Hace algún tiempo escuchamos dos propuestas para democratizar la justicia: la primera, que los jueces sean elegidos por el voto popular de los ciudadanos, y, la segunda, que puedan ser sometidos a los procesos de revocatoria.

De prosperar dichas propuestas se presentaría un escenario espeluznante. Por un lado, quienes ingresen al Poder Judicial tendrían que hacer campaña política, lo que conllevará que busquen el apoyo de partidos políticos. Obviamente, tendríamos jueces elegidos por el pueblo, pero nada garantizaría que se elija a los candidatos más idóneos, ni a los más honestos. Tendríamos jueces con su “independencia hipotecada” a favor de quienes apoyaron su campaña política. Al final, los jueces serían tan cuestionados por la opinión pública como algunas autoridades elegidas por sufragio universal.

Por otro lado, los jueces podrían ser revocados, atentando contra la estabilidad en el cargo que garantiza su independencia judicial. Se pierde de vista que la revocatoria fue concebida para autoridades que provengan de elección popular y no para los jueces, que no son elegidos por el sufragio, sino que son nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura, previo concurso público de méritos, y que son sometidos a un proceso de ratificación cada siete años.

Ninguna autoridad o funcionario pasa por un proceso de ratificación como los jueces peruanos. Someterlos además a una consulta popular de revocatoria crearía un caos en el servicio de justicia, pues los jueces ya no resolverían conforme a la ley y a lo actuado en el expediente, sino en función de la popularidad o impopularidad de sus decisiones ¿Cuánto tiempo perdería un juez en campaña política descuidando su despacho judicial? Obviamente, las resoluciones judiciales ya no perseguirían la justicia, sino la demagogia, o la protección de intereses de los influyentes y los poderosos.

No nos imaginamos a jueces en reuniones con líderes políticos o sociales, buscando el apoyo para su elección o reelección, o para enfrentar un proceso de revocatoria. Obviamente, las propuestas comentadas serían ideales para un autócrata que pretenda desaparecer la independencia judicial y politizar la justicia, lo que es contrario con el sistema democrático. Esperamos que estas propuestas no prosperen y que nunca pasen de lo anecdótico y del imaginario de algunos políticos.

(*) Juez integrante del Programa Social “Justicia en tu Comunidad” de la Corte de Lima