“Consejo impulsa uso del lenguaje claro en decisiones de magistrados”
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RICARDO LEÓN PASTOR. CONSULTOR EN ARGUMENTACIÓN JURÍDICA
“Consejo impulsa uso del lenguaje claro en decisiones de magistrados”
María Avalos Cisneros – mavalos@editoraperu.com.pe
Entrevista. El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) dio un paso muy importante en predictibilidad al publicar su primer precedente administrativo con las reglas que emplea para evaluar las decisiones e informes de jueces y fiscales bajo ratificación.
¿Es la primera vez que se dicta un precedente sobre la evaluación de magistrados por el CNM?
En efecto, lo que se hizo en años anteriores fue trabajar criterios muy generales del reglamento de ratificación de magistrados; sin embargo, hasta ahora no se habían puntualizado criterios más específicos sobre el tema, que los administradores llaman indicadores. Por ejemplo, una cosa es decir que la resolución debía ser clara, pero no se explicaba qué cosa lo era. El mérito de este precedente es que, efectivamente, puntualiza un conjunto de detalles sobre cuáles son los elementos que pueden significar lo que es o no claro. Eso es importante.
¿Estos criterios permiten advertir a los magistrados sobre las reglas con las que evaluarán sus labores?
Así es, lo cual me parece una buena decisión. Por eso, el precedente del consejo trabaja cuatro temas, como son: la evaluación de la comprensión jurídica del problema; la evaluación de la coherencia lógica y solidez argumentativa; la evaluación de la congruencia procesal; y, la evaluación de la fundamentación jurídica y el manejo de la jurisprudencia. Y, ¿por qué lo desarrolla así?, porque son los cuatro grandes temas que aparecen como criterios de evaluación en el reglamento de los procesos de ratificación.
¿El énfasis en estas pautas es el lenguaje claro?
Es verdad, ¿Qué ocurre?, pues para que uno pueda demostrar la comprensión jurídica del problema, debe tener mucha claridad mental y lingüística. Los procesos de argumentación no solo en lo legal, sino en cualquier esfera de la actividad humana, son muy influidos por el lenguaje. Por tanto, para demostrar comprensión del problema, como ya lo afirmaba Aristóteles, uno debe ser capaz de explicárselo a alguien que no lo haya entendido. Y ello es uno de los principales errores de nuestros jueces, que no explican lo que está pasando con el caso. Esto podría demostrar que no logró comprender el problema en toda su magnitud, que finalmente es lo que evalúa el CNM y, luego, el daño que suscitará al ciudadano sobre quien recaerá su decisión, que es lo que está pasando. Por tanto, claridad de la comprensión del problema supone claridad lingüística y del razonamiento; tanto en la comprensión del asunto como en su capacidad explicativa.
Un objetivo difícil pues muchos magistrados fueron formados bajo una tradición muy formalista.
Es cierto, hasta hace 10 o 15 años se pensaba que ser un buen juez significa expedir resoluciones en un lenguaje difícil y erudito. Entonces, se citaban cosas en latín, pero al final, al leerse estas resoluciones, nadie las entendía, ni los propios abogados. Entonces, parecía que el lenguaje estaba hasta mal usado, muy elegante, muy erudito, lleno de frases rimbombantes, pero que al final del día resultaban siendo adornos, al no encontrarse razones de fondo. Por eso, el CNM ahora impulsa una política de lenguaje claro, muy importante porque incluso constituye una garantía constitucional hacia un estado más inclusivo. En realidad, es todo un movimiento mundial, iniciado primero en los Estados Unidos y luego en el resto de Europa del Norte, que invita a los magistrados y funcionarios a hablar con claridad, para que el ciudadano de a pie lo pueda entender. Por eso, el CNM hace bien en insistir en la política del lenguaje claro, y ojalá que los jueces lo entiendan.
¿Se insta en forma especial a la coherencia lógica y solidez argumentativa?
En general, para el consejo una resolución o dictamen será de buena calidad si cumple con los requisitos que la ley establece para su validez. No basta que haya un orden o claridad sino que se requiere que esté motivada según los parámetros que las leyes estipulen. En lo específico, sobre la coherencia lógica y solidez argumentativa, se remarca un concepto básico de la argumentación jurídica como es la aplicación de la justificación interna y externa. La primera es la estructura básica del razonamiento, que pasa por una premisa mayor que contiene la norma; una premisa menor, que recae en el hecho del caso; y, la conclusión. La segunda es un conjunto de razones materiales que da el juez o fiscal para demostrar el empleo correcto de las premisas normativas y de los hechos del caso. En este aspecto, el CNM señala pautas interesantes sobre lo que debe constituir elementos básicos. Por ejemplo, que el estándar de motivación suficiente pueda identificar el problema del caso. Luego, identificar la norma aplicable; y que efectivamente se explique cómo el hecho se subsume en el supuesto de hecho que el legislador ha previsto.
¿Los tribunales administrativos también deberán asimilar estas pautas para el lenguaje claro?
Sin duda, es una necesidad para todo el Estado. Si se entiende al Estado como un Estado constitucional, social y en el marco de la política actual de inclusión, pues la única forma de hacerlo con el lenguaje es hablándole claro a la gente, no hay otra forma.
Lectura obligada
El pleno del CNM estimó necesario fijar las reglas generales para evaluar a futuro todas las resoluciones, dictámenes, disposiciones, actas y otros documentos producidos por todos los magistrados del país, en ejercicio de sus funciones. Dichas reglas, desarrolladas en la Resolución Nº 120-2014-CNM, se guían por los criterios de orden, claridad, coherencia, congruencia y adecuada fundamentación jurídica, contenidos en la Ley de la carrera judicial.
Así, espera limitar el empleo innecesario de elementos argumentativos, así como incentivar el uso del lenguaje claro y coherente con las necesidades argumentativas propias del caso en concreto.
El problema
Según el CNM, en más de 1,500 procesos de ratificación, realizados en tres años, observaron cómo jueces y fiscales presentaban al examen decisiones e informes con muy serias deficiencias.
En muchos casos, se referían a la falta de orden, ausencia de claridad, errores de sintaxis y ortográficos, redundancia, insuficiencia argumentativa y el exceso de citas doctrinarias y jurisprudenciales innecesarias o poco relevantes para la solución de los casos.
Todo esto tenían como consecuencia directa la disminución de la claridad de la decisión y muchas veces acarreaba una baja calificación al ser evaluados por el CNM.
