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Si no se adoptan medidas que vayan a la raíz de los problemas, el deterioro de los gobiernos regionales puede agravarse

Enrique Bernales
Constitucionalista

Graves problemas afectan a varios gobiernos regionales. Son los casos de Áncash, Tumbes, Cajamarca, Loreto y Pasco, donde las denuncias periodísticas y las investigaciones de la contraloría han comenzado a descubrir casos de corrupción, de organización de mafias y de violencia criminal. Otros gobiernos regionales podrían estar involucrados en situaciones semejantes.

¿Qué está pasando? ¿Se trata de conductas individuales que han empleado mal el cargo y los recursos asignados, debiendo por lo mismo ser sometidos los responsables a investigación? No cabe duda de que eso debe ser así, pero sostengo que el problema es más de fondo y que aun cuando haya gobiernos regionales aceptables y otros que hacen agua por otras partes, es el modelo de regionalización y de descentralización el que no está funcionando bien, porque las disposiciones constitucionales de la materia y su proceso de implementación tienen fallas y errores sustantivos que casi inexorablemente conducen al desgobierno y a casos de abusos de poder y corrupción.

Corresponderá a la justicia investigar y sancionar las situaciones delictivas producidas por el ejercicio del poder regional. Quiero consagrar aquí una primera reflexión crítica sobre los problemas jurídicos constitucionales que han comprometido a la regionalización en caminos equivocados. Parto de una premisa esencial, la regionalización y la descentralización son una necesidad absoluta y, cualquier que sean los fallos del proceso actual, no se debe volver al viejo centralismo que tanto daño hizo a la nación y al Estado.

No obstante, su tratamiento constitucional contiene deficiencias que deben subsanarse. Su tratamiento en la Carta de 1979 pecó de ambición y dispuso la creación de regiones transversales que forzaron uniones difíciles de realizar. La versión constitucional actual giró hacia el otro extremo y se redujo su texto a unas cuantas generalidades inocuas. En consecuencia, el Gobierno del presidente Alejandro Toledo impulsó la modificación del capítulo XIV del título IV de la Constitución que consignó las disposiciones que rigen actualmente. Transcurridos diez años de funcionamiento de las regiones, sus resultados no son en conjunto satisfactorios. Los problemas más visibles que entraban la gestión regional y dificultan la articulación estructural entre el gobierno nacional del país unitario que es el Perú, así como los mecanismos de control, son a mi juicio los siguientes:

a) Ha habido excesiva aceleración, escasa preparación y ausencia de planeamiento en el proceso de descentralización. Este, según el artículo constitucional 188, debió realizarse por etapas, en forma progresiva y ordenada de acuerdo con criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos. No ha sido así.

b) Los departamentos se han convertido en regiones y son, por tanto, 26. Es un exceso que no existe en ningún país regionalizado. El resultado es que unas regiones tienen viabilidad y otras no. Unas disponen de recursos naturales valiosos y, por tanto, de canon, pero otras regiones siguen tan pobres como antes. Revisar este esquema y estudiar la composición de las macrorregiones que sean necesarias es un principio de solución.

c) No existen adecuados mecanismos en la coordinación interregional y de compensación en la asignación de recursos. Los planes regionales, a su vez, no articulan con una planificación nacional del desarrollo. Se gasta mucho en infraestructura urbana en las ciudades principales, pero en el campo las grandes obras para el desarrollo productivo son escasas, a pesar de la disponibilidad de recursos para financiarlas.

d) No es claro el artículo 194 de la Constitución en cuanto al contenido, extensión y uso de los gobiernos regionales respecto al otorgamiento de “autonomía política”. En la práctica, se está dando un uso abusivo de esta autonomía, que desde las regiones es asumida como una especie de gobierno paralelo al gobierno central y la no aceptación de la autoridad del Congreso sobre las instituciones regionales. Esto, sumado a la debilidad de los sistemas de control, puede ser asumido como una explicación causal del libertinaje y los abusos de poder visibles en varios gobiernos regionales.

e) Desaparecido el Consejo Nacional de Descentralización (CND), se da una situación anómala de regiones que no coordinan con el gobierno nacional, porque tampoco existe norma que las obligue a ello.

f) Poco o nada se sabe de la composición del funcionariado de estos gobiernos y sobre su nivel y calidad profesional para asumir cargos de gerencia, elaboración de proyectos y ejecución de los mismos.

Como se aprecia, se trata de una situación muy delicada y si no se adoptan medidas que vayan a la raíz de los problemas, el deterioro de los gobiernos regionales puede agravarse. El Congreso tiene la obligación de actuar.

El Comercio, 9 de junio de 2014

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