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El debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana

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Por Carolina Loayza Tamayo

El debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana

Carolina Loayza Tamayo

En Lex: Revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas PeruanasISSN-e 2313-1861, ISSN1991-1734, Vol. 10, Nº. 9, 2012págs. 83-126

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¿No citar a una de las partes a la vista de la causa vulnera el derecho de defensa?

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Jueves, 22 de marzo de 2018 
RECURRENTE ALEGÓ QUE SE TRANSGREDIÓ EL DEBIDO PROCESO

¿No citar a una de las partes a la vista de la causa vulnera el derecho de defensa?

En un proceso contencioso administrativo, si una de las partes no es notificada con la resolución que señala fecha para la vista de la causa, ¿se vulnera el debido proceso y el derecho de defensa? En esta nota entérate qué ha señalado recientemente la Corte Suprema al resolver un recurso casatorio.

Si bien la resolución que fijó fecha para la realización de la vista de la causa no fue notificada, ello no aparece como vulnerador del derecho de defensa, desde que lo que era materia de análisis y pronunciamiento por parte del órgano revisor era lo expuesto en el recurso de apelación confrontado con lo actuado en sede administrativa y judicial, y el apelante a lo largo del proceso ejercitó efectivamente tal derecho.

 

Así lo ha establecido la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, al resolver  casación N° 11132-2015 Lima. En dicho fallo, señaló que el proceso administrativo es primordialmente escrito, siendo la oralidad una facultad de las partes. En tal sentido, si bien es deber del órgano jurisdiccional poner en conocimiento de los interesados la oportunidad en que pueden ejercer dicha facultad, no hacer uso de ella o no asistir a la diligencia para exponer oralmente sus argumentos, no acarrea por sí mimsmo la nulidad de los actuados.

 

Repasemos los hechos. Una persona interpuso demanda de nulidad de resolución administrativa contra el Tribunal Registral de la Sunarp, solicitando como pretensión principal se declare la invalidez y consecuente ineficacia de dos resoluciones emitidas por dicho tribunal y se inscriba una sucesión intestada.

 

En primera instancia, la sala superior declaró fundadas las dos primeras pretensiones e infundada la tercera. En sede de apelación, la sala suprema confirmó la sentencia.

 

Al no estar conforme con la decisión, el recurrente interpuso recurso de casación. Así, la Corte Suprema consideró que la cuestión jurídica en debate consistía en determinar si se vulneró el debido proceso y el derecho de defensa del litisconsorte necesario pasivo, al no haber sido notificado con el señalamiento de la vista de la causa en su domicilio procesal.

 

En tal sentido, el Colegiado Supremo señaló que en estos procesos el pronunciamiento jurisdiccional se limita a lo actuado en sede administrativa y a los hechos nuevos ocurridos o conocidos con posterioridad al inicio del proceso, los cuales deben ser comunicados al órgano jurisdiccional correspondiente.

 

Por ello,  precisaron que no era posible insertar prueba de algún hecho nuevo en la realización de la vista de la causa, ya que ni en la contestación de la demanda ni en la apelación se informó al órgano jurisdiccional su existencia.  Así, en caso de haberse conocido de alguno incluso con posterioridad a la presentación del citado medio impugnatorio, ello pudo hacerse de conocimiento en dicha instancia, a fin de sustentar que la falta de notificación afectó de modo grave el derecho a la defensa, consistente en comunicar a la Sala Suprema un hecho posterior relevante para su pronunciamiento, lo que no ocurrió.

 

En consecuencia, la sala suprema determinó que la denuncia carercía de consistencia, pues verificó que el derecho a la defensa no se vio afectado con la decisión adoptada en segunda instancia. Por tales consideraciones, declararon infundado el recurso de casación.

Ud. puede acceder a la casación aquí o navegar en nuestro archivo Scribd

Cas. N° 11132-2015-Lima by La Ley on Scribd

En http://laley.pe/not/5079/-no-citar-a-una-de-las-partes-a-la-vista-de-la-causa-vulnera-el-derecho-de-defensa-/

Los derechos del Presidente -o del ángel caído-

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Por Dino Carlos Caro Coria

Publicado en su cuenta de Facebook el 16 de diciembre de 2017

Los derechos del Presidente -o del ángel caído-. Me sorprende que casi todo el penalismo, constitucionalismo y garantismo peruano guarde un extraño silencio frente a la posibilidad de vacar al Jefe de Estado. Aquí mi punto de vista, al menos para poder decir algún día “I was right”.

1. La vacancia por incapacidad moral permanente (art. 113.2 de la Const) es una sanción política impuesta por el Congreso. Equivale a una destitución, cese de la función o del cargo.

2. Toda sanción se rige por el principio de legalidad, no existe una norma que defina dicha incapacidad moral permanente, solo una experiencia, el 21/11/00 A. Fijimori fue vacado tras abandonar el país y renunciar por fax.

3. Un garantismo extremo conllevaría a hacer inaplicable la norma ante la ausencia de un contenido previo. Un garantismo moderado demanda cuando menos una interpretación restringida, estricta y motivada, dado que estamos ante un tipo abierto y con graves consecuencias: la destitución.

4. Según los acápites 4 y 5 de la moción aprobada por el Congreso, la incapacidad se debe a que PPK mintió sobre sus relaciones con Odebrecht y a que habría cobrado dinero de dicha empresa mientras era Ministro de Estado. Son imputaciones graves, pero la moción no señala porque éstas se subsumen en el concepto “incapacidad moral permanente”. Existe un déficit de motivación en la imputación.

5. En 6 días, el 21/12/17, se votará la vacancia. Pero el Presidente debe ser notificado formalmente con dichas imputaciones, y con las pruebas de cargo, la carta de la empresa que da cuenta de los pagos y las pruebas de dichos pagos, ésto último implica los detalles de las transferencias.

6. El Presidente tiene derecho a un plazo razonable para preparar su defensa, tiene el derecho a alegar en contra y contraprobar, puede ofrecer informes financieros, testimonios, testimonios expertos sobre si los hechos implican o no esa incapacidad moral permanente, etc. Culpable o inocente, son derechos que no se puede desconocer a ningún imputado, los tiene el homicida, el terrorista, el funcionario público, con mayor razón un Jefe de Estado en democracia.

