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Superman

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Los funcionarios públicos se sienten superhéroes que pueden resolverle todos los problemas al resto de sus congéneres

Alfredo Bullard
Abogado

Todos hemos soñado de niños (o de no tan niños) con ser superhéroes. Admiramos la conjunción de poderes sobrehumanos y la nobleza de espíritu que los conduce a hacer el bien. Soñamos siempre con ser buenos y poderosos.

Me pregunto si no deberíamos dar gracias a que los superhéroes solo sean personajes de ficción. ¿Se imaginan si Superman existiera? Sería preocupante que existiera una persona con capacidad de actuar sin límites, volando por los cielos, levantando pesos extraordinarios, atravesando paredes y siendo inmune a las balas. Un ser con tal poder tendería a abusar de él. ¿Qué nos garantiza que los superpoderes vengan acompañados por la nobleza necesaria para usarlos con responsabilidad y con la inteligencia para usarlos con criterio? Quizás lo más fantasioso en los superhéroes no sean sus poderes, sino la romántica bondad con que actúan y su utópico espíritu de sacrificio digno de un santo.

Pero más peligroso que un superhéroe sería alguien que se cree uno sin contar con los poderes para serlo. Mi madre encontró una vez a mi hermano menor sentado al borde de la ventana de un sexto piso, con su disfraz de Superman, mirando al vacío con la expresión de “¿lo hago o no lo hago?”. Por suerte lo alcanzaron antes de que intentara descubrir si podía volar.

Esta situación se parece a cuando los funcionarios públicos, dotados de poder, se sienten superhéroes que pueden resolverle todos sus problemas al resto de sus congéneres. Sin verdaderos poderes, y sin contar con el espíritu cuasidivino necesario, se creen en la capacidad de hacer el bien sin mirar a quién, cuando en realidad hacen el mal mirando a quien le conviene.

Eso es precisamente lo que ocurre con la lamentable Ley Universitaria. Una sarta de funcionarios públicos, comenzado con Humala, el muy poco dotado de criterio Mora, y una serie de congresistas que muestran todos los días, cuando abren la boca, que no tienen mucho que decir sobre educación, y creen que tienen el poder para resolver el problema de la calidad educativa. Pero como ha ocurrido con la educación estatal de todo nivel, solo nos conducen a sumar más décadas de fracaso.

Es sintomático que la ley haya creado no una intendencia, sino una superintendencia (cualquier parecido con Superman es pura coincidencia) que creerá tener los poderes para decidir cómo innovar en educación. Pero está a punto de saltar por la ventana a luchar contra la mediocridad, sin advertir que la mediocridad está en los tafetanes de su propio disfraz.

En pocas áreas de la actividad humana la innovación y la creatividad son tan importantes como la educación. Y el principal motor de la innovación es la competencia y la iniciativa individual. Infelizmente, la superintendencia la limitará dando estándares y reglas que buscarán que todas las universidades se parezcan cuando lo más importante, para ofrecer una educación de calidad, es que sean diversas.

No se dan cuenta de que al obligar a que todos los profesores tengan título de máster alejan de la cátedra a excelentes profesores y alimentan la creación de más programas de maestría en universidades de medio pelo. No se dan cuenta lo que significa obligar a que el 25% de los profesores sean a tiempo completo. ¿Con qué dinero se van a construir las oficinas y se va a poder contratar a tantas personas? Pues con aumentos de pensiones que alejarán la educación de los que menos tienen o con más gasto de nuestros impuestos. ¿Por qué un profesor de 70 años es demasiado viejo para enseñar, en un mundo donde la expectativa de vida superará pronto los 100 años? Y es que esas cosas pasan cuando la ignorancia se viste con traje colorido, una capa llamativa y una “S” de Superburócrata en el pecho.

Le hago una apuesta. En 10 años nos quejaremos más que ahora de la calidad de las universidades. Y a pesar de eso, creeremos que el problema es que los burócratas no tienen aún poderes suficientes.

