ENTRE CORTES Y EXPEDIENTES
La inútil e irresponsable distribución de la miseria
Juan Monroy Gálvez
Si urgía una nueva Corte al Este de Lima no está en discusión. Lo asombroso es la facilidad para decidir distribuir la mora, la desconfianza, la ineficiencia y la crisis de un sistema que soporta un desprestigio social casi unánime. La medida es impecablemente perniciosa: jueces afectados en su derecho constitucional a la inamovilidad y justiciables con procedimientos suspendidos hasta que el expediente llegue a un juez saturado de trabajo y que no conoce lo ya tramitado.
Si eligiéramos dos rasgos del Derecho a comienzo del siglo XXI, estos serían la sobre- constitucionalización de los derechos y la judicialización de la política. Prueban lo primero las sentencias del Tribunal Constitucional (TC), sea en lo referente a los derechos fundamentales como a las políticas públicas. Por eso, cuando pretextando cumplir sus funciones, las sentencias satisfacen intereses ajenos (crematísticos por ejemplo), cunde la incertidumbre y la desconfianza. Ello explica por qué el nuevo TC se ha tomado su tiempo para organizarse y recuperar así la confianza social.
Los procesos que el TC resuelve en definitiva son tramitados previamente por jueces –individuales y colegiados– adscritos al sistema judicial. Siendo procedimientos para tutelar derechos fundamentales deben ser rápidos, pero lamentablemente esto no se cumple. El caso de la Corte Superior de Lima es patético. Aunque los estándares internacionales indican que un juez debe tramitar entre 500 a 800 casos al año, nuestra realidad es distinta: cada juez constitucional de Lima (eran diez) tiene 4,000 expedientes a su cargo. En Lima, entonces, se niega tutela constitucional a los requeridos de ella. La insatisfacción social es enorme.
Sin embargo, no lo cree así el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), encargado de la política judicial nacional. Aunque conoce que los problemas de los jueces y trabajadores del Poder Judicial no han sido resueltos, y que los reclamos de ambos se han “solucionado” con medidas cicateras y falsas que encubren y acumulan un desastre mayor, el CEPJ –incapaz de liderar una lucha para ejecutar una sentencia del TC ordenando que el presupuesto que presente el Poder Judicial no sea recortado, como ocurre con el Legislativo y el Ejecutivo– ha decidido “inventar la realidad”: creó la Corte Superior de Justicia de Lima Este.
Para gozo del Ministro de Economía, el CEPJ no ha gastado nada (hubiera sido milagroso que invirtiera sin presupuesto). ¿Entonces? Muy sencillo, trasladó juzgados y salas de la Corte de Lima a la nueva de Lima Este. Por eso Lima tiene ahora solo ocho juzgados constitucionales. Como los dos jueces trasladados se van sin carga procesal, los 8000 casos que tramitaban han caído, como un alud de plomo, sobre la mesa de los ocho que quedan. Es decir, a la carga insoportable e inhumana de cada uno, se le ha agregado 1000 procesos más.
Si urgía una nueva Corte al Este de Lima no está en discusión. Lo asombroso es la facilidad para decidir distribuir la mora, la desconfianza, la ineficiencia y la crisis de un sistema que soporta un desprestigio social casi unánime. La medida es impecablemente perniciosa: jueces afectados en su derecho constitucional a la inamovilidad y justiciables con procedimientos suspendidos hasta que el expediente llegue a un juez saturado de trabajo y que no conoce lo ya tramitado.
En un mes se renovará la jerarquía judicial. Para seguir creyendo que el cambio es posible, el nuevo Presidente del PJ debe ser consciente de que la lucha que debe dar y ganar es la que asegure la autonomía económica de su representado. Lo demás son arreglos cosméticos para perfeccionar la miseria del sistema judicial, como la nueva Corte Superior de Justicia de Lima Este.
En http://laley.pe/not/1885/la-inutil-e-irresponsable-distribucion-de-la-miseria