Publicado: 10/07/2014 en El Peruano
Asunto Castañeda Segovia
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Antecedentes
Sentencia de fecha 16 de enero de 2012
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012//04944-2011-AA.pdf
Resolución de aclaración de fecha 17 de abril de 2012
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012//04944-2011-AA%20Aclaracion.pdf
Resolución de fecha 9 de setiembre de 2013 que resuelve el primer recurso de apelación por salto
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013//01044-2013-AA.pdf
Sentencia ampliatoria
Resolución de fecha 30 de abril de 2014 que resuelve el segundo recurso de apelación por salto
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/00791-2014-AA.pdf
Resolución que deniega liminarmente pedido de nulidad
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014//00791-2014-AA%20Nulidad.pdf
Resolución de aclaración
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/00791-2014-AA%20Aclaracion.pdf
Nota de Prensa Nº 047-2014-OII/TC
TC PRECISÓ QUE EL NOMBRAMIENTO DE LAS FISCALES SUPREMAS ZORAIDA AVALOS Y NORA MIRAVAL TIENE PLENA VALIDEZ Y DEJÓ SIN EFECTO EL NOMBRAMIENTO DE MATEO CASTAÑEDA
El Tribunal Constitucional (TC), mediante resolución suscrita por los magistrados Mesía Ramírez, Eto Cruz y Álvarez Miranda, precisó que el nombramiento de las fiscales supremas titulares del Ministerio Público, Zoraida Ávalos Rivera y Nora Miraval Gambini, es plenamente legítimo; y por consiguiente, el título que las acredita como tal, así como el acto de su juramentación mantienen plena validez, no afectándoles la declaración de nulidad efectuada por este Tribunal.
Fue al declarar fundado en parte el pedido de nulidad, entendido como de aclaración, planteado por el CNM (Expediente Nº 00791-2014-PA/TC) contra la presente sentencia, en el extremo en que se declaró nulos los nombramientos de las fiscales supremas Zoraida Ávalos y Nora Miraval.
Asimismo, dejó sin efecto el nombramiento como fiscal supremo de Mateo Castañeda Segovia. Sin embargo, declaró fundado el recurso de apelación por salto planteado por Castañeda Segovia, y por lo tanto ordenó, en caso exista plaza vacante, que el CNM lo nombre como Fiscal Supremo del Ministerio Público, respetando estrictamente el orden de méritos alcanzado en el concurso.
El TC señaló que en caso de no existir plazas vacantes, deberá dejarse en reserva una plaza a fin de que sea ocupada por el demandante, una vez que se produzca la correspondiente vacancia en la Fiscalía Suprema.
Además, el TC ordenó que el CNM, como medida reparadora, no realice ningún concurso público para Fiscales Supremos, mientras no se nombre al demandante como Fiscal Supremo.
Cabe recalcar que similar pronunciamiento se emitió en el caso seguido por César Hinostroza Pariachi. (Exp. 00776-2014-PA/TC), mediante resolución que fue suscrita por los magistrados Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Eto Cruz y Álvarez Miranda.
Lima, 8 de mayo de 2014
En http://www.tc.gob.pe/notas_prensa//notas/2014/nota_2014_047.html
Comentarios de La Ley
http://laley.pe/not/1301/tc_declara_nulos_nombramientos_de_fiscales_supremas/
http://laley.pe/not/1303/5_claves_legales_para_entender_la__nueva__guerra_entre_el_tc_y_el_cnm/
http://laley.pe/not/1325/tc-vs-tc-lo-que-dijo-y-rectifico-en-el-caso-castaneda-segovia/
Posición del IDL
http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc30042014-203948.pdf
http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc08052014-171218.pdf
Posición del Ministerio Público
http://www.mpfn.gob.pe/home
Posición del CAL
http://www.cal.org.pe/pdf/decanato/2014/mayo/comunicado.pdf
Posicion de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú
http://magistradosdelperu.pe/pronunciamiento-de-la-asociacion-respecto-a-la-sentencia-del-tribunal-constitucional-791-2014-patc/
Posición de JUSDEM
http://www.jusdem.org.pe/documentos/PRONUNCIAMIENTO%20N6CD%20JUSDEM.pdf
Posición del CNM
29 de abril de 2014
20140430-nota_prensa_fiscal_supr.pdf
1º de mayo de 2014
2 de mayo de 2014
Pedido de nulidad contra la Resolución de fecha 30 de abril de 2014
http://www.cnm.gob.pe/webcnm/archivos/pdf/2014/infoinsti/np/cnmtcanexo1np.pdf
Segundo pedido de nulidad contra la Resolución de fecha 30 de abril de 2014
http://www.cnm.gob.pe/webcnm/archivos/pdf/2014/infoinsti/nulidadtc7912014.pdf
Acusación constitucional
http://www.cnm.gob.pe/webcnm/archivos/pdf/2014/infoinsti/acusacionconstitucionaltc.pdf
Denuncia constitucional formulada por el congresista Abugattás
http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc15052014-162044.pdf
Al tomar conocimiento de dos resoluciones del Tribunal Constitucional
CNM SE DECLARA EN SESIÓN PERMANENTE
*Emitirá un pronunciamiento, luego de un riguroso análisis de los alcances de estas sentencias.
El Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se declaró en sesión permanente tras conocer las dos resoluciones del Tribunal Constitucional (TC), referidas a los candidatos a fiscales supremos Mateo Castañeda Segovia y César Hinostroza Pariachi.
El propósito es realizar un análisis y estudio riguroso de los alcances de ambas resoluciones, las cuales, por su naturaleza, son de carácter complejo.
El organismo constitucional, que preside el doctor Pablo Talavera Elguera, emitirá un pronunciamiento en los siguientes días, una vez que se llegue a un acuerdo.
San Isidro, 8 de mayo de 2014
Asunto Hinostroza Pariachi
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Antecedentes
Sentencia de fecha 16 de enero de 2012
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012//03891-2011-AA.pdf
Resolución de fecha 9 de setiembre de 2013 que resuelve el primer recurso de apelación por salto
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013//01034-2013-AA.pdf
Sentencia ampliatoria
Resolución de fecha 14 de abril de 2014 que resuelve el segundo recurso de apelación por salto
Crítica de las resoluciones judiciales
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Jaime David Abanto Torres (*)
Toda persona tiene el derecho a analizar y criticar las resoluciones judiciales. Con frecuencia escuchamos en los medios de comunicación que diversas autoridades, funcionarios o personas expresan sus opiniones con relación a los alcances e implicancias de diversas resoluciones judiciales. Lamentablemente muchas veces, so pretexto de ello, se desciende al terreno de denigrar al juez que dictó alguna resolución con la que el opinante no se encuentra conforme. Peor aún, cuando ello lo hace algún congresista abusando de su inmunidad parlamentaria.
Cualquier persona puede analizar y criticar cualquier resolución judicial, pero no difamar, injuriar ni calumniar al juez.Hemos escuchado muchas veces la frase: “Las ideas se discuten, las personas se respetan”. Una máxima muy sabia, pero a la vez difícil de respetar cuando tomamos conocimiento de alguna resolución que no es de nuestro agrado. Aunque no lo parezca, es posible analizar y criticar duramente una resolución, sin agraviar a la persona del juez.