7. PPK tiene derecho al debido proceso, a nombrar abogado, a que se admitan y valoren sus pruebas y argumentos, a ser escuchado, y a que la decisión final del Congreso esté debidamente motivada.

8. El art. 89-A del Congreso no garantiza los derechos indicados en los ítems 5, 6 y 7. Con un ejemplo, el art. 89-A.c dice que “El Presidente de la República cuya vacancia es materia del pedido puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado,hasta por sesenta minutos”, no dice más sobre el derecho de defensa.

9. En todo procedimiento sancionatorio, incluso entre privados, rige el debido proceso. Cuando no es así, la jurisdicción constitucional (amparo) puede dejar sin efecto la sanción, anularla y ordenar un nuevo proceso que respete esas mínimas garantías.

Si PPK debiera ser vacado, debe serlo conforme al Estado de derecho, si es vencido, deber serlo conforme a un due process of law.

TC vs. Perú

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Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú

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XV
PUNTOS RESOLUTIVOS
130. Por tanto,
LA CORTE,
por unanimidad,

1. declara que el Estado violó, en perjuicio de Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano, el derecho a las garantías judiciales consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2. declara que el Estado violó, en perjuicio de Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano, el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

3. declara que el Estado incumplió la obligación general del artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con las violaciones de los derechos sustantivos señalados en los puntos resolutivos anteriores de la presente Sentencia.

4. decide que el Estado debe ordenar una investigación para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos a que se ha hecho referencia en esta Sentencia, así como divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y sancionar a los responsables.

5. decide que el Estado debe pagar los montos correspondientes a los salarios caídos y demás prestaciones que en conformidad con su legislación correspondan a los señores Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano, de acuerdo con lo establecido en los párrafos 121 y 128 de la presente Sentencia.

6. decide, por equidad, que el Estado debe pagar a las víctimas en el presente caso, por concepto de costas y gastos, en la forma y condiciones que se expresan en los párrafos 126 y 128 de esta Sentencia, las siguientes cantidades: al señor Manuel Aguirre Roca US$25.000,00 (veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda peruana al momento de efectuar el pago; al
señor Guillermo Rey Terry US$25.000,00 (veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda peruana al momento de efectuar el pago; y a la señora Delia Revoredo Marsano US$35.000,00 (treinta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda peruana al momento de efectuar el pago.

7. decide que supervisará el cumplimiento de esta Sentencia y sólo después dará por concluido el caso.

Auto de ejecución Caso Alan García Pérez

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Resolución de la Primera Sala Civil

20140807-doc02082014-140722.pdf

FUE UN EMPATE

5 claves para entender la última decisión en el caso Alan García

En http://laley.pe/not/1636/5-claves-para-entender-la-ultima-decision-en-el-caso-alan-garcia/

Recurso de apelación interpuesto por el Congresista Tejada

http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc15052014-200503.pdf

Resolución del 5º Juzgado Constitucional de Lima

 

20140411-d_accion_amparo_alan_garcia_310314.pdf

 

 

 

A favor

 

 

 

Artimañas y leguleyadas judiciales ( I )

 

Iván Sequeiros Vargas (*)

 

Después que un Juzgado Constitucional de Lima resolviera a favor de los derechos fundamentales de un ex presidente investigado por una Comisión del Congreso, han surgido esencialmente dos opiniones que es preciso evaluar y aclarar.

 

Están quienes política e interesadamente opinan y dicen que hay intocables que tienen injerencia en el PJ y que manipulan las decisiones judiciales según convenga, por tanto la decisión del juzgado constitucional no está bien, por otro lado están las opiniones de quienes entienden el problema jurídico en debate y refieren que la decisión es sólida, correcta y tiene que cumplirse, entonces nos encontramos nuevamente en la necesidad de despolitizar la justicia o desjudicializar la política.

 

Políticamente a nadie le gusta que ningún ex funcionario de la administración pública deje de ser investigado cuando hay razones para ello, parte de la solidez de cualquier gobierno republicano (para no hablar de la complejidad de la democracia) es, además de la alternabilidad y la electividad, la “responsabilidad” que se hace efectiva cuando concluido un mandato se establece, de ser el caso, las responsabilidades de los gobernantes, de manera seria, idónea y dentro del marco constitucional, pues tampoco se trata de vendetta o revanchismo político.

 

Igualmente a nadie le gusta que los derechos fundamentales de ninguna persona sean vulnerados, entonces el equilibrio necesario que se tiene que dar entre la necesidad de establecer responsabilidades de cualquier tipo y el respeto por los derechos constitucionalmente reconocidos está en manos de los jueces, quienes sin criterios o consideraciones políticas, evalúan el caso sobre fundamentos  jurídicos (constitución y leyes) y deciden si el proceso de investigación ha cumplido estándares mínimos de respeto del debido proceso, caso contrario dicho proceso esta viciado y por tanto jurídicamente es nulo.

 

Exigir el cumplimiento pleno de los derechos fundamentales, no es “artimaña” ni mucho menos “leguleyada”, bajo ese criterio se menosprecia la trascendencia de los derechos fundamentales y se allana el camino para los abusos y el asentamiento de gobiernos excesivos (dictatoriales o totalitarios), por el contrario, todos estamos en la ineludible obligación de valorar decisiones que privilegian la vigencia de los derechos esenciales de cualquier persona, sin discriminar, en el entendido que esas decisiones hacen sólido al estado y la nación.

 

(*) Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

 

En http://www.expreso.com.pe/blog/la-columna-del-juez-134

 

Artimañas y leguleyadas judiciales (II)
Iván Sequeiros Vargas (*)

 

Continuando con el tema cabe señalar que lo que ocurre en ocasiones es que los derechos de los demás no son importantes hasta que se trata de nuestros derechos, que es cuando adquieren importancia y recién defendemos las decisiones judiciales que a su vez han defendido nuestros derechos.

 

Sin embargo es preciso tomar conciencia que la medición de los derechos fundamentales tiene que ser similar en todo contexto, situación o circunstancia y precisamente eso hacen los jueces, por esa razón es que igual cumplimiento exigen cuando se trata de X, W o Z, al margen de la naturaleza de la investigación que se trate y de la entidad que investigue.

