César Augusto Riveros Ramos (*)
Uno de los aportes del nuevo Código Procesal Penal es la introducción del nuevo sistema procesal penal acusatorio que se construye sobre la base de los principios recogidos en la Constitución, con el fin de garantizar de manera enfática los derechos fundamentales del inculpado, buscando su reconocimiento no sólo formal sino material.

En el sistema inquisitivo, aún vigente en parte en nuestro territorio nacional, no hay separación de poderes, no hay contradicción, ni igualdad, al acusado no se le considera parte. En cambio, en este nuevo sistema procesal es el fiscal (acusador) quien debe demostrar con solidez probatoria los cargos criminales, y, por otro lado, es el acusado quien debe demostrar su inocencia, sin que esto signifique la afectación a la garantía constitucional a la presunción de su inocencia.

El nuevo sistema procesal se conduce sobre la base: a) descongestión de los despachos judiciales, cambiando de la forma escrita a una dinámica oral; b) fortalecimiento de la facultad investigativa de la fiscalía; c) concreción de un juicio oral, público, contradictorio y concentrado; d) creación de la figura del juez del control de garantías; e) clara distinción de actividad de los funcionarios del sistema de justicia penal, tales como los encargados de investigar, acusar y juzgar en la búsqueda de que el sistema procesal se ajuste a estándares internacionales.

Se abandona, asimismo, el principio de permanencia de la prueba, según la cual las pruebas practicadas en la Fiscalía a nivel de investigación tienen validez probatoria para dictar sentencia, el nuevo sistema procesal nos habla del principio de concentración e inmediación de la prueba por lo que ésta tiene que ser obligatoriamente practicada en el curso del juicio oral, público y con todas las garantías.

Sólo excepcionalmente, se podrá solicitar la práctica de la prueba anticipada al juicio oral, siempre y cuando se acredite que sea con fines de evitar su pérdida o la alteración del medio probatorio que en la práctica es imposible repetirse en el juicio oral; prueba anticipada que debe darse en presencia del juez dando plena oportunidad de ser cuestionada por el procesado, siendo que el juez de control de garantías debe verificar en cada caso concreto si existe una situación excepcional y urgente que justifica el desarrollo de prueba anticipada.

El sistema procesal acusatorio constituye un reto para los operadores de justicia pero para la colectividad presenta nuevas ventajas frente al antiguo y deficiente sistema inquisitivo por las garantías al debido proceso que representa.

(*) Juez integrante del Programa Social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima (más…)

Segismundo Israel León Velasco (*)
Hace ya un año atrás, el 15 de enero de 2011, entró en vigencia en el Distrito Judicial de Lima, el Código Procesal Penal del 2004, para delitos cometidos por funcionarios públicos. Un Código Procesal Penal, no es otra cosa que un cuerpo normativo que establece las pautas a las que se sujetará la investigación y el juzgamiento de las personas a quienes se les imputa la comisión de un delito.

El daño que ocasiona la corrupción en nuestro país, tanto al erario nacional, como al recto desenvolvimiento de la administración pública, motivó que esta nueva forma de investigar y juzgar, entre en vigencia en la gran capital. El NCPP busca encontrar un equilibrio entre eficacia para investigar y sancionar, observando las garantías que asisten al individuo sometido a los rigores de un proceso penal.

El proceso penal común establecido en el NCPP se encuentra organizado de manera secuencial en las siguientes etapas: Investigación preparatoria (que incluye las diligencias preliminares), el control de acusación y el juicio oral. Cada una, debido a la naturaleza y objetivo que busca, tiene su propia importancia y la realización correcta de las mismas tendrá como resultado una adecuada impartición de justicia, función primordial del Poder Judicial.

La etapa de la investigación preparatoria se encuentra destinada a verificar la concurrencia de las evidencias necesarias respecto de la ocurrencia de un hecho delictivo y de sus posibles autores o cómplices, a efectos de sostener una acusación o desestimar ella. Esta etapa se encuentra a cargo del Ministerio Público, no obstante, cualquier restricción de derechos deberá solicitarla al juez de la Investigación Preparatoria. Igualmente, el investigado podrá requerir a este órgano jurisdiccional, tutela de sus derechos, en caso considere que los mismos le están siendo conculcados.

Por su parte la etapa intermedia constituye una etapa “bisagra” que permite abrir o no la puerta del juicio oral; es una audiencia de preparación y saneamiento, en donde se discutirá si en efecto existe una “causa probable” que amerite ser sometida al debate probatorio del juicio oral, y en su caso, las pruebas que deberán actuarse.

Por último, el juicio oral constituye la etapa propiamente de juzgamiento, donde bajo los principios de inmediación, contradicción, concentración, oralidad y publicidad las partes, teniendo posiciones antagónicas, debaten sobre el valor y trascendencia de la prueba, permitiendo al juzgador asumir una posición respecto de la inocencia o culpabilidad del acusado.

Este debate de las partes, de manera oral, en audiencias públicas y sucesivas frente al juzgador, posibilita un desarrollo del trabajo jurisdiccional más propicio para la toma correcta y rápida de decisiones, permitiendo, además, que la propia ciudadanía conozca de forma directa del porqué un magistrado decide por alguna de las posiciones puestas a debate. De esta manera se está procediendo en la ciudad de Lima, en los casos de delitos cometidos por funcionarios públicos, en donde juicios que podrían haber durado meses bajo el anterior sistema, han sido resueltos en cuestión de días.

(*) Juez integrante del Programa “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Justicia de Lima.

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Dr. Sergio Salas Villalobos[1]

Hace más de un año opté por dejar la carrera judicial, la que me trajo sabores en lo profesional y sinsabores en lo personal. ¿Hasta donde se puede sacrificar los tesoros personales por el éxito profesional? Me di cuenta tarde, pero aún a tiempo de recomponer mi destino. Sin embargo la visión externa que ahora poseo del sistema me reafirma que en cuanto a transformaciones sistémicas estructurales –por no usar el término de Reforma Judicial que está desacreditado por su uso indiscriminado lleno de errores- hemos avanzado poco.