Algunos abogados tienen contactos en algunos medios de comunicación, revistas impresas y digitales, en los cuales propalan versiones absolutamente parcializadas de casos judiciales donde están en juego intereses de sus patrocinados. Alaban al juez que les da la razón y menosprecian al que no se las da. Pocos saben que la justicia nada tiene que ver con la demagogia. No olvidemos a Pilato lavándose las manos para contentar al pueblo que quería crucificar a Jesús.
Obviamente los abogados saben perfectamente que pueden apelar las resoluciones desfavorables a sus clientes. Pero a veces no pueden resistir la tentación de ganarse a la opinión pública en favor de su causa. Resulta lamentable ver que ante un desacuerdo con una resolución, se solicita la intervención de autoridades o funcionarios ajenos al Poder Judicial, sin advertir que ello sería una lamentable interferencia en el ejercicio de la función judicial.
El juez asume las responsabilidades civiles, penales y administrativas por las resoluciones que dicta. Pero ello no enerva que las resoluciones judiciales firmes tienen que cumplirse en sus propios términos. Así es en un Estado Constitucional de Derecho. Negar esta verdad es negar la civilización, y pretender en pleno siglo XXI, el retorno a la ley de la selva, a la anarquía de la justicia por mano propia.
(*) Juez integrante del programa social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima
Expreso, 11 de abril de 2013
En http://www.expreso.com.pe/blog/la-columna-del-juez-90
En http://www.panoramacajamarquino.com/noticia/critica-de-las-resoluciones-judiciales/
En http://www.elregionalcajamarca.com/2013/04/13/critica-de-las-resoluciones-judiciales/
Derecho a la ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional
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EXP. N.º 03066-2012-PA/TC
(EXP. N.º 03569-2010-PA/TC)
LIMA
AGRÍCOLA CERRO PRIETO S.A.C.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 10 días del mes de septiembre de 2012, el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Álvarez Miranda, Urviola Hani, Mesía Ramírez y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de la STC N.º 03569-2010-PA/TC, interpuesto por Agrícola Cerro Prieto S.A.C. contra la resolución N.º 22, de fecha 19 de marzo de 2012, obrante a fojas 812, expedida por el Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente el pedido de suspensión del proceso formulado por la demandada, no ha lugar el pedido de aclaración de la recurrente, y dispone notificar al Registrador Público de Chiclayo a fin de que sólo tome conocimiento de los escritos que anteceden.
ANTECEDENTES
Demanda y sentencia del Tribunal Constitucional
1. Con fecha 22 de diciembre de 2009, la recurrente interpone demanda de amparo contra la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial y Aspillaga Anderson Hermanos S.A., con el objeto de que reponga las cosas al estado anterior a la emisión de la sentencia recaída en el Exp. N.º 05614-2007-PA/TC y, en consecuencia, se ordene la realización de un proceso de amparo en el que se disponga su emplazamiento, garantizándose así su derecho a la propiedad privada y a la defensa.
2. Con fecha 18 de mayo de 2011, este Tribunal publicó en su página web la sentencia recaída en el Exp. N.º 03569-2010-AA/TC, mediante la cual declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por la accionante, ordenando al Ministerio de Agricultura y al Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña iniciar el procedimiento de expropiación previsto en la Ley N.º 27117 para que le abonen a Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C. la indemnización justipreciada por la propiedad confiscada; así como ordenar a la Oficina Registral del Registro de la Propiedad Inmueble de Chiclayo que mantenga las inscripciones de dominio de los terrenos eriazos a favor del Instituto Nacional de Desarrollo, sólo en la parte del terreno que adquirió Agrícola Cerro Prieto S.A.C. y que el resto de la inscripción se mantenga a favor de Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C. Posteriormente, mediante resolución de fecha 9 de junio de 2011, se declaró improcedente el pedido de aclaración formulado por la demandada.
Fase de ejecución de sentencia
3. A fojas 390, obra la Resolución N.º 6, de fecha 8 de agosto de 2011, a través de la cual el Primer Juzgado Constitucional de Lima ordena el cúmplase lo ejecutoriado, y, en consecuencia, dispone: a) oficiar al Ministerio de Agricultura y al Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña (PEJEZA), a fin de que inicien el procedimiento de expropiación previsto en la Ley N.º 27117 para que, dentro de un plazo razonable no mayor de cuatro meses, le abonen a Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C. la indemnización justipreciada por la propiedad confiscada en mérito de los artículos 410º del Decreto Legislativo N.º 556 y 218º de la Ley N.º 25303; y b) ordenar a la Oficina Registral de la Propiedad Inmueble de Chiclayo que mantenga las inscripciones de dominio de los terrenos eriazos realizadas en mérito de los artículos 410º del Decreto Legislativo N.º 556 y 218º de la Ley N.º 25303, a favor del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), en el asiento 1, fojas 55-56, tomo 391, en la ficha 16943, en el asiento 2, fojas 89, tomo 391, en la ficha 43826, del Registro de la Propiedad Inmueble de Chiclayo, sólo en la parte del terreno que adquirió Agrícola Cerro Prieto S.A.C., y que el resto de la inscripción se mantenga a favor de Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C.
4. Con fecha 10 de agosto de 2011, Agrícola Cerro Prieto S.A.C. solicita aclarar esta resolución y que, en consecuencia, se ordene a la Oficina Registral de Chiclayo no sólo mantener las inscripciones de dominio de los terrenos eriazos realizadas en mérito de los mencionados dispositivos legales a favor de INADE, en la parte del terreno que adquirió Agrícola Cerro Prieto S.A.C., sino también mantener todas las independizaciones e inscripciones de dominio en las fichas registrales que de tales inscripciones se hubieran derivado (fojas 404); en ese sentido, recuerda que en la STC N.º 05614-2007-PA/TC, la entonces demandante Aspillaga Anderson Hermanos S.A. ocultó que las tierras reclamadas habían sido adquiridas el año 2000 mediante licitación pública internacional, y al amparo de la buena fe pública registral, por Agrícola Cerro Prieto S.A.C.
5. Con fecha 11 de agosto de 2011, Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C. solicita al Primer Juzgado Constitucional de Lima ejecutar la sentencia recaída en el EXP. N.º 03569-2010-PA/TC, tomando en cuenta lo resuelto por la STC N.º 05614-2007-PA/TC y lo que ya se ejecutó en base a esta decisión (fojas 435). Aduce que lo ordenado en la STC N.º 03569-2010-PA/TC debe interpretarse de manera restrictiva, por estar sólo “precisando” una sentencia con autoridad de cosa juzgada. Sostiene, en tal sentido, que el Juez debe mantener las inscripciones a favor de Aspillaga, salvo respecto del área de terreno que adquirió Agrícola Cerro Prieto cuyo dominio deberá permanecer inscrito sólo a favor de INADE, “y de nadie más”.
