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Roberto G. MacLean U.

Parte de las discusiones sobre las reformas en la justicia, ha sido, siempre, el tema del tiempo necesario para obtener resultados. Mi respuesta habitual es alrededor de tres años. Pero hay una excepción, que paso a exponer.

Aunque el éxito de los proyectos depende de los jueces, se dan situaciones en las que éstos no tienen posibilidad alguna de cambiar las características de los eventos, por ejemplo: el arrollador torrente de causas que inunda nuestro sistema. Alguien tuvo una vez la idea muy dulce que los jueces se nieguen a recibir demandas o denuncias cuando la sobrecarga es excesiva. Otro recomendó crear más juzgados. Y esto último podría ser una buena idea, si no tomásemos en cuenta que el porcentaje de jueces por habitante en el Perú es mayor que el de los Estados Unidos de América, que es una sociedad muy litigiosa. El aumento de jueces y tribunales, además, cuesta dinero, lo que no importaría si valiera la pena.

Pero, qué tal si contásemos, sin ningún costo para el contribuyente, ni para los usuarios del sistema de justicia (más bien sería un ahorro), con la colaboración gratuita de los abogados de Lima, Callao y Cono Norte, que sin aumento de nuestro trabajo habitual pudiéramos producir instantáneamente, un cambio importante en la carga procesal?

La solución está a la mano, y se aplica desde hace años con éxito en varias jurisdicciones de los Estados Unidos de América. Y las razones porque cometo la impertinencia de proponerla para el Perú, un país tan diferente, es porque además de rápida, es estadísticamente significativa, totalmente gratuita, y no requiere de tecnología, porque su aplicación es artesanal. En los EE.UU. se ha adoptado una brevísima norma procesal.

Si en el ejercicio de la profesión, aceptamos patrocinar, como demandante o demandado, a un cliente que es evidente que no tiene absolutamente ninguna posibilidad honesta y pacífica de ganar su caso, estamos originando los siguientes efectos:

Congestión que entorpece la función del Sistema de Justicia;
Dilación innecesaria de los procesos;
Costo inútil que afecta ente el 15% y el 18% de la tasa de crecimiento del Perú;
y es un despilfarro del dinero del contribuyente;
Postergación de otros casos que pueden ser más urgentes; y
Estímulo para la corrupción.

Los abogados, tenemos el control monopólico de la puerta de entrada de todas las causas, con el beneficio adicional de no asumir ninguna responsabilidad. Se supone -y con frecuencia nos ufanamos de ello- que somos “auxiliares de la justicia”. Formamos el primer filtro de selección que determina la calidad mínima de la carga procesal.

Una solución para el problema de controlar la calidad de las causas que congestionan el sistema es el aplicado en la Federación Rusa. Para detener la propagación de litigios frívolos, los jueces reciben, personalmente, las demandas de manos de los interesados; las discuten con ellos, y sólo después las admiten o devuelven. Pero, los litigantes no están contentos con la solución, pues, es morosa y en épocas de crisis resulta un caos.

Una segunda solución es la aplicada en la capital de los Estados Unidos de América, por mérito de la Regla Procesal 15, si no me falla la memoria. Todo abogado que autoriza una demanda, reconvención, contestación a una demanda o a una reconvención, debe incluir en el último párrafo del escrito una declaración jurada, bajo responsabilidad personal, que, a su juicio, los argumentos de su patrocinado cuentan con los fundamentos probatorios y legales que ameritan que la causa sea considerada por un juez; que el caso vale la pena el tiempo empleado, el trabajo del personal involucrado y el costo para el contribuyente al poner en movimiento la onerosa maquinaria de la justicia. Las sanciones, por incumplimiento, varían de la suspensión temporal a la definitiva para ejercer la abogacía.

El mayor número de sugerencias para la reforma, se refiere comúnmente, a lo que otras personas pueden hacer. Para variar, tratemos de ver qué podemos hacer cada uno de nosotros por pequeño que sea. Somos cerca de 40,000 abogados en Lima, Callao y Cono Norte. El impacto sumado, puede ser contundente, y el efecto instantáneo -como todos pretenden que sea la reforma- facilísimo de aplicar para un abogado honesto y, además, completamente gratuito. El segundo de los ejemplos de solución citados podría ser la respuesta.

“El Peruano”, 8 de Mayo de 2003,  p.18

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