Entrevista
Luis Pásara. Abogado y Doctor en Derecho por la PUCP. Radica en España y ha publicado ‘Una reforma imposible’, sobre la justicia latinoamericana.
Juan Álvarez.

SIN REFORMA. Pásara lamenta que el interés social por el tema Justicia no sea muy grande.

– ¿Qué hace imposible que se encuentre justicia en el Perú?

No diría que es imposible encontrar justicia en el Perú; solo lo es en determinados casos, que usualmente son aquellos en los que hay intereses poderosos de por medio, que interfieren en la imparcialidad con la que el juez debería decidir. En la mayor parte de casos la justicia no es imposible pero sí es cara y lenta, además de imprevisible cuando interviene el factor de la corrupción, que puede lograr que se declare blanco lo que es negro. Y, en efecto, para la mayor parte de la población la justicia sigue siendo enigmática. Pero, en cierta medida, eso no se origina en la justicia misma sino en la educación. ¿Por qué en los planes de estudios escolares no se incluyen cursos en los que el futuro ciudadano conozca qué es el sistema de justicia, cuáles son sus atribuciones y, como peruano, qué derechos y deberes tiene en él? Es tan simple y no se hace. No sé por qué. De allí que lo que parezca imposible sea cambiar el estado de cosas, reformarlo.

– Se suele decir que la dependencia del poder político parte de que este asigna el presupuesto…

Muchos jueces –a menudo quienes ocupan cargos más altos– recurren a reclamar más dinero público como una coartada para disimular su incapacidad para encarar los problemas de fondo de la justicia. No solo aquí; en toda América Latina se escucha la misma letanía. Los hechos demuestran –en varios casos, Perú y Ecuador incluidos– que multiplicar –digo bien, multiplicar– el presupuesto judicial no procura ni mejores jueces ni una justicia más eficiente.

– Aumentar el sueldo a los jueces, como lo hizo el gobierno de Alejandro Toledo, ¿fue apropiado?

Primero, atribuir la corrupción a los bajos sueldos es un juicio canallesco acerca del ser humano: suponer que la moral individual no depende de la conciencia sino del nivel de ingresos. Segundo, el caso peruano demuestra, precisamente, que haber aumentado los sueldos no hizo menos corrupto al Poder Judicial. Pero eso no quiere decir que fuera incorrecto mejorar los sueldos de los jueces. El juez debe recibir una remuneración acorde con la importancia de su función. Lo que no estuvo bien, en la decisión de Toledo, fue no incrementar las remuneraciones del personal auxiliar, cuyo papel también es importante.

– En la hipótesis de que para la población sea complejo entender el proceso judicial, ¿existe alguna forma de ir cerrando esa brecha?

Claro que es posible cerrarla, cuando menos reducir la ignorancia actual. Pero los operadores del aparato de justicia –empezando por los abogados– se benefician de esa ignorancia ciudadana de la ley. Con frecuencia, el abogado litigante cobra al cliente sólo por servir de intérprete o traductor de un lenguaje judicial que se mantiene, estúpida o perversamente, a distancia de lo que un mortal común puede comprender. Y esa misma imposibilidad de entender hace que el cliente no pueda evaluar los servicios de su abogado, que muy frecuentemente no son tales; esto es, que la inoperancia del abogado –por ignorancia o por descuido– causa un daño al cliente que le paga inútilmente sin saberlo.

– Los casos de linchamiento de delincuentes por sus víctimas siguen…

Los casos de Guatemala, Bolivia y México muestran que el fenómeno va hacia más y no hacia menos. Responsabilizar de los linchamientos a la justicia tiene un fundamento que es solo parcialmente verdadero. Cuando “no hay justicia” –esto es, no hay policía ni jueces en un área territorial determinada–, se entiende, aunque no se apruebe, que se recurra a la propia mano; pero hay casos en los que la turba arrebata al detenido de la comisaría; allí no hay ausencia de justicia; lo que hay es un estado cultural primitivo, al que corresponde el linchamiento. Que la muchedumbre crea que “hace justicia” cuando hiere gravemente o mata a alguien –que a veces incluso es un inocente– es algo que ocurrió en una época en Estados Unidos y hoy ocurre en América Latina, que está viviendo, no solo en este terreno, regresiones de primitivismo.

– En Puno la población retuvo a una jueza y la obligó a arrodillarse en la calle para que explique y ofrezca disculpas por excarcelar a un acusado de violación. ¿Eso es señal de una rebelión civil?