Mi salida del Poder Judicial, paradójicamente se ha dado junto a la de un grupo de Jueces que estuvieron inmersos en los momentos quizá más emblemáticos del mismo en los últimos cuarenta años; después del Velazcato, donde destacaron los últimos jueces democráticos defensores del sistema. No es sino hasta el post fujimorismo, en donde la lucha judicial contra la corrupción, dejó sentado el compromiso de los componentes de la nueva corriente de aquellos jueces democráticos, a los que se sumó un grueso importante. Sin embargo, pasada la euforia y recompuesto nuestro país en la senda democrática, parece que aquel compromiso ha ido perdiendo fuerza, al igual que la generación de liderazgos judiciales; indispensables para cualquier cambio sostenido.

Nadie duda de las capacidades personales y profesionales de los dos más destacados líderes institucionales que gobiernan nuestro sistema judicial nacional y local: San Martín Castro y Lama More.

Por el contrario, destacan por sus compromisos propios para la institución no ahora, sino hace muchos años. San Martín a base de lucha regresó al Poder Judicial por todo lo alto, readquiriendo su prestigio injustamente despojado por el poder político. Lama More, es uno de los sobrevivientes de aquella Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia gestada precisamente durante la dictadura, y que también adquirió la categoría de líder nato de la Corte de Lima; aquella que impulsó los grandes cambios.

Sin embargo, la pregunta es ¿Quiénes acompañan a estos líderes próximos a concluir sus mandatos?

En toda organización medianamente ordenada, se plantean óptimos; esto es, la generación de planes estratégicos para la consolidación de sus fines y metas. Esto implica la necesidad de mantener una marcha sostenida de los planes ejecutados y los por ejecutarse. Ello a su vez requiere el compromiso para mantener esa marcha. Sin embargo, todo ello requiere del convencimiento que los objetivos son los necesarios y deseados: creer en lo que se hace. No hacerlo por que es mi trabajo, sino para crear un estado de cosas que sea útil para el colectivo. En el caso de la justicia: mejorar el sistema en su integridad.

Los liderazgos judiciales por tanto, son indispensables para esta meta. Jueces no solo comprometidos con estos planes, sino conocedores objetivamente del sistema. Ese conocimiento del sistema al que pertenecen, les dará la capacidad de gestión y gobierno que requiere el Poder Judicial. Lo contrario es la improvisación, cuyo abuso es una de las principales causas de la generación de crisis institucional.

Es cierto que el Poder Judicial peruano no está en crisis. Sin embargo, se percibe cierto grado de falta de compromiso institucional, a pesar del último Congreso Nacional de Jueces de Tarapoto. El proceso de regeneración de liderzazos no ha sido constante y se advierten pocos jueces que en esencia conocen el sistema. Ello se advierte de las conversaciones que amicalmente se sostienen, en donde los problemas siguen siendo los mismos de hace once años: la sobrecarga procesal, la falta de personal y medios logísticos, la carencia de presupuesto y cosas comunes. Si se hubiera sostenido un plan estratégico sostenido, no estaríamos conversando los mismos temas de hace once años.

De nada vale la ejecución de proyectos impulsados por la cooperación internacional, si estos no han nacido del seno del sistema como producto de la creación de los propios jueces. La imposición ellos por dicha cooperación, no hace sino resaltar la ausencia de productos propios y agentes que los desarrollen. Finalmente, puede ocurrir lo usual: que no siempre estos productos son los adecuados para la optimización de lo requerido por el sistema. Hace falta la generación de productos propios, ó al menos, que se den a conocer los realmente elaborados.

Los líderes se forman en la propia institución. No son producto improvisado de generación espontánea. Son resultado de todo un proceso de aprendizaje y desarrollo de capacidades debidamente motivadas. Aún estamos a tiempo y tanto San Martín como Lama More, tienen el reto de generar jueces comprometidos con el cambio. El sosiego que otorga la estabilidad democrática del país, no es pretexto para interrumpir el sostenimiento institucional del Poder Judicial en la generación de liderazgos.

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[1] Ex Presidente de la Corte Superior de Lima y ex Juez Supremo Provisional. Abogado. Socio del Estudio Benites, Forno, Ugaz & Ludowieg, Andrade. Abogados
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Por Fernando Calos Vinicio Valdivia Correa

Aplicación del principio de supremacía de la constitución política

Análisis de la constitucionalidad de la Ley N° 29718

Alternativa de solución al problema planteado

Con fecha 25 de junio del 2011 fue publicado en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 29718, Ley que modifica el Artículo 4° de la Ley N° 28212, Ley que regula los ingresos de los Altos Funcionarios y Autoridades del Estado.

En ese sentido, en el presente trabajo analizaremos la constitucionalidad de la citada norma legal desde dos perspectivas: Supremacía de la Constitución y Protección de los Derechos Fundamentales.

Aplicación del principio de supremacía de la constitución política
1) También denominada Principio de Jerarquía de la Norma se encuentra recogida en sus dos vertientes: Objetiva, conforme a la cual la Carta Política del Estado se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico [1]y Subjetiva, en cuyo mérito ningún acto de los poderes públicos [2]o de la colectividad en general [3]puede desconocer o desvincularse respecto de sus contenidos.

2) De ello, resulta que el Estado Peruano es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el Principio de la Separación de Poderes [4]Poder Legislativo [5]Poder Ejecutivo [6]Poder Judicial [7]Ministerio Público [8]Sistema Electoral (Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) [9]Gobiernos Locales y Regionales [10]y Tribunal Constitucional [11]

3) Así, forman parte del PODER EJECUTIVO los Ministerios que por Ley se determina su organización y funciones [12]Por ello, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo [13]refiere que dentro de los Ministerios se encuentra el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, órgano rector de los Sistemas Administrativos de Presupuesto (Dirección Nacional de Presupuesto Público, Tesorería (Dirección Nacional del Tesorero Público), Endeudamiento (Dirección Nacional de Endeudamiento Público) y Contabilidad (Dirección Nacional de Contabilidad Pública) [14]

4) Entonces, corresponde -exclusiva y excluyentemente [15]al PODER EJECUTIVO, a través del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, administrar la Hacienda Pública [16]remitiendo al Congreso de la República el proyecto de Ley de Presupuesto (efectivamente equilibrado [17]dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año [18]

5) Y, en contraposición a ello, los Representantes ante el Congreso (CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA) si bien tienen dentro de sus atribuciones dar leyes, así como interpretar, modificar o derogar las existentes [19]no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos [20]