 

Los derechos fundamentales no tienen que estar al vaivén del turno político ni al cristal con que se mire, deben estar siempre privilegiados en la opinión de todos, quienes pretenden vivir en una democracia constitucional y en un estado de derecho, por esa razón cuando los jueces de manera idónea y en los casos que corresponde privilegian la vigencia de los derechos fundamentales frente a flagrantes violaciones, excesos o abusos, tienen que ser bien vistos, porque están otorgando, aun contra la opinión pública adversa, la vigencia de aquello que durante muchos siglos de lucha se ha logrado, desde las primeras Cartas, hasta la declaración de Virginia y el reconocimiento de los derechos del hombre después de la Revolución Francesa.

 

Para eso tenemos una Constitución, tenemos un Tribunal Constitucional, tenemos órganos jurisdiccionales en materia constitucional, tenemos la Defensoria del Pueblo. Órganos internacionales protectores de derechos fundamentales y diversas organizaciones privadas que a través del tiempo y en todo lugar vigilan constantemente que siempre estén vigentes los derechos esenciales de las personas y cuando hay vulneraciones como en Venezuela denuncian y luchan para que se restablezca “ipso facto”.

 

(*) Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

 

En http://www.expreso.com.pe/blog/la-columna-del-juez-135

 

 

 

En contra

 

 

 

Como deconstruir el fallo contra la Megacomisión*

 

Autor(a): Lilia Ramírez Varela

 

Perú

 

10-04-2014

 

A ti…que el lenguaje jurídico te suena a chino básico y que, a veces, con mucha razón, aborreces a los abogados y abogadas por enredar cosas sencillas con elucubraciones jurídicas.

 

A ti…que andas más perdido que cuy en tómbola con esta decisión judicial que sientes tremendamente injusta, pero que sientes que te ponen fuera de juego cuando te dicen que es igual al caso de Javier Diez Canseco y no sabes explicar por qué lo ocurrido a él fue una vileza, mientras que lo de García es una conchudez.

 

A ti… voy a tratar de explicarte por qué no debes dejar que mareen tú indignación con formalismos jurídicos desde dizque tribunas independientes.

 

La controvertida resolución

 

En su resolución el juez ordenó anular la citación del 4 de octubre, el interrogatorio del 30 de octubre y algunas partes de los Informes de la Megacomisión que tomen el interrogatorio a Alan GarcíaPara dictar esto ha alegado dos razones:

 

1) La Megacomisión al no incluir la palabra “investigado” cometió un error, pues eso originó que Alan García no supiera si se presentaba a declarar como testigo o investigado[2]; y

 

2) La Megacomisión cometió otro error al no especificar los delitos que habría cometido Alan García[3].

 

Estos dos motivos dados por el juzgado para anular la citación son errados.

 

Sobre la inclusión de la palabra investigado y que por eso Alan García no sabía en qué calidad jurídica estaba, la resolución linda con el chiste jurídico.

 

El juez apela a un formalismo sin precedentes y se aleja de la realidad. Todos y todas sabíamos que García venía siendo investigado por la Megacomisión por posibles actos de corrupción.

 

Él se defendió como investigado, argumentó inocencia, pidió documentos para revisarlos y acudió a las citaciones con sus abogados, es decir, materialmente se defendió como investigado, tal como lo hace constar el propio juez[4].

 

Si una analiza toda la citación del 04 de octubre (ver documento), llegamos a la conclusión que Alan García era investigado, pese a que la citación dice “vinculado” a posibles actos de corrupción. El no poner una palabra no es suficiente para anular todo un interrogatorio y con ello parte de los Informes. Creemos que el juez debió analizar lo que realmente sucedió en la práctica en relación a Alan García, tal como lo hacen las mayorías de las Cortes cuando se produce un error formal, especialmente si se trata de una palabra.

 

Sobre la especificación de los delitos. Otro error del juez. Una comisión investigadora del Parlamento no es un fiscal. Es cierto que toda institución pública (incluida el Congreso) debe garantizar en sus procedimientos el cumplimiento del debido proceso; pero también es verdad que éstos deben ajustarse a la naturaleza de cada institución.

 

Es decir: la fiscalía, el juzgado y sala penal deben cumplir a cabalidad todos los requisitos del debido proceso, porque de por medio está la libertad de una persona. En el caso de la Megacomisión es distinto, no se le puede pedir que enumere los delitos porque su única labor es recoger indicios, dar recomendaciones y ponerlos a disposición del Pleno del Congreso, pero en ningún momento sanciona (artículo 88 del Reglamento del Congreso).

 

La instancia que acusa, y que sí debe cumplir con esta característica es la Sub comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Si los Informes de la Megacomisión se hubieran debatido en el Pleno del Congreso y se aprobaban iban a pasar a esta instancia que sí tenía que especificar los delitos e infracciones constitucionales, y luego de nuevo subir al Pleno para ver si sancionaban a García, le levantaban su inmunidad y derivaban su proceso a la Fiscalía.

 

Es decir una comisión investigadora como la Megacomisión es el primer peldaño de un largo proceso de investigación. Este juez, de forma inaudita, lo ha querido cerrar desde el inicio.

 

El caso de Javier Diez Canseco fue distinto

 

Una y otra vez, se compara esta resolución con la sentencia a favor de Javier Diez Canseco. La respuesta es no, de palmo a palmo.

 

Primero: el Pleno del Congreso, en una de las sesiones más terribles de su historia, sancionó a JDC; no era un informe de una Comisión investigadora como en el caso de García.

 

Segundo, a JDC se le sancionó, de forma arbitraria, por la presentación de un sólo proyecto de ley, cuando ni en el reglamento del Congreso, ni en el código de ética parlamentario figura que se debe sancionar a un congresista por presentar un proyecto de ley. No había nueve Informes de más de doscientas páginas que lo ligaban a actos de corrupción como en el caso de García.

 

Tercero, se quiso hacer creer que JDC presentó un proyecto de ley que beneficiaba a su familia. De acuerdo al análisis de fondo (no formal) del juez, ese proyecto de ley no mostraba beneficio a ningún familiar de JDC y algunos congresistas en pleno debate quisieron agregar hechos que no estaban sustentados. En el caso de García el juez hace un mero análisis formal y por la omisión de una palabra prácticamente busca que se cierre toda una investigación contra él.

