reforma judicial

El autor critica la falta de política institucional en el Poder Judicial respecto al manejo en la atención al usuario. Además, explica algunos motivos por los cuales aún no existe una reforma judicial dentro de dicha entidad, entre los que señala la ausencia de los diversos mecanismos para la correcta ejecución de las funciones jurisdiccionales.

En http://laley.pe/not/3857/siete-propuestas-con-miras-a-una-verdadera-reforma-judicial

Entrevista
Luis Pásara. Abogado y Doctor en Derecho por la PUCP. Radica en España y ha publicado ‘Una reforma imposible’, sobre la justicia latinoamericana.
Juan Álvarez.

SIN REFORMA. Pásara lamenta que el interés social por el tema Justicia no sea muy grande.

– ¿Qué hace imposible que se encuentre justicia en el Perú?

No diría que es imposible encontrar justicia en el Perú; solo lo es en determinados casos, que usualmente son aquellos en los que hay intereses poderosos de por medio, que interfieren en la imparcialidad con la que el juez debería decidir. En la mayor parte de casos la justicia no es imposible pero sí es cara y lenta, además de imprevisible cuando interviene el factor de la corrupción, que puede lograr que se declare blanco lo que es negro. Y, en efecto, para la mayor parte de la población la justicia sigue siendo enigmática. Pero, en cierta medida, eso no se origina en la justicia misma sino en la educación. ¿Por qué en los planes de estudios escolares no se incluyen cursos en los que el futuro ciudadano conozca qué es el sistema de justicia, cuáles son sus atribuciones y, como peruano, qué derechos y deberes tiene en él? Es tan simple y no se hace. No sé por qué. De allí que lo que parezca imposible sea cambiar el estado de cosas, reformarlo.

– Se suele decir que la dependencia del poder político parte de que este asigna el presupuesto…

Muchos jueces –a menudo quienes ocupan cargos más altos– recurren a reclamar más dinero público como una coartada para disimular su incapacidad para encarar los problemas de fondo de la justicia. No solo aquí; en toda América Latina se escucha la misma letanía. Los hechos demuestran –en varios casos, Perú y Ecuador incluidos– que multiplicar –digo bien, multiplicar– el presupuesto judicial no procura ni mejores jueces ni una justicia más eficiente.

– Aumentar el sueldo a los jueces, como lo hizo el gobierno de Alejandro Toledo, ¿fue apropiado?

Primero, atribuir la corrupción a los bajos sueldos es un juicio canallesco acerca del ser humano: suponer que la moral individual no depende de la conciencia sino del nivel de ingresos. Segundo, el caso peruano demuestra, precisamente, que haber aumentado los sueldos no hizo menos corrupto al Poder Judicial. Pero eso no quiere decir que fuera incorrecto mejorar los sueldos de los jueces. El juez debe recibir una remuneración acorde con la importancia de su función. Lo que no estuvo bien, en la decisión de Toledo, fue no incrementar las remuneraciones del personal auxiliar, cuyo papel también es importante.

– En la hipótesis de que para la población sea complejo entender el proceso judicial, ¿existe alguna forma de ir cerrando esa brecha?

Claro que es posible cerrarla, cuando menos reducir la ignorancia actual. Pero los operadores del aparato de justicia –empezando por los abogados– se benefician de esa ignorancia ciudadana de la ley. Con frecuencia, el abogado litigante cobra al cliente sólo por servir de intérprete o traductor de un lenguaje judicial que se mantiene, estúpida o perversamente, a distancia de lo que un mortal común puede comprender. Y esa misma imposibilidad de entender hace que el cliente no pueda evaluar los servicios de su abogado, que muy frecuentemente no son tales; esto es, que la inoperancia del abogado –por ignorancia o por descuido– causa un daño al cliente que le paga inútilmente sin saberlo.

– Los casos de linchamiento de delincuentes por sus víctimas siguen…

Los casos de Guatemala, Bolivia y México muestran que el fenómeno va hacia más y no hacia menos. Responsabilizar de los linchamientos a la justicia tiene un fundamento que es solo parcialmente verdadero. Cuando “no hay justicia” –esto es, no hay policía ni jueces en un área territorial determinada–, se entiende, aunque no se apruebe, que se recurra a la propia mano; pero hay casos en los que la turba arrebata al detenido de la comisaría; allí no hay ausencia de justicia; lo que hay es un estado cultural primitivo, al que corresponde el linchamiento. Que la muchedumbre crea que “hace justicia” cuando hiere gravemente o mata a alguien –que a veces incluso es un inocente– es algo que ocurrió en una época en Estados Unidos y hoy ocurre en América Latina, que está viviendo, no solo en este terreno, regresiones de primitivismo.