No conozco el caso específico y no sé por qué la jueza dispuso la excarcelación. Lo que sí sé, porque he trabajado el asunto de la detención provisional o prisión preventiva, es que la falta de educación ciudadana hace que en nuestros países se crea que cualquiera que es señalado –por la víctima o, peor aún, por la policía– es, sin duda, culpable. De allí la indignación que se produce, alentada casi siempre por los medios de comunicación, cuando un señalado como responsable en un proceso penal es puesto en libertad, sea provisional o definitiva. Esto es, en buena medida, falta de educación cívica; pero también es verdad que los jueces deben fundamentar siempre sus decisiones, en este tipo de casos como en cualquier otro.

– ¿Cuánto se parece esa escena a la de Fiorella Nolasco –la hija del asesinado consejero regional de Áncash Felipe Nolasco– recriminando por su pasividad al Fiscal de la Nación en una audiencia pública en Chimbote?

Este caso es distinto porque pertenece a esa categoría de casos a los que referí al comienzo de la conversación, en los que la interferencia de los intereses del poder lleva a temer que no habrá justicia. El comportamiento del Fiscal de la Nación es una vergüenza en éste y en otros casos.

– Precisamente luego de ese emplazamiento, empezaron innumerables ‘detenciones preventivas’ de autoridades regionales. Si hasta parece percibirse una intención de reaccionar mejor…

La detención preventiva puede ser usada –y ha sido usada– por los operadores del sistema como una manera de “lavarse la cara”. Como hay presión de la opinión pública para que “se haga algo”, se dicta la detención y se crea una imagen de eficiencia que acaso no corresponda a un proceso seriamente llevado. El tiempo nos dirá si en este caso concreto las detenciones dictadas son solo asunto de imagen o reflejan una investigación de fondo, con indicios sólidos de responsabilidad.
Lamentablemente, la capacidad de investigación de los ministerios públicos en América Latina es muy baja –incluso cuando no hay de por medio interferencias políticas o corrupción– y ésa es una de las razones importantes que explican el relativo fracaso de la reforma procesal penal.

– ¿Y qué va a pasar si, por ejemplo, los casos de César Álvarez y Rodolfo Orellana, que tantas órdenes de detención han generado, al final quedan en nada?

Sin duda, si ése fuera el desenlace, el descreimiento aumentaría. Existen antecedentes de casos “sonados” que luego se pierden y terminan sin condena. Es que hay quienes apuestan a que el olvido –o el surgimiento de nuevos escándalos– haga que la atención que hoy se presta a un caso, mañana no exista. Entretanto, el caso puede esperar en un cajón.

– ¿Qué tan parecida es la realidad del Perú con respecto a otros países del continente en cuanto a la ausencia de Justicia?

En términos generales, la realidad peruana es similar; pero en muchos aspectos, es peor. Creo que la empeora, en particular, el hecho –que no se recuerda mucho– de que el Perú inició su primera reforma judicial en los años setenta. Solo Cuba había hecho antes una reforma de la justicia, que terminó siendo un aparato de justicia al servicio de “la Revolución”, esto es, el partido y el gobierno. Las “olas” de reforma vinieron luego, a partir de los años ochenta, inducidas por la ayuda estadounidense en Centroamérica. De modo que el Perú ha visto fracasar más intentos de reforma que otros países. Dicho eso, en la región las coincidencias son muchas y el origen, en efecto, está en el modelo de justicia heredado de la colonia. El modelo económico actualmente impuesto ni siquiera ha tenido mayor impacto en la justicia, casi prescinde de ella.

– Reflexionar sobre los problemas comunes de injusticia, ¿no es una experiencia académica desmotivadora? ¿Es una aventura editorial rentable? ¿Se vendió más o menos que el libro sobre Cipriani?

Es una pregunta muy pertinente, dado que he dedicado décadas de mi vida al tema, guiado por la curiosidad intelectual pero también por el propósito de que la justicia fuera distinta. Durante mucho tiempo mantuve esa ilusión; lo que quizá ha variado es que hoy pienso que los cambios posibles son limitados, en parte debido a que la justicia de un país dado no puede dejar de asemejarse a la sociedad de ese país. Averiguar esto no es rentable, pero no lo hice pensando que lo fuera. En cierta medida porque el interés social en el tema no es muy grande y allí reside una de las razones por las que la justicia no cambia o cambia muy poco. Mucho mayor interés existe por un libro como el de Cipriani, un actor político cotidiano, cuya primera edición casi se ha agotado en cinco meses.

– ¿Qué debemos esperar de su próximo libro?

He escrito recientemente un informe, que se ha convertido en un pequeño libro, acerca de las condiciones de la independencia judicial bajo el régimen de Rafael Correa en Ecuador. Se ha lanzado esta semana y probablemente tenga una repercusión política importante. Estoy trabajando un informe sobre los resultados de la elección popular de las cúpulas institucionales de la justicia boliviana, que tuvo lugar a fines de 2011. Ambos son casos de los que los peruanos podemos aprender mucho.

La República, 30 de julio de 2014