Análisis de la constitucionalidad de la Ley N° 29718
6) Tal cual lo señalado Ut Supra, la Ley N° 29718 modificó el Artículo 4° de la Ley N° 28212, Ley que regula los ingresos de los Altos Funcionarios Autoridades del Estado de los Altos Funcionarios y Autoridades del Estado:

Articulo 1° Objeto de la Ley: Modificase el artículo 4° de la Ley 28212, Ley que Regula los Ingresos de los Altos Funcionarios del Estado y Dicta otras Medidas, el mismo que queda redactado con el siguiente texto:

“Articulo 4° Régimen de remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del Estado:

Las remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del Estado señaladas en el artículo 2° se rigen por las siguientes reglas:

(…)a) Los Congresistas de la República, los Ministros de Estado, los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo Nacional de la Magistratura, los Jueces Supremos, los miembros de la Junta de Fiscales Supremos, el Defensor del Pueblo y los miembros del jurado Nacional de Elecciones reciben una remuneración mensual igual, equivalente por todo concepto a seis unidades remunerativas del sector público (URSP). Los Jueces Superiores, Jueces Especializados y Jueces Mixtos, y Jueces de Paz Letrado reciben una remuneración igual al 81%, 58% y 401%, respectivamente, de lo que percibe de Juez Supremo. (…)”. (Énfasis agregados).

Antecedentes Normativos.

7) Para ello, previamente es importante soslayar que el Artículo 2° de la modificada Ley N° 28212 refiere que el Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio de la Nación, siguiéndole en este orden a:

a) Los Congresistas de la República,

b) Los Ministros de Estado,

c) Los miembros del Tribunal Constitucional,

d) Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura,

e) Los magistrados supremos,

f) Los miembros de la Junta de Fiscales Supremos,

g) El Defensor del Pueblo,

h) Los miembros del Jurado Nacional de Elecciones,

i) Los Presidentes y Consejeros de los Gobiernos Regionales,

j) Los Alcaldes y Regidores Provinciales; y

k) Los Alcaldes y Regidores Distritales.

8) Luego, el Decreto de Urgencia Nº 034-2006 fijó los ingresos que por todo concepto, salvo por docencia, reciben los Altos Funcionarios del Estado: Presidente de la Corte Suprema, Presidente de la Sala Suprema y Vocales Supremos, los Magistrados del Tribunal Constitucional, Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, Fiscal de la Nación y Fiscales Supremos, Magistrados del Jurado Nacional de Elecciones y el Defensor del Pueblo:

Categorías

Remuneración

Bono

Gastos Operativos

Total de Ingresos

Presidente de la Corte Suprema, Presidente de la Sala Suprema, y Vocales de la Corte Suprema.

6,700.00

6,300.00

2,600.00

15,600.00

Fiscal de la Nación y Fiscal Supremo.

6,700.00

6,300.00

2,600.00

15,600.00

Magistrados del Tribunal Constitucional.

6,700.00

5,670.00

3,230.00

15,600.00

Magistrados del Jurado Nacional de Elecciones.

6,700.00

5,670.00

3,230.00

15,600.00

Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura.

6,700.00

5,670.00

3,230.00

15,600.00

Defensor del Pueblo.

6,700.00

5,670.00

3,230.00

15,600.00

9) Asimismo, el citado Decreto de Urgencia expresó que los conceptos de Bono y Gastos Operativos no tienen carácter pensionable ni remunerativo, así como tampoco sirven de base de cálculo para ningún beneficio.

10) Posteriormente, el Artículo 2° del Decreto de Urgencia N° 038-2006 [21]estableció que ningún funcionario o servidor público que presta servicios al Estado bajo cualquier forma o modalidad contractual y régimen laboral, con excepción del Presidente de la República, percibirá ingresos mensuales mayores a seis (6) Unidades de Ingreso del Sector Público, salvo en los meses en que corresponda las gratificaciones o aguinaldos de julio y diciembre. (Énfasis agregados).

11) Y, finalmente el Decreto Supremo N° 101-2011-EF [22]dictó -en vía reglamentaria- disposiciones complementarias al comentado Decreto de Urgencia N° 038-2006, expresando:

Artículo 1°.- Definición de ingresos mensuales para efectos del Decreto de Urgencia Nº 038-2006: Constituyen ingresos mensuales para efectos de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto de Urgencia Nº 038-2006, todo aquel concepto contraprestativo, dinerario o no dinerario, y de libre disposición que percibe temporal o permanentemente una persona al servicio del Estado como consecuencia del ejercicio de la función pública, aun cuando dicho ingreso no sea otorgado directamente por la entidad estatal en la que ejerce función. En consecuencia, forma parte del concepto de ingreso mensual, afecto a los topes contenidos en el Decreto de Urgencia N° 038-2006, las remuneraciones, honorarios y retribuciones, así como los bonos, asignaciones, estímulos, incentivos y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento, incluyendo bonificación por responsabilidad directiva, bonificación diferencial o bonificación por productividad cuando corresponda, la asignación extraordinaria por trabajo asistencial, los beneficios económicos generados por negociación colectiva y cualquier otro concepto contraprestativo derivado del ejercicio de la función pública, cualquiera sea su denominación, aun cuando sean abonados u otorgados por los Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo con recursos transferidos del Tesoro Público, por el Fondo de Apoyo Gerencial o por organismos internacionales en el marco de convenios de administración de recursos o similares. (Énfasis agregados).

12) Por lo tanto, queda absolutamente claro -de la lectura de las glosadas normas- que el Ingreso tiene como componentes únicamente a la Remuneración, Bono y Gastos Operativos; máxime si, en jurisprudencia vinculante y reiterada, nuestro Máximo Intérprete de la Constitución [23]así lo ha manifestado [24]

“El artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 038-2000, publicado el 7 de junio del 2000, aprobó el otorgamiento del Bono por Función Fiscal para los Fiscales del Ministerio Público que se encuentren en actividad. Asimismo, dispuso que dicho bono no tendrá carácter pensionable ni remunerativo, que no conformará la base para el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios y que será financiado con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios. Del mismo modo, mediante su artículo 3º se autorizó al Ministerio Público para que elabore y apruebe el Reglamento para el otorgamiento del Bono por Función Fiscal. De otro lado, por Decreto de Urgencia N° 036-2001, publicado el 17 de marzo de 2001, se amplió los alcances del Bono por Función Fiscal a los funcionarios y servidores del Ministerio Público, hasta el límite de su presupuesto”. (Énfasis agregados).