 

Cuarto, en el caso de JDC el juez ordenó al Parlamento que se anule la sanción y que se elabore otro Informe teniendo en cuenta esto. En el caso de García, insistimos, no hay sanción que anular, la investigación recién está en su primera etapa y eso es lo extraño, se la ha querido cerrar desde un inicio.

 

Esto quiere decir que no es que se anuló la falta a JDC porque lo citaron mal, o por puros formalismos. A JDC se lo sancionó cuando no se le debía sancionar. La “falta” era inexistente. Ningún grupo de congresistaspueden crear una sanción sólo para alejar al opositor que se dedica a denunciar actos de corrupción, como lo hizo casi toda su vida JDC.

 

Por todo ello, la resolución a favor de Alan García está sesgada y parece más bien destinada a parar las investigaciones por corrupción en su contra dentro del Legislativo.

 

Como si fuera poco, para mostrar el sesgo del juez en su resolución he encontrado que se refiere al demandante como “nuestro patrocinado”[5]. Este hecho nos parece, incluso, un lapsus auto-incriminatorio.

 

La Constitución dice que los jueces deben ser los garantes de nuestros derechos fundamentales; a veces sucede esto, pero muchas otras la realidad muestra lo contrario. Con frecuencia los jueces se convierten en el perfecto aliado de la injusticia e impunidad. Por todo esto, que no te mareen tienes toda razón en indignarte y reclamar al Poder Judicial. Vamos #tomalacalle, hay que buscar que la justicia se haga presente en la segunda instancia.

 

 

 


 

* Publicado para el Blog: Reportaje al Perú de Paola Ugaz (http://www.reportajealperu.com/2014/04/como-deconstruir-la-sentencia-contra-la-megacomision.html)

 

[1] Que en la práctica vendrían a ser sólo tres partes del interrogatorio al: Caso Indultos y conmutaciones de penaCaso Programa Agua para todos y Casos Complementarios. El caso del Informe de desbalance Patrimonial elaborado por la Megacomisión no se sabe porque es secreto.

 

[2] Punto Octavo, pág. 11 de la Resolución.

 

[3] Puntos Noveno al Decimo cuarto, pág. 12 y ss. de la Resolución.

 

[4] Punto Décimo Cuarto, pág. 15 de la Resolución.

 

[5] Punto Quinto, pág. 10 de la Resolución.

 

 

 

En http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1330

 

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Debido Proceso Caso Alfaro Lanchipa vs. OCMA

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EXP. N.° 5765-2007-PA/TC
LIMA
ROSARIO ALFARO LANCHIPA

RAZÓN DE RELATORÍA

Vista la causa 5765-2007-PA/TC por la Sala Primera del Tribunal Constitucional, conformada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto Cruz; y habiéndose producido discordia se ha convocado de manera sucesiva a los magistrados Mesía Ramírez y Álvarez Miranda, quienes se han adherido a la tesis del magistrado Eto Cruz, con lo cual se han alcanzado los tres votos en mayoría que constituyen la sentencia de autos.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 31 días del mes de marzo de 2010, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Mesía Ramírez, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosario Alfaro Lanchipa contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 297, su fecha 12 de abril de 2007, que declara nulo todo lo actuado e improcedente la demanda de amparo.

ANTECEDENTES

Con fecha 7 de septiembre de 2005, la recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución Nº 12, del 6 de junio de 2005, expedida por la Unidad de Procesos Disciplinarios de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), mediante la que se le impuso la medida disciplinaria de apercibimiento. Invoca la violación de su derecho constitucional al debido proceso. Manifiesta que siendo Juez del Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima fue sometida a un procedimiento disciplinario ante la Oficina Distrital de Control de la Magistratura (ODICMA) por haber expedido una resolución en la que no habría cumplido con acreditar que “los vehículos no se encuentran en circulación y a la vez ocultos en la dirección señalada, sin tener en cuenta que por resolución número dos ya había admitido la Medida Cautelar de Secuestro Conservativo con Desposesión y entrega al Custodio en relación a los bienes sub litis”. Afirma que ello originó la expedición de la resolución N.º 6, del 28 de diciembre de 2004, por la que se le impone la medida disciplinaria de apercibimiento por incurrir en irregularidades en la emisión de la resolución cuestionada en el procedimiento disciplinario, y que habiendo interpuesto el recurso de apelación, dicha sanción fue confirmada mediante la resolución materia del presente proceso.

La recurrente alega que dicha resolución vulnera su derecho al debido proceso por cuanto se omitió poner en su conocimiento el informe del magistrado contralor previo a la resolución de la Jefatura de la ODICMA y de las pruebas de oficio actuadas por él. Asimismo, porque se emitió pronunciamiento en materia jurisdiccional contraviniendo el ámbito de competencia establecido en el Reglamento de la OCMA y el principio non bis in ídem, por el cual no puede haber juzgamiento simultáneo sobre los mismos hechos, así como del principio de legalidad, pues conforme al inciso 1) del artículo 201º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se trata de un tipo abierto, en el que no se describe ni la conducta sancionable ni la sanción a aplicar.

El Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial contesta y contradice la demanda solicitando que se la declare infundada, alegando que la Jefatura Suprema de la OCMA no tiene vinculación alguna con la recurrente, ya que la instancia que le impuso la sanción de apercibimiento es la Unidad de Procesos Disciplinarios de dicha Oficina, mediante un proceso disciplinario seguido regularmente ante las instancias de control y en el que no se han actuado pruebas de oficio. Aduce que no era obligatorio notificar a la recurrente de los informes finales ya que estos no constituyen actos administrativos definitivos, y que la recurrente no ha sido sancionada por una cuestión de criterio jurisdiccional, sino porque se excedió en sus facultades afectando el debido proceso de las partes litigantes. Sostiene, además, que la OCMA no ha incurrido en infracción al resolver el caso de la recurrente porque es el órgano competente de acuerdo a Derecho.

El Sexagésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 25 de enero de 2006, declara fundada en parte la demanda, por considerar que existe violación al derecho de defensa al omitirse proveer el informe que sustenta la sanción propuesta en el procedimiento disciplinario.

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda señalando que, siendo el asunto controvertido de naturaleza laboral, la vía idónea para resolverlo es la judicial ordinaria.