Por otro lado, afirma que la ejecución de la sentencia recaída en el Exp. N.º 03569-2010-PA/TC es jurídicamente imposible, pues no puede mantenerse la inscripción de dominio a favor de INADE, porque este instituto ya no tiene existencia jurídica, al haber sido absorbido por el Ministerio de Agricultura (Decreto Supremo N.º 030-2008-AG); y porque las fichas y/o partidas registrales allí indicadas fueron cerradas por orden del Trigésimo Tercer Juzgado Civil de Lima, en ejecución de la sentencia emitida en el Exp. N.º 87079-2004 (STC N.º 5614-2007-PA/TC). Por tanto, debe asumirse que el área que “supuestamente” adquirió Agrícola Cerro Prieto S.A.C. debe permanecer inscrita a nombre de Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C., ante la inexistencia de INADE, porque sólo así se entendería el procedimiento de expropiación.
6. Con fecha 20 de septiembre de 2011, el Primer Juzgado Constitucional de Lima remite oficios al Ministerio de Agricultura (fojas 456) y a PEJEZA (fojas 457), a fin de que procedan conforme al mandato ordenado en la STC N.º 03569-2010-PA/TC, en tiempo breve y bajo responsabilidad funcional.
7. Con fecha 19 de septiembre de 2011, el Registrador Público de la Oficina Registral de Chiclayo, mediante Oficio Nº 523-2011 (67731) ZRNºII/CHC-MML (fojas 519), informa al Primer Juzgado Constitucional de Lima lo siguiente:
Ø Que, del estudio del antecedente registral del tomo 391, fojas 55-56, que pasó a la ficha 43826, se advierte que obra inscrito el predio a favor de INADE, por lo que no habría derecho de propiedad que mantener vigente.
Ø Que, en la sentencia del Tribunal Constitucional, no se señala el antecedente registral donde obra inscrito el derecho de propiedad de Agrícola Cerro Prieto S.A.C., no pudiendo la entidad registral determinar los derechos de propiedad que se van a cancelar o revertir a favor de ésta.
Ø Que, en la ficha 43827, independizada de la ficha 43826, obra inscrita la independización de un área de 2,808.056 has a favor de INADE y posteriormente transferida a favor de Agrícola Cerro Prieto S.A.C. (asiento 4d). Y, asimismo, que en el asiento E0001 obra inscrita la cancelación de asiento del asiento registral de dominio a favor de Agrícola Cerro Prieto S.A.C., en mérito a la Resolución N.º 9 de fecha 29 de marzo de 2005 y de la Resolución del Tribunal Constitucional de fecha 6 de mayo de 2009; así como de la resolución judicial del 25 de agosto de 2009 y su aclaratoria expedidas por el juez del 36º Juzgado Civil de Lima.
Ø Que, en el asiento B00001 de la ficha 43827 (continuación en la partida 2301496) obra inscrita la rectificación del área inicial del predio (2,808.056 has), a la que se le ha restado el área de superposición de 2,628.5693 has, quedando un área remanente de 179.4645 has, que representa el área actual del citado predio a nombre de Agrícola Cerro Prieto S.A.C.
En ese sentido, solicita aclarar si se cancela el dominio a favor de Agrícola Cerro Prieto S.A.C., o si se procede a revertir el dominio a favor de INADE, en razón de que no existe una clara precisión con respecto al mandato judicial.
8. Posteriormente, al no haberse resuelto lo solicitado, el registrador público, mediante Oficio N.º 592-2011 (67731) ZRNºII/CHC-MML (fojas 692), informa al Primer Juzgado Constitucional de Lima que en el asiento C4) de la ficha 43827 consta la transferencia de propiedad que realiza INADE a favor de Agrícola Cerro Prieto S.A.C., de las 2,808.056 has, es decir, la totalidad del predio inscrito en la citada ficha.
En consecuencia, solicita que se aclare: a) si el predio inscrito en el tomo 391, fojas 55, continuado en la ficha 43826, debe permanecer a nombre de INADE o de Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C.; y b) si el predio inscrito en la ficha 43827 se revierte a nombre de INADE o debe continuar a nombre de Agrícola Cerro Prieto S.A.C., con el área inicial de 2,805.056 has (asiento b1 de la ficha 43827), o con el área rectificada de 179.4665 has (Asiento B00001 de la partida 2301496).
9. Con fecha 26 de septiembre de 2011, Agrícola Cerro Prieto S.A.C. precisa ante el Juzgado Constitucional de Lima (fojas 537), que la cancelación de la Partida Registral N.º 43827 fue realizada al amparo de la Resolución N.º 27, expedida por el Trigésimo Tercer Juzgado Civil de Lima el 26 de noviembre de 2009, en un proceso de amparo en el que Agrícola Cerro Prieto no fue parte; reduciéndose su propiedad de 2,808.056 has a 179,4645 has, y adjudicándose Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C., por sí y ante sí, 2,628.5915 has, conservando todas estas tierras a nombre de esta última, hasta la fecha, en los Registros Públicos de Lambayeque.
En tal sentido, solicita mantener las inscripciones de dominio a favor de INADE, solo en la parte del terreno que adquirió Agrícola Cerro Prieto S.A.C., y que se restituyan todas las inscripciones derivadas de éstas a Agrícola Cerro Prieto S.A.C.
10. Con fecha 30 de septiembre de 2011, el Primer Juzgado Constitucional de Lima, mediante Resolución N.º 13 (fojas 540), dispone remitir partes aclaratorios a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), precisando al registrador que debe respetar el tracto sucesivo.
11. Con fecha 18 de octubre de 2011, Agrícola Cerro Prieto S.A.C. solicita al Primer Juzgado Constitucional de Lima absolver, a la brevedad posible, la consulta formulada por el Registrador Público de Chiclayo (fojas 624); ordenándole a dicho registrador mantener el predio inscrito en el tomo 391, fojas 55, continuado en la ficha 43826, hoy Partida Electrónica N.º 2244249 a nombre de INADE y PEJEZA; y que el predio inscrito en la ficha 43827 debe continuar a nombre de Agrícola Cerro Prieto S.A.C.
Asimismo, acompaña copia de una demanda de reivindicación interpuesta por Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C., el 21 de septiembre de 2011, ante el Juzgado Civil de Chiclayo (Exp. N.º 3595-2011), y cuya pretensión es que se les restituya el área total que ocupan las parcelas C y D del Predio “La Otra Banda”, distrito de Zaña, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque; demanda que estaría referida exclusivamente a las tierras de Agrícola Cerro Prieto S.A.C., esas mismas que están solicitando les sean pagadas mediante indemnización justipreciada, buscando así obtener un doble beneficio por una misma causa.
12. Con fecha 21 de octubre de 2011, Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C. solicita que la ejecución de la sentencia se haga en sus propios términos y que, en consecuencia, el predio “La Otra Banda” se mantenga registralmente a nombre de Aspillaga, a excepción del área “supuestamente” adquirida por Agrícola Cerro Prieto S.A.C. (que se debe mantener a nombre de INADE, y no de Agrícola Cerro Prieto), hasta que concluya el procedimiento de expropiación (fojas 701).