Prohibición de Incremento, Nivelación y/o Reajuste de Remuneraciones al interior de la Administración Pública.

13) En otro plano, disposiciones normativas signadas a continuación señalan la prohibición de incremento, reajuste y/o nivelación de remuneraciones al interior de la Administración Pública que no cuenten con opinión técnica favorable (incluyendo y/o acompañando el respectivo Proyecto de Ley) por parte del Órgano Rector de la Administración Financiera y Presupuestaria del Estado (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS):

Ley N° 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto:

Disposición Transitoria Tercera.- En la Administración Pública, en materia de gestión de personal, se tomará en cuenta lo siguiente:

Literal b) Queda prohibida la recategorización y/o modificación de plazas, que se orienten al incremento de remuneraciones, por efecto de la modificación del Cuadro para Asignación de Personal – CAP y/o del Presupuesto Analítico de Personal – PAP. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente literal genera la nulidad de la acción de personal efectuada, sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario de la Entidad, así como de su Titular.

Disposición Transitoria Cuarta.- Tratamiento de las Remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y demás beneficios del Sector Público.

Numeral 1) Las escalas remunerativas y beneficios de toda índole, así como los reajustes de las remuneraciones y bonificaciones que fueran necesarios durante el Año Fiscal para los Pliegos Presupuestarios comprendidos dentro de los alcances de la Ley General, se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta del Titular del Sector. Es nula toda disposición contraria, bajo responsabilidad.

Disposición Transitoria Quinta.- Remuneraciones, Aguinaldos por Fiestas Patrias, Navidad y Bonificación por Escolaridad.

Numeral 1) Las Entidades del Sector Público, independientemente del régimen laboral que las regule, otorgan a sus funcionarios, servidores y/o pensionistas, únicamente, hasta doce remuneraciones y/o pensiones anuales, una Bonificación por Escolaridad, un aguinaldo o gratificación por Fiestas Patrias y un aguinaldo o gratificación por Navidad, según corresponda.

Numeral 2) Las Leyes de Presupuesto del Sector Público fijan los montos que por concepto de Aguinaldos o Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, según corresponda, y Bonificación por Escolaridad, se otorgan a los funcionarios, servidores, obreros, personal sujeto a Carreras reguladas por Leyes específicas, así como a los pensionistas del Sector Público.

Numeral 3) Queda prohibida la percepción de cualquier otro beneficio económico de naturaleza similar a los Aguinaldos y/o Gratificaciones y Bonificación por Escolaridad que se otorguen con igual o diferente denominación.

Ley N° 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011 [25]

Artículo 6.- De los ingresos del personal.

Numeral 6.1) Prohíbase en las entidades del nivel de Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas y beneficios de toda índole con las mismas características señaladas anteriormente. El Seguro Social de Salud (EsSalud), los arbitrajes en materia laboral y la Empresa Petróleos del Perú (Petroperú S.A.) se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma.

Numeral 6.2) La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativos respectivos.

Artículo 9.- Medidas en materia de personal.

Numeral 9.2) Las entidades públicas, independientemente del régimen laboral que las regule no se encuentran autorizadas para efectuar gastos por concepto de horas extras.

Disposición Complementaria Final Cuadragésima Primera.-

Dispónese que, en un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, el Ministerio de Economía y Finanzas estudie la viabilidad técnica y financiera de una reestructuración del sistema remunerativo de las entidades del sector público, a efectos de generar un proyecto de ley debidamente financiado, el mismo que será aplicable de manera progresiva y ordenada, en el marco de las leyes anuales de presupuesto del sector público. El proyecto tiene en cuenta los principios constitucionales de equilibrio y programación presupuestaria, las reglas macrofiscales y las reglas para la estabilidad presupuestaria para cada año fiscal. Dicha iniciativa legislativa debe priorizar en su implementación a los ingresos de los funcionarios y servidores públicos que perciben menores montos, así como el servicio que prestan al Estado.

14) Sin embargo, a pesar de las prohibiciones establecidas y signadas precedentemente, la cuestionada Ley N° 29718 dispuso el incremento, reajuste y/o nivelación de Remuneraciones (uno de los componentes de los Ingresos) para los altos funcionarios y autoridades del Estado Peruano (incluyendo Fiscales y Jueces en todos sus niveles).

15) Estando así las cosas, quepa la interrogante: ¿Constituye incremento del ingreso el reajuste, nivelación y/o incremento de la remuneración de los Altos Funcionarios y Autoridades del Estado (incluyendo Fiscales y Jueces en todos sus niveles)?.

16) Y, de ser afirmativa la respuesta, ¿Resultaría constitucional la Ley N° 29718 al no vulnerar lo dispuesto en el Artículo 79° de la Carta Política del Estado?.

Concepto de Ingreso equiparable al concepto de Remuneración.

17) En primer lugar, asumiendo que el concepto de Remuneración es equiparable (entendiéndose como igual) al concepto de Ingreso, tenemos que ningún servidor o funcionario público puede ganar más que el Presidente de la República (06 URP ó S/. 15,600.00). Dicho esto, los conceptos de Bono y de Gastos Operativos formarían parte integrante de la Remuneración.

18) De ser así, ¿que acarrearía, o mejor dicho que consecuencias se presentarían de ser cierta esta premisa?. Evidentemente, nos encontramos frente al Principio de Primacía de la Realidad en Materia Pensionaria [26]pues los conceptos de Bono y Gastos Operativos forman parte de la Remuneración y por tanto sí son pensionables.

19) Y, para mejor argumentación jurídica, ponemos a disposición normas legales e infra-legales que detallan el concepto de remuneración [27]en nuestra legislación vigente:

Artículo 6º del Decreto Ley Nº 20530: “Es pensionable toda remuneración afecta al descuento para pensiones. Están afectas al descuento para pensiones, las remuneraciones que son permanentes en el tiempo y regulares en su monto”.

Artículo Único de la Ley Nº 25048: “Para lo fines del Sistema Nacional de Pensiones y Régimen de Pensiones del Decreto Ley Nº 20530, se consideran remuneraciones asegurables y pensionables, las asignaciones por refrigerio, movilidad, subsidio familiar, las gratificaciones por fiestas patrias, navidad, escolaridad y vacaciones que perciben o que percibían los pensionistas, funcionarios y servidores de la administración Pública comprendidos en el Decreto Ley Nº 11377 y Decreto Legislativo Nº 276”.