FUNDAMENTOS

1. La recurrente pretende que se declare la nulidad de la Resolución N.º 12, del 6 de junio de 2005, emitida por la Unidad de Procesos Disciplinarios de la Oficina de Control de la Magistratura, mediante la que se le impone la medida disciplinaria de apercibimiento derivada de la Queja N.º 239-05-LIMA.

2. La recurrente alega que se vulneró su derecho de defensa al no permitírsele tomar conocimiento del informe del magistrado contralor, el lcual sirvió de base para que el Jefe de la ODICMA emitiera pronunciamiento imponiéndole la medida disciplinaria de apercibimiento.

3. Sobre el particular y si bien es cierto que la notificación previa del informe a que alude la recurrente no se encuentra prevista en el Reglamento de la OCMA, este Tribunal ya se ha pronunciado respecto de dicha controversia en la STC N.º 1003-1998-AA/TC (Caso Jorge Miguel Alarcón Menéndez), precisando que se vulnera el derecho de defensa “(…) en la medida en que la omisión de proveer el informe de la comisión que sustentaba la sanción propuesta no permitió que el demandante conociera los exactos términos de la forma en que el órgano investigador había analizado los cargos atribuidos y su responsabilidad en las infracciones imputadas. Sólo conociendo estos aspectos, el demandante podía ejercer su derecho de defensa de manera idónea y eficaz. Idónea en cuanto era la forma apropiada o indicada, no existiendo otra a través de la cual podía ilustrar al órgano que debía imponer la sanción y así controvertir o contradecir ante aquel –en cuanto órgano decisorio– los cargos efectuados por el órgano que se hizo del procedimiento de investigación. Y eficaz, por cuanto el propósito de impedir indefensión frente al criterio asumido por el órgano investigador se alcanzaba solo conociendo la conclusión final que aquel asumía en el citado informe”.

4. En consecuencia, no habiéndose proporcionado a la recurrente el informe del magistrado contralor –como así lo reconoce el emplazado a fojas 119 al absolver la demanda y alegar que ello no era obligatorio– se ha vulnerado su derecho de defensa constitucionalmente previsto en el inciso 14) del artículo 139º de la Norma Fundamental, razón por la cual la demanda debe ser estimada.

5. Por lo demás, la cuestionada resolución –fojas 53 a 55– se sustenta en cuestiones de orden jurisdiccional, según fluye de sus considerandos tercero y cuarto, en los que se invocan diversas disposiciones del Código Procesal Civil.

6. Sin embargo, cabe señalar que el artículo 43º del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial establece que la queja será declarada improcedente cuando se encuentre dirigida a cuestionar hechos evidentemente jurisdiccionales. Asimismo, el artículo 105.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que una de las funciones de la OCMA es rechazar de plano las quejas que no sean de carácter funcional sino jurisdiccional.

7. De ahí que resulte paradójico que la propia OCMA se haya pronunciado en ese sentido mediante la resolución que corre a fojas 67, mediante la que declaró improcedente la queja interpuesta por Wilfredo Cumpa Gonzales contra la recurrente, por considerar que “se advierte que la quejosa está cuestionando los fundamentos y la decisión de la Juez quejada contenido[s] en la resolución ciento ocho, pues la Juez puede, según su criterio, determinar en este caso la delimitación del área donde se realizará el lanzamiento, a efectos de resolver con mayor objetividad y no incurrir en error, por lo que dicho pronunciamiento constituye una decisión de carácter jurisdiccional, no pudiendo este Órgano de Control revisar ni investigar las decisiones jurisdiccionales ni puede ejercer influencia ni interferir en las decisiones jurisdiccionales, correspondiéndole al recurrente cuestionar dicha decisión mediante las vías idóneas, en razón a la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional recogida en el numeral dos del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo ciento cinco, inciso noveno de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

8. En esa misma línea, se ha pronunciado este Tribunal en la STC N.º 5156-2006-PA/TC (Caso Vicente Rodolfo Walde Jáuregui) al establecer que se vulnera el derecho a la motivación de las resoluciones cuando se emite una resolución que impone una medida disciplinaria sustentada en argumentos de carácter jurisdiccional, es decir, cuando los fundamentos no se encuentran dirigidos a sustentar la sanción impuesta sino orientados a zanjar cuestiones de interpretación jurídica o cuestiones de hecho relacionadas con el proceso judicial, omitiendo examinar los presupuestos de hecho que motivan la imposición de la medida disciplinaria.

9. De otro lado, el Tribunal Constitucional, de conformidad con el principio de autonomía (artículo 201º de la Constitución) tiene la facultad de modular el contenido y los efectos de sus sentencias en todos los procesos constitucionales, incluido el proceso de amparo, en atención a las circunstancias objetivas de cada caso y a las consecuencias que puedan generar los efectos de sus sentencias,. De ahí que el artículo 55º del Código Procesal Constitucional haya previsto un haz de posibilidades para el caso en que la demanda sea declarada fundada. Pero también en aquellos casos en los cuales no se estima la demanda, este Colegiado puede ponderar, con criterios objetivos y razonables, los términos de su decisión, tal como ha procedido en anteriores oportunidades (Cfr. SSTC N.os 2694-2004-AA/TC y 5156-2006-PA/TC.

10. Por consiguiente, si bien la demanda debe ser estimada, resulta más adecuado para el caso concreto, y a efectos de la reparación de los derechos fundamentales vulnerados, que el órgano demandado emita una nueva resolución de acuerdo con los fundamentos que se han expuesto.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo de autos; en consecuencia, nula la Resolución N.º 12, de 6 de junio de 2005.

2. Disponer que la Oficina de Control de la Magistratura dicte una nueva resolución conforme a las consideraciones de la presente sentencia.

Publíquese y notifíquese

SS.

MESÍA RAMÍREZ
ETO CRUZ
ÁLVAREZ MIRANDA

EXP. N.° 5765-2007-PA/TC
LIMA
ROSARIO ALFARO LANCHIPA

VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ

Llamado por ley a dirimir la discordia producida en el presente caso, debo señalar que me adhiero al voto del magistrado Eto Cruz.

