Iván Sequeiros Vargas (*)
El Estado, en el contexto internacional, para formar parte de los Estados Constitucionales de Derecho y pretender ubicarse como Estado de primer orden, requiere que sus leyes se cumplan, que haya seguridad jurídica y garantía del cumplimiento de la Constitución, caso contrario por muy buen desarrollo económico que tenga, seguirá rezagado en su desarrollo estatal y social, por eso decíamos, no basta solidez económica, sino esencialmente solidez constitucional y seguridad jurídica.
El cumplimiento de las normas y las decisiones judiciales y administrativas, constituyen el sustento fundamental del orden estatal, entonces en la medida que quienes detentan el poder cumplan y exijan el cumplimiento de las normas, nuestro Estado se fortalecerá. Una ley referida a la remuneración de los jueces que tiene más de 20 años, que se cumple solo en la parte referida a los jueces de la Suprema Corte requiere que también para el “resto” de los jueces se ejecute, sin embargo ahora se pretende derogar dicha norma, bajo el prurito de su ineficacia y su falta de cumplimiento, lo que resulta una verdad de Perogrullo.
Se ha intentado con buena disposición y de buena fe acercamiento con los detentadores de poder involucrados en el tema, para concluir con la solución del cumplimiento de la ley de marras, pero todos los intentos por alguna extraña razón llevan implícita la noción de derogar la citada norma, cuando es perfectamente sabido que la vigencia de dicha norma no es negociable por parte de los jueces, debido a su trascendencia, su valor simbólico y su incuestionable defensa de la independencia de los jueces, lo que ha traído como consecuencia que esos intentos de solucionar el problema hayan fracasado.
La pregunta es, por qué esa obsesiva necesidad de querer derogar una norma que no le hace daño a nadie, no perjudica, no se cumple, en buena cuenta resulta inocua, pero que perturba la posibilidad de solucionar el problema remunerativo de los jueces, la única respuesta es que dicha norma, precisamente por su significación, por su importancia, por su trascendencia viene impidiendo la manipulación económica por parte de las otras funciones del poder, a la función judicial, por tanto los jueces estamos en la obligación de defender nuestra dignidad y nuestra independencia, vale decir es una cuestión de honor y principio que no se puede renunciar porque estaríamos dejando a nuestros sucesores un Poder Judicial disminuido.
(*) Juez Superior de la Corte de Lima
