlos García Gastañeta, Carlos Doig y Lora, Jorge Basadre, José León Barandiarán, Toribio Alayza y Paz Soldán, Ricardo Palma, Luis Eduardo Valcárcel, Emilio Romero y César Antonio Ugarte.
Luego de la experiencia leguiísta, la nueva carta magna no contempló la reelección inmediata y amplió el período presidencial a seis años. Gozaban de derecho a sufragio los ciudadanos que supieran leer y escribir y el voto era secreto. El Estado protegía a la Religión Católica, sin embargo, las demás gozaban de libertad para el ejercicio de sus respectivos cultos. Se aplicaba la pena de muerte por delitos de traición a la patria y homicidio calificado. Contemplaba el “habeas corpus” y, entre los derechos fundamentales, estaban la libertad de asociarse y contratar; la inviolabilidad de la propiedad; la libertad laboral; no había prisión por deudas; la libertad de conciencia; el derecho de petición; la inviolabilidad de domicilio; la libertad de reunión; la libertad de prensa; la inviolabilidad de correspondencia; la libertad de tránsito; y el derecho de no ser expatriado.
En el orden interno, a pesar de la guerra civil, el régimen pudo realizar algunas obras. Una decisión inteligente fue la supresión de la “ley de conscripción vial” que tantos perjuicios ocasionó a los indios durante el Oncenio. En beneficio a los trabajadores se estableció el jornal extra por el 1º de mayo, el régimen de vacaciones, la construcción de restaurantes populares y el contrato individual de trabajo. Incluso se llegó a establecer un fondo especial para los desocupados. En el campo de la defensa nacional, y ante un posible conflicto con Colombia, se crearon la Jefatura Superior de Defensa Nacional y la Junta Económica de Defensa; se ordenó la construcción de cuarteles en La Perla, Juliaca e Iquitos; se dispuso la construcción del Hospital de Sanidad en Las Palmas; y se intentó renovar el material bélico. Finalmente, la educación se vio favorecida con la intención de construir escuelas modernas para mil alumnos cada una y la inauguración de 90 centros en todo el país, así como la creación de escuelas prácticas y especializadas.
los miserables como sanchez cerro, deben desaparecer de nuestras vidas, jamas son usos de la guerra vencer o ser vencidos, seria bueno que se revise o considere las ejecuciones realizadas en huaraz y el callejon de Huaylas y sus gestas libertarias como contribución al perú