SR.
MESÍA RAMÍREZ

EXP. N.° 5765-2007-PA/TC
LIMA
ROSARIO ALFARO LANCHIPA

VOTO DEL MAGISTRADO ÁLVAREZ MIRANDA

El presente caso, estimo que la demanda debe ser declarada FUNDADA. Los argumentos que sustentan mi voto son los siguientes:

1. De la revisión de autos se desprende que el cuestionamiento del recurrente contra la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), se circunscribe a verificar si la Resolución N.º 12 de fecha 6 de junio de 2005, emitida por la Unidad de Procesos Disciplinarios de la Oficina de Control de la Magistratura, vulnera o no su derecho fundamental de defensa y el principio de independencia judicial. La aludida resolución confirmó la resolución del 28 de diciembre de 2004 que le impuso la medida disciplinaria de apercibimiento.

Respecto del derecho de defensa

2. En cuanto a la alegada vulneración del derecho de defensa, cabe precisar que a fojas 119 el emplazado reconoce que no era obligatorio notificar a la jueza recurrente respecto del denominado “informe del magistrado contralor” y que “no se han actuado pruebas de oficio a lo largo del proceso administrativo”, por lo que plantea la siguiente interrogante “¿de que pruebas de oficio actuadas en el proceso no se pudo defender si es que no se actuó ninguna? (fojas 118).

3. Sobre el particular, resulta necesario precisar que el derecho de defensa no se agota en la posibilidad de que una persona pueda tener la posibilidad real de defenderse respecto de determinadas pruebas actuadas en un procedimiento, sino además, entre otros extremos, de que pueda tomar conocimiento efectivo de todas aquellos argumentos de derecho y de hecho que determinado órgano informante, contralor o acusador va a emplear para concluir que se ha cometido una falta disciplinaria por ejemplo. No se puede sancionar a una persona si antes no se le ha informado efectivamente sobre los cargos respectivos, así como las normas aplicables, medios probatorios que acreditan hechos y las conclusiones a las que se arriba.

4. Teniendo en cuenta que en el procedimiento disciplinario que se ha seguido en contra de la recurrente se ha producido un vicio de indefensión, debe dejarse sin efecto todo lo actuado (lo que incluye las cuestionadas resoluciones del 28 de diciembre de 2004 y del 6 de junio de 2005) y ordenarse que retornando las cosas al estado anterior a la producción del vicio se notifique a la demandante con el respectivo informe del magistrado contralor y se resuelva conforme corresponda.

Respecto de la competencia del órgano de control y el principio de independencia judicial

5. En cuanto a la materia objeto de pronunciamiento por parte de la emplazada, la recurrente sostiene que ésta ha emitido pronunciamiento respecto a una materia que no era de su competencia, pues era una materia evidentemente jurisdiccional.

6. Al respecto, de la revisión de las resoluciones cuestionadas no se evidencia una correcta motivación sobre la conducta funcional irregular en la que hubiere incurrido la jueza recurrente. No se específica de modo suficiente en que medida la jueza demandante actuó irregularmente. Debe precisarse que la insuficiente o deficiente justificación de una resolución administrativa sancionatoria del órgano disciplinario del Poder Judicial no sólo constituye una afectación del derecho a la motivación, sino también una intervención arbitraria en la independencia judicial (artículos 139º.2 y 146º.1 de la Constitución), específicamente en su dimensión interna.

7. En cuanto a las dimensiones de la independencia judicial el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, entre otros casos, en el Expediente N.º 00004-2006-PI/TC. De este caso se desprende que conforme a la independencia externa, la autoridad judicial, en el desarrollo de la función jurisdiccional, no puede sujetarse a ningún interés que provenga de fuera de la organización judicial en conjunto, ni admitir presiones para resolver un caso en un determinado sentido. Las decisiones de la autoridad judicial, ya sea que ésta se desempeñe en la especialidad constitucional, civil, penal, penal militar, laboral, entre otras, no pueden depender de la voluntad de otros poderes públicos (Poder Ejecutivo o Poder Legislativo, por ejemplo), partidos políticos, medios de comunicación o particulares en general, sino tan solo de la Constitución y de la ley que sea acorde con ésta. Conforme a la independencia interna, la independencia judicial implica, entre otros aspectos, que, dentro de la organización judicial: 1) la autoridad judicial, en el ejercicio de la función jurisdiccional, no puede sujetarse a la voluntad de otros órganos judiciales, salvo que se haya interpuesto un medio impugnatorio exista un mecanismo de consulta; y, 2) que la autoridad judicial, en el desempeño de la función jurisdiccional, no pueda sujetarse a los intereses de órganos administrativos de gobierno que existan dentro de la organización judicial.

En cuanto al punto 1), cabe mencionar que el principio de independencia judicial prohíbe que los órganos jurisdiccionales superiores obliguen a los órganos de instancias inferiores a decidir de una determinada manera, si es que no existe un medio impugnatorio que de mérito a tal pronunciamiento o un mecanismo de consulta. De este modo, siempre que medie un medio impugnatorio las instancias superiores podrán corregir a las inferiores respecto de cuestiones de hecho o de derecho sometidas a su conocimiento, según sea el caso.

En cuanto al punto 2), el principio de independencia judicial implica, en primer término, la separación de las funciones jurisdiccionales de las funciones administrativas que eventualmente pudieran desempeñar los jueces dentro de la organización judicial, de manera que las funciones propias de esta administración no puedan influir en la decisión judicial que se adoptará en un determinado proceso.

8. Si bien la labor de órganos como la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) es la mayor relevancia, ésta no puede desarrollarse desconociendo los derechos fundamentales de quienes ejercen la función jurisdiccional, pues más allá de los derechos fundamentales que ellos tienen dicha sede disciplinaria, se encuentran protegidos constitucionalmente mediante la garantía institucional de la independencia judicial.

9. Una de las características que distingue al Estado Constitucional, respecto de otras formas de organización estatal es que los fines que ésta persigue no se pueden conseguir a cualquier costo. El fin no justifica los medios. Una organización estatal que busca cumplir efectivamente sus funciones se caracteriza precisamente por diseñar mecanismos que respetando los derechos fundamentales consigue el fin que pretende. La legitimidad de las decisiones de los órganos estatales no radica sólo en que sean expedidas por autoridades competentes, sin principalmente en la justificación de la decisión, en el escrupuloso respeto a los derechos fundamentales.

10. Sólo cuando existe una suficiente, congruente y lógica justificación de las decisiones de los órganos de control de la magistratura respecto de una conducta funcional irregular se logra legitimar la labor de tales órganos y se despeja cualquier cuestionamiento respecto de afectaciones a la independencia judicial.