– En Puno la población retuvo a una jueza y la obligó a arrodillarse en la calle para que explique y ofrezca disculpas por excarcelar a un acusado de violación. ¿Eso es señal de una rebelión civil?

No conozco el caso específico y no sé por qué la jueza dispuso la excarcelación. Lo que sí sé, porque he trabajado el asunto de la detención provisional o prisión preventiva, es que la falta de educación ciudadana hace que en nuestros países se crea que cualquiera que es señalado –por la víctima o, peor aún, por la policía– es, sin duda, culpable. De allí la indignación que se produce, alentada casi siempre por los medios de comunicación, cuando un señalado como responsable en un proceso penal es puesto en libertad, sea provisional o definitiva. Esto es, en buena medida, falta de educación cívica; pero también es verdad que los jueces deben fundamentar siempre sus decisiones, en este tipo de casos como en cualquier otro.

– ¿Cuánto se parece esa escena a la de Fiorella Nolasco –la hija del asesinado consejero regional de Áncash Felipe Nolasco– recriminando por su pasividad al Fiscal de la Nación en una audiencia pública en Chimbote?

Este caso es distinto porque pertenece a esa categoría de casos a los que referí al comienzo de la conversación, en los que la interferencia de los intereses del poder lleva a temer que no habrá justicia. El comportamiento del Fiscal de la Nación es una vergüenza en éste y en otros casos.

– Precisamente luego de ese emplazamiento, empezaron innumerables ‘detenciones preventivas’ de autoridades regionales. Si hasta parece percibirse una intención de reaccionar mejor…

La detención preventiva puede ser usada –y ha sido usada– por los operadores del sistema como una manera de “lavarse la cara”. Como hay presión de la opinión pública para que “se haga algo”, se dicta la detención y se crea una imagen de eficiencia que acaso no corresponda a un proceso seriamente llevado. El tiempo nos dirá si en este caso concreto las detenciones dictadas son solo asunto de imagen o reflejan una investigación de fondo, con indicios sólidos de responsabilidad.
Lamentablemente, la capacidad de investigación de los ministerios públicos en América Latina es muy baja –incluso cuando no hay de por medio interferencias políticas o corrupción– y ésa es una de las razones importantes que explican el relativo fracaso de la reforma procesal penal.

– ¿Y qué va a pasar si, por ejemplo, los casos de César Álvarez y Rodolfo Orellana, que tantas órdenes de detención han generado, al final quedan en nada?

Sin duda, si ése fuera el desenlace, el descreimiento aumentaría. Existen antecedentes de casos “sonados” que luego se pierden y terminan sin condena. Es que hay quienes apuestan a que el olvido –o el surgimiento de nuevos escándalos– haga que la atención que hoy se presta a un caso, mañana no exista. Entretanto, el caso puede esperar en un cajón.

– ¿Qué tan parecida es la realidad del Perú con respecto a otros países del continente en cuanto a la ausencia de Justicia?

En términos generales, la realidad peruana es similar; pero en muchos aspectos, es peor. Creo que la empeora, en particular, el hecho –que no se recuerda mucho– de que el Perú inició su primera reforma judicial en los años setenta. Solo Cuba había hecho antes una reforma de la justicia, que terminó siendo un aparato de justicia al servicio de “la Revolución”, esto es, el partido y el gobierno. Las “olas” de reforma vinieron luego, a partir de los años ochenta, inducidas por la ayuda estadounidense en Centroamérica. De modo que el Perú ha visto fracasar más intentos de reforma que otros países. Dicho eso, en la región las coincidencias son muchas y el origen, en efecto, está en el modelo de justicia heredado de la colonia. El modelo económico actualmente impuesto ni siquiera ha tenido mayor impacto en la justicia, casi prescinde de ella.

– Reflexionar sobre los problemas comunes de injusticia, ¿no es una experiencia académica desmotivadora? ¿Es una aventura editorial rentable? ¿Se vendió más o menos que el libro sobre Cipriani?