Artículos 188º y 194º de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece: Artículo 188º: “Los magistrados cesantes y jubilados perciben como pensión las mismas remuneraciones, bonificaciones y demás beneficios que se otorga a los titulares de igual categoría….”; y Artículo 194º: “La Compensación por Tiempo de Servicios, en todos los casos, se calcula agregando a la remuneración principal toda otra cantidad que perciban en forma permanente…”.

Artículo 43° del Decreto Legislativo Nº 276: “La remuneración de los funcionarios y servidores públicos estará constituida por el haber básico, las bonificaciones y los beneficios”.

Artículo 2° de la Ley Nº 26513 [28]”Constituye remuneración para efectos de esta ley el integro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualesquiera sean la forma o denominación que se les dé, siempre que sea de su libre disposición”.

Artículo 13º de la Ley Nº 28051 [29]”Constituye remuneración para todo efecto legal el integro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualesquiera sean la forma o denominación que se les dé, siempre que sea de su libre disposición”.

Artículos 9° y 16° del Decreto Supremo Nº 001-97-TR (TUO de la Ley de Compensación de Tiempo de Servicios): Artículo 9º: “Son remuneración computable la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador, el dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición”; Artículo 16º: “Se considera remuneración regular aquella percibida habitualmente por el trabajador, aun cuando sus montos puedan variar en razón de incrementos u otros motivos”.

Segundo Párrafo del Artículo 2° de la Ley Nº 27735: “Para este efecto, se considera como remuneración, a la remuneración básica y a todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador en dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea su origen o la denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición”.

Numeral 3.1. del Artículo 3° del Decreto Supremo Nº 005-2002-TR (Reglamento de la Ley Nº 27735): “Se considera remuneración regular aquella percibida mensualmente por el trabajador, en dinero o en especie, incluido el valor de la alimentación”.

Y, Artículo 4° del Decreto Supremo Nº 012-92-TR (Reglamento del Decreto Legislativo Nº 713): “Se entiende por remuneración ordinaria aquella que percibe el trabajador semanal, quincenal o mensualmente, según corresponda, en dinero o en especie, incluido el valor de la alimentación”.

20) Entonces, tendríamos las siguientes consecuencias:

Ex-trabajadores de la administración pública en general, que dentro de los 04 años posteriores al cese [30]podrán interponer el correspondiente proceso judicial (vía contenciosa administrativa o vía laboral, según se trate de regímenes laborales del Decreto Legislativo N° 276 o del Decreto Legislativo N° 728) reclamando incremento, nivelación y/o reajuste de beneficios sociales [31](incluido la CTS).

Pensionistas por Jubilación o Invalidez, o por Derechos Derivados (Viudez, Orfandad) bajo el régimen del Decreto Ley N° 20530 podrán interponer el correspondiente proceso judicial (sea en la vía contenciosa administrativa o vía amparo) reclamando incremento, nivelación y/o reajuste de pensiones.

21) Y, como corolario dejamos la siguiente pregunta: ¿Podemos imaginarnos cuanto nos costará, o mejor dicho cuánto dinero deberá desembolsar nuestro Estado Peruano en atender estas demandas sociales?.

Concepto de Ingreso distinto al concepto de Remuneración.

22) En segundo término, de no estar incluido el Bono y Gastos Operativos como parte integrante de la Remuneración, evidentemente se trataría de incremento del ingreso; toda vez que la controvertida norma legal fue aprobada decidida y unilateralmente por el Congreso de la República sin contar con la opinión técnica favorable del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS:

Por tanto:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, insistiendo en el texto aprobado en sesión del pleno realizada el día veintiocho de abril de dos mil once, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 108° de la Constitución Política del Perú, ordeno que se publique y cumpla [32]

23) A guisa de ejemplo: si el Ingreso de un Magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, antes de la dación de esta Ley, era de S/. 15,600.00, divididos en S/. 6,700.00 (Remuneración) + S/. 5,670.00 (Bono) + S/. 3,230.00 (Gastos Operativos), a partir del 26 de junio pasado, el nuevo Ingreso del mismo Señor Magistrado es de S/. 24,500.00, divididos en S/. 15,600.00 (Remuneración) + S/. 5,670.00 (Bono) + S/. 3,230.00 (Gastos Operativos).

24) Entonces, como lo hemos señalado anteriormente: ¿Podemos imaginarnos cuanto nos costará, o mejor dicho cuánto dinero deberá desembolsar nuestro Estado Peruano en atender estos incrementos, nivelaciones y/o reajustes de Ingresos de nuestras Altas Autoridades (incluyendo a Fiscales y Jueces en todos sus Niveles)?.

Alternativa de solución al problema planteado
25) Acorde a lo preceptuado en nuestra vigente Constitución Política de 1993, al Tribunal Constitucional le corresponde -en única instancia- conocer y resolver la acción de inconstitucionalidad [33](denominado Proceso de Inconstitucionalidad en el Código Proceso Constitucional). Para ello, los sujetos legitimados (Presidente de la República, Defensor del Pueblo, Fiscal de la Nación, veinticinco por ciento del número legal de congresistas) [34]deberán interponer la respectiva demanda de inconstitucionalidad; ello, con la finalidad que nuestro Máximo Intérprete de la Constitución se pronuncie por la Constitucionalidad o Inconstitucionalidad de la controvertida Ley N° 29718.

26) Así, en caso de pronunciarse por la inconstitucionalidad de la citada norma, el propio Tribunal Constitucional deberá indicar si la misma será derogada o dejada sin efecto. De ser esto último, ocasionará que los funcionarios públicos beneficiados por el incremento del Ingreso, deberán proceder a la devolución del exceso del dinero abonado.

Cordialmente,

Autor:

Fernando Valdivia Correa

ABOGADO-EGRESADO DE LA MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL

MAESTRISTA DE LA MAESTRÍA EN COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y DE RECURSOS HUMANOS

[1] Artículo 51º de la Constitución Política de 1993.

[2] Artículo 45º de la Constitución Política de 1993.

[3] Artículo 38º de la Constitución Política de 1993.

[4] Artículo 45º de la Constitución Política de 1993.