11. En conclusión, debe declararse FUNDADA la demanda y retornando las cosas al momento anterior a la vulneración de los derechos alegados por la recurrente, dejar sin efecto todo lo actuado a partir de la resolución del 28 de diciembre de 2004 expedida por la Oficina Distrital de Control de la Magistratura, y ordenar que se notifique a aquella con el respectivo informe del magistrado contralor y de este modo se expida un nuevo pronunciamiento teniendo en consideración lo expuesto en la presente decisión.

S.

ÁLVAREZ MIRANDA

EXP. N.° 5765-2007-PA/TC
LIMA
ROSARIO ALFARO LANCHIPA

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO LANDA ARROYO
Y BEAUMONT CALLIRGOS

No compartimos los fundamentos expuestos en la ponencia, ni su parte resolutiva, por las siguientes consideraciones:

1. El 25 de enero de 2006, en primera instancia la demanda fue declarada fundada en parte, al haberse evidenciado la alegada violación del derecho de defensa.

2. En segunda instancia, aplicando el precedente vinculante establecido por el Tribunal Constitucional en la STC 0206-2005-PA/TC (caso Baylón Flores), se declaró la nulidad de todo lo actuado y la improcedencia de la demanda, considerando que el caso debía examinarse en la vía contencioso administrativa, por ser igualmente satisfactoria para la protección de los derechos invocados, teniendo en cuenta que se trata de un asunto controvertido de naturaleza laboral.

3. En la ponencia, no se hace alusión alguna a la causal de improcedencia invocada por la recurrida, aun cuando la misma ha sido el fundamento del recurso de agravio constitucional.

4. Coincidimos con los fundamentos de la recurrida en el sentido de que al presente caso resulta aplicable el precedente vinculante establecido por el Tribunal Constitucional en el Exp. 0206-2005-PA/TC. Ello, por las razones que pasamos a exponer.

5. En el referido precedente, el Tribunal ha establecido los criterios en que la vía contencioso administrativa es la idónea para resolver los conflictos laborales de los servidores públicos. Así, ha señalado en los fundamentos jurídicos 21, 23 y 24 lo siguiente:

“21. Con relación a los trabajadores sujetos al régimen laboral público, se debe considerar que el Estado es el único empleador en las diversas entidades de la Administración Pública. Por ello, el artículo 4.° literal 6) de la Ley N.° 27584, que regula el proceso contencioso administrativo, dispone que las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la administración pública son impugnables a través del proceso contencioso administrativo. Consecuentemente, el Tribunal Constitucional estima que la vía normal para resolver las pretensiones individuales por conflictos jurídicos derivados de la aplicación de la legislación laboral pública es el proceso contencioso administrativo, dado que permite la reposición del trabajador despedido y prevé la concesión de medidas cautelares.
23. Lo mismo sucederá con las pretensiones por conflictos jurídicos individuales respecto a las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la administración pública y que se derivan de derechos reconocidos por la ley, tales como nombramientos, impugnación de adjudicación de plazas, desplazamientos, reasignaciones o rotaciones, cuestionamientos relativos a remuneraciones, bonificaciones, subsidios y gratificaciones, permisos, licencias, ascensos, promociones, impugnación de procesos administrativos disciplinarios, sanciones administrativas, ceses por límite de edad, excedencia, reincorporaciones, rehabilitaciones, compensación por tiempo de servicios y cuestionamiento de la actuación de la administración con motivo de la Ley N.° 27803, entre otros.

24. Por tanto, conforme al artículo 5.°, inciso 2.° del Código Procesal Constitucional, las demandas de amparo que soliciten la reposición de los despidos producidos bajo el régimen de la legislación laboral pública y de las materias mencionadas en el párrafo precedente deberán ser declaradas improcedentes, puesto que la vía igualmente satisfactoria para ventilar este tipo de pretensiones es la contencioso administrativa. Sólo en defecto de tal posibilidad o atendiendo a la urgencia o a la demostración objetiva y fehaciente por parte del demandante de que la vía contencioso-administrativa no es la idónea, procederá el amparo[…]”.

6. Seguidamente, el Tribunal fijó las condiciones que, en todo caso deberían darse para que el Amparo resultara procedente. Así señaló que

“Sólo en defecto de tal posibilidad o atendiendo a la urgencia o a la demostración objetiva y fehaciente por parte del demandante de que la vía contencioso-administrativa no es la idónea, procederá el amparo. Igualmente, el proceso de amparo será la vía idónea para los casos relativos a despidos de servidores públicos cuya causa sea: su afiliación sindical o cargo sindical, por discriminación, en el caso de las mujeres por su maternidad, y por la condición de impedido físico o mental conforme a los fundamentos 10 a 15 supra (f.j. 24)”.

7. Por ello, este Colegiado determinó que a partir de la publicación de la citada sentencia en el diario oficial El Peruano (22 de diciembre de 2005), toda demanda que sea presentada o que se encuentre en trámite y no cumpla tales condiciones (de excepción), debía ser declarada improcedente y remitida al contencioso administrativo, según la reglas procesales establecidas en el caso Manuel Anicama Hernández (Exp. N.° 1417-2005- AA/TC).

8. Ninguno de los supuestos habilitadores de la vía excepcional del Amparo fijados por el Tribunal constitucional en el precedente glosado se evidencian en el presente caso. Incluso, aun si se considerara la especial función que cumple un Juez, la sanción que se cuestiona es una de apercibimiento, lo cuál, en principio no tendría incidencia directa en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

9. Es más, en la jurisprudencia emitida por el Tribunal, hay casos donde se cuestionaba la aplicación de sanciones por la OCMA, es decir, sustancialmente similares al presente, en que las demandas son declaradas improcedentes y se dispone la remisión del expediente al contencioso administrativo; aplicando así el precedente tantas veces aludido. De este modo se ha decidido, por ejemplo, en los siguientes expedientes: N° 04893-2006-PA/TC, publicado el 16 de agosto de 2006; N° 09206-2006-P/TC, publicado el 1 de febrero de 2007; y N° 08537-2006-PA/TC, publicado el 8 de agosto de 2007 (se adjuntan al presente informe).

Por estas razones, consideramos que debe declararse la improcedencia de la demanda y disponerse la remisión del expediente al juzgado contencioso administrativo para su tramitación conforme lo dispone el precedente antes aludido.