Es una pregunta muy pertinente, dado que he dedicado décadas de mi vida al tema, guiado por la curiosidad intelectual pero también por el propósito de que la justicia fuera distinta. Durante mucho tiempo mantuve esa ilusión; lo que quizá ha variado es que hoy pienso que los cambios posibles son limitados, en parte debido a que la justicia de un país dado no puede dejar de asemejarse a la sociedad de ese país. Averiguar esto no es rentable, pero no lo hice pensando que lo fuera. En cierta medida porque el interés social en el tema no es muy grande y allí reside una de las razones por las que la justicia no cambia o cambia muy poco. Mucho mayor interés existe por un libro como el de Cipriani, un actor político cotidiano, cuya primera edición casi se ha agotado en cinco meses.

– ¿Qué debemos esperar de su próximo libro?

He escrito recientemente un informe, que se ha convertido en un pequeño libro, acerca de las condiciones de la independencia judicial bajo el régimen de Rafael Correa en Ecuador. Se ha lanzado esta semana y probablemente tenga una repercusión política importante. Estoy trabajando un informe sobre los resultados de la elección popular de las cúpulas institucionales de la justicia boliviana, que tuvo lugar a fines de 2011. Ambos son casos de los que los peruanos podemos aprender mucho.

La República, 30 de julio de 2014

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Roberto G. MacLean U.

Parte de las discusiones sobre las reformas en la justicia, ha sido, siempre, el tema del tiempo necesario para obtener resultados. Mi respuesta habitual es alrededor de tres años. Pero hay una excepción, que paso a exponer.

Aunque el éxito de los proyectos depende de los jueces, se dan situaciones en las que éstos no tienen posibilidad alguna de cambiar las características de los eventos, por ejemplo: el arrollador torrente de causas que inunda nuestro sistema. Alguien tuvo una vez la idea muy dulce que los jueces se nieguen a recibir demandas o denuncias cuando la sobrecarga es excesiva. Otro recomendó crear más juzgados. Y esto último podría ser una buena idea, si no tomásemos en cuenta que el porcentaje de jueces por habitante en el Perú es mayor que el de los Estados Unidos de América, que es una sociedad muy litigiosa. El aumento de jueces y tribunales, además, cuesta dinero, lo que no importaría si valiera la pena.

Pero, qué tal si contásemos, sin ningún costo para el contribuyente, ni para los usuarios del sistema de justicia (más bien sería un ahorro), con la colaboración gratuita de los abogados de Lima, Callao y Cono Norte, que sin aumento de nuestro trabajo habitual pudiéramos producir instantáneamente, un cambio importante en la carga procesal?

La solución está a la mano, y se aplica desde hace años con éxito en varias jurisdicciones de los Estados Unidos de América. Y las razones porque cometo la impertinencia de proponerla para el Perú, un país tan diferente, es porque además de rápida, es estadísticamente significativa, totalmente gratuita, y no requiere de tecnología, porque su aplicación es artesanal. En los EE.UU. se ha adoptado una brevísima norma procesal.

Si en el ejercicio de la profesión, aceptamos patrocinar, como demandante o demandado, a un cliente que es evidente que no tiene absolutamente ninguna posibilidad honesta y pacífica de ganar su caso, estamos originando los siguientes efectos:

Congestión que entorpece la función del Sistema de Justicia;
Dilación innecesaria de los procesos;
Costo inútil que afecta ente el 15% y el 18% de la tasa de crecimiento del Perú;
y es un despilfarro del dinero del contribuyente;
Postergación de otros casos que pueden ser más urgentes; y
Estímulo para la corrupción.

Los abogados, tenemos el control monopólico de la puerta de entrada de todas las causas, con el beneficio adicional de no asumir ninguna responsabilidad. Se supone -y con frecuencia nos ufanamos de ello- que somos “auxiliares de la justicia”. Formamos el primer filtro de selección que determina la calidad mínima de la carga procesal.

Una solución para el problema de controlar la calidad de las causas que congestionan el sistema es el aplicado en la Federación Rusa. Para detener la propagación de litigios frívolos, los jueces reciben, personalmente, las demandas de manos de los interesados; las discuten con ellos, y sólo después las admiten o devuelven. Pero, los litigantes no están contentos con la solución, pues, es morosa y en épocas de crisis resulta un caos.