[5] Artículo 90º y SS de la Constitución Política de 1993.

[6] Artículo 110º y SS de la Constitución Política de 1993.

[7] Artículo 138º y SS de la Constitución Política de 1993.

[8] Artículo 158º y SS de la Constitución Política de 1993.

[9] Artículo 176º y SS de la Constitución Política de 1993.

[10] Artículo 188º y SS de la Constitución Política de 1993.

[11] Artículo 201º y SS de la Constitución Política de 1993.

[12] Artículo 121º de la Constitución Política de 1993.

[13] Ley Nº 29158.

[14] Literal a) del Numeral 5.2) del Artículo 5° de la Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.

[15] Fundamento Jurídico 12) de la STC Nº 006-2008-PI/TC, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 17 de septiembre del 2008: “El propio Tribunal en los casos precedentes ha señalado que las competencias de los órganos constitucionales pueden ser: Competencias exclusivas: Son materias asignadas en exclusividad a favor de organismos constitucionales. Serán positivas si son susceptibles de ser delegadas o negativas si son privativas del órgano respectivo, es decir, no sólo exclusivas sino también excluyentes. Competencias compartidas: Son materias divididas en determinadas áreas de atención, repartiéndose responsabilidades entre dos o más niveles de gobierno, actividad coherente con los principios de cooperación y de tutela y control de los organismos constitucionales autónomos, según se verá luego”. Competencias delegadas: Son aquellas que un nivel de gobierno delega a otro de distinto nivel, de mutuo acuerdo y conforme al procedimiento establecido en la ley, quedando el primero obligado a abstenerse de tomar decisiones sobre la materia o función delegada.

[16] Numeral 17) del Artículo 118° de la Constitución Política de 1993.

[17] BELAUNDE GUTIERREZ, Víctor Andrés. “La Constitución Comentada”, Gaceta Jurídica, Tomo I, Primera Edición, Diciembre del 2005, Página 1018 y ss. Al respecto, refiere: La lectura conjunta de estas normas permiten concluir que lo que el constituyente buscó fue que la obligación de contar con un presupuesto equilibrado no fuera una obligación formal, susceptible de cumplimiento a través de artilugios contables. El requerimiento de contar con un presupuesto efectivamente equilibrado contiene una obligación específica: Los ingresos ordinarios deben ser iguales a los egresos ordinarios.

[18] Artículo 78° de la Constitución Política de 1993.

[19] Numeral 1) del Artículo 102° de la Constitución Política de 1993.

[20] Artículo 79° de la Constitución Política de 1993.

[21] Modificó los Artículos 1° y 5° de la Ley N° 28212, Ley que Regula los Ingresos de los Altos Funcionarios y Autoridades del Estado.

[22] Publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 11 de junio del 2011.

[23] Acorde a lo preceptuado en el Artículo IV) del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, Ley Nº 28237: Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.

[24] Véase las STC Nº 3751-2004-AC/TC, Nº 696-2006-PC/TC, Nº 10714-2006-PC/TC, Nº 2434-2008-PA/TC, Nº 2300-2010-PC/TC, Nº 442-2008-PC/TC, entre otros.

[25] Publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 09 de diciembre del 2010.

[26] Para mayor ilustración: http://www.monografias.com/trabajos68/primacia-realidad-materia-penitenciaria/primacia-realidad-materia-penitenciaria.shtml.

[27] TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. “La Constitución Comentada”, Gaceta Jurídica, Tomo I, Primera Edición, Diciembre del 2005, Página 537 y ss. Al respecto, expresa: Consideramos que la remuneración es todo lo que percibe el trabajador por los servicios prestados sea en dinero o en especie. La remuneración comprende aquellos conceptos que representan una ventaja o beneficio patrimonial para el trabajador o su familia –ya sea bienes o servicios- sin tener en cuenta la condición, el plazo o la modalidad de entrega.

[28] Modifica el Artículo 39° del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Fomento al Empleo.

[29] Modifica el Artículo 6º de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo N° 003-97-TR.

[30] Plazo establecido como de caducidad para cualquier reclamación por adeudos de carácter laboral. La Constitución Política de 1979 (derogada) estableció como plazo 15 años.

[31] TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. “La Constitución Comentada”, Gaceta Jurídica, Tomo I, Primera Edición, Diciembre del 2005, Página 537 y ss. Al respecto, señala: Desde nuestra perspectiva, los beneficios sociales son todos aquellos conceptos que perciben los trabajadores por o con ocasión del trabajo dependiente. No importa su origen (legal-heterónomo- o convencional-autónomo); el monto o la oportunidad de pago; la naturaleza remunerativa del beneficio; la relación de género-especie; la obligatoriedad o voluntariedad, etc. Lo relevante es que lo percibe el trabajador por su condición de tal.

[32] Artículo 108º de la Constitución Política de 1993. La ley aprobada según lo previsto por la Constitución, se envía al Presidente de la República para su promulgación dentro de un plazo de quince días. En caso de no promulgación por el Presidente de la República, la promulga el Presidente del Congreso, o el de la Comisión Permanente, según corresponda. Si el Presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la ley aprobada en el Congreso, las presenta a éste en el mencionado término de quince días. Reconsiderada la ley por el Congreso, su Presidente la promulga, con el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.

[33] Numeral 1) del Artículo 202º de la Constitución Política de 1993.

[34] Artículo 203º de la Constitución Política de 1993.
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Por José Julio Goicochea Elías

En http://www.slideshare.net/infoudch/la-teoriadelconflicto

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Juan Carlos Valera Málaga (*)

La gratuidad en el acceso a la administración de justicia es un derecho constitucional de los justiciables, que está consagrado en la Constitución del Estado. Sin embargo, dicho derecho no se ve totalmente plasmado en nuestra llamada administración de justicia, donde se establece la gratuidad relativa en los procesos laborales, provisionales, de alimentos, constitucionales, penales, familiares, laborales, y para las zonas de extrema pobreza en el ámbito geográfico nacional pero en el proceso civil, el acceso a la justicia civil no es gratuito.

Una interrogante es ¿si hay alguna justificación normativa ante tal escenario? Una lectura apresurada de la norma mencionada haría pensar que se estaría violando el derecho a la gratuidad al acceso a la justicia; empero, hay que recordar que la administración de justicia es también un servicio público, el cual tiene un costo y que el mismo requiere ser pagado por la sociedad.