SS.

LANDA ARROYO
BEAUMONT CALLIRGOS

EXP. N.° 5765-2007-PA/TC
LIMA
ROSARIO ALFARO LANCHIPA

VOTO DEL MAGISTRADO ETO CRUZ

Por las razones que expongo seguidamente, disiento de la opinión de mis colegas en la causa de autos

1. La recurrente pretende que se declare la nulidad de la Resolución N.º 12, del 6 de junio de 2005, emitida por la Unidad de Procesos Disciplinarios de la Oficina de Control de la Magistratura, mediante la que se le impone la medida disciplinaria de apercibimiento derivada de la Queja N.º 239-05-LIMA.

2. La recurrente alega que se vulneró su derecho de defensa al no permitírsele tomar conocimiento del informe emitido por el magistrado contralor, que sirvió de base para que el Jefe de la ODICMA emita pronunciamiento imponiéndole la medida disciplinaria de apercibimiento.

3. Sobre el particular y si bien es cierto que la notificación previa del informe a que alude la recurrente no se encuentra prevista en el Reglamento de la OCMA, este Tribunal ya se ha pronunciado respecto de dicha controversia en la STC N.º 1003-1998-AA/TC (Caso Jorge Miguel Alarcón Menéndez), al establecer que se vulnera el derecho de defensa “(…) en la medida en que la omisión de proveer el informe de la comisión que sustentaba la sanción propuesta no permitió que el demandante conociera los exactos términos de la forma en que el órgano investigador había analizado los cargos atribuidos y su responsabilidad en las infracciones imputadas. Sólo conociendo estos aspectos, el demandante podía ejercer su derecho de defensa de manera idónea y eficaz. Idónea en cuanto era la forma apropiada o indicada, no existiendo otra a través de la cual podía ilustrar al órgano que debía imponer la sanción y, así, controvertir o contradecir ante aquél –en cuanto órgano decisorio– los cargos efectuados por el órgano que se hizo del procedimiento de investigación. Y eficaz, por cuanto el propósito de impedir indefensión frente al criterio asumido por el órgano investigador se alcanzaba sólo conociendo la conclusión final que aquél asumía en el citado informe”.

4. En consecuencia, no habiéndose otorgado a la recurrente el informe del magistrado contralor –como así lo reconoce el emplazado a fojas 119 al absolver la demanda y alegar que ello no era obligatorio– se ha vulnerado su derecho de defensa constitucionalmente previsto en el inciso 14) del artículo 139º de la Norma Fundamental, razón por la cual la demanda debe ser estimada.

5. Por lo demás, la cuestionada resolución –fojas 53 a 55– se sustenta en cuestiones de orden jurisdiccional, según fluye de sus considerandos tercero y cuarto, en los que se invocan diversas disposiciones del Código Procesal Civil.

6. Sin embargo, cabe señalar que el artículo 43º del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial establece que la queja será declarada improcedente cuando se encuentre dirigida a cuestionar hechos evidentemente jurisdiccionales. Asimismo, el artículo 105.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que una de las funciones de la OCMA es rechazar de plano las quejas que no sean de carácter funcional sino jurisdiccional.

7. De ahí que resulte paradójico que la propia OCMA se haya pronunciado en ese sentido mediante la resolución que corre a fojas 67, mediante la que declaró improcedente la queja interpuesta por Wilfredo Cumpa Gonzales contra la recurrente, por considerar que “se advierte que la quejosa está cuestionando los fundamentos y la decisión de la Juez quejada contenido en la resolución ciento ocho, pues la Juez puede, según su criterio determinar en este caso la delimitación del área donde se realizará el lanzamiento, a efectos de resolver con mayor objetividad y no incurrir en error, por lo que dicho pronunciamiento constituye una decisión de carácter jurisdiccional, no pudiendo este Órgano de Control revisar ni investigar las decisiones jurisdiccionales ni puede ejercer influencia ni interferir en las decisiones jurisdiccionales, correspondiéndole al recurrente cuestionar dicha decisión mediante las vías idóneas, en razón a la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional recogida en el numeral dos del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado en concordancia con el artículo ciento cinco inciso noveno de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

8. En esa misma línea se ha pronunciado este Tribunal en la STC N.º 5156-2006-PA/TC (Caso Vicente Rodolfo Walde Jáuregui) al establecer que se vulnera el derecho a la motivación de las resoluciones cuando se emite una resolución que impone una medida disciplinaria sustentada en argumentos de carácter jurisdiccional, es decir, cuando los fundamentos no se encuentran dirigidos a sustentar la sanción impuesta sino que se encuentran orientados a zanjar cuestiones de interpretación jurídica o cuestiones de hecho relacionadas con el proceso judicial, omitiendo examinar los presupuestos de hecho que motivan la imposición de la medida disciplinaria.

9. De otro lado, el Tribunal Constitucional, de conformidad con el principio de autonomía (artículo 201º de la Constitución) tiene la facultad de modular el contenido y los efectos de sus sentencias en todos los procesos constitucionales, incluido el proceso de amparo, en atención a las circunstancias objetivas de cada caso y a las consecuencias que puedan generar los efectos de sus sentencias,. De ahí que el artículo 55º del Código Procesal Constitucional haya previsto un haz de posibilidades para el caso ñeque la demanda sea declarada fundada. Pero también, en aquellos casos en los cuales no se estima la demanda, este Colegiado puede ponderar, con criterios objetivos y razonables, los términos de su decisión, tal y como ya ha procedido en anteriores oportunidades (Cfr. SSTC N.os 2694-2004-AA/TC y 5156-2006-PA/TC.

10. En atención a lo anterior, considero que si bien la demanda debe ser estimada, resulta más adecuado para el caso concreto, y a efectos de la reparación de los derechos fundamentales vulnerados, que el órgano demandado emita una nueva resolución de acuerdo con los fundamentos que se han expuesto

Por las consideraciones precedentes, se debe declarar FUNDADA la demanda de amparo de autos; en consecuencia, nula la Resolución N.º 12, de 6 de junio de 2005, y disponer que la Oficina de Control de la Magistratura dicte una nueva resolución conforme a lo señalado en este voto.

S.

ETO CRUZ

En http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05765-2007-AA.pdf

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