Una segunda solución es la aplicada en la capital de los Estados Unidos de América, por mérito de la Regla Procesal 15, si no me falla la memoria. Todo abogado que autoriza una demanda, reconvención, contestación a una demanda o a una reconvención, debe incluir en el último párrafo del escrito una declaración jurada, bajo responsabilidad personal, que, a su juicio, los argumentos de su patrocinado cuentan con los fundamentos probatorios y legales que ameritan que la causa sea considerada por un juez; que el caso vale la pena el tiempo empleado, el trabajo del personal involucrado y el costo para el contribuyente al poner en movimiento la onerosa maquinaria de la justicia. Las sanciones, por incumplimiento, varían de la suspensión temporal a la definitiva para ejercer la abogacía.

El mayor número de sugerencias para la reforma, se refiere comúnmente, a lo que otras personas pueden hacer. Para variar, tratemos de ver qué podemos hacer cada uno de nosotros por pequeño que sea. Somos cerca de 40,000 abogados en Lima, Callao y Cono Norte. El impacto sumado, puede ser contundente, y el efecto instantáneo -como todos pretenden que sea la reforma- facilísimo de aplicar para un abogado honesto y, además, completamente gratuito. El segundo de los ejemplos de solución citados podría ser la respuesta.

“El Peruano”, 8 de Mayo de 2003,  p.18

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Gino Costa
Presidente de Ciudad Nuestra

La incorporación de formas alternativas de resolución de conflictos, como el arbitraje y la justicia indígena, es positiva…

A la luz de la experiencia de los últimos 25 años, Luis Pásara afirma que ha sido imposible reformar la justicia y explica por qué. Con la lógica implacable que lo caracteriza y un espíritu crítico extraño en el medio, concluye que los resultados de las reformas emprendidas son cuando menos magros. Así lo sostiene en “Una reforma imposible. La justicia latinoamericana en el banquillo”, publicado por la PUCP.

Reconoce avances, sin duda, en justicia constitucional, por ejemplo. También en independencia judicial, gracias a que se sacó el nombramiento de jueces y fiscales de manos de los políticos, aunque su influencia en la judicatura no ha desaparecido, como bien lo constatamos cotidianamente.

La más ambiciosa iniciativa de reforma, la del proceso penal, ha aportado transparencia y rapidez, pero al costo del archivo sistemático de las dos terceras partes de las causas. La incorporación de formas alternativas de resolución de conflictos, como el arbitraje y la justicia indígena, es positiva, aunque esta última no exenta de dificultades.

Aun así, la justicia como mecanismo para resolver conflictos, frenar abusos y garantizar el imperio de la ley sigue siendo en América Latina más una aspiración que una realidad. La insatisfacción ciudadana con ella se mantiene alta y la percepción de corrupción e impunidad con que se la asocia no ha cambiado.
Según Pásara, múltiples son los responsables. Los principales, los propios jueces y fiscales, seguidos muy de cerca por los abogados y las facultades de derecho que los educan. Son ellos los más resistentes al cambio por los intereses que tienen en el statu quo. Pesan además sobre sus espaldas factores históricos, culturales y organizacionales que con frecuencia, y a un gran costo, los esfuerzos de reforma han ignorado.

¿Es posible superar estos obstáculos? Contra su propio escepticismo, Pásara deja abierta una ventana a la esperanza, a condición de que se aprendan las lecciones del último cuarto de siglo.

Las pocas experiencias exitosas fueron las que se fundaron en conocimientos rigurosos de los problemas que se querían superar y contaron con estrategias políticas y técnicas de implementación, así como con el apoyo de amplias alianzas. También fueron decisivos los liderazgos políticos comprometidos y los equipos profesionales competentes.

Me parece obvio que hoy no contemos con esas herramientas en el Perú; hay pues que construirlas. Quizá cabría comenzar por hacer un balance de la implementación del Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia preparado por la Ceriajus en abril del 2004.

Una década es tiempo suficiente para evaluar su implementación, actualizar el diagnóstico y dotarnos de un nuevo plan –digamos Ceriajus II– para los próximos cinco años. Los partidos políticos podrían entonces discutirlo, perfeccionarlo y acordar su ejecución a partir de julio del 2016. Quizá demostramos así que, a pesar de todo, la reforma de la justicia es posible. Para lograrlo, habría que empezar por leer el notable libro de Pásara.

LA CERIAJUS I
Nueva carrera judicial: reforma importante
– Integrada por las instituciones de la justicia y personalidades independientes y dirigida por el presidente de la Suprema, la Ceriajus I recomendó 170 reformas. De ellas, las más importantes fueron la nueva carrera judicial (aprobada en el 2009) y la fiscal (pendiente).