En tal sentido, explica que la solución brindada por el Tribunal Constitucional, “para no afectar al propietario ni al tercero”, consistió en ordenar al Estado (INADE y PEJEZA) expropiar dicha área (vendida al tercero) y pagar el justiprecio respectivo; y, luego de ello, el Estado podrá libremente transferir el predio a Agrícola Cerro Prieto S.A.C., manteniéndose, mientras tanto, el dominio inscrito a favor del Estado (INADE).
13. Con fecha 2 de noviembre de 2011, el Primer Juzgado Constitucional de Lima, mediante Resolución N.º 17 (fojas 694), en respuesta a la solicitud del Registrador Público de Chiclayo, resuelve lo siguiente: a) respecto al primer punto: que el predio inscrito en el tomo 391, fojas 55, continuado en la ficha 43826, hoy Partida Electrónica 2242249, debe continuar a nombre de INADE; y b) respecto al segundo punto, que la parte del terreno que adquirió Agrícola Cerro Prieto S.A.C., mantiene las inscripciones de dominio a favor de INADE, y el resto de la inscripción se mantiene a favor de Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C.
14. Con fecha 17 de noviembre de 2011, PEJEZA solicita al Primer Juzgado Constitucional de Lima la suspensión de la etapa de ejecución, por existir un proceso signado con el Exp. N.º 335-2010, cuya pretensión tiene una vinculación con la sentencia de autos (fojas 744).
15. Con fecha 12 de enero de 2012, Agrícola Cerro Prieto S.A.C. solicita al Primer Juzgado Constitucional de Lima (fojas 775), notificar al Registrador Público de Chiclayo para que inscriba la transferencia solicitada por ella, de INADE a PEJEZA y de ésta a Agrícola Cerro Prieto S.A.C., en mérito a la sentencia del Tribunal Constitucional, “que ni ordena mantener la inscripción a favor de INADE en tanto dure el proceso de expropiación, ni dispone que los predios no pueden ser transferidos de INADE a PEJEZA y de PEJEZA a Agrícola Cerro Prieto S.A.C.”.
16. Con fecha 20 de enero de 2012, el Primer Juzgado Constitucional de Lima, mediante Resolución N.º 21, resuelve: a) en relación al proceso judicial de reivindicación llevado ante el Primer Juzgado Civil de Chiclayo (Exp. N.º 3595-2011): haga valer su derecho en la vía que corresponda; b) notificar al Registrador Público de Chiclayo para que dé estricto cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional, bajo responsabilidad funcional por la demora incurrida (fojas 783).
17. Con fecha 26 de enero de 2012, Agrícola Cerro Prieto S.A.C. solicita aclaración de dicha resolución, debido a que no responde a la solicitud oportunamente formulada (fojas 795). Asimismo, informa de su desistimiento respecto del anterior proceso de amparo ante el Tribunal Constitucional (RTC N.º 1009-2011-PA/TC) (fojas 793).
18. Con fecha 19 de marzo de 2012, el Primer Juzgado Constitucional de Lima, mediante Resolución N.º 22 (fojas 812), resuelve declarar improcedente el pedido de suspensión del proceso formulado por la demandada, no ha lugar el pedido de aclaración de la recurrente, y dispone notificar al Registrador Público de Chiclayo a fin de que sólo tome conocimiento de los escritos que anteceden.
19. Con fecha 26 de marzo de 2012, Agrícola Cerro Prieto S.A.C. presenta recurso de apelación por salto contra la Resolución N.º 22 (fojas 878).
20. Adicionalmente, cabe señalar que mediante Oficio N.º 106-2012/Z.R. NºII-MML, de fecha 20 de abril de 2012 (fojas 873), el Registrador Público de Chiclayo informa al Primer Juzgado Constitucional de Lima que la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N.º 03569-2010-PA/TC, “ya fue registrada en el asiento C0001 y C0002 de la partida 02244249 (Ficha 16943 que se acumula en la partida Tomo 391, fojas 55 y 56, que continúa en la ficha 43826 y que continúa en la partida electrónica N.º 02244249), con fecha 23 de noviembre de 2011”; “habiendo cumplido con el mandato dispuesto”, para lo que acompaña copias de las partidas registrales correspondientes.
Asimismo, con fecha 3 de agosto de 2012, Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C. comparece ante este Tribunal solicitando su adhesión a la apelación por salto presentada por la recurrente (fojas 3 del Cuaderno del Tribunal).
FUNDAMENTOS
§1. Sobre el derecho a la ejecución de las sentencias constitucionales
21. De conformidad con el artículo 139º, inciso 2 de la Constitución, toda persona sometida a un proceso judicial tiene derecho a que no se deje sin efecto aquellas resoluciones que han adquirido la autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución.
22. Sobre el particular, este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que este derecho garantiza al justiciable que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no sólo no puedan ser recurridas a través de medios impugnatorios –bien sea porque estos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo legal para interponerlos– sino también que el contenido de las mismas no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, ya sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso [STC N.º 04587-2004-AA/TC, fundamento 38].
23. En el ámbito de los procesos constitucionales este derecho encuentra una configuración expresa en el artículo 22º, primer párrafo del Código Procesal Constitucional, el cual dispone que la sentencia que cause ejecutoria al interior de estos procesos “se actúa conforme a sus propios términos por el juez de la demanda”.
24. La ejecución de las sentencias en sus propios términos, ha dicho este Tribunal en la STC N.º 01939-2011-PA/TC, constituye una garantía a favor de las partes procesales, esto es, “tanto para el ejecutante como para el ejecutado, puesto que les impide reabrir el debate ya finalizado y clausurado por la firmeza, así como modificar el derecho reconocido por sentencia firme a su capricho, alterando las condiciones en que fue delimitado (Carballo Piñeiro, Laura. Ejecución de condenas de dar (tratamiento procesal adaptado a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil), Barcelona, Bosch, 2001, p. 30). En ese mismo sentido, ha reconocido que:
“[no] resulta admisible que los contenidos de una resolución estimatoria puedan ser reinterpretados en vía de ejecución y que incluso tal procedimiento se realice de forma contraria a los propios objetivos restitutorios que con su emisión se pretende. Producida una sentencia estimatoria, y determinado un resultado a partir de sus fundamentos, es indiscutible que no pueden, estos últimos, ser dirigidos contra la esencia de su petitorio, de manera tal que este termine por desvirtuarse” [STC N.º 01102-2000-AA/TC].