EL Comercio, 12 de julio de 2014

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La gran responsabilidad de la enseñanza del derecho en la justicia

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Autor(a): David Lovatón Palacios – Profesor principal Departamento de Derecho PUCP

Perú
20-06-2013
A propósito del proyecto de nueva ley universitaria

Recientemente la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) llevó a cabo un foro internacional sobre la educación universitaria en el Perú. Fue un excelente espacio para debatir en torno al proyecto de ley de nueva ley universitaria que se viene discutiendo actualmente en el Congreso de la República. Por un lado, hay quienes sostienen que este proyecto vulneraría la autonomía universitaria consagrada en el artículo 18° de la Constitución; por su parte, los impulsores de esta iniciativa (entre otros, el congresista Daniel Mora) sostienen que la misma pretende elevar la calidad de la enseñanza universitaria, que es un deber del Estado conforme el artículo 16° de la Constitución. Al respecto, el Consorcio de universidades de la que la PUCP forma parte, publicó un comunicado en el Diario “La República” del 6 de junio pasado, en el que si bien defiende la autonomía universitaria, a la vez se pronuncia por elevar la calidad de la enseñanza universitaria en nuestro país.

Al respecto, en primer lugar hay que señalar, en efecto, toda reforma del régimen legal de las universidades debe respetar el principio de la autonomía consagrado constitucionalmente: “Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.” (Artículo 18°, cuarto párrafo). Esta autonomía universitaria está dirigida no sólo en contra de injerencias políticas o gubernamentales, sino también contra grupos de poder o auténticas redes de corrupción que, lamentablemente, han logrado enquistarse en algunas universidades. En ese sentido, todo intento de injerencia autoritaria debe ser rechazado.

En segundo lugar, hay que partir por reconocer que es lamentable la actual situación de la enseñanza universitaria en nuestro país, salvo honrosas excepciones y loables esfuerzos públicos y privados. La escasez de recursos, la pérdida del principio de autoridad, la precariedad institucional y la pésima calidad de la enseñanza que –en promedio- se imparte en las aulas universitarias, son algunos de los rasgos que, lamentablemente, caracterizan en la actualidad a la universidad peruana. En ese marco, una iniciativa legislativa que esté dirigida a enfrentar y tratar de solucionar esta realidad que es innegable, debe ser apoyada siempre y cuando, como ya hemos señalado, se haga respetando los principios consagrados constitucionalmente.

La enseñanza universitaria del derecho hace parte de esta lamentable realidad. Salvo algunas facultades de derecho públicas y privadas que se han preocupado, esforzado e invertido recursos para ofrecer a sus alumnos(as) una educación de calidad, lo cierto es que, en la actualidad, no se forma en derecho sino que, por el contrario, con frecuencia se (de)forma a los alumnos(as), reproduciendo vicios atávicos de nuestro sistema jurídico, caracterizado más bien por una interpretación o aplicación tramposa de la ley. De esta manera, las facultades de derecho en nuestro país –salvo excepciones- siguen siendo centros de perpetuación de esta cultura jurídica de “vigencia selectiva de la ley” (Alberto Binder) y no núcleos de excelencia académica ni de renovación de un sistema jurídico y un sistema judicial caracterizados, más bien, por la corrupción, la desconfianza ciudadana y la discriminación.

Si bien la desidia y el abandono estatal han contribuido a esta situación de la enseñanza del derecho, también es cierto que la proliferación de nuevas facultades de derecho y de filiales de muy dudosa calidad en los últimos veinte años –en especial, de universidades privadas-, ha contribuido a masificar y deteriorar la enseñanza del derecho. Como lo documentó un informe encargado por el Ministerio de Justicia al experto Luis Pásara en el año 2004, “Hay facultades de derecho que sólo existen como un medio de obtener ganancias por un empresario codicioso que reduce su riesgo a comprar o adquirir un edificio, incorporar en él algunas carpetas de madera y otras tantas pizarras…” (p. 42). Frente a esta realidad, no hubo regulación ni control alguno y, creemos, la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) pudo esforzarse mucho más por tratar –al menos- de denunciar esta situación.

De esta manera, los serios problemas que aún padece el sistema de justicia en nuestro país hunden sus raíces en las facultades de derecho, que tienen una cuota grande de responsabilidad pues de ahí salen los operadores del sistema: jueces, fiscales, funcionarios y abogados. En ese sentido, consideramos que es fundamental que se implementen mecanismos de control de la calidad de la enseñanza universitaria del derecho, que  supongan, entre otros aspectos, la acreditación obligatoria en virtud de la cual, sólo las facultades debidamente acreditadas podrán otorgar grados académicos y títulos profesionales a nombre de la Nación, tal y como lo propone el proyecto de ley en debate. Esta medida no sólo elevaría la calidad de la enseñanza del derecho sino que también podría combatir la corrupción judicial. Hoy en día, por ejemplo, se ha formado una suerte de mercado de grados y títulos de fácil obtención alrededor de los procesos de selección y nombramiento de jueces y fiscales, que podría ser desterrado con esta herramienta de la acreditación obligatoria.

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