Otra interrogante es ¿a quién corresponde pagar estos costos judiciales: a los usuarios cada vez que hagan uso de su derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva o a la sociedad a través de los ingresos obtenidos por el Estado, digamos, a través de la tributación y otros ingresos?

La gratuidad al acceso a la justicia no es tan gratuita como aparentemente está regulado en la Constitución, sino que la misma tiene un costo y dicho costo en general debe ser solventado por la sociedad a través del Estado. La gratuidad en los servicios públicos siempre ha tenido un costo y el Estado debe organizar un sistema óptimo para la prestación del servicio a la administración en términos adecuados, conforme a nuestra realidad socio-económica. Sin embargo, es en el campo preciso de la justicia en asuntos civiles en donde se manifiesta con mayor fuerza la necesidad específica que el costo del uso del servicio judicial sea solventado por los usuarios, porque se presume que los usuarios (en general) se encuentran en condiciones idóneas para pagar los aranceles judiciales.

Por otro lado, un sistema de acceso gratuito absoluto a la administración de justicia generaría distorsiones en el sistema, las cuales serían la proliferación de procesos innecesarios y “gratuitos” y haría más pesada la carga procesal que ya tienen los juzgados y salas civiles; por ello, los aranceles judiciales cumplen una función también de “filtros” de crear en la mente del justiciable civil, que el acceso a la justicia tiene un costo y que la interposición de una demanda es cosa seria que exige una evaluación de la conveniencia de interponer una demanda.

En conclusión, una gratuidad absoluta en el acceso a la justicia civil lejos de ser un acto de justicia social significaría, en muchos casos, un acto de distorsión en el acceso a la justicia, en el que las consecuencias del acceso excesivo a la justicia civil serían una administración de justicia lenta, innecesaria e inequitativa. Caso contrario, si los otros órganos del Estado creen que el acceso a la justicia en todos los casos debe ser gratuito, entonces tendrían que permitir que el Poder Judicial pueda financiar un acceso gratuito a la administración de justicia porque, al final, siempre es la sociedad quien paga el costo.

(*) Juez Integrante del Programa Social
“Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima (más…)

Héctor Lavoe

La calle es una selva de cemento
y de fieras salvajes cómo no
ya no hay quien salga loco de contento
donde quiera te espera te espera lo peor
donde te quiera tes espera lo peor

Juanito Alimaña con mucha maña
llega al mostrador
saca su cuchillo sin preocupación
dice que le entreguen la registradora
saca las billetes saca un pistolón, pum..

Sale como el viento
en su disparada
y aunque ya lo vieron
nadie ha visto nada
Juanito Alimaña va’la fechoría
se toma su caña
fabrica su orgía.

La gente le teme
por que es de cuidado
pa’ meterle mano
hay que ser un bravo
si lo meten preso
sale al otro día
porque un primo suyo
tá en la policía.

Juanito Alimaña
si tiene maña es malicia viva
y siempre se alinea
con el que está arriba
y aunque a medio mundo
le robó su plata
todos lo comentan
nadie lo delata
y aunque a medio mundo
le llevó la plata
todos lo comentan
nadie lo delata…

a la la ley ley ley ley

CORO:

En su mundo
mujeres, fumada, y cana
atracando vive Juanito Alimaña

cuando el era muchachito
las cositas te pedia
y si tu no se la daba la mangaba
como quiera la cogia

CORO

ese…ese tumbao lo quiere
si lo ve malcuesto,
anda cuida tu cartera,
ese si que sabe eso

CORO

si , el otro dia le encontre
y guillermo el me decia
tumba kilo que tu quieras
por mi primo es policia

oye….con **** que ya ve el diablo
se tira su disparada
y aunque la gente lo vieron
no lo ratean porque nadie ha visto nada

CORO

el rey de la fechoría
ayer me dijo facundo
todo el mundo lo conoce
oye ven al bajo mundo

CORO

mira mira le da mano
and ella no tiene un callito
ese nunca ha trabajao
y siempre anda bien bonito

CORO

Raulito Alimaña

PJ es una selva de cemento
y de fieras salvajes cómo no
ya no hay quien salga loco de contento
donde quiera te espera lo peor
donde te quiera te espera lo peor

Raulito Alimaña con mucha maña
llega a su carro
toca su revólver sin preocupación
viendo que se acerca ese reportero,
sin dudarlo mucho saca un pistolón, pum…

Todo fue cual viento
en su disparada
y aunque ya lo vieron
nadie ha visto nada
Raulito Alimaña va’la tombería
al mayor lo “engaña”
en la comisaría.

La gente le teme
porque es de cuidado
pa’ meterle mano
hay que ser un bravo
si acaso lo quejan
la libra en el día
porque un primo suyo
tá en la Odecma.

Raulito Alimaña
si tiene maña es malicia viva
y siempre se alinea
con el Presidente
y aunque a medio mundo
le metió la pata
todos lo comentan
nadie lo delata
y aunque a medio mundo
le metió la pata
todos lo comentan
nadie lo delata…

a la la ley ley ley ley

CORO:
En su mundo
mujeres, fumada, y cana
asaltando vive Raulito Alimaña

cuando el era muchachito
las cositas te pedía
y si tu no se la dabas te pegaba
como quiera la cogía

CORO
ese…ese tumbao lo quiere
si lo ve mal puesto,
anda cuida tu expediente,
ese si que sabe eso

CORO
si , el otro dia le encontre
y Guillermo el me decía
tumba kilo que tu quieras
por mi primo ta en la Odecma

oye….con que ya ve el diablo
se tira su disparada
y aunque las gentes lo vieron
no lo datean porque nadie ha visto nada

CORO
el rey de la fechoría
ayer me dijo Facundo
todo el mundo lo conoce
oye ven al bajo mundo

CORO
mira mira le da mano
and ella no tiene un callito
ese nunca ha trabajao
y siempre anda bien bonito

CORO
En su mundo
mujeres, fumada, y caña
asaltando vive Raulito Alimaña

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Se ha delimitado y aprobado el radio urbano de la Corte Suprema de Justicia de la República, donde deberá señalarse el domicilio procesal para efectos de las notificaciones.

Las partes procesales y/o sus abogados deben señalar expresa y obligatoriamente en el primer escrito que presenten ante la Corte Suprema de Justicia su domicilio procesal dentro de este radio urbano.