25. Así pues, con la finalidad de garantizar la eficacia de este derecho en el contexto de los procesos constitucionales, este Tribunal, en la STC N.º 0004-2009-PA/TC, publicada el 15 de noviembre de 2010, ha establecido que el recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional procede contra la resolución del juez de ejecución que declara actuado, ejecutado o cumplido el mandato de una sentencia del Tribunal Constitucional, o que declara fundada la contradicción u observación propuesta por el obligado; frente a supuestos de inejecución, ejecución defectuosa o desnaturalización de una sentencia constitucional.
§2. Análisis de la controversia
26. De autos se desprende que la controversia consiste en determinar si, en fase de ejecución de sentencia, se ha desvirtuado lo decidido a favor del recurrente en el proceso de amparo que culminó con la expedición de la STC N.º 03569-2010-PA/TC.
27. Conviene, pues, recordar que en la referida sentencia expedida por este Tribunal, de fecha 15 de abril de 2011, se resolvió lo siguiente:
“1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia se precisan los efectos de la sentencia recaída en el Exp. N.° 05614-2007-PA/TC.
2. Ordenar al Ministerio de Agricultura y al Proyecto Especial Jequetepeque–Zaña que inicien el procedimiento de expropiación previsto en la Ley N.° 27117 para que, dentro de un plazo razonable no mayor a cuatro meses, le abonen a Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C. la indemnización justipreciada por la propiedad confiscada en mérito del artículo 410º del Decreto Legislativo N.º 556 y del artículo 218° de la Ley N.° 25303.
3. Ordenar a la Oficina Registral del Registro de la Propiedad Inmueble de Chiclayo que mantenga las inscripciones de dominio de los terrenos eriazos realizadas en mérito del artículo 410º del Decreto Legislativo N.º 556 y del artículo 218° de la Ley N.° 25303 a favor del Instituto Nacional de Desarrollo en el asiento 1, fojas 55-56, Tomo 391, en la Ficha 16943, en el asiento 2, fojas 56, Tomo 391 y en la Ficha 43826 del Registro de la Propiedad Inmueble de Chiclayo, sólo en la parte del terreno que adquirió Agrícola Cerro Prieto S.A.C. y que el resto de la inscripción se mantenga a favor de Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C.”.
28. No obstante ello, de la resolución cuestionada en autos, se advierte que el Primer Juzgado Constitucional de Lima, en respuesta a la solicitud formulada por la demandante (reseñada en los fundamentos 4 y 17 supra), resolvió lo siguiente:
“(…) estando a lo solicitado, no siendo potestad de esta Judicatura aclarar resoluciones emanadas por otras instancias, máxime, si el artículo 406º del Código Procesal Civil no concede dicha facultad; NO HA LUGAR A LO SOLICITADO; Debiendo solicitar su pedido en la vía que corresponda; Sin perjuicio de ello, notifíquese con el presente escrito al Registrador Público de Chiclayo Manuel Mallqui Luzquiñoz, a efectos de que sólo tome conocimiento de los escritos que anteceden (subrayado del original)”.
29. Como se puede apreciar, el Primer Juzgado Constitucional de Lima considera que no corresponde a dicha instancia “aclarar” una sentencia del Tribunal Constitucional en vía de ejecución, al no tratarse ésta de una competencia que el juez de ejecución tenga legalmente asignada. Lo que esta interpretación del Juzgado, sin embargo, desconoce, es que el juez de ejecución, si bien no puede replantear o modificar los términos de una resolución judicial al ejecutarla, sí tiene por obligación desplegar todas las actividades que resulten conducentes para realizar una correcta actuación de la sentencia emitida. Y es que, como este Colegiado se ha encargado de puntualizar, el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales “se satisface cuando el órgano judicial adopta las medidas oportunas y necesarias para llevar a efecto la ejecución del fallo. Si esas medidas se adoptan, el derecho a la ejecución de sentencias se habrá satisfecho, aunque si se adoptan con una tardanza excesiva e irrazonable, puede generarse lesión al derecho” [STC N.º 02813-2007-PA/TC, fundamento 16]. Desde este punto de vista, la interpretación sostenida por el Juzgado, sólo puede ser asumida como una inconstitucional abdicación de su deber de adoptar medidas oportunas y eficaces para lograr la ejecución de lo finalmente decidido.
30. Pero, aunado a todo ello, es patente que la tesis sostenida por el Juzgado desconoce también lo dispuesto expresamente en dicha sentencia, situación que ha terminado por vaciar de todo contenido práctico a la decisión adoptada por este Tribunal Constitucional en dicha causa.
31. En efecto, tal como quedó expuesto supra, lo que este Tribunal ordenó en el punto resolutivo N.º 3 de su fallo, fue que la Oficina Registral del Registro de Propiedad Inmueble de Chiclayo debía mantener las inscripciones de dominio de los terrenos eriazos realizadas en mérito del artículo 410º del Decreto Legislativo N.º 556 y del artículo 218° de la Ley N.° 25303 “a favor del Instituto Nacional de Desarrollo” (INADE) en el asiento 1, fojas 55-56, tomo 391, en la ficha 16943, en el asiento 2, fojas 56, tomo 391 y en la ficha 43826 del Registro de la Propiedad Inmueble de Chiclayo, “sólo en la parte del terreno que adquirió Agrícola Cerro Prieto S.A.C.”, y que el resto de la inscripción se mantenga a favor de Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C.”.
32. Nada de ello, sin embargo, puede querer decir que, en la ejecución de este mandato, la Oficina Registral de Registro de Propiedad Inmueble de Chiclayo esté facultada para inobservar las normas imperativas que rigen su actuación, y en particular, las normas especiales aplicables en materia registral. Siendo esto así, son aplicables al caso de autos, el artículo 2014º del Código Civil, según el cual “[e]l tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos”, y que el artículo 2012º de este mismo cuerpo normativo, en atención al cual “[s]e presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones”.
33. En consecuencia, atendiendo a la aplicación de los principios de buena fe registral y publicidad, así como de tracto sucesivo, en la etapa de ejecución de la STC N.º 03569-2010-PA/TC, debe entenderse que la inscripción de dominio a favor de Agrícola Cerro Prieto S.A.C., contemplada en la ficha 43827, debe mantenerse, pues no de otro modo pueden quedar adecuadamente garantizados los derechos invocados por la demandante en esta causa (propiedad y de defensa), así como el fin de reposición de las cosas al estado anterior a que apunta todo proceso constitucional, como el de amparo (artículo 1º del Código Procesal Constitucional).
34. Por ello, habiéndose verificado que la entidad demandada no ha ejecutado la sentencia del Tribunal Constitucional en sus propios términos, y que el juez de ejecución ha interpretado erróneamente los alcances de la misma, corresponde estimar el recurso de apelación por salto interpuesto por la accionante, a fin de efectivizar, en etapa de ejecución, la sentencia firme recaída en el Exp. N.º 03569-2010-PA/TC.