LA CERIAJUS II
– La Ceriajus II debería concluir la implementación del nuevo proceso penal y constituir el subsistema contra el crimen organizado, que complemente los subsistemas abticorrupción y antiterrorista (encargado de violaciones de los derechos humanos).

El Comercio 2 de junio de 2014

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Para reformar el Poder Judicial, debería volverse obligatorio el arbitraje para quienes puedan pagarlo

Una entrevista al presidente del Poder Judicial (PJ), Enrique Mendoza, que publicamos ayer muestra la complicada situación que padece su institución a raíz de la huelga que enfrentó hasta hace poco. Debido a ella, se suspendieron 163 mil procesos que hoy, a pesar de que el PJ amplió los horarios de servicio, forman una larguísima cola de casos retrasados.

Ese problema se suma, por supuesto, a la enorme carga de trabajo que tiene usualmente la institución y que, entre otros factores, la lleva a moverse a paso de tortuga: este año solo la Corte Superior de Justicia de Lima acumula 347 mil procesos, de los cuales estima poder resolver durante el 2014 únicamente 134 mil. Según declaraciones del doctor Mendoza, además, solo para notificar a los demandados (el primer paso dentro de un juicio) se pierden cuatro meses al año por caso. Y cada juez maneja –a menudo en condiciones precarias– varios miles de expedientes, algo que es materialmente imposible hacer de manera realmente célere y eficiente.

Como si todo ello fuese poco, el servicio de justicia enfrenta una conocida falta de legitimidad y de confianza. De acuerdo con el Índice Global de Competitividad, nuestro PJ ocupa el deshonroso puesto 126 de 148 países en lo que toca a su independencia. Y, según la última Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú, elaborada por Ipsos, esta institución es considerada la tercera más corrupta de la nación (solo superada por el Congreso y la Policía Nacional).

La situación es clara: una reforma del PJ no puede consistir tan solo en ciertos cambios cosméticos. Tenemos que pensar fuera de la caja y plantear soluciones radicales.

En este Diario creemos que un primer paso podría ser dejar que la justicia privada le dé una mano a la justicia estatal. Concretamente, nos referimos a que las personas que tengan controversias comerciales o civiles y que cuenten con recursos para solventar un arbitraje estén obligadas a recurrir a esta vía, en vez de la judicial, para resolver sus problemas. Sería cuestión de dar una ley que lo exija y que establezca una regla supletoria que señale cómo se designará a los árbitros en caso los involucrados en una controversia no lo hubiesen pactado anticipadamente en un contrato o no llegasen a un acuerdo posterior.

De este modo, implementar el arbitraje obligatorio sería abrir un camino paralelo para desatorar la carretera terriblemente congestionada que es el PJ. Así, este último serviría básicamente para atender dos tipos de casos. Primero, los penales. Segundo, las controversias civiles y comerciales de aquellas personas que no puedan solventar un proceso arbitral (siguiendo una lógica parecida a la que debería inspirar a la salud pública: que los hospitales públicos se enfoquen en las personas de escasos recursos que no pueden pagar una clínica privada).

Además de la mencionada descongestión, el sistema que proponemos permitiría liberar la mayor parte de los recursos del PJ para atender con mayor eficiencia a las causas que quedarían bajo su competencia.

Por otro lado, un sistema privado de resolución de controversias tendría otra ventaja: es mucho más difícil que el poder político influya en él. Esto significaría que sería más independiente, menos corrupto y que brindaría mayor certidumbre a los ciudadanos.

Además, al colocar un nuevo sistema privado al lado del estatal los ciudadanos podríamos comparar con mayor facilidad la eficiencia del segundo. Y finalmente, como dice el dicho, un caballo corre más rápido cuando se le pone otro al lado.

La situación del PJ no es cosa de broma. De él depende que se hagan cumplir los derechos de todos los ciudadanos. Por eso, no nos podemos dar el lujo de que siga funcionando mal ni de esperar que sus funcionarios (que en varios casos son parte del problema) tomen un buen día la decisión de reformarse a sí mismos.

La Constitución reconoce este camino alternativo –el arbitraje– como un sistema institucional de justicia. Usémoslo difundidamente y empecemos a cambiarle el rostro a la justicia peruana.

El Comercio, 29 de mayo de 2014

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