Así se ha dispuesto mediante Resolución Nº 101-2011-P-CE-PJ, publicada el sábado 31 de diciembre del 2011.

Pues bien, el mencionado radio urbano comprende los límites geográficos desde el Puente Santa Rosa, pasando por las avenidas Tacna, Inca Garcilazo de la Vega, Arequipa, Santa Cruz, Comandante Espinar, Angamos, Paseo de la República, Grau, Abancay, Nicolás de Piérola, los Jirones Andahuaylas, Ancash, continúa por la Avenida Abancay hasta llegar al margen del río Rímac y, finalmente, hasta su intersección con el Puente Santa Rosa.
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Omar Toledo Toribio (*)

Este último 28 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para eliminar el régimen laboral del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), con el objeto de que dichos trabajadores gocen de los mismos derechos laborales de quienes se encuentran bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276, entre los que están, según declaraciones del ministro de Economía “vacaciones, completas, aguinaldo de julio y diciembre, seguro de salud completo, derecho a una indemnización en caso de despido arbitrario, entre otros” (sic.). Asimismo, se ha señalado que el proceso para eliminar dicho régimen se iniciará el 2012 y concluirá el 2013.

Respecto a la iniciativa legal de que los trabajadores del CAS tengan los mismos derechos que los trabajadores de los regímenes laborales ordinarios de trabajo, llámese el Decreto Legislativo 728 o el Decreto Legislativo 276, constituye un clamor expresado por distintos sectores de la ciudadanía pero especialmente por parte de la judicatura de trabajo ante la cual, como corresponde, se presentan reclamaciones por parte de trabajadores del Estado que no hacen sino exigir un trato igual y digno de cara al mandato contenido en el artículo 23 de la Constitución Política del Estado que establece que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.

Efectivamente, la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de fecha 11 de junio de 2010, recaída en el Expediente N° 719-2010-BS, declaró inconstitucional el régimen del CAS. Se trató del caso de una trabajadora regida por el régimen laboral de la actividad privada, que en un primer periodo laboró bajo Contrato de Locación de Servicios. En virtud del Principio de Primacía de la Realidad los Jueces determinaron que se trataba de una relación laboral a plazo indeterminado.

La Sala Laboral, aplicando el Principio de Irrenunciabilidad de Derechos y el Principio de Igualdad ante la ley, también sometió el régimen especial de contratación CAS al Test de Igualdad, concluyendo que la norma no superaba el Examen de Necesidad pues los fines del mencionado régimen es que los servidores que inicien o mantengan una relación con el Estado, tengan acceso a la seguridad social y se les reconozca los derechos fundamentales contemplados en la Constitución; para lo cual se dota de una normativa apropiada a las formas contractuales que hasta la fecha no habían sido reguladas por norma alguna. Sin embargo, señaló el Tribunal que estos fines se lograrían perfectamente mediante el establecimiento de un régimen laboral ordenado de ingreso de los trabajadores al servicio del Estado y, eventualmente, mediante el reconocimiento progresivo de los derechos laborales reconocidos en la Constitución.

Como se podrá concluir, ha sido el Poder Judicial, mediante el pronunciamiento de sus tribunales laborales, el que ha puesto de manifiesto que la instauración del Régimen CAS afecta derechos constitucionales y que, dado el impacto fiscal que podría producir el reconocimiento de los derechos laborales de estos trabajadores, el camino a seguir consistiría en el otorgamiento progresivo de los mismos.

(*) Juez Integrante del Programa Social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima (más…)

Gaby Luz Garay Nalvarte (*)

Muchas veces existen críticas de los justiciables respecto a los bajos montos que los jueces fijan de indemnización por daños y perjuicios. Empero, hay que aclarar que los montos dinerarios fijados judicialmente dependen de cómo los abogados planteen sus demandas, por ello, estimados lectores, es necesario que sepan cuáles son las pautas a tomarse en cuenta antes de interponerse la demanda judicial, a fin de alcanzar indemnizaciones justas.

Cuando los jueces recibimos una demanda de indemnización, se analizan dos tipos de daños: daño patrimonial, que involucra el daño emergente a bienes presentes, y el lucro cesante, o ganancias dejadas de percibir en el futuro; y el daño patrimonial, que aborda el daño a la persona y el daño moral. Por tanto, es importante que el abogado precise cuál es el daño que demanda. Para determinar la existencia de responsabilidad corresponde al juez, según el análisis de los hechos alegados y las pruebas aportadas por el demandante y el demandado, verificar los elementos constitutivos de la responsabilidad civil: la imputabilidad, antijuricidad, factor de atribución, nexo causal y tipo de daño.

En primer lugar, establecer la imputabilidad del agente significa ver la capacidad del demandado de responder por sus actos. Sólo son inimputables los incapaces absolutos. Sin embargo, si un incapaz causa un daño, no quiere decir que no se reclame indemnización, será su representante legal quien responda.

El segundo elemento, es la antijuricidad, esto es, la acción del demandado viole las leyes, ya sea por trasgresión de normas jurídicas específicas o valores inspiradores de leyes, o “falta del deber de cuidado”. También se analiza si existe alguna justificación del daño, como el ejercicio regular de un derecho, la legítima defensa y el estado de necesidad. A continuación, se fija la atribución, es decir, si la acción es dolosa, culposa o si es una razón objetiva por el uso de bien o actividad peligrosa (accidentes de vehículos son los más comunes).

El siguiente elemento es el nexo causal, que no es otra cosa que verificar que el daño sea causa de la acción del demandado; de probarse que el daño fue por hecho fortuito, fuerza mayor, hecho de un tercero, hecho de la propia víctima, no existirá responsabilidad del autor. El último elemento es el daño, entendido como las lesiones a los derechos del demandante. Si se ha producido un daño patrimonial, se cuantifica el monto objetivamente; en cambio, para el resarcimiento del daño extrapatrimonial es fijado al prudente arbitrio del juez, por lo que resulta importante que en la sentencia se exprese detalladamente cuáles han sido los parámetros lógicos para la compensación por el daño a la persona o el daño moral.

Después de leer este artículo, probablemente, pueda entender por qué una sentencia por responsabilidad civil resulta infundada o fundada y, de ser así, cómo se ha determinado el monto indemnizatorio.

(*) Jueza Integrante del Programa Social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima (más…)