§3. Sobre la conducta procesal de la parte demandada en la etapa de ejecución de la presente sentencia
35. Pero, por otro lado, este Tribunal aprecia que, en el curso de la ejecución de la sentencia recaída en el Exp. N.º 03569-2010-PA/TC, la empresa demandada Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C., con fecha posterior a su expedición, ha iniciado en las vías judicial y administrativa una serie de acciones que, desde la óptica de la demandante, no tendrían otro efecto que enervar la decisión expedida por este Alto Colegiado.
36. Ciertamente, de las instrumentales que obran a fojas 25, 42, 54 y 86 del Cuaderno del Tribunal, queda plenamente acreditado que, iniciada la etapa de ejecución de la sentencia constitucional de autos, la empresa Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C. ha impulsado las siguientes acciones vinculadas a la materia sub litis, que es pertinente detallar. Así,
a) A fojas 25 del Cuaderno del Tribunal obra la demanda de reivindicación y otros, de fecha 21 de septiembre de 2011, interpuesta por la empresa Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C. ante el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, y cuya pretensión es que se ordene “la restitución total del área que ocupa en las Parcelas D y E del predio La Otra Banda, distrito de Zaña, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque”, inscritos e independizados en las Partidas 11136430 y 11136431 del Registro de Propiedad Inmueble de Chiclayo.
b) A fojas 42 del Cuaderno del Tribunal, obra la Resolución de Gerencia Registral N.º 067-2012-Z.R.NºII-GR, de fecha 2 de febrero de 2012, expedida por el Gerente Registral de Chiclayo, de cuya lectura se aprecia que el señor José Antonio Aspillaga Plenge, en representación de Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C., manifestó ante la Zona Registral de Trujillo la duplicidad existente entre la partida registral constituida por la P.E.N. N.º 02208384 del Registro de Predios de Chiclayo, con relación a las partidas abiertas en el Registro de Predios de Chepén, a favor del INADE-Autoridad Autónoma del PEJEZA.
Esta resolución resuelve iniciar el procedimiento administrativo de cierre de cuarenta y seis (46) partidas registrales, por duplicidad, de la Oficina Registral de Chepén. A su vez, esta decisión fue recurrida por Agrícola Cerro Prieto S.A.C., mediante recurso de oposición, y resuelta mediante Resolución de Gerencia Registral N.º 151-2012-Z.R.NºII-GR, de fecha 28 de marzo de 2012 (fojas 52 del Cuaderno del Tribunal).
c) A fojas 54 del Cuaderno del Tribunal obra la demanda de nulidad de acto jurídico, de fecha 10 de febrero de 2012, interpuesta por la empresa Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C. ante el Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, dirigida contra PEJEZA, Agrícola Cerro Prieto S.A.C. e Inmobiliaria Cerro Prieto S.A.C., con la finalidad de que se declare nulos los siguientes actos jurídicos: a) el contrato de establecimiento de servidumbre de acueducto, contenido en la escritura pública de fecha 24 de julio de 2003, otorgada por PEJEZA a favor de Agrícola Cerro Prieto S.A.C., y su aclaración de fecha 20 de abril de 2004; b) el contrato de ampliación de servidumbre de acueducto contenido en la escritura pública de fecha 31 de julio de 2009; c) la addenda de modificación al contrato de establecimiento de servidumbre de acueducto contenido en la escritura pública de fecha 31 de mayo de 2011; d) la ratificación de acto jurídico contenido en la escritura pública de fecha 15 de julio de 2011, otorgada por Inmobiliaria Cerro Prieto S.A.C., con intervención de Agrícola Cerro Prieto S.A.C.; y e) la aclaración del contrato de establecimiento de servidumbre contenido en la escritura pública de fecha 2 de agosto de 2011; todo ello, por haber incurrido en las causales de ausencia de manifestación de la voluntad, objeto jurídicamente imposible y por contravenir el orden público y las buenas costumbres. Asimismo, formula como pretensión accesoria la cancelación de las Partidas Registrales PR005307 y el asiento D0001 de la Partida 11004865 del Registro Predial de Chepén.
Del mismo modo, a fojas 6 del Cuaderno del Tribunal corre otra demanda de nulidad de acto jurídico, de fecha 3 de julio de 2012, iniciada por la empresa Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C. ante el Decimonoveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, dirigida contra PEJEZA, Agrícola Cerro Prieto S.A.C. e Inmobiliaria Cerro Prieto S.A.C., y cuya pretensiones principal y accesoria son idénticas a las solicitadas ante el Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo.
d) Finalmente, a fojas 891 del principal, y situados ya en el contexto de ejecución de la sentencia de autos, obra el escrito presentado por la empresa Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C., de fecha 7 de junio de 2012, en el que solicita al Primer Juzgado Constitucional de Lima cursar partes judiciales a la Oficina Registral de Chepén, a fin de que se inscriba registralmente la STC N.º 03569-2010-PA/TC en la siguientes partidas: a) Partidas N.º PR 636 y sus indpendizaciones del Registro Predial de Chepén (inscritas a nombre de Cerro Prieto), a fin de que se mantengan a nombre de INADE; b) Partida N.os 4005058, 11004865 y 11003016 del Registro Predial de Chepén (inscritas a nombre de PEJEZA) a fin de que se inscriban a nombre de Aspílllaga Anderson Hermanos S.A.
En respuesta a esta solicitud, el Primer Juzgado Constitucional de Lima, mediante Resolución N.º 25, de fecha 26 de junio de 2012 (fojas 895 del principal), resuelve estar pendiente a lo que, en su momento, el Tribunal Constitucional estime conveniente precisar.
37. De lo expuesto supra, para este Tribunal Constitucional surge con meridiana claridad que la conducta procesal asumida por la demandada Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C., en la etapa de ejecución de la sentencia de autos, ha estado completamente alejada de los principios de buena fe y rectitud que deben presidir esta fase del proceso, pues tanto la aludida demanda de reivindicación, como la solicitud cursada ante el Registro Predial de Chiclayo y el escrito presentado al Primer Juzgado Constitucional de Lima, evidencian palmariamente su intención de conseguir, por otras vías, lo que en la sentencia de autos le ha sido denegado, a saber: mantener la propiedad del predio “La Otra Banda”, que este Tribunal ha reconocido ser de propiedad de Agrícola Cerro Prieto S.A.C., conforme se desprende del fundamento 5 de la STC N.º 03569-2010-PA/TC, que forma parte de la ratio decidendi que sustentó esta decisión.
38. Por lo tanto, en vía de ejecución de la presente sentencia, y de conformidad con el principio de prevalencia que ostentan las sentencias constitucionales por sobre las recaídas en otros procesos ordinarios (artículo 22º del Código Procesal Constitucional), corresponde declarar la conclusión del proceso de reivindicación seguido ante el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo (Exp. N.º 03595-2011), iniciado por la empresa demandada Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C.; ordenándole asimismo abstenerse de iniciar procesos con idéntico fin, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución remita copias al Ministerio Público a fin de que proceda conforme a sus competencias.
39. Asimismo, en relación a las demandas de nulidad de acto jurídico incoadas por la referida empresa, es menester precisar que en el fundamento 5 de la sentencia, antes aludido, el Tribunal Constitucional reconoció la plena validez del contrato de compraventa y de la Partida Registral de la ficha 43826 del Registro de la Propiedad Inmueble de Chiclayo, mediante las cuales se acreditó que, el 30 de octubre de 2000 Agrícola Cerro Prieto S.A.C. adquirió, a título oneroso de PEJEZA, los predios denominados Pampas de Mocupe y Cerro Colorado (fundo “La Otra Banda”). En consecuencia, resulta claro para este Tribunal que todos los actos jurídicos, contratos, obligaciones y derechos otorgados por PEJEZA y que han sido reseñados en el fundamento 36 c), supra (lo que, desde luego, incluye el contrato de establecimiento de servidumbre de acueducto, contenido en la escritura pública de fecha 24 de julio de 2003, así como sus ampliaciones, modificaciones, rectificaciones y aclaraciones), con fecha anterior a la interposición de la demanda de amparo de fecha 17 de diciembre de 2004, así como los derechos posteriores derivados de estos actos, también se encuentran protegidos por los efectos de la STC N.º 03569-2010-PA/TC, por lo que su mérito no puede ser desconocido por ningún órgano jurisdiccional ni autoridad pública alguna.
40. Por dicha razón, corresponde declarar también la conclusión de los procesos de nulidad de acto jurídico seguidos ante el Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo (Exp. N.º 02012-0384) y ante el Decimonoveno Juzgado Civil de Lima (Exp. N.º 12144-2012), iniciados por la empresa demandada Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C.; ordenándole asimismo abstenerse de iniciar procesos con idéntico fin, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución remita copias al Ministerio Público a fin de que proceda conforme a sus competencias.
41. Al respecto, viene al caso recordar que, conforme al artículo 121º del Código Procesal Constitucional, las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, en el marco de cualesquiera de los procesos cuyo conocimiento tiene legalmente asignado, son inimpugnables, lo que es lógica consecuencia de su calidad de órgano de cierre de la jurisdicción constitucional y supremo intérprete de la Constitución en nuestro ordenamiento jurídico (artículos 201º de la Constitución y 1º de la Ley N.º 28301, Orgánica del Tribunal Constitucional). Siendo esto así, tales pronunciamientos resultan plenamente vinculantes para todos los poderes públicos, así como para los particulares, no pudiendo ser enervados por ningún otro órgano jurisdiccional a través de la activación de nuevos procesos judiciales sobre lo ya resuelto, so pena de transgredir la prohibición constitucional de avocamiento a causas pendientes ante un órgano jurisdiccional (en este caso, pendiente de ejecución) y de dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ambas reconocidas en el artículo 139º inciso 2º de la Constitución.
42. Por lo demás, no escapa a la consideración de este Tribunal que la cláusula constitucional que proscribe el abuso del derecho (artículo 103º) resulta de plena aplicación al ámbito de los procesos constitucionales, incluida a su etapa de ejecución, y supone la prohibición de desnaturalizar las finalidades u objetivos que sustentan la existencia de cada atributo, facultad o libertad reconocida sobre las personas [Cfr. sentencia recaída en el Expediente N.º 05296-2007-PA/TC, fundamento 12]. Los derechos, pues, como el de acceso a la justicia, no pueden utilizarse de una forma ilegítima o abusiva, como ocurre en el presente caso, en que la empresa Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C. pretende enervar una sentencia constitucional a través de la activación de diversos mecanismos procesales tendientes a ese fin; lo cual, a todas luces, resulta inconstitucional.
43. Finalmente, en el presente caso, de lo expuesto en los parágrafos precedentes se evidencia que el juez de ejecución no ejecutó la sentencia mencionada en sus propios términos y dentro del plazo establecido por ella misma en su fundamento 5 y por el artículo 59º del Código Procesal Constitucional; por el contrario, desde su fecha de notificación hasta la presente ha transcurrido más un año y ésta no es ejecutada por la desidia y el actuar defectuoso del juez de ejecución. El Tribunal considera que este comportamiento jurisdiccional es negativo, pues los plazos previstos en el Código Procesal Constitucional deben ser respetados sin objeción ni condicionamiento alguno, más aún cuando se está frente a la ejecución de una sentencia constitucional. En este último supuesto, los jueces de ejecución desde la emisión de la resolución que ordena “cúmplase con lo ejecutoriado” tienen la obligación de aplicar de oficio las medidas coercitivas previstas en el artículo 22º del Código Procesal Constitucional y, supletoriamente, las previstas en el Código Procesal Civil, bajo responsabilidad funcional.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADO el recurso de apelación por salto presentado por la parte demandante; y en consecuencia, NULA la resolución N.º 22, de fecha 19 de marzo de 2012 (fojas 812), emitida en etapa de ejecución de sentencia por el Primer Juzgado Constitucional de Lima.
2. Ordenar al Primer Juzgado Constitucional de Lima que cumpla con emitir nueva resolución ordenando a la demandada dar cumplimiento, en sus propios términos, a la sentencia recaída en el Exp. N.º 03569-2010-AA/TC, teniendo como base lo acotado en los fundamentos 26 a 34, supra; y que aplique inmediatamente las medidas coercitivas previstas en los artículos 22º y 59º del Código Procesal Constitucional.
3. Ordenar a las Oficinas Registrales del Registro de Propiedad Inmueble de Chiclayo y Chepén ratificar las inscripciones de dominio de Agrícola Cerro Prieto S.A.C., conforme a los considerandos de la presente sentencia.
4. Declarar que de conformidad con lo expuesto en los fundamentos 38 a 40, supra, el proceso de reivindicación seguido ante el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo (Exp. N.º 03595-2011), así como los procesos de nulidad de acto jurídico seguidos ante el Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo y ante el Decimonoveno Juzgado Civil de Lima (Exps. N.os 02012-0384 y 12144-2012, respectivamente), incoados por la empresa demandada Aspillaga Anderson Hermanos S.A.C., quedan concluidos de pleno derecho, en ejecución de la STC N.º 03569-2010-PA/TC.
5. Remitir copia de la presente sentencia a la Oficina de Control de la Magistratura y al Consejo Nacional de la Magistratura a efectos de que adopte las medidas que estime necesarias.
Publíquese y notifíquese.
SS.
ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA HANI
MESÍA RAMÍREZ
ETO CRUZ
Dimensión jurisdiccional y dimensión funcional de las resoluciones judiciales
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Revisando el 5° Considerando, rubro “Cuestiones Preliminares”
¿Estamos ante una puerta abierta para el control de las decisiones evidentemente jurisdiccionales?
¿Cómo se condice esto con la STC del Caso Alfaro Lanchipa vs. OCMA?
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05765-2007-AA.pdf